"La prensa económica nos advierte del avance de los inversores globales en el mercado de la vivienda en alquiler tras el Estado de Alarma declarado para hacer frente a la pandemia de Covid-19. Los grandes fondos de inversión y las aseguradoras han invertido más de 1000 millones de euros en inmuebles destinados al arrendamiento de vivienda en los últimos meses. (...)
El interés de los inversores globales por el mercado del alquiler en España viene de largo. Ya en 2019 se gastaron 1650 millones en ampliar sus posiciones en este negocio, de los cuales 974 fueron destinados a hacerse con bloques de pisos ya construidos.
Aunque cerca del 95 % del mercado del alquiler español sigue estando en manos de particulares, la parte bajo control de los fondos de inversión ha aumentado sin cesar en los últimos años, destacando las posiciones de gigantes globales como Blackstone, el mayor arrendador de viviendas del país, que representan más de 50.000 pisos, por valor de más de 20.000 millones de euros, repartidas en distintas sociedades instrumentales como Testa, Aliseda, Anticipa y Fidere.
Pero este acusado apetito inversor no ha redundado en un más amplio cumplimiento del derecho a la vivienda reconocido en la Constitución española. En el país de la OCDE en el que se espera la mayor tasa de desempleo para 2020 y 2021, asoma de nuevo el fantasma de los desahucios. Las ayudas públicas implementadas tras la emergencia de la pandemia (ERTEs, subsidios, cicateras moratorias de hipotecas y de alquileres, etc.) han conseguido, de momento, evitar que un nuevo tsunami de ejecuciones hipotecarias y lanzamientos de viviendas, como el de la pasada crisis del año 2008, sacuda a los barrios de las clases populares.
Pero, en el marco de un régimen jurídico pensado expresamente para favorecer los intereses de los grandes propietarios y la emergencia de recurrentes burbujas especulativas, diversos analistas prevén un aumento del 25 % en los desahucios en el tercer trimestre de este año. Y eso, aún teniendo en cuenta que, muy posiblemente, los ERTEs se mantendrán vigentes para cientos de miles de trabajadores al menos hasta el inicio del año que viene. (...)
Realia, controlada por el magnate mexicano Carlos Slim. AQ Acentor, promotora dirigida por el fondo de inversión alemán Aquila Capital. Y los ubicuos Blackstone, Cerberus, Lone Star, Goldman Sachs… Estos, y algunos más, son los fondos que se están haciendo con el control del mercado de la vivienda en nuestro país. Y, aun más, lo están llevando a cabo comprando, a precio de ganga, promociones públicas, como los pisos del IVIMA de que hemos hablado o los pisos de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) de Madrid que fueron entregados por esas mismas fechas a Blackstone. Y, también, como las enormes promociones vendidas por la Sareb a los fondos a muy buen precio, porque los contribuyentes (es decir, los trabajadores) pagan la diferencia en la forma de deuda pública y recortes en los servicios del Estado de Bienestar, como la Sanidad o la Educación.
La defensa del derecho constitucional a la vivienda impone hacer frente a los buitres que se quieren hacer con ella para exprimir y extorsionar al máximo a los ciudadanos. Defender el derecho a la vivienda impone luchar contra los desahucios, y también defender el derecho a la palabra de quienes, como Montserrat González y sus vecinos y vecinas, sufren las consecuencias de la brutal agresividad de un mercado de grandes tiburones a los que nadie intenta controlar."
(José Luis Carretero Miramar para Kaosenlared, en Crítica de la economía y economía crítica, 28/08/20)
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