Las residencias en España: descontrol en un sistema opaco, con multas bajas y contra el que sirve de poco quejarse... La mayoría de las comunidades no inspeccionan los centros ni una vez al año desde 2014

 "Con la pandemia, cuando murieron unos 30.000 ancianos que vivían en residencias de mayores, estos centros se convirtieron en una prioridad y un motivo de preocupación. Al acercarse a ellos emerge un modelo sin ninguna transparencia que oculta la falta de control que las rige. 

Un sistema con inspecciones insuficientes, que impone sanciones a menudo irrisorias y, por último, deja frecuentemente en la indefensión a los usuarios, que ven desoídas sus quejas. Muchos ciudadanos se desesperan ante el estado de sus familiares, ven que denunciar no sirve de nada y se sienten abandonados por las instituciones: han eclosionado decenas de organizaciones que cuestionan el sistema y piden claridad sobre las residencias. Una investigación de EL PAÍS arroja luz sobre todo ello. 

Una de las claves, el punto de partida, es la dudosa supervisión del modelo: antes de la irrupción del coronavirus, de 2014 a 2019, la mayoría de las comunidades autónomas, 10 en total, no inspeccionaban las residencias ni una vez al año de media. En total, 11 territorios si se suma Bizkaia, pues en el País Vasco la competencia está repartida entre las tres diputaciones. Suman el 51% de todas las residencias de España. En 2020, aún con un refuerzo de las inspecciones por la pandemia, todavía fueron siete las que no mandaron un control a ninguna de ellas.

 Una inspección al año es el mínimo que los expertos consideran necesario y la norma en países del entorno europeo. Hay comunidades que lo imponen —Madrid establece dos anuales―; otras, no. Pero a menudo el objetivo es inviable: no hay inspectores suficientes. En Asturias, con 232 residencias para seis inspectores, a cada uno le toca controlar 39; en Cataluña, 33. El cálculo es solo orientativo porque estos funcionarios también se ocupan de la supervisión de otros muchos centros sociales, como los de menores o los de discapacidad. No dan abasto. 

Pero además el resultado de su trabajo no es público, al contrario que en otros países occidentales: el ciudadano debe elegir a ciegas. Quien ingresa en una residencia en España no puede saber si ha sido sancionada y por qué. Las multas, en todo caso, son muy bajas: la media por infracciones graves es de 5.000 euros. Un cuarto de ellas son por falta de personal, con penalizaciones por un importe mucho menor que lo que cuesta contratar a alguien, por ejemplo.

“Los verdaderos inspectores somos los familiares, en nuestra residencia, si no hubiéramos estado los familiares, no se habrían realizado la mitad de las inspecciones”, asegura Ester Pascual, 44 años, que tenía a su madre en una residencia de Elche donde ha presentado 10 denuncias, sin respuesta, y que logró cambiarla de centro hace apenas unos meses. “En muchas habitaciones no hay cortinas, no pueden dormir bien. Los aparatos del aire acondicionado están rotos. 

El año pasado hubo dos plagas de chinches. Ahora por fin han comprado una báscula, ¿pero sabes lo que nos ha costado? Meses. También pierden la ropa. Mi madre tenía llagas en la boca, el dentista me dijo que no le estaban limpiando los dientes y la directora me dijo que no me podía garantizar que se los lavaran una vez al día. Yo entré en una asociación de denuncia al ver estas cosas”, relata.

 Las inspecciones y las multas que se imponen son públicas ahora por primera vez a nivel nacional gracias a los datos conseguidos por EL PAÍS, que revela que un 21% han sido sancionadas desde 2014. Pueden verse en el buscador creado que permite consultar todas las multas impuestas. 

 Salvo en Cataluña y Baleares, que no han facilitado los nombres de los centros. España es una rareza entre otros países occidentales, porque esta labor en Alemania, en el Reino Unido o en Estados Unidos la hacen las autoridades. Tienen sistemas de estrellas como los hoteles, o notas de evaluaciones en la puerta o en la web. En España, gran parte del sector, también empresas y entidades sociales, están a favor de cambiar a una transparencia total. 

