"El Gobierno retirará a las eléctricas 2.600 millones de "beneficio extraordinario" e impone una nueva subasta.
Unidas Podemos quería que el Gobierno interviniera el mercado eléctrico. Y el Gobierno lo ha hecho, tomando una serie de medidas extraordinarias y sin precedentes para atajar la escalada del precio de la luz con especial incidencia en los "beneficios extraordinarios" que están disfrutando las compañías eléctricas con el episodio. El Estado detraerá 2.600 millones de euros de ingresos del oligopolio hasta marzo de 2022 y lo inyectará directamente en el recibo, en el apartado de cargos, para lograr bajar los precios hasta los niveles de 2018. Además, se creará una nueva subasta para hidroeléctricas, nucleares y renovables, en la que no influirá el precio del gas, para que las pequeñas comercializadoras del mercado libre puedan acudir y ofrecer a sus clientes una cuantía competitiva y más baja.
También reducirá el Impuesto sobre la Electricidad del 5% al 0,5%,
pondrá un tope al mercado regulado del gas para evitar una subida en la
calefacción doméstica, aumentará la cobertura para consumidores
vulnerables, aplicará los ingresos del mercado del CO2 para bajar aún
más el recibo y modificará la Ley de Aguas para poner fin a los episodios de vaciado de embalses. El plan de choque rebajará el recibo un 22% mensual hasta final de año,
ampliado a un 30% si se suma la "congelación fiscal" del IVA aplicada
en junio, ha explicado en rueda de prensa la ministra para la Transición
Ecológica, Teresa Ribera.
El Gobierno consideraba que las principales empresas eléctricas
(Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP) estaban haciéndose de oro con la
crisis eléctrica y les pedía "empatía social" para limitar el impacto.
Ya no hay espacio para la empatía: sí para la intervención directa. "Se lo pueden permitir", aseguró en una entrevista en TVE del pasado lunes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Tal y como funciona el sistema marginalista, la tecnología más cara, el
gas natural que se quema en las centrales de ciclo combinado, marca el
precio que perciben las demás. Tecnologías ya amortizadas, como la
hidroeléctrica y la nuclear, están cobrando mucho más de lo que se
gastan en generar la energía. Se trata de los conocidos como "beneficios
caídos del cielo". El Congreso ya tramita una reforma para detraer los
ingresos de más que reciben estas centrales por el precio de CO2 que
solo pagan el gas o el carbón, emisoras. Pero, a partir de un decreto
que se publicará este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el Estado se quedará con hasta 2.600 millones de euros no solo por el CO2, sino por todos los "beneficios extraordinarios".
El Ejecutivo exigirá a las empresas con hidroeléctricas, nucleares y
renovables en su cartera (que no operen en sus propias subastas a largo
plazo) que devuelvan, a mes vencido, la
sobrerretribución correspondiente al precio del mercado del gas en ese
mes, garantizando un mínimo: las compañías cobrarán al menos 20 euros el
MWh. Así, si la subasta diaria, por el efecto del gas natural, marca
150 euros el MWh, las arcas públicas recibirán lo correspondiente de
restar ese precio al de la materia prima fósil. Es un mecanismo
"similar", explica el Gobierno, al del propio anteproyecto de ley que
restará el CO2 de ese importe. Pero en relación al combustible y con aplicación inmediata.
El dinero recibido por el Estado se empleará, íntegramente, en reducir hasta en un 96% la parte dedicada a los cargos del sistema eléctrico de la factura de la luz.
También se utilizarán en este sentido 900 millones de euros percibidos
en razón de la subida en el mercado del CO2, que actualmente está en
torno a 50 euros por tonelada. Ese es el dinero que todas las
instalaciones emisoras del país tienen que pagar por el dióxido de
carbono que expulsan. Como está más caro, el Tesoro cuenta con un
ingreso adicional que se destinará a aliviar el recibo de los
consumidores, en línea de lo que pedía el PP.
