11.6.21

El Banco de España vuelve a engañar a los españoles y vuelve a ofrecer conclusiones ideológicas a partir de análisis sesgados para hacerles creer que no deben adoptarse las medidas que aumentan su bienestar y mejoran el funcionamiento de la economía... porque según la EPA, durante el año 2019 la población ocupada en España aumentó en 402.300 personas, en todos los tramos de edad

 "Hace unos días, el Banco de España ha publicado un informe sobre el efecto que supuestamente tuvo la subida del salario mínimo (aquí) cuyos resultados han sido ampliamente difundidos por los medios de comunicación (...)

El efecto del informe del Banco de España es, por tanto, evidente: la subida del salario mínimo que realizó el Gobierno de Pedro Sánchez fue negativa para la economía española pues dañó al empleo, el problema que más duele a todos nuestros compatriotas desde hace años. Tratar de subirlo de nuevo, como pretende el Gobierno, sería insistir en algo que ha funcionado mal, así que el informe del Banco de España constituye un clarísimo aviso a navegantes: no se les ocurra volver a subirlo.

Así, el Banco de España se constituye, una vez más, en lo que no debe ser porque no tiene competencias para ello, el árbitro que decide qué medida de política económica es deseable y cuál no. (...)

El problema radica en que el Banco de España no suministra en sus informes una opinión objetiva, técnica, científica, neutra o indiscutible, sino subjetiva, ideologizada y sesgada por las hipótesis, valores y métodos de análisis que utiliza. (...)

Sin embargo, no es muy difícil mostrar que la realidad de las cosas es bastante diferente al mensaje que traslada el Banco de España.

Según la Encuesta de Población Activa (EPA), durante el año 2019 la población ocupada en España aumentó en 402.300 personas.

En ese mismo periodo, la población de entre 16 y 19 años ocupada aumentó en 10.400 personas, la de 20 a 24 en 46.700, la de 25 a 29 en 23.000 y la de más de 65 en 19.600 personas.

Por tanto, no es verdad que el aumento del salario mínimo haya destruido empleo en España en ese año, y ni siquiera entre los más jóvenes o los de mayor edad. Y, si lo hubiera destruido por un lado, se ha ganado por otro.

Es verdad que el informe del Banco de España no dice exactamente lo que señalan los titulares de los medios, sino que el efecto de la subida fue un menor crecimiento del empleo en el colectivo con menos salarios. Pero es imposible saber si esa subida del salario mínimo destruyó el empleo de esas personas que podría haberse generado si no se hubiera dado porque el propio informe reconoce que es muy difícil determinar de forma inequívoca qué personas lo perciben. 

Y, por otro lado, no se puede concluir que fue la subida del salario mínimo la que produjo un menor aumento de la creación de empleo sin haber analizado la incidencia de otros factores que hubieran podido contribuir a ello.

Si el Banco de España fuese una institución responsable y trabajara con independencia y pluralidad al servicio de los intereses generales y no del poder financiero privado, no haría este tipo de anuncios. Haría una evaluación general y sin sesgos de los efectos de las medidas de política económica sobre el empleo y no solo de los que le interesa descalificar por motivos ideológicos.

¿Por qué no analiza y denuncia el Banco de España el efecto sobre el empleo de la desigual carga fiscal que soportan las empresas españolas como consecuencia del fraude y la elusión de las grandes? ¿Por qué no cuantifica los costes que soportan las pymes y el empleo que pierden como consecuencia de que las grandes empresas no cumplan la ley en materia de pago a proveedores? ¿Y por qué no señala la destrucción de empleo que conlleva la falta de competencia que eleva artificialmente el coste de los suministros o los financieros, o los obstáculos que tienen las pymes para concurrir a la contratación pública?

El Banco de España vuelve a extralimitarse en sus funciones, vuelve a ofrecer conclusiones ideológicas a partir de análisis sesgados y vuelve a mentir a los españoles haciéndole creer que no deben adoptarse las medidas que aumentan su bienestar y mejoran el funcionamiento de la economía para defender así los intereses exclusivos de las grandes empresas y la banca."                     (Juan Torres López, Público, 09/06/21)

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