"Esta historia viene de lejos, ha causado mucho dolor y, lamentablemente, le espera todavía un largo recorrido. Hace muchos años que el problema de la vivienda es uno de los más graves para la población trabajadora. La burbuja inmobiliaria explotó en 2008 y miles de familias hipotecadas perdieron su vivienda (durante 2012 cada día se produjeron una media de 517 desahucios diarios en el reino de España).
Se dijo que la sociedad aprendería de ese desastre y que no volvería a pasar, pero cuando el capitalismo desenbridado huele a beneficio, la sangre siempre llega al río.
Pasaron unos pocos años y en las grandes ciudades y sus alrededores los alquileres volvieron a dispararse, así como los desahucios (durante 2019 hubo una media de 100 desahucios diarios por alquiler y 40 por hipoteca). En los últimos seis años, los alquileres subieron como media 30 veces más que los sueldos (según datos de Infojobs y Fotocasa).
En Catalunya, las familias se ven obligadas a destinar más del 50% de los ingresos a pagar el alquiler. La pandemia y la gravísima crisis económica que ha desatado agudizará más aún el problema de la vivienda para sectores muy amplios de la población.
El miércoles 9 de septiembre, el Parlament aprobó por 71 votos a favor y 63 en contra una ley que regulará el mercado del alquiler de la vivienda en Catalunya. Es una primera conquista de una larga batalla para poner coto a la especulación y al aumento desorbitado de los alquileres.
La ley entrará en vigor a partir de su publicación en el Boletín Oficial de la Generalitat. ¿Cuál es su contenido?
- Su aplicación impedirá subidas en todos los nuevos contratos de arrendamiento en las 60 ciudades más tensionadas de Catalunya.
- Como norma general, los nuevos contratos para viviendas que ya estaban alquiladas no podrán superar el precio acordado en el contrato anterior.
- Si el alquiler en vigor tenía un precio por encima de la media de su zona, deberá bajarse para adaptarse al valor que establece el índice de precios de la Generalitat.
- Todos los nuevos alquileres deberán ajustarse al índice que marque la Generalitat.
- El índice se rige por una serie de criterios (superficie, año de construcción, estado, etc.) que son públicos, y se podrá consultar en la web de la Agència de l’Habitatge de Catalunya.
- La regulación prevé algunas excepciones para casos de mejoras (siempre demostradas), relación de parentesco entre propietario e inquilino y otros regímenes de rentas, o casos en que el arrendador esté en una situación vulnerable (siempre que el inquilino no lo esté también). Asimismo, quedarán exentas de la regulación las viviendas de obra nueva, que no se verán afectadas por la regulación durante los primeros tres años.
- Para proteger a los pequeños propietarios, esta regulación no se aplicará a quien ingrese menos de 3,5 veces el IRSC (Índice de Renta de Suficiencia) de 2.140 a 3.200 euros mensuales, en función de miembros familiares y municipio.
- La regulación se dotará de un régimen sancionador que asegurará su cumplimiento.
- Se reconoce a las organizaciones de inquilinos e inquilinas como parte en la mediación de conflictos entre arrendadores y arrendatarios.
Ha tenido un largo recorrido, desde las luchas de la PAH hasta la iniciativa del Sindicato de Llogateres
(Sindicato de inquilinas), que en mayo de 2017 empezó a elaborar la
propuesta aprobada por el Parlament, que ha contado con el apoyo de más
de 4.000 entidades de toda Catalunya y la movilización, tanto para
evitar desahucios como para presionar a los partidos políticos para que
se involucraran en la tramitación y aprobación de la ley. (...)" (Miguel Salas, Sin Permido, en Cuarto Poder, 14/09/20)
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