"Desokupa es una organización criminal que delinque a conciencia para enriquecerse”, afirma a El Salto un extrabajador que prefiere no dar su nombre. Asegura que desea contar su paso por Desokupa “porque lo que está haciendo es completamente ilegal y ha hecho daño a gente”, insiste sobre su experiencia laboral de más de un año en la empresa que dirige Daniel Esteve.
El extrabajador habla de mentiras, engaños, policías corruptos, fingir ser un policía, chivatazos, despidos, marihuana, cocaína, dinero e ínfulas. Añade un Porsche Cayenne de antecedente. “Lo más relevante es que es un criminal y no entiendo por qué no hay una investigación sobre él”, agrega sobre la impunidad que rodea al gerente de la empresa de desalojos. “Entiendo que la policía lo consiente porque tiene carta blanca”, acusa.
Este antiguo empleado intuye que Esteve “está haciendo dinero para marcharse, antes de que las causas judiciales se le acumulen y se transformen en condenas”, y que la pandemia ha frenado sus ingresos debido a los decretos antidesahucios promovidos por el Gobierno y la ley catalana que regula el precio de los alquileres. “Busca nuevos mercados: Madrid, Ibiza, Tenerife”.
Recientemente acudió a Madrid, donde amedrentó a una legítima inquilina, la insultó públicamente y alentó el racismo sobre ella, como explica El País. La historia de la supuesta abuela okupada, Carmen, se hizo viral. Quizá el paripé que organizó la familia tenga consecuencias —como perder el alquiler de renta antigua que tiene Carmen cerca de la plaza Mayor de Madrid—, pero son poco probables para Desokupa, quien alimentó el bulo hasta llevarlo al prime time televisivo.
El abogado Andrés García, miembro del colectivo Irídia y del despacho de
abogados Baula, también se muestra crítico con la inacción policial y
judicial: “Es necesaria una investigación, hay patrones comunes de
actuación en los que se está produciendo una práctica de desalojos
extrajudiciales en un clima de intimidación. La dejación de funciones
por parte de policía y fiscalía conlleva una desprotección ciudadana
ante esta empresa y otras”.
Policías corruptos
Las acusaciones que el extrabajador vierte sobre Desokupa implican a dos cuerpos policiales: “Un agente de los Mossos d’Esquadra y otro de la Policía Nacional acuden a veces a desocupaciones para intimidar a inquilinos. No van uniformados, pero les muestran su placa. Y Daniel Esteve les paga por sus servicios”, indica sobre un procedimiento que, asegura, se ejerce con opacidad. “En una desocupación le da igual todo, sobre todo cuando es un edificio: a diez viviendas por portal, en una mañana se puede sacar más de 30.000 euros”. Ningún policía puede utilizar su placa para fines que no estén incluidos en su trabajo, ni cobrar por ello un sobresueldo.
Otro extrabajador reitera la acusación, también desde el anonimato: “No les he llegado a conocer, pero según compañeros que sí han estado presentes, son un policía nacional y un mosso. Muchos okupas son extranjeros sin papeles y cuando ven una placa, se asustan”. Se suma a las advertencias de la ilegalidad de los métodos de Desokupa y resume que, “cuando necesitas el trabajo, tienes una responsabilidad para hacerlo, pero alguna vez le llegué a decir [a Daniel Esteve] que esto no es legal”. El Salto se ha puesto en contacto con tres extrabajadores; uno no ha querido hablar.
Ante dichas acusaciones, Mossos
d’Esquadra indican que no les consta que exista un agente que realice
esta “práctica ilegal” y que si lo hubiera, “se le abriría una
investigación”. Ante la pregunta de si existe una investigación abierta o
denuncias contra Desokupa, recuerdan que nunca informan sobre
investigaciones en curso, por lo que si la hubiera, no podrían
confirmarlo. A la delegación de la Policía Nacional en Catalunya tampoco
le consta que tengan un agente corrupto entre el cuerpo y que, de ser
así, le abrirían expediente, aseguran. No tienen ninguna investigación
abierta contra Esteve y Desokupa."
Primer juicio contra Desokupa
Fingir ser un policía es más sencillo de contrastar. Daniel Esteve y sus trabajadores se sirven de placas falsas para coaccionar a los inquilinos que pretenden sacar de las viviendas que habitan. “Se identificaron y mostraron la placa que te regalan con los cereales, por lo que deduje que era falsa. Les dije que me dejaran verla y la escondieron”, explica José Luis Sánchez, quien ocupó una vivienda de Terrassa y se encontró con Desokupa en la puerta.
