Las guerras eternas que comenzaron tras el 11 septiembre de 2021... la guerra contra el terror se ha extendido a 20 países, y más de 85 reseñan la existencia de algún tipo de cédula terrorista, que han sido base para operaciones antiterroristas o para ataques con drones. Los conflictos han tenido un coste en vidas de aproximadamente 929.000 personas, 37 millones de personas han sido desplazadas de sus hogares como consecuencia de estas guerras y se calcula que el coste supera los ocho billones

 "(...) La guerra contra el terror

“Si podemos estar seguros de algo es que las represalias masivas de los Estados Unidos no podrán fin al terrorismo, sino que aumentarán la espiral de violencia”, escribió pocos días después del atentado el profesor asociado al Transnational Institute Walden Bello. Acompañadas de las cifras de las sucesivas guerras, esas palabras de Bello, son un resumen de la espiral en la que entraron los Gobiernos de Estados Unidos a raíz del mayor ataque sufrido en su territorio en toda la historia.

Los atentados del 11 de septiembre de 2001 abrieron una nueva fase en la historia del militarismo. Estados Unidos desarrolló bajo la fórmula inicial de “justicia infinita”, y posteriormente “libertad duradera”, dos guerras consecutivas en Afganistán (2001-2021) e Iraq (2003-2011) de cuyos presupuestos se han cumplido únicamente el hecho de que es duradera y ha sido calificada como infinita. 

Pero esas fórmulas han sido sustituidas por la mucho más ajustada “Guerra contra el terror” (war on terror) bajo la que se ha desplegado toda una visión del mundo y se ha producido una revisión a la baja de las convenciones sobre la guerra —la paz y la violencia— establecidas tras la II Guerra Mundial. Esa guerra contra el terror ha tenido como escenario a más de la mitad de los países del mundo.

 La lectura que se ha hecho con posterioridad a los acontecimientos explica que la doctrina aplicada por el Gobierno estadounidense —presidido por George W. Bush pero dirigido por dos halcones republicanos, el vicepresidente Richard Cheney y el secretario de Defensa Donald Rumsfeld— había sido expuesta antes de los atentados de Manhattan y Washington, pero el 11S fue la oportunidad para su desarrollo completo. 

Varias declaraciones sirven para enunciar ese giro: “La mejor defensa, y en algunos casos la única, es un buen ataque” (Donald Rumsfeld) o “la doctrina de la contención no se mantiene a flote” (George W. Bush). El resultado fue una ofensiva permanente con trazas de “guerra infinita” que no ha hecho del mundo un lugar más seguro. La respuesta al 11S, según Baher Azmy, director legal del Centro de Derechos Constitucionales “No [fue] solo una serie de políticas fortuitas o respuestas incidentales, sino una construcción ideológica profunda que afectó toda nuestra cultura política y legal”, recogía recientemente The Washington Post.

 La cifra de civiles muertos oscila entre 364.000 y 387.000. Un informe de la organización Airwars publicado con motivo del aniversario del 11S calcula que exclusivamente los más de 91.000 ataques aéreos de Estados Unidos desde 2001 —sobre Afganistán, Iraq, Libia, Pakistán, Somalia, Siria y Yemen— han tenido un coste de vidas civiles que oscila entre 22.000 y 48.000 personas.

 En el nivel presupuestario, ambos conflictos se han situado como los más caros para los contribuyentes estadounidenses de todos cuantos ha librado el país. “El presupuesto del Pentágono es más alto que durante el clímax de la Guerra de Vietnam o la Guerra Fría, y sigue creciendo; representa más de la mitad del presupuesto federal disponible en un año típico”, reseñan Lindsay Koshgarian, Ashik Siddique y Lorah Steichen, autoras del informe Estado de inseguridad: el costo de la militarización desde el 11 de septiembre, publicado este mes.

El informe explicita uno de los aspectos diferenciales de esta guerra contra el terror: el hecho de que gran parte de ese presupuesto se ha dirigido directamente a las empresas privadas de seguridad, los llamados “contratistas”, que ofrecen servicios al Departamento de Defensa que van desde el suministro de cemento hasta mercenarios. (...)

