"A mediados de mayo de 2020, cuando el país iba dejando poco a poco atrás lo más duro de la durísima primera ola de la pandemia, la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, tomó la palabra en una entrevista concedida al diario El Mundo.
"Hay que investigarlo y hay que investigarlo todo, evidentemente. Vamos a comprobar qué realidad se produjo y si el contenido de las denuncias se ajusta a la realidad. Nuestra obligación es comprobar esos hechos de manera objetiva", respondía entonces la máxima responsable del Ministerio Público cuando se le preguntaba por las muertes en residencias. Ha pasado ya un año de aquello. Y la Fiscalía Provincial de Madrid continúa investigando.
Hasta la fecha, según indican fuentes jurídicas consultadas por infoLibre, se han interpuesto nueve denuncias en los tribunales de la región por esta cuestión. Procedimientos que, según los datos recopilados por este diario, afectan a más de una veintena de personas diferentes.
La Comunidad de Madrid ha sido durante la crisis sanitaria la región con peor ratio de muertes de residentes por número de plazas ofertadas. Según los últimos datos del Imserso, fallecieron más de 6.200 personas en estos centros con covid-19 o síntomas compatibles con la enfermedad. La inmensa mayoría, sin ser derivados a un hospital en base a unos protocolos de exclusión a los que el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso ha tratado una y otra vez de restar importancia. Una situación que ahora se encuentra bajo la lupa de la justicia. De momento, la Fiscalía provincial ha llevado a los tribunales a 21 trabajadores, la inmensa mayoría médicos, de nueve residencias diferentes distribuidas por toda la geografía regional. De ellas, cuatro pertenecen a gigantes del sector, dos a fundaciones benéficas y religiosas, otro par más a pequeñas empresas y una a la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS).
Orpea es principal grupo privado que opera en la Comunidad de Madrid, con más de una veintena de centros y algo más de cuatro millares de plazas. Uno de ellos es el que tiene en el barrio de Carabanchel, el cual protagoniza una de las denuncias presentadas por el Ministerio Público. En concreto, el escrito puesto sobre la mesa de la justicia va dirigido contra dos doctoras del geriátrico. La Fiscalía las acusa de no realizar el "oportuno seguimiento médico" en el caso de una usuaria de 95 años que falleció durante la primera ola de la pandemia. Una "ausencia" de control en el centro que, unido a la "falta de activación del protocolo de valoración de una posible derivación" al hospital, privó a la mujer "de una adecuada atención sanitaria". Sobre ambas médicas se pone también el foco en el caso de otro residente fallecido al que la geriatra de referencia prescribió un concentrador de oxígeno que, sin embargo, "no fue usado para su tratamiento" a pesar de ser conscientes de que el residente, que terminó falleciendo, requería de dicho aparato.
No es la única residencia del grupo, que tuvo una de las ratios de fallecimientos por número de plazas más negativas durante los meses más duros de la pandemia, que está en el centro de las denuncias del Ministerio Público. Hay dos más. Una de ellas es Orpea Madrid Buenavista, donde entre el 8 de marzo y el 23 de mayo de 2020 murieron 69 personas. En este caso, la Fiscalía Provincial acusa a tres médicos de homicidio imprudente y omisión del deber de socorro. Ninguno de ellos, recoge el escrito, fue capaz de detectar el cuadro clínico de deshidratación e infección respiratoria por covid-19 que presentaba uno de los usuarios. Con el paso de los días, su salud se fue resintiendo. Y el residente, que fue privado de tener un tratamiento médico "acorde a sus necesidades en un centro hospitalario", falleció. Si el anciano hubiera sido pautado y seguido por el equipo geriátrico del hospital asociado, recoge la denuncia, lo "razonable" hubiera sido que la enfermedad se hubiera detectado a tiempo.
El otro centro del grupo que protagoniza la ofensiva judicial es Madrid Loreto. Las acusaciones del Ministerio Público son por exactamente los mismos delitos. Y se dirigen, en este caso, contra una médico y la directora del geriátrico. La Fiscalía de Madrid considera, de nuevo, que no hubo un "adecuado" control médico en el caso de una residente perdió la vida a mediados de marzo. La mujer comenzó con síntomas. Sin embargo, durante tres días fue visitada "exclusivamente" por el equipo de enfermería que iba dejando datos que evidenciaban "un empeoramiento de la salud de la usuaria". El 16 de marzo, la enfermera empleó una bala de oxígeno para subir el nivel de oxígeno en sangre de la usuaria. Fue entonces cuando la visitó la doctora, quien constató que presentaba una insuficiencia respiratoria. A pesar de ello, explica el Ministerio Público, la médica decidió mantener la pauta de oxigenación sin adoptar ninguna decisión sobre la forma de administrarle la medicación. Tres días después, la residente perdió la vida.