Narra un caso tipo: fase de vigilancia —de la que él y su compañero no eran conscientes—, fase de negociación con coacciones, amenazas y mentiras y, por último, cuatro hombres corpulentos se personaron en su puerta. Los hechos ocurrieron el 23 de noviembre de 2018 y Sánchez contó con el apoyo de la plataforma Solidaritat AntiRepressiva de Terrassa y el asesoramiento jurídico de la abogada Pilar Rodríguez. Pero fue el atestado que elaboraron los Mossos d’Esquadra lo que marcó la diferencia respecto a otros casos que han sido archivados; su denuncia por coacciones y amenazas contra Daniel Esteve y tres trabajadores de Desokupa prosperó. El pasado abril se celebró el juicio; la sentencia de junio fue absolutoria. Está recurrida ante la Audiencia de Barcelona.
La letrada señala que “es el primer caso que he visto contra Desokupa en el que un cuerpo policial certifica coacciones, tanto en el atestado como en el juicio. La fiscalía se puso de nuestra parte. Sin embargo, la magistrada optó por absolverles al considerar que se trataba de una confrontación mutua por un acuerdo previo”.
El atestado es claro sobre el día de los hechos: los agentes informaron a Esteve y a uno de sus trabajadores que “esta no es la manera de recuperar una vivienda”, que “deberían interponer una denuncia ante el juzgado o en dependencias policiales”, dado que “lo que está haciendo la empresa Desokupa podría constituir delitos penales”. A lo cual Esteve respondió que “no nos iremos, llevamos 2.000 desocupaciones y no hemos tenido ni una condena por la manera como actuamos de quedarnos en la puerta y no dejar entrar a la gente”. Los Mossos solicitaron refuerzos, que volvieron a explicarles a los cuatro hombres lo mismo. Se fueron y ya no volvieron.
Días antes, Desokupa había fotografiado a los inquilinos en sus salidas y entradas. “Me enseñaron fotos y eso me dio miedo”, asegura Sánchez. De la fase de negociación se encargó personalmente Daniel Esteve. Le contó milongas, le intimidó con falsedades, intentó llegar a un acuerdo ofreciéndole dinero supuestamente en nombre del propietario, nombró a la Guardia Civil: “Te tengo que enseñar un mensaje de la Guardia Civil que no te va a hacer gracia, pero bueno, si se mantiene el pacto no pasa nada”, se escucha en el séptimo audio que Esteve le envió a Sánchez.
Tras ponerse en manos de una abogada, algo que no todos los inquilinos pueden hacer, esta le recomendó cortar la comunicación. Cuando Sánchez se lo trasladó a Esteve, recibió el siguiente audio: “Vale, me parece muy bien, ya no hace falta que sigamos hablando de nada, voy a meter todo lo que tengo encima de la mesa con Guardia Civil y Juzgado de Guardia y os lo vais a comer con patatas porque obviamente desokupar la finca lo voy a hacer. Suerte”. Enfatizó comer con patatas y obviamente.
En la última fase, cara a cara, la tensión creció. El compañero de Sánchez esquivó el control que Desokupa puso en la puerta para no dejarles entrar ni salir, y entró por la puerta de atrás tras salir a pasear al perro. Al darse cuenta, los miembros de Desokupa “se pusieron nerviosos e intentaron abrir la puerta con una radiografía”. Los inquilinos lo evitaron y se quedaron con ella. Por último, Desokupa contó a los Mossos que los inquilinos tenían una plantación de marihuana en el interior y que habían realizado una modificación estructural de la vivienda sin permiso. Ambas cosas son ilegales; otra estratagema más de Desokupa. Los inquilinos invitaron a pasar a los mossos, los cuales comprobaron la falsedad de las acusaciones y así lo constaron en el atestado.
El despacho Baula de Barcelona ha denunciado otros dos casos de desalojos extrajudiciales de Desokupa, de los que aún no tienen noticias. El abogado Daniel Amelang, de Red Jurídica, despacho de Madrid, ha presentado cuatro denuncias, todas se archivaron. “No ha habido forma de acreditar las amenazas y coacciones, porque no había testigos ni vídeos. Y aunque los hubiera, es difícil identificar quién las realiza”, resume el letrado. Sin una investigación policial que avale frente a un magistrado una mala praxis recurrente en estas empresas resulta complicado que un caso esporádico que llegue a judicializarse obtenga una sentencia condenatoria.
“Creemos que la
iniciativa de investigar a Desokupa y este tipo de empresas no debería
recaer en eventuales víctimas de la sociedad civil, sino que los cuerpos
policiales y la fiscalía deberían destinar medios y esfuerzos para
determinar si este modo de funcionar es lícito o delictivo”, agrega
Andrés García, del despacho Baula." (Gesamí Forner, El Salto, 03/09/21)
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