La multinacional DomusVi es la principal empresa del
sector de las residencias de mayores en España y la tercera de Europa.
En julio de 2017, se convirtió en su accionista mayoritario el fondo de
inversión británico Intermediate Capital Group (ICG),
que ha creado una tupida red societaria para articular la compra de
DomusVi y reducir al mínimo su factura fiscal mientras se mantenga como
su principal propietario.
Una red que pasa por Luxemburgo y termina en la isla de Jersey, un territorio fiscalmente opaco donde tiene su domicilio la sociedad última de la trama, ICG Europe Fund VI (No. 1) Limited Partnership.
infoLibre ha analizado documentos de los Registros Mercantiles de España, Francia, Luxemburgo y Jersey
para trazar la línea que une a la empresa local dueña de una residencia
en España con la sociedad última de control en Jersey. O lo que es lo
mismo: para seguir el rastro del dinero, desde que
ingresa en la compañía que gestiona uno de los geriátricos de DomusVi
hasta que llega a su destino final en la sociedad de Jersey. Esa trama
societaria está compuesta por más de 20 empresas, tal y como se muestra
en el gráfico que acompaña a esta información.
La existencia de ese entramado de empresas, la mayoría sin empleados y
creadas por motivos exclusivamente financieros, lleva a una conclusión
obvia: parte del dinero que DomusVi gana en España termina en Jersey, un territorio fiscalmente opaco y donde la tasa del impuesto de sociedades es del 0%, según los datos de la OCDE.
El principal cliente de DomusVi en España es la Administración pública. Como desveló infoLibre en una anterior investigación,
82 Gobiernos autonómicos, forales y locales alimentan la caja de
ingresos de la multinacional. Lo hacen por dos vías: adjudicándole la
gestión de residencias o concertando plazas. En el primer caso, conocido
como “gestión indirecta”, un centro mantiene la titularidad pública
pero es gestionado de forma privada por la empresa que recibe la
concesión.
En el segundo, la Administración compra una plaza en
la residencia, paga una cantidad de dinero a cambio de poder enviar al
geriátrico a una persona que tenga derecho a recibir atención por su
dependencia. La parte más importante de los ingresos de DomusVi –al
igual que de los demás grandes grupos del sector– procede de la
Administración por una de esas dos vías. El resto de los ingresos los
obtiene al comercializar las plazas que no concierta, es decir, las que
explota directamente de forma privada, vendiendo el servicio residencial
a los ciudadanos que lo puedan pagar.
En definitiva: el dinero público es la principal fuente de ingresos de DomusVi y parte de las ganancias que obtiene la multinacional en España terminan en Jersey, en una compañía con unos inversores cuya identidad se desconoce, porque quien da la cara ante el Registro Mercantil de la isla situada en el Canal de la Mancha es el fondo de inversión ICG.
DomusVi cuenta en España con 138 residencias y
cerca de 20.000 camas, que representan el 70% de la facturación del
grupo. El resto lo aportan otros servicios, desde la atención
domiciliaria de mayores a los centros de salud mental. En 2017, la
división residencial del grupo facturó 355 millones de euros y en 2019
tenía previsto superar los 437 millones, un incremento del 23%
en los dos años bajo el control del fondo ICG. El grupo en su conjunto,
que tiene también gran fortaleza en Francia, alcanzó en 2018 una cifra
de negocio de 1.370 millones de euros.
En algunos de los geriátricos de DomusVi se han vivido verdaderas catástrofes durante la pandemia. El primer reportaje de investigación de este periódico sobre las residencias, publicado el 8 de abril, se centraba precisamente en lo ocurrido en ocho de sus geriátricos, donde habían fallecido más de 150 personas en las primeras semanas de azote del virus.
Tres meses y medio después sigue siendo imposible conocer la cifra exacta de fallecimientos en las residencias de España porque hay nueve gobiernos autonómicos –entre ellos los de las cuatro comunidades con más muertes en geriátricos: Madrid, Cataluña, Castilla y León y Castilla-La Mancha– que se niegan a ofrecer esa información desglosada por centros. Así que un periodista de infoLibre
ha pedido la información a los 17 Ejecutivos autonómicos acogiéndose a
la Ley de Transparencia. Entre los que ya han contestado está Cataluña, donde DomusVi explota diez residencias, en las que fallecieron 145 personas con covid-19 o con síntomas compatibles en marzo y abril.
En Andalucía gestiona 13 geriátricos, en los que perdieron la vida 33 mayores durante esos dos meses. En la Comunidad Valenciana, el Gobierno autonómico ha planteado la posibilidad de revertir una concesión a DomusVi en Alcoi (Alicante), donde los familiares aseguran que hubo 73 víctimas. (...) " (Manuel Rico, InfoLibre, 20/07/20)
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