Saben que la desconfianza hacia las residencias nace del secretismo vigente hasta ahora. Un dato: nadie sabe siquiera cuántas residencias y usuarios hay en España, no hay un censo general. EL PAÍS ha contado un total de 5.463 centros, recopilando los datos de cada comunidad. El CSIC y el Imserso cuentan 133 y 113 más, respectivamente. El Gobierno ha emprendido este año la elaboración del primer censo oficial.  (...)

 Beatriz Cano, que vive en una residencia de Usera, Madrid, tiene un récord: más de 900 denuncias en 10 años. Por la comida, el personal, las instalaciones... “Y no me han dado la razón nunca, ni una. Dicen que todo está bien. Digo yo que al menos alguna vez sería verdad lo que decía”. Muestra una carta que le escribió la Comunidad de Madrid echándole en cara lo mucho que protestaba. “Pero es que yo no lo hago por gusto, como si no tuviera otra cosa que hacer. Sigo denunciando porque lo que está mal sigue igual, y yo soy peleona”.  (...)

Miguel Vázquez, presidente de Pladigmare, asociación de Madrid que forma parte de laPlataforma, cuenta que no hacen más que denunciar, pero las quejas de residentes y familiares no sirven de casi nada: “Las inspecciones son un auténtico paripé. Denuncia una familia o un trabajador, mandan una inspección, pero solo pregunta a la dirección del centro, no al que ha denunciado. 

Y luego simplemente se creen lo que les dicen y se acabó”. Explica que en Madrid la ley de 2002 establece sanciones fuertes, permite la intervención de una residencia o prohibir la financiación pública de un centro, pero “nunca se ha hecho”. “En una residencia en Madrid, pública de gestión privada, al menos desde 2010 no funciona el sistema de climatización. Llevamos años pidiendo una intervención temporal, que lo solucione y luego pidan daños y perjuicios. 

Pero no se hace nada”. Paulino Campos, presidente de la federación gallega Rede, otra integrante de laPlataforma, coincide: “Con el cuerpo de inspectores que hay, es imposible vigilar con eficacia y calidad”, dice. “Es frustrante denunciar y muchas familias lamentan el tiempo perdido. Si existiera un cuerpo de vigilancia como debiera, significaría que algunas de las lesiones graves y vulneraciones de derechos humanos en residencias se evitarían”, apunta.  (...)

Según la investigación de EL PAÍS, un 25% de las sanciones impuestas en los últimos años son por falta de personal, un síntoma claro de uno de los principales problemas de las residencias, con ratios fijadas hace años y que no se adaptan al nivel de dependencia con el que los usuarios llegan ahora a los centros. Un médico que prefiere mantenerse en el anonimato y acaba de dejar la residencia de Madrid en la que trabajaba indica: “He estado más de año y medio, me comí toda la pandemia, y no podía más, no quiero volver a pasar por eso, no voy a volver a una residencia en mi vida. Estás sin personal de enfermería suficiente, y lo haces tú, que a veces ni sabes, o un auxiliar, que no tiene formación ni título para ello, y tú eres el último responsable si pasa algo”.

 En marzo de 2019 en Avilés, Asturias, una patrulla de policía encontró de madrugada a un anciano desorientado por la calle, en pleno centro. Había salido de una residencia y los agentes comprobaron que no había ningún empleado por la noche, los usuarios estaban solos. Fue cerrada.

El 75% de las sanciones son por faltas graves o muy graves, pero aunque la media de las sanciones para ellas supera los 20.000 euros en la mayoría de comunidades, la multa real más común se sitúa en 5.000 euros. Las multas se mueven en la gama baja de la horquilla legal. En Bizkaia, la media es la más baja, 400 euros, porque se puede reducir al mínimo la sanción si se subsana el fallo.  (...)"        (Iñigo Domínguez  , María Sosa Troya , Daniele Grasso , El País,  04/07/21)