“Presenté los papeles con la fotocopia del DNI en blanco y negro y la quieren en color. Así funciona esto”. La ilusión inicial que generó el IMV empieza a transformarse en decepción por la lentitud y las trabas administrativas.

 "Lourdes Campos tiene 60 años y habla con naturalidad de la vida perra. De esos días de trabajo agotador recogiendo aceitunas con la mirada clavada en el suelo. O de aquellos que se enroló para recolectar remolacha y terminó rastrillando los veranos de una Castilla arrasada por un sol justiciero. Justicia es lo que ahora reclama. 

Para ella y para su familia, porque su cuerpo está cansado de soportar por mucho tiempo el peso del mundo. “La cosa no mejora”. 

Lo dice con un rostro que la pena vuelve de piedra. “Soy pobre. En mi casa somos siete personas y nos tenemos que arreglar con una pensión de 380 euros al mes. ¿Cree que es posible? Pues claro que no. He pedido el Ingreso Mínimo Vital pero llevo dos meses sin respuesta. Y se lo digo con toda dignidad porque soy gitana y muy rica de aquí –y se acaricia el corazón con la palma de la mano– por la gracia de Dios”, remacha con un tono imponente.

 Cuando el Gobierno presentó el Ingreso Mínimo Vital (IMV), “el mayor paso dado en la lucha contra la desigualdad en España”, en palabras del vicepresidente segundo Pablo Iglesias, se dispararon las ilusiones de miles de personas atrapadas entre la miseria y la desesperanza. A Lourdes, por ejemplo, se le abrió el cielo. “Nosotros lo vimos como un recurso vital, casi de supervivencia. 

Entiéndame, no nos va a sacar de los aprietos pero esos 461 euros o lo que me corresponda aliviarían nuestra situación”, añade con prudencia. Gracias a la ayuda de la Asociación Apoyo del barrio madrileño de Moratalaz hizo acopio de la documentación requerida, firmó los impresos y tramitó la solicitud a través de la oficina virtual de la Seguridad Social. “Para algunas personas resulta complicado reunir la acreditación que les exigen. Les ocurre a muchos usuarios. 

También creo que el IMV está demasiado condicionado por la composición de la unidad familiar, sobre todo monoparentales, y por los ingresos percibidos en el último año. Olvidan que los potenciales beneficiarios son gente que, en muchos casos, viven en la precariedad y en el día a día, con lo que eso conlleva. Por último, la lentitud de la administración puede llegar a ser exasperante. Imagino que será por la falta de tramitadores”, señala Roberto, el voluntario que ha ayudado a Lourdes con todo el papeleo.

Han recurrido a conocidos para saber el estado del proceso, han enviado notas alertando de la urgencia. Nada. Siempre terminan chocando contra ese escudo que es el Leviatán burocrático del Estado. También han descubierto que el IMV es una ayuda mucho más restrictiva de lo que algunos creyeron ver cuando nació. Ahí están los números para demostrarlo.

 De las 837.333 solicitudes presentadas entre junio y octubre, 12.789 ya han sido aprobadas y abonadas, 69.530 denegadas, 34.534 revisadas y 82.119 se encuentran “en proceso de requerimiento de información”, tarea desempeñada por la empresa Tragsatec que acaba de anunciar a los 139 trabajadores que cubrían el servicio gratuito de atención telefónica que serán despedidos el próximo 9 de diciembre. De los 638.364 expedientes restantes, el 78%  del total de solicitudes presentadas, nada se sabe. Entre ellas está la de Lourdes. “¿Será buena la demora? ¿Qué sucede? ¿Usted qué opina?”. Tantas cuestiones atropellan a esta mujer curtida y enérgica.

No son las únicas. Las dudas acechan en cada esquina. También en la sala de máquinas de la Seguridad Social. Allí donde cada mañana personas con nombres y apellidos se dejan la piel entre peticiones y llamadas telefónicas de angustiados ciudadanos desde la puesta en marcha de la prestación el 15 de junio. Un centenar de consultas cada cinco horas de media al día por asistente. 

Pero en la administración todo es lento y, a veces, también ruinoso. Sobre todo cuando cunde la urgencia. Los 139 trabajadores de Tragsatec que el 9 de diciembre abandonarán sus puestos están sorprendidos. “¿Quién se encargará a partir esa fecha de un servicio tan importante para el ciudadano?”. La pregunta que formula una trabajadora suena como una pesada losa a través del teléfono.

 “¿Quién?”, repite con desazón. Nadie lo sabe con seguridad. Ni siquiera en el Ministerio de Seguridad Social que dirige José Luis Escrivá. “La partida presupuestaria para este subsidio es de 3.000 millones de euros, una cantidad insuficiente, casi ridícula, para combatir la pobreza extrema”, comentan de manera privada.  (...)

Aunque no lo gestione, el Ministerio de Derechos Sociales se ha involucrado directamente en mejorar su funcionamiento con la incorporación de varias modificaciones al decreto original. Por ejemplo, que se tengan en cuenta los ingresos del solicitante en 2020, en lugar de 2019, para acceder a la prestación. Algo lógico cuando el abismo que separa ambas fechas es una pandemia. Con esta medida se arremete contra la pobreza sobrevenida en los últimos siete meses y evita a los solicitantes pasar por el amargo trago de una espera prolongada para optar a la prestación.

 También han reducido de tres a dos años la condición inexcusable de vida independiente que se exige a los menores de 30 años sin recursos. Otro de los cambios incluye a los servicios sociales, que son quienes mejor conocen los estragos sociales que provoca la pobreza. Ya pueden acreditar requisitos que hasta ahora estaban reservados a los tramitadores, a veces implacables, de la Seguridad Social. “Algo ha mejorado, pero sigue siendo muy selectivo”, asegura un voluntario. "                       (Gorka Castillo, CTXT, 12/11/20)