"En 2013, la Administración Obama
redujo el presupuesto militar estadounidense (equivalente al 38% del
gasto mundial en defensa) por primera vez desde la caída de la URSS.
Las
grandes corporaciones de ese país reaccionaron y en menos de un año
lograron readaptar sus productos (radares militares, drones, detectores
de minas…) y hacerse con buena parte del negocio en torno a la frontera
de México, un movimiento que relata en varios reportajes The New York Times.
Estas empresas contaron con conocidos ex altos cargos de los partidos
republicano y demócrata para presionar a los legisladores y
representantes públicos a su favor y conseguir contratos millonarios en
el mercado antimigratorio.
En España se dio un proceso similar,
pero en magnitudes más modestas y con menor difusión informativa. La
industria armamentística nacional y otros grandes contratistas del
Estado amortiguaron los recortes en defensa y otros presupuestos, en
parte gracias al emergente gasto antimigratorio de España y Europa, ajeno a las políticas de austeridad.
Esta estrategia de negocio se vio favorecida por la llamada crisis de los refugiados de 2015.
En los últimos cinco años, casi siete de cada diez euros
del Gobierno de España para gestión migratoria fueron desembolsados a
un grupo de diez empresas, que suman más de un centenar de puertas
giratorias, principalmente entre ex altos cargos del PP y el PSOE.
La Industria del Control Migratorio
(ICM) tiene rasgos similares a la industria armamentística, pero
también comparte características de otros sectores profundamente
dependientes del dinero público y sensibles a los cambios normativos,
como el farmacéutico o el de las obras públicas.
Las empresas y
organizaciones patronales de la ICM usan métodos de captura política
similares a los de los fabricantes de medicamentos o armas, como invitar
a representantes públicos a grandes eventos o galas de fundaciones
creadas ex profeso, mantener ingentes plantillas de lobbistas en los centros de toma de decisiones, copar espacios clave en los medios de comunicación y contratar a ex altos cargos políticos con importantes agendas de contactos.
La confluencia de intereses que generan cientos de empresas y miles de lobbistas a
todos los niveles permite que la ICM y las autoridades públicas que la
financian remen en la misma dirección a la hora de abordar las
migraciones.
De las 819 empresas de la ICM adjudicatarias de estos contratos, un reducido grupo de diez acaparó el 64,8% de todo el dinero adjudicado.
Las empresas que más dinero ganan con
la ICM en España pertenecen a los sectores naval, de la defensa,
aviación y obras públicas, aunque también hay organizaciones no
gubernamentales y compañías de alimentación, tecnológicas y de limpieza y
mantenimiento, entre otros.
Los órganos de dirección de las grandes protagonistas de la ICM en España se han beneficiado de al menos 121 casos de puertas giratorias, de los que 68 siguen en su puesto en la actualidad, según la investigación de porCausa y Público. Entre estos casos destaca la presencia de ex altos cargos del Partido Popular y del PSOE. (...)
Babcock Mission Critical es la compañía que más dinero facturó en el negocio migratorio en España, gracias a que en 2018 obtuvo un contrato de 217,8 millones de euros para encargarse del servicio aéreo low cost de
Salvamento Marítimo. A pesar de la cuantía de ese contrato, Babcock fue
la única que se presentó al concurso público. Desde 2014, esta empresa
británica ha incrementado su negocio en España de forma notable,
especialmente tras hacerse con el control de Inaer, una compañía alicantina aeronáutica con más de cien helicópteros y una decena de aviones en su flota.
A principios de 2019, una investigación reveló
que los radares de los aviones de Salvamento Marítimo, fundamentales
para rastrear la presencia de personas en el mar, llevaban al menos
cinco meses rotos. Estos radares tienen un alcance de 30 millas
náuticas, mientras que la visión humana a la que se limitaban los
rastreos no supera las 3,5 millas de distancia.
Coincidiendo con esa publicación, Salvamento Marítimo anunció un cambio en su protocolo de comunicación y estableció un apagón informativo
en sus redes sociales sobre su labor de rescate. Desde entonces, esta
institución dependiente del antiguo Ministerio de Fomento no informa en
sus redes de los rescates de pateras que realiza, como hacía a diario y
casi en directo.
Por otro lado, el sindicato CGT ha
denunciado en reiteradas ocasiones que Babcock no cuenta con el personal
necesario para operar la flota aérea de Salvamento, mientras que los
1.300 rescatadores de su plantilla han protagonizado varias protestas y huelgas contra los continuos recortes en personal, salarios y material. Babcock declina responder a las preguntas de este medio.
