"Lleva 20 años en la primera línea educativa sindical. Francisco García (61 años, Cabañaquinta, Asturias) fue responsable de la federación de enseñanza de CC OO en Madrid durante 12 años antes de convertirse, en 2012, en el máximo responsable de Educación en el sindicato en toda España. (...)
En esta crisis cree que “ha habido una dejación de funciones por parte de todos los que tenían responsabilidades educativas”.
Pregunta. ¿Qué ha fallado en esta vuelta al colegio?
Respuesta. Es de las más difíciles que he vivido en estos 20 años porque no hay hoja de ruta para esta situación. La debemos ir construyendo poco a poco. Pero las Administraciones no han estado dispuestas a construirla entre todos. No han estado a la altura de su ciudadanía, que les ha dado una lección de civismo y responsabilidad.
Las Administraciones se han sido poco responsables y se han aferrado al espejismo de que íbamos a volver al colegio a coste cero en plena pandemia. Ya hemos superado el debate de marzo de si había que mantener abiertas las escuelas. Ahora no hay duda de que sí. Sabemos que el sistema educativo debe garantizar la máxima presencialidad, pero los profesores y las familias también necesitan que se les garanticen este retorno con seguridad, y no parece que se esté logrando.
P. En muchas comunidades, las clases ya han empezado y los profesores de refuerzo no han llegado. Se encuentran buscando a contrarreloj más de 39.000 docentes ¿Cómo es posible?
R. Las Administraciones educativas han hecho una dejación total de sus funciones. Tanto el Ministerio de Educación, que debería coordinar este proceso con unas reglas del juego claras, como las comunidades, que no han querido que el Gobierno regulara estas normas. El ministerio podría haber sido más decidido y más contundente y las autonomías, más flexibles.
Así nos encontramos que en algunas comunidades vuelven con 25 o 30 alumnos por aula, mientras en otras apenas llega a los 20. En otras comunidades no han llegado los docentes comprometidos de refuerzo, y los equipos directivos van haciendo lo que pueden. Es un inicio de curso caótico que demuestra que la educación no es una prioridad en la agenda política y expresa la desidia y la falta de liderazgo y descoordinación de las Administraciones educativas.
P. La presidenta de las enfermeras escolares ha advertido que la seguridad es imposible mientras haya contagios comunitarios y con una tasa muy encima de lo que recomienda la OMS. ¿Cómo se puede conciliar el derecho a la educación y la seguridad de los maestros?
R. El sistema educativo respondió al confinamiento reinventándose: los profesores lucharon para acompañar a sus alumnos como pudieron y las familias se esforzaron al máximo en un escenario muy complicado. Pero ahora las brechas de la desigualdad son mucho más rotundas, los alumnos con desventaja social quedaron muy expuestos con soluciones dispares. A partir de tercero de ESO es asumible combinar la educación presencial y online, pero como último recurso. Para los alumnos es imprescindible estar en contacto con sus compañeros y recuperar esa normalidad. Pero las Administraciones no han trabajado suficientemente para lograrlo.
La única excepción ha sido la Comunidad Valenciana, que desde abril está diseñando este regreso con todos los agentes educativos y es el único lugar donde las ratios, los profesores y la seguridad estaban preparadas para recibir a los estudiantes cuando tocaba. Sabemos cuál es el camino para garantizar la seguridad, y evitar un nuevo confinamiento, nos falta que los responsables educativos lo sigan. Sabemos que las ratios más reducidas, la higiene, la limpieza, el aire libre es lo que marca la diferencia, pues que sigan esa hoja de ruta. Pero los alumnos han vuelto a las aulas y en muchas comunidades ni siquiera estaban los profesores...
P. ¿Quién es el responsable de esta imprevisión?
R. El Gobierno central y los autonómicos deberían ponerse de acuerdo para hacer política con calidad y altura de miras. Debe haber un compromiso de todas las Administraciones para que la seguridad de todos los alumnos de nuestro país no sea negociable. Hay que mandar un mensaje claro, porque la educación debe ser una prioridad para todos. Debe haber compromiso político y altura de miras. El Estado tiene instrumentos que permiten regular para todo el Estado, por ejemplo, las ratios máximas y aspectos similares.
P. ¿Qué instrumentos son?
R. Un
real decreto ley. El ministro José Ignacio Wert subió las ratios
máximas y aumentó el horario del profesorado justificando la
excepcionalidad de la medida [por la crisis económica, en 2012].
Necesitamos un acuerdo político y, si no lo hay, que al menos se
impongan 20 alumnos por aula en todo el Estado; no entendemos que sea
una recomendación en lugar de una instrucción, si es lo saludable. Eso
llevaría a contratar 70.000 profesores y no los 39.000 anunciados. Nos
queda mucho camino por andar para garantizar una presencialidad segura. (...)"
P. ¿Qué han aprendido?
R. Hemos constatado que nuestro sistema educativo es muy rígido como para adaptarse a las circunstancias imprevisas y debería flexibilizarse. Y que debemos repensar tiempos, espacios, currículos y metodologías escolares. Y dotar a la escuela de los recursos que sean necesarios para que sigan funcionando como ascensor social. Que debemos mantener los centros abiertos con los medios necesarios. No podemos permitirnos más el coste social de no hacerlo." (Entrevista a Francisco García, Beatriz Lucas, El País, 09/09/20)
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