Además, el Gobierno obligará a Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP a participar en una subasta a largo plazo,
en la que se establece un precio fijo a cobrar por las generadoras
durante años, y donde el gas natural no marcará el precio. Es una medida
que estaba contemplada por los expertos consultados por infoLibre,
aunque consideraban difícil su encaje en el derecho comunitario si se
trataba de una participación forzosa. El Precio Voluntario al Pequeño
Consumidor (PVPC), la tarifa regulada, seguirá dependiendo de los
vaivenes de la subasta principal: pero las pequeñas comercializadoras
independientes podrán acudir a este nuevo mecanismo para comprar la
electricidad a un precio más competitivo, ofreciendo así tarifas más
ajustadas a sus clientes. El Ejecutivo, así, interviene directamente
sobre las reglas para bajar no solo el PVPC, sino sobre las ofertas del
mercado libre, a las que acude más del 60% de los consumidores. La
primera convocatoria será antes de 2022.
El Ministerio para la Transición Ecológica evita la medida que, a juicio
de todos los expertos y analistas, era imposible de tomar: fijar un
precio máximo a la electricidad, al estilo francés. Pero ha tomado el
resto de medidas en las que los especialistas dudan si tendrán encaje en
el derecho comunitario: extracción directa de ingresos y subastas
forzosas. "El requisito de la necesidad y la proporcionalidad están
justificados", explican fuentes del Gobierno. Invita a las eléctricas a, haciendo uso de sus derechos, recurrir a los tribunales si considera que este decreto es ilegal.
Precio máximo al gas
El Gobierno también ha intervenido sobre los precios del gas que
pagan directamente los consumidores. Es decir: lo que abonamos no por
la electricidad, sino por la ducha caliente o para climatizar los
hogares en invierno. El sistema funciona tal y como funcionaba
el mercado eléctrico antes de 2013: la tarifa regulada, denominada de
Último Recurso, no se fija a diario sino cada tres meses en una subasta.
La próxima es en octubre y el Ejecutivo aquí sí ha establecido una
cuantía máxima, temiendo que el incremento de la factura sea inasumible
para los hogares a los que más les cuesta llegar a fin de mes. La subida solo podrá ser del 4% en el próximo trimestre, frente al 30% o el 40% que se preveía.
Fuentes de Transición Ecológica han explicado que las comercializadoras
recuperarán lo perdido por este tope en las facturas posteriores a
marzo de 2022, cuando se prevé que el mercado de gas descienda a niveles
normales.
Otras medidas: impuestos, consumidores vulnerables y embalses
El Ministerio para la Transición Ecológica, tal y como ya se había adelantado, creará una nueva figura: el suministro mínimo vital.
Se garantizará un confort básico para los que lo soliciten, de 3,5 kW
de potencia, y se prorrogan seis meses las prohibiciones de corte a
partir de la entrada en vigor del decreto, por encima de los cuatro
vigentes. El Ejecutivo también ha reducido el Impuesto sobre la
Electricidad del 5% al 0,5%, ayudado por el aumento de recaudación
gracias al CO2: fuentes del departamento de Teresa Ribera aseguran que
la balanza fiscal del sistema eléctrico será positiva a finales del
ejercicio.
Por otro lado, se modificará la Ley de Aguas para evitar los "súbitos desembalses" que han indignado a la opinión pública,
fruto de la acción de las eléctricas para aprovechar la coyuntura
favorable. "Las confederaciones hidrográficas fijarán un régimen mínimo y
máximo de caudales mensuales a desembalsar en los embalses mayores de
50 hectómetros cúbicos, tanto para situaciones de sequía prolongada como
de normalidad hidrológica", explica Transición Ecológica, con el
objetivo de preservar la flora y la fauna de estos entornos.
El Gobierno, por ahora, no ha cambiado la composición del PVPC para
hacerlo menos dependiente de la subasta diaria, fijando precios a largo
plazo: una medida ya confirmada por el presidente en intervenciones de
la pasada semana. El objetivo es volver a los niveles de 2018, un año de
precios altos, en los que la factura mensual rondaba los 80 euros. Este
martes, el pool marcará 174 euros el MWh." (Javier Martínez, InfoLibre, 14/09/21)
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