"El largo enfrentamiento de Varsovia con Bruselas se intensificó dramáticamente el jueves cuando el Tribunal Constitucional de Polonia dictaminó que la Constitución del país tiene prioridad sobre algunas leyes de la UE.
"El esfuerzo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea por interferir en el sistema judicial polaco viola el principio del Estado de Derecho, el principio de la primacía de la Constitución polaca, así como el principio de mantener la soberanía en el proceso de integración europea", dictaminó el tribunal.
La Comisión Europea reaccionó rápidamente, advirtiendo que la sentencia suscitaba "serias preocupaciones".
"La Comisión no dudará en hacer uso de sus competencias en virtud de los Tratados [de la UE] para salvaguardar la aplicación uniforme y la integridad del Derecho de la Unión", dijo en un comunicado.
El tribunal, considerado bajo el control del partido gobernante Ley y Justicia y dotado de varios jueces nombrados en violación de la Constitución polaca, se pronunciaba sobre una pregunta presentada por el primer ministro Mateusz Morawiecki sobre si el Tribunal de Justicia de la UE va demasiado lejos en sus resoluciones sobre el sistema judicial polaco y excede sus competencias en virtud de los Tratados europeos.
El TJUE ha sido muy crítico con un nuevo órgano disciplinario del Tribunal Supremo polaco, y dictaminó a principios de este año que la forma de nombrar a los jueces puede infringir la legislación de la UE. El miércoles, consideró que los traslados de jueces a nuevos puestos contra su voluntad son "potencialmente capaces de socavar los principios de inamovilidad de los jueces y de independencia judicial".
La sentencia del Tribunal Constitucional del jueves, emitida tras meses de retrasos y aplazamientos, es un esfuerzo de Polonia por descartar tales veredictos del tribunal de Luxemburgo.
Intensifica la batalla entre la UE y Polonia sobre las radicales reformas del sistema judicial del gobierno, que según los críticos pretenden someter a los tribunales a un control político más estricto. El gobierno argumenta que los cambios son necesarios para eliminar los restos de la influencia comunista en los tribunales.
Piotr Müller, portavoz del gobierno, dijo que la sentencia del jueves respalda la moción de Morawiecki. "La supremacía del derecho constitucional por encima de otros ordenamientos jurídicos se deriva literalmente de la Constitución polaca", dijo.
"Polonia (...) respeta las normas aplicables del derecho de la UE en la medida en que han sido establecidas en ámbitos explícita y expresamente previstos en los tratados de la UE", añadió.
La decisión sólo será legal una vez publicada por el gobierno, que en el pasado ha retrasado la promulgación de sentencias difíciles.
Los críticos advirtieron que la decisión empeorará las ya tensas relaciones entre Varsovia y Bruselas.
"Polonia ha dado un paso hacia el abismo del 'Polexit legal'", dijo Jakub Jaraczewski, coordinador de investigación de Democracy Reporting International. "Lo que probablemente seguirá es una reacción brusca del TJUE que tratará de proteger el orden jurídico de la UE contra un Estado miembro 'rebelde', por ejemplo, declarando a Polonia exenta de mecanismos de cooperación judicial como la Orden de Detención Europea."
Terry Reintke, eurodiputado alemán y ponente alternativo de Los Verdes sobre Polonia, dijo que la sentencia "va en contra de lo que el gobierno polaco ha firmado como miembro de la Unión Europea" y la calificó como "otro ejemplo de los intentos del gobierno de socavar el Estado de Derecho".
Jeroen Lenaers, portavoz del grupo del Partido Popular Europeo en la Comisión de Justicia y Asuntos de Interior, dijo que la sentencia socava las afirmaciones del gobierno polaco de que no tiene planes de abandonar la UE. "El Gobierno polaco ha perdido su credibilidad. Esto es un ataque a la UE en su conjunto", dijo en un comunicado.
La Comisión Europea ha dejado claro que el programa de gastos de Polonia para la recuperación de la pandemia -por valor de 24.000 millones de euros en subvenciones y 12.000 millones en préstamos- no ha sido aprobado aún debido al caso del Tribunal Constitucional. Un alto funcionario de la UE dijo que no se sabe qué significa la sentencia para los fondos de Polonia.