Alejandro Pozo, investigador sobre paz, conflictos armados, desarme y acción humanitaria del Centre Delàs, considera que uno de los frutos de esa guerra contra el terror es una especie de carta blanca para quitar estatus político al oponente. Esa nueva disposición supone que “con los grupos armados se negocia, a los grupos terroristas se les elimina”, aunque se trate, explica este experto en conflictos internacionales, de los mismos actores que combaten por un objetivo político determinado. “Esa etiqueta permite criminalizar a la base de apoyo —incluso aunque no sea tal— y el marco de la guerra contra el terror te da unas facilidades tremendas para eso. Nadie se va a quejar. Todo el mundo lo hace y todo el mundo tiene sus propios terrorismos”, concluye Pozo.

La guerra contra el terror, desarrollan los autores del informe Construyendo la paz en una guerra permanente, de 2015, aportó otro cambio: “Los conflictos armados de larga data entre Estados y actores no estatales se han reconvertido en “guerras contra el terror” internas, socavando los principios del derecho internacional que rigen el uso legítimo de la violencia. Mientras tanto, el antiterrorismo ha sido utilizado por gobiernos represivos para sistematizar la violencia estatal y como pretexto para reprimir a la oposición política”.

La tortura tras el 11S

Entre los personajes poco memorables de la Doctrina Bush que refleja la película Vice, importante para conocer el papel de la Casa Blanca en ese cambio de milenio, destaca el abogado John Yoo. Junto con otro abogado, Jay Bybee, y representando al Departamento de Justicia, Yoo fue encargado de redactar una serie de Memorandos sobre tortura que fueron firmados en agosto de 2002 y que estuvieron vigentes hasta 2009, cuando Barack Obama los derogó para volver a la situación anterior.

Esos manuales cobraron relevancia pública con la divulgación en abril de 2004 por parte del medio The New Yorker y del programa de televisión 60 minutos de la cadena CBS, de varias fotografías de personas torturadas en la prisión de Abu Ghraib, en Iraq . Entre las más divulgadas, la de un hombre encapuchado, sobre una caja, con una serie de cables que, según le dijeron responsables de su interrogatorio, en su mayor parte al servicio de contratistas —privados—, estaban conectados a una máquina que le daría descargas en el caso de que flaquease. Otras fotografías abundan más en detalles del componente de abuso sexual de algunos de estos sistemas de tortura. 

La tarea de Yoo y Bybee fue dotar a las agencias estadounidenses, principalmente la CIA, del amparo legal para el uso de estas técnicas de interrogatorio: el afán fue que se dejara de emplear la palabra “tortura” —que desde el punto de vista del derecho internacional es ilegal tanto en periodo de guerra como en el de paz— y se pasasen a usar eufemismos como los de “interrogatorios coercitivos” para las torturas que se llevaron a cabo en Abu Grahib y en la base militar estadounidense de Guantánamo (Cuba).

Los debates en torno a si es admisible la tortura para evitar un mal mayor —debates que, por ejemplo, quisieron abrir torturadores confesos como el ultraderechista francés Jean Marie LePen, en el contexto de la guerra de Argelia— trascendieron desde los círculos conservadores a la opinión pública liberal que, en el periodo de trauma generado por los ataques del 11 de septiembre, aceptaron entrar en ese barro. En palabras de Donatella di Cesare, la novedad tras el 11S es “que la condena de la tortura ha dejado de parecer obvia”, acelerando la “ruina moral” de los Estados Unidos, con consecuencias en el interior de este territorio.  (...)

Dos décadas después del atentado de las torres gemelas, el mundo ha contemplado el ascenso del supremacismo blanco, con sus propios hitos en forma de ataques como la masacre de la sinagoga de Pittsburgh o, en Europa, hace diez años el atentado de Anders Breivik en Utoya (Noruega). La percepción hoy de los ataques de 2001 sigue derivando a temas sin resolver en el presente, lo que genera la sensación de que el 11S sigue siendo el factor clave de la geopolítica internacional o, al menos, que las lógicas generadas en torno a ese hecho aun no forman parte del pasado, sino que amenazan nuestro presente."              (Pablo Elorsuy, El Salto, 11/09/21)