"El Observatori del Deute en la Globalització (ODG), el Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) y Ecologistas en Acción han publicado este jueves el informe Guía NextGenerationEU: más sombras que luces [disponible aquí en PDF], en el que analizan las "oportunidades, deficiencias y propuestas" para que los fondos europeos de recuperación sirvan para una "transición ecosocial justa" que limite "la fuerza del lobby de las grandes empresas".
Los activistas analizan tanto el sistema europeo mediante el que se reparten las subvenciones y los préstamos como el decreto español, a su juicio plagado de carencias que pueden ser incompatibles con "una reconstrucción económica que revierta la creciente desigualdad, frene la crisis sanitaria, económica, ecológica, social y de género". Temen que la presión de las compañías más influyentes desvíe unas ayudas que, consideran, deberían regar los modelos públicos, comunitarios, de empresas e iniciativas pequeñas que ejerzan una verdadera transformación. Por lo que han elaborado ocho propuestas para que el Gobierno las considere, a pesar de que el decreto ha sido aprobado ya por el Congreso, de cara al proyecto de ley que se está negociando. (...)
ODG, OMAL y Ecologistas no se quedan solo en la crítica: hacen ocho propuestas para revertir lo que consideran fallas estructurales en la reconstrucción española.
En primer lugar, "se debe neutralizar la fuerza del lobby
de las grandes empresas y evitar el conflicto de intereses",
garantizando la transparencia y el acceso de información. "La Base de
Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) debe ampliar la información que
publica para incluir la formulación del proyecto final aprobado y su
presupuesto; informes de adecuación a los criterios de elegibilidad;
informes de seguimiento intermedios y finales; auditorías para verificar
el buen uso de los fondos y de adecuación a la normativa europea",
defienden.
Los fondos europeos, consideran los activistas, deberían "promover la
desprivatización y desmercantilización de servicios básicos y sectores
estratégicos", cambiar la "colaboración público-privada" entre
administración y empresas por la colaboración "público-comunitaria"
entre la administración y la gente y criterios claros y ambiciosos para
que lo financiado contribuya a objetivos "climáticos, ecológicos y de
justicia social".
Además, apuestan por establecer baremos de exclusión para que empresas cuyo negocio sea incompatible con los objetivos del Acuerdo de París no reciban dinero y extraer recursos no solo de los fondos Next Generation: gravando más a lo más ricos y establecer una fiscalidad verde realmente ambiciosa donde el que contamina pague más, sin perjudicar a los sectores poblacionales más vulnerables." (Javier Martínez, InfoLibre, 25/03/21)
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