También protagonista de los trabajos de la Fiscalía es el grupo Amavir, el segundo más importante en la región con más de tres millares de camas distribuidas en 21 residencias. Una de ellas es la ubicada en la sierra norte, en el municipio de Patones. Durante la pandemia, las autoridades sanitarias aprobaron un protocolo en el que se establecía un sistema de coordinación con el hospital de referencia, a fin de que fuera el geriatra de enlace quien decidiera su traslado a un hospital o su asistencia en el mismo centro. Sin embargo, según el Ministerio Público, los dos médicos a los que denuncia nunca llegaron a activarlo en el caso de una mujer de 87 años que terminó falleciendo el 28 de marzo de 2020. Omitieron, apuntan los fiscales, dicha consulta con el centro hospitalario sobre la salud de la residente "a pesar de su evolución negativa". Si contactaron con el hospital de referencia fue por la insistencia de los familiares. Lo hicieron a finales de marzo, cuando la usuaria acumulaba varias caídas que se tradujeron en una dificultad de movimiento de los miembros inferiores.
Además del homicidio imprudente y omisión del deber de socorro, el Ministerio Público acusa a uno de los médicos de intrusismo por haber ejercido la profesión sin que se reuniesen las condiciones administrativas requeridas. Era doctor en medicina por el Instituto Superior de Ciencias Médicas de La Habana. Sin embargo, cuando fue contratado el título carecía de homologación en España, algo de lo que tenía "pleno conocimiento" la directora del geriátrico. Por eso, la denuncia la acusa de ser cooperadora necesaria del delito que atribuye a este doctor.
Entre mediados de marzo y finales de mayo de 2020, fallecieron 54 usuarios –45 de ellos con síntomas compatibles con coronavirus– en la residencia madrileña de La Purísima Concepción, un centro con 156 plazas gestionado por la entidad benéfica-asistencial Fundación Catalina Suárez que fue intervenido por las autoridades sanitarias durante los momentos más duros de la pandemia. Ahora, es su responsable médico el que ha sido llevado ante los tribunales. El Ministerio Público le acusa de no haber realizado un "adecuado" seguimiento de un usuario de 89 años y de no haber tenido en cuenta para su diagnóstico y tratamiento "el contexto epidemiológico del país". En su denuncia, los fiscales señalan que el acusado no mantuvo ningún contacto con el Hospital Gregorio Marañón, donde al centro se le había asignado un geriatra de referencia. Ni tampoco, dicen, activó el protocolo pertinente cuando los contagios fueron en ascenso, "tomando él la decisión de mantener a los usuarios en la residencia".
Lo hizo, sostiene el Ministerio Público, "aun sabiendo que no disponía de un adecuado servicio médico y de enfermería". De hecho, el equipo se vio mermado por numerosas bajas e incidencias laborales. Una falta de medios materiales que llevó al denunciado a escribir cartas a políticos, responsables administrativos y medios de comunicación manifestando que no tenían capacidad para prestar atención sanitaria a los residentes y planteando la opción de desalojar a decenas de usuarios si no recibía ayuda, pues consideraba que su capacidad real solo le permitía atender a la mitad de los residentes. Un problema de falta de recursos que, decía, afectaba a aspectos tan básicos como la administración de comidas o la movilización básica de pacientes para evitar escaras.
Denegación de asistencia sanitaria, omisión del deber de socorro y homicidio imprudente es lo que atribuye también la Fiscalía de Madrid a un médico y la gerente del geriátrico Puerta de Hierro, de la Fundación Sagrada Familia, creada a raíz de la guerra civil por un grupo liderado por las religiosas de la Asunción. A ambas les atribuye cierta responsabilidad en el fallecimiento de una anciana de 85 años en el centro. La mujer comenzó con problemas respiratorios a finales de marzo. Sin embargo, sostienen los fiscales, la doctora no se puso en contacto del Hospital Jiménez Díaz hasta varios días después. Aunque se decretó su traslado de inmediato al centro hospitalario, poco pudo hacerse por su vida. La denuncia, primera en ser interpuesta por el Ministerio Público en la región por las muertes en los geriátricos, fue archivada. Sin embargo, la Fiscalía Provincial de Madrid ha recurrido esa decisión ante la Audiencia provincial. (...)" (Álvaro sánchez Castrillo, InfoLibre, 28/06/21)
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