"Ya son 9.414 las ancianas y los ancianos fallecidos por la Covid-19 en Residencias de mayores. La cifra equivale al 58,6% del total de los muertos por este virus en España [cifras actualizadas a 10 de abril]. Cadáveres abandonados durante horas o días. Personal (religioso, sanitario y auxiliar) dándose a la fuga o confinándose con los enfermos para cuidarlos.
Trabajadoras muy precarizadas –un 90% del total son mujeres–, sin medios ni formación para abordar el problema. Responsables empresariales y regionales mirando hacia otro lado. El Gobierno, desbordado, y obligado a enviar al Ejército para intentar averiguar el alcance del brote y contenerlo... La situación que se vive desde hace semanas en los centros de mayores por los contagios del Covid-19 es una tragedia cuyo balance final tardaremos en conocer. Pero lo peor es que es un drama no del todo imprevisto.
Hace ya un año, en esta revista, Nuria Alabao contaba lo siguiente: "Respecto a las desigualdades entre regiones, probablemente el caso de Madrid sea uno de los más extremos. Las residencias de ancianos sufren falta crónica de personal –tanto las públicas, como las privadas– y están infrafinanciadas.
La lista de los problemas que trascienden es de absoluto terror: comidas con cucarachas; ancianos que fallecen y nadie se da cuenta hasta el día siguiente o incluso muertes directamente relacionadas con la desatención –como la de una anciana cuya pierna quedó semiamputada por los barrotes de su cama una noche en la que un solo enfermero tenía que atender a más 340 residentes–.
O como el caso de la Residencia de la Fundación Reina Sofía Alzheimer –gestionada por Clece [propiedad de Florentino Pérez]–, donde la empresa está despidiendo a las trabajadoras que recientemente denunciaron falta de material y de medios. Un lugar donde no había pañales o sábanas para cambiar a los ancianos que a veces tenían que pasar días sobre su propia orina. Mientras, esta gran empresa es capaz de mantener salarios de cuidadoras de 600 euros al mes por jornadas completas mientras declara millones en beneficios".
Los testimonios y los datos recogidos ahora para este reportaje indican que los problemas se empezaron a gestar hace 15 años, y se agudizaron desde 2012 con los recortes y la fiebre privatizadora. Muchas residencias para ancianos poco tienen que ver con el modelo familiar y casi idílico que ofrecen sus anuncios. Son más bien factorías de la atención, aparcamientos de abuelas gestionados con espíritu de eficiencia mercantil, muchos de ellos por fondos de inversión no especializados; y su principal característica es la precariedad.
“Muchos trabajamos en turno partido, pero tenemos que tener disponibilidad total. Por esto hay muchas gerocultoras que trabajan en hasta dos y tres centros. Médicos y enfermeros ganan mucho menos que en el sector sanitario, por lo que tampoco se quedan, y el seguimiento se resiente”, comenta Pilar Ceprián, afiliada a CC.OO. y gerocultora desde hace más de 25 años.
Según los últimos datos publicados por el IMSERSO, de los 5.457 centros residenciales que hay en España, cerca de un 75% son de titularidad privada. Es decir, más de 4.000 centros pertenecen al sector privado, mientras que apenas llega a 1.400 el número de residencias públicas. El sector, integrado por más de 150 gestoras de centros y servicios, alcanzó unos ingresos superiores a 3.500 millones de euros en 2016 en España, según datos de Alimarket. Tres años después, en 2019, el negocio de la atención a mayores mueve más de 4.500 millones de euros al año y no deja de aumentar. Según la consultora DBK Informa, el mercado de las residencias de la tercera edad lleva más de cuatro años creciendo a un ritmo superior al 4% interanual.
Y sin embargo, la realidad en los centros dista mucho de ser boyante. “No tenemos EPIs [Equipos de Protección Individual] y no hay manera de confinar a los residentes porque en muchas residencias están hacinados”, cuenta María José Carcelén, portavoz de la Coordinadora de Residencias 5+1, que agrupa a familiares de internados en varias residencias catalanas. “¿Cómo se van a diagnosticar los casos si en muchos centros durante la noche hay solo una gerocultora por planta, a cargo de 28 personas?”, añade Ceprián. “Se recorta por los trabajadores, y el problema laboral se convierte en un problema asistencial. Falta material desde mucho antes del Coronavirus, y no se retiene a las plantillas porque están mal pagadas y sobrepasadas de trabajo”, explica la sindicalista.
“Se está mandando a plantillas enteras a casa por contagio, y luego se sustituyen sin filtro, con personal que a veces abandona el mismo día por el estrés”, dice Raúl Camargo, dirigente de Anticapitalistas y exdiputado de la Asamblea de Madrid, quien en la legislatura pasada impulsó una proposición de ley para regular estos centros. La propuesta no salió adelante porque PP y Ciudadanos la rechazaron.
El contexto general explica que los recortes neoliberales y las privatizaciones masivas han agudizado esos problemas. Según el último informe de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales, desde el año 2012 el Sistema de Dependencia acumula un recorte en los Presupuestos Generales del Estado de 5.864 millones de euros. España cuenta con una de las poblaciones más envejecidas del mundo: en 2030 se calcula que habrá más de 15 millones de habitantes por encima de los 60 años. La tercera edad es un mercado cautivo que requiere servicios asistenciales permanentes. El Estado y las Comunidades Autónomas comparten la financiación, teóricamente al 50 por ciento, pero la proporción se ha ido escorando y algunas CC.AA. pagan hasta un 80%. El país no tiene suficientes plazas públicas de residencia: hay entre 376.000 y 381.000 en total y harían falta como mínimo 18.000 más para alcanzar las 5 camas por cada 100 mayores que recomienda la OMS.
Muchas Comunidades han ido derivando o subcontratando plazas –los casos de Madrid y Galicia son paradigmáticos: el 80% de las residencias son privadas–, a grupos multinacionales. Aunque hay excepciones. (...)
Desde su experiencia, subraya que los problemas más graves son la falta de control y unos servicios ineficaces. “He trabajado en centros carísimos situados en buenas zonas y el servicio es pésimo. Realmente la gente recibe un 30% de lo que se ofrece al principio. Si en alguno de esos sitios entra el virus, no me quiero imaginar el horror”. (...)
Estado y Comunidades, que han recortado juntos la atención a la dependencia, se han ido pasando estos años un problema que se ha disimulado con la externalización. Dado el retraso en la concesión de la dependencia –la ley marca seis meses de plazo máximo, pero puede alargarse más de dos años, como pasa en Canarias–, se ha apostado todo a las subvenciones finalistas por número de camas. Los controles, ya escasos en circunstancias normales, se han revelado del todo insuficientes. (...)
¿Quién ha salido ganando de esta situación? El negocio de la asistencia a mayores está cada vez en menos manos. Del modelo cuasi familiar se ha pasado en menos de una década a la concentración de fondos nacionales y europeos, que ya controlan el 23% del mercado, según el observatorio sectorial DBK. La gestión de residencias es una perita en dulce: entre 2015 y 2017 atrajo más de 2.000 millones de euros en inversiones, según la consultora CBRE.
Seguir el entramado de fusiones y adquisiciones de los grupos que operan en el mercado español no es sencillo. Muchos tienen su origen en Francia y han ido consolidando una agresiva estrategia de compras de grupos españoles mediante fondos de capital riesgo, que han visto en el sector de la dependencia un refugio. La burbuja es tan grande que, según un informe de la consultora Angomed, los precios de los activos en residencias privadas se incrementaron un 50% de media en 2019, lo que pone aún mayor presión en el recorte de costes asistenciales para hacer cuadrar las cuentas de resultados.
“Se trata de una carnicería anunciada”, resume el exmiembro de Unidas Podemos Raúl Camargo. “La mayor parte de estas residencias pertenecen a fondos buitres (como Azora, cuya consejera delegada, Concha Osácar, muy oportunamente es patrona del ICO), o a empresas que han entrado en el sector durante los últimos siete u ocho años sin tener ningún conocimiento sobre el mismo”.