"No veo cómo la Comisión y una mayoría cualificada de Estados miembros pueden dar luz verde al plan polaco para obtener el dinero del instrumento de recuperación mientras se mantenga esta sentencia. Mi sensación es: Esto se volverá en contra", tuiteó Lucas Guttenberg, subdirector del Centro Delors de Berlín, un grupo de expertos." (Zosia Wanat , October 7, 2021 ; traducción DEEPL)
"El Tribunal Constitucional alemán pone en cuestión el
programa de compra de deuda pública del Banco Central Europeo (BCE) al
considerar que podrían haber excedido las competencias de la Unión
Europea.
En una sentencia publicada esta mañana, la Corte de Karlsruhe
no aprecia que exista una financiación ilegal de los presupuestos
nacionales en esas adquisiciones, que fueron claves para el paquete de
estímulos lanzado bajo el mandato de Mario Draghi.
Sin embargo, la
justicia alemana sí pone en duda su proporcionalidad e insta al
Bundesbank a dejar de participar en esas compras si el BCE no es capaz
de demostrarla mediante una evaluación.
El Constitucional alemán
sostiene que la sentencia no afecta a las medidas adoptadas por la
pandemia, pero llega justo cuando la zona euro atraviesa por su peor
crisis desde la Segunda Guerra Mundial. La sentencia ha supuesto la
subida de las primas de riesgo de los bonos de España e Italia.
El
Tribunal Constitucional ha dictado este martes una sentencia cuyo
alcance aún no se vislumbra pero que puede socavar el programa del BCE
que ha permitido controlar las primas de riesgo de Italia y España.
En
un comunicado, la Corte de Karlsruhe señala que la sentencia no afecta a
“las medida de asistencia financiera” adoptadas por la Unión Europea o
el BCE durante la actual crisis, lo cual debería suponer la continuidad
del plan de compras de 750.000 millones de euros que el paso mes de
marzo puso en marcha la institución presidida por Christine Lagarde.
La
sentencia, en cambio, puede suponer un choque institucional dentro de
la UE después de que Karlsruhe haya enmendado la plana a la Corte de
Luxemburgo, que avaló el programa que Draghi lanzó para inyectar
liquidez en los mercados.
“Reafirmamos la primacía del derecho de la UE y
el hecho de que las sentencias del TJUE son vinculantes para todos los
tribunales nacionales", sostuvo un portavoz de la Comisión Europea. “El
BCE es una institución independiente. Su independencia es la base de la
política monetaria europea”, ha afirmado a través de su cuenta de
Twitter el comisario de Economía, Paolo Gentiloni.
El
BCE ha convocado una reunión de urgencia este martes en Fráncfort. El
presidente del Bundesbank, Jeins Weidmann, ha afirmado que el Eurobanco
deberá atender las demandas del Constitucional alemán. “El Consejo de
Gobierno del BCE tiene ahora tres meses para presentar sus
deliberaciones respecto a la proporcionalidad del programa. Respetando
la independencia del Consejo de Gobierno del BCE, apoyaré los esfuerzos
para cumplir con sus este requerimiento”, ha sostenido. (...)
Los demandantes acusaban al BCE de haberse excedido en su
mandato al vulnerar el reparto de competencias entre la UE y los países
miembros y al Bundestag de haberse quedado con los brazos cruzados.
Según el BCE, hasta el pasado mes de abril ese programa ascendía a 2,8
billones de euros. El grueso de las operaciones se produjo entre 2015 y
2018, puesto que el año pasado apenas se inyectaban unos 20.000 millones
de euros al mes.
Antes de dictar sentencia, el
Constitucional consultó con el TJUE. La justicia europea señaló que el
objetivo del BCE es la estabilidad de precios. En 2015, las crisis
financieras y de la deuda soberana habían dejado a los países de la zona
euro al borde de la deflación. El tribunal argumentó que eso llevó al
BCE a adqurir deud para volver a tasas de inflación cercanas al 2%.
El
tribunal de la UE estimó que las compras masivas favorecieron la bajada
de los tipos de interés y la expansión del crédito, lo cual condujo al
aumento del consumo de los hogares y la inversión. La sentencia de
Luxemburgo concluía que “excluir la posibilidad” de que se adoptaran
esas medidas “impediría [al BCE], en la práctica, utilizar los medios
que le reconocen los tratados para alcanzar los objetivos de la política
monetaria” y, en concreto, “podría obstaculizar seriamente la