La segunda empresa más destacada del negocio antimigratorio en España es ACS, la multinacional de obras públicas que preside Florentino Pérez y segunda empresa del Ibex 35 con más filiales en paraísos fiscales. A través de Abertis y las filiales del Grupo Clece, entre 2014 y 2019 ACS ingresó al menos 44 millones de euros a través de 14 contratos por servicios variados, que van desde las labores de reparación y mantenimiento en las vallas fronterizas (ACS, Indra y Ferrovial acaparan dos tercios del dinero para las vallas de Ceuta y Melilla),
hasta la impartición de cursos para extranjeros, el despliegue de
guardas de seguridad y el suministro de comida e higiene en los Centros
de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Ceuta y Melilla. Con
frecuencia, la calidad de los servicios de ACS en estas cárceles de
migrantes es objeto de denuncias por parte de internos, trabajadores e
incluso la dirección de los mismos.
Indra es una de las multinacionales más destacadas del Ibex 35, la única española en el top 100 de la industria armamentística mundial y uno de los principales exponentes de la ICM en España y Europa. Esta empresa, cuyo principal accionista es el Estado (18,7% de las acciones),
obtuvo al menos 26,6 millones de euros en 40 contratos públicos (28 sin
concurso público), en su mayoría de los ministerios del Interior y
Defensa, para labores de control migratorio que van desde el
mantenimiento de las instalaciones del Sistema Integrado de Vigilancia
Exterior (SIVE) de la Guardia Civil (12 contratos —diez sin concurso
público— que suman más de 11,6 millones de euros), hasta la instalación
de radares en la frontera sur y sistemas de reconocimiento facial en puestos fronterizos, o la integración del nuevo sistema de «fronteras inteligentes«.
La cuarta empresa que más dinero público obtuvo en el mercado antimigratorio es la armamentística Gauzón Ibérica (al menos seis contratos del Ministerio de Defensa desde 2014 hasta 2019, y tres de Interior, por valor de 31,5 millones euros en total).
El repertorio de adjudicaciones a Gauzón revela cuantías dispares,
desde contratos de menos de 9.000 euros por la revisión de chalecos
salvavidas, hasta uno de 18,7 millones para prestar servicios auxiliares
a la flota de la Guardia Civil.
Entre los contratos millonarios
otorgados a Gauzón, destaca uno del Ministerio de Defensa valorado en
siete millones de euros para la “gestión marítima de los buques
oceánicos de la Guardia Civil”. Este contrato fue adjudicado sin concurso público, a través de un procedimiento negociado a puerta cerrada con Gauzón, y hasta la fecha no se ha hecho público su pliego de condiciones.
Otra de las grandes receptoras del gasto público de España y fondos europeos en materia migratoria es Eulen,
la empresa de la ICM que mayor número de contratos acumula desde 2014
hasta 2019 (45 en total). Eulen no publica sus cuentas ni facilita
información detallada sobre sus negocios. El nicho de mercado de esta
empresa en el negocio migratorio se centra en la prestación de servicios
sanitarios y de seguridad, limpieza y mantenimiento, principalmente en
los CETI de Ceuta y Melilla.
Eulen también destaca como una de las principales beneficiarias de las causas Ópera, Tosca y de otras operaciones anticorrupción en la ciudad fronteriza de Melilla, en las que estuvo imputada por la supuesta creación de empresas pantalla, el presunto desvío de fondos públicos y la contratación de familiares y allegados
del Gobierno de Juan José Imbroda (PP), que durante 20 años presidió
esta ciudad autónoma, punto caliente del mapa de las migraciones
mundiales. (...)
En el top 10 de las empresas de la ICM en España también figura el gigante tecnológico francés Atos, con al menos 26 contratos del Ministerio del Interior desde 2014 hasta 2019 que suman más de 18,7 millones de euros.
Al menos 17 de esos contratos fueron adjudicados sin concurso público
(entre ellos, un contrato de más de cinco millones de euros, dos que
superan los dos millones, y tres de más de un millón), mientras que
cuatro contienen importes muy cercanos al límite legal que obliga a
convocar concurso público. La mayoría de estos contratos son para la
reparación y suministro de equipos para el Sistema Integrado de
Vigilancia Exterior (SIVE) de la Guardia Civil, creado en el marco de la
política antimigratoria de la Unión Europea (UE). (...)
Otras dos empresas francesas que destacan en el mercado antimigratorio español son la armamentística Thales y el gigante aeronáutico Airbus.
Desde 2014 hasta 2019, el Gobierno de España adjudicó a Thales al menos
11 contratos de control migratorio (3,8 millones de euros en total), la
mayoría para suministrar sistemas de visión nocturna y sus respectivos
servicios de mantenimiento. El precio de cada cámara térmica de Thales desplegada en las fronteras de Ceuta y Melilla oscila entre los 50.000 y los 500.000 euros, mientras que sus repuestos cuestan entre 80.000 y 165.000 euros.
Por otro lado, en ese periodo Airbus facturó más de 15 millones de euros por el mantenimiento y venta de repuestos para aviones y helicópteros de patrulla marítima, y por sus servicios de vigilancia satelital en la frontera sur española. (...)" (PorCausa, Público, 01/07/20)
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