"Con la naturalidad de quien se presenta ajeno a la polémica de su mandato, el ex director operativo de la Policía con el PP, Eugenio Pino, artífice de la brigada política, relató el pasado lunes ante el juez del caso Villarejo las prácticas que implantó en el Cuerpo y sin las que no se puede explicar la “operación parapolicial” de espionaje a Luis Bárcenas por las que él y sus máximos colaboradores están imputados en la Audiencia Nacional.
Durante la hora y tres cuartos que se prolongó su última declaración en la pieza Kitchen, Pino se refirió en varias ocasiones a la utilización de Asuntos Internos para cualquier cuestión que él considerara de interés, sin que supusiera un problema pervertir la única función asignada legalmente a la unidad: perseguir los delitos que cometen los agentes del Cuerpo.
El comisario Pino y el resto de imputados mantienen que la denominada Operación Kitchen, sufragada con fondos reservados, solo pretendía contribuir a localizar los testaferros de Bárcenas y a recuperar el dinero que escondía. La investigación, sin embargo, ha acreditado que actuaron en todo momento a espaldas del juez de la caja B y de los policías a cargo de éste, y apunta a que su único interés era recuperar y ocultar pruebas de la posible implicación en la financiación irregular y el cobro de sobresueldos en negro por parte de altos dirigentes del PP.
En un momento del interrogatorio del fiscal Miguel Serrano, el investigado habla de lo que en términos policiales se llama “manipulación” del confidente, en este caso el chófer de los Bárcenas, Sergio Ríos Esgueva. Según la reconstrucción que ha realizado elDiario.es con fuentes presentes en la declaración, Pino afirma: “En un principio iba a ser Marcelino (Martín-Blas, jefe de Asuntos Internos en ese momento). Luego, por otras razones, se me obliga a que sea Villarejo porque, según me cuentan, Marcelino era Asuntos Internos y pudiera parecer una brigada más política. Yo evidentemente, porque se me ordena, nombro a Villarejo”.
El grueso de la Operación Kitchen se llevó a cabo, sin embargo, mucho antes de que saltara del seno de la Policía a la opinión pública la utilización partidista que el Gobierno de Mariano Rajoy estaba haciendo de los agentes. Aún no había trascendido que el mismo grupo de mandos que ahora se encuentra imputado en su totalidad por el espionaje a Bárcenas se dedicaba también en esa época a rastrear información comprometedora de políticos independentistas, de forma prospectiva y extrajudicial, en lo que tiempo después se bautizaría como Operación Catalunya.
La investigación paralela a Bárcenas y los seguimientos a su familia se concentraron entre junio y octubre de 2013. No fue hasta noviembre de 2014 cuando elDiario.es publicó la trama parapolicial contra el proceso soberanista y la implicación de la Unidad de Asuntos Internos como policías desplegados sobre el terreno. De la Operación Kitchen no se supo hasta un años después cuando El Español reveló su existencia.
“¿Quién le da esa orden?”, preguntó el fiscal Serrano a Pino el pasado 14 de diciembre, en referencia a cambiar a Martín-Blas por Villarejo. “Pues no lo sé”, respondió el comisario con la desmemoria que salpicó toda su declaración y contra la que le advirtieron tanto el fiscal como el juez Manuel García-Castellón. “No sé si es el director (Ignacio Cosidó) o el secretario de Estado (Francisco Martínez) porque tuve relación de este caso con los dos”.
El comisario Pino encontró en el secretismo que envuelve a la Unidad de Asuntos Internos, esencial para poder investigar a policías corruptos, la característica ideal para hacerle encargos políticos y que su ejecución escapara a cualquier fiscalización. elDiario.es ha podido saber que en la actualidad cuenta con 120 agentes aunque en la época de Pino eran probablemente bastantes más. Su sede está en unos pisos del centro de Madrid separados de cualquier otra dependencia policial y el comisario que la manda ahora es un veterano de la lucha contra el narcotráfico, Francisco Miguelañez.
Paradójicamente, una orden dictada durante el mandato de Eugenio Pino, la 28/2013, establece que corresponde a Asuntos Internos “investigar y perseguir las conductas funcionariales constitutivas de infracciones penales y aquellas otras contrarias a la ética profesional de los miembros del Cuerpo Nacional de Policía y de los funcionarios destinados en el centro directivo”. (...)
En la arquitectura que pretendía disimular la actuación de la policía
política cobró especial protagonismo un grupo de setenta agentes que,
dentro de la Unidad de Asuntos Internos, creó el comisario Pino, la
Brigada de Análisis y Revisión de Casos (BARC). Se trataba aparentemente
de volver a casos que habría perdido la Policía en detrimento de otros
cuerpos o cuyas investigaciones no hubieran prosperado, supuestamente
por la dejadez o torpeza de los investigadores. Sirvió, sin embargo,
para revolver en casos ya juzgados y con sentencia firme como el 11-M o
el Faisán, que el PP había utilizado en la oposición para atacar al
Gobierno de Zapatero, o para justificar la presencia en Catalunya
coincidiendo con el procés.(...)" (Pedro Águeda, eldiario.es, 20/12/20)
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