“En Madrid, y sucede de un modo similar en el resto del país”, continúa Camargo, “acceden al negocio mediante un contrato marco que establece un precio por plaza y día tan bajo –en torno a los 54 euros– que algunas ni siquiera aceptan. De este precio, además, tienen que sacar sus beneficios, así que imagínate por dónde deben recortar…”.
Camargo considera que las cifras dejan claro que la privatización del sector es la gran culpable de la masacre que hemos vivido estos días, cuyo balance final todavía no se conoce. “En Madrid, la mitad de los infectados están en residencias, y la mortalidad de las privadas casi duplica a las de las públicas. Y esto es extrapolable a lo que pasa en otros sitios”. (...)
DomusVi es la principal operadora de residencias en España (Geriavi SAU). De capital francés, posee 25.000 camas y 198 centros en todo el Estado, y es resultado de la unión de Geriatros y SARquavitae, propiedad del fondo británico ICG y el francés SRS, que a su vez es el vehículo de inversión de Yves Journel, una de las fortunas más acaudaladas de Francia. Tiene un capital suscrito de casi 67 millones de euros, y su presidente es Sylvain Rabuel, quien antes estaba al mando de los clubs de vacaciones Club Med.
Orpea, el segundo grupo del país, también tiene capital francés. En su página corporativa, cuya última nota de prensa se titula “2019, un año de fuerte crecimiento”, cuesta encontrar nada sobre el coronavirus. Tampoco aparece en la página personal de su consejero delegado, Yves Le Masne, pese a que sus residencias atienden a diario a 8.000 personas en nuestro país.
Amavir, que también opera unas 8.000 plazas –en las que se cuentan también las de centros de día–, pertenece al grupo Maisons de Famille, que a su vez pertenece al holding Creadev (propietario de Alcampo, Decathlon, Leroy Merlin y Norauto, entre otras). Su consejero delegado es Patrick Arrosteguy.
Las dos siguientes en tamaño son una británica y una española. Vitalia (comprada a Portobello Capital por el fondo británico CVC Capital Partners), que gestiona 6.000 plazas en todo el Estado, anuncia en su web un plan de inversión que le permitirá llegar pronto a las 10.000. Ballesol controla 7.000 plazas. Su presidente ejecutivo y consejero delegado, José Ignacio Vivas, es también presidente de AESTE, la principal patronal de las operadoras de residencias españolas (cuyos objetivos son la “creación de valor para los operadores”, la “estructuración del mercado de trabajo”, y la “comunicación a la sociedad”), de la que forman también parte empresas como Eulen Sociosanitario, Caser o Sanitas Mayores.
Por debajo, el panorama no es mucho mejor. “Han entrado muchas empresas sin ningún tipo de experiencia en el sector que se han enriquecido gracias a los contratos públicos”, comenta Camargo, quien menciona el caso de Aralia, cuyo dueño, José Luis Ulibarri, forma parte de los sumarios de las tramas Gürtel, Púnica y Enredadera; y el de Albertia, controlada por el grupo La Rioja Alta, que se dedica a… los vinos.
En el negocio de las residencias hay también constructoras (ACS, Sacyr, Eulen), aseguradoras (BUPA, Santa Lucía), y unas pocas entidades del tercer sector, sobre todo religiosas, “que tampoco lo hacen mejor”, según Camargo. Por ejemplo, la Fundación San Rosendo, muy beneficiada por los gobiernos de Fraga en Galicia, y promovida por un cura, don Benigno, que fue condenado a pena de cárcel por quedarse con el dinero de una residente –pronto sería puesto en libertad por una supuesta enfermedad. (...)
Camargo propone soluciones claras. “El Estado debería intervenir y poner un funcionario a controlar cada residencia, puesto que las operadoras no son capaces de gestionarlas. Repartir los recursos con el ámbito sanitario, utilizar los médicos militares para atenderlas, y parar esta matanza. Y cuando esto pase, darnos cuenta de que necesitamos que sea un sector totalmente público”.
Una reordenación en la que nos jugamos el futuro, y la
vida, de nuestros abuelos y abuelas. La disyuntiva es cruda, pero la
puede entender cualquiera: ¿preferimos que sus cuidados dependan de los
fondos buitres o del Estado? " (CTXT, 29/03/20; actualización)
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