Pisos por 1.000 euros, la vía valenciana para impulsar la vivienda pública. “¿A dónde iba a ir con cinco chiquillos”, se pregunta un vecino de una de las 235 casas que la Generalitat ha comprado a grandes operadores tras ampliar su derecho a adquisición preferente

 "“Ahora estamos mucho más tranquilos. ¿A dónde iba a ir yo con mis cinco chiquillos?”, comenta Manuel, tras la adquisición por parte del Gobierno valenciano del edificio donde vive en Algemesí, a 36 kilómetros de Valencia, aplicando el derecho de tanteo (adquisición preferente). 

Él cobra la renta de inclusión autonómica y paga un alquiler social de unos 60 euros al mes que ahora debe abonar a la Generalitat. “Los gitanos y los marroquís nos llevamos bien”, añade, mirando a su vecina Asmaa. Esta madre de una hija sonríe y dice que tanto ella como sus amigas marroquíes están contentas y que todo el mundo tiene que ser responsable y contribuir a tener la finca limpia. Por su casa paga un alquiler mensual de 150 euros.

El inmueble, ubicado en el barrio del Raval, consta de 98 viviendas. Fue levantado al calor del boom del ladrillo y su constructora se vino abajo con el estallido de la crisis de 2008. Pasó entonces a manos de su acreedor, el Banco Sabadell que, después de algunos años, quiso deshacerse de la propiedad.

 “Al Ayuntamiento nos llegó la información el año pasado de que se podía vender a un fondo buitre, lo que hubiera sido un problema muy grave porque la gente que vive allí tiene un alto grado de vulnerabilidad. Entonces nos dirigimos a la Generalitat a ver qué podíamos hacer”, explica la alcaldesa, la socialista Marta Trenzano.

Recién aprobado el decreto que modificaba y reforzaba el derecho autonómico de tanteo y retracto, la Consejería de Vivienda, que dirige el vicepresidente Rubén Martínez Dalmau, adquirió el edificio con una inversión total cercana a los 900.000 euros. Las viviendas, de 80 y 100 metros cuadrados, formaban parte de un paquete de 218 compradas al banco.

 “Hemos adquirido viviendas que iban a parar a un fondo de inversión y algunas de esas casas tenían un valor de 1.000 euros, un precio que si el banco hubiera ofrecido a cualquier persona probablemente no hubiera dudado”, resalta Dalmau, de Unides Podem.

Apremiada por la escasez de viviendas públicas —un mal casi endémico de España, que con un parque social del 2,5% respecto del total de casas presenta uno de los porcentajes más bajos de Europa— la Generalitat Valenciana optó en junio del año pasado por extender su derecho al tanteo y retracto. Un decreto, inspirado en legislación que había aprobado previamente Cataluña, sitúa a esta comunidad “en la vanguardia de las políticas de vivienda en España”, según Dalmau. La principal novedad del texto consistió en lo que denomina “transmisiones singulares”, sobre las que la Administración valenciana se reserva la adquisición preferente si iguala las condiciones que ofrece el comprador.

El decreto entiende por transmisiones singulares aquellas en que se venden más de 10 viviendas, o más de cinco si estas suponen al menos el 80% del edificio. Pero también cualquier dación en pago, ejecución hipotecaria o venta extrajudicial en sede notarial. Lo hace de manera retroactiva (se aplica a cualquier operación posterior a la ley autonómica de vivienda de 2004) y sin límite en transmisiones posteriores. (...)"                     (Ferran Bono|José Luis Aranda , El País,  03/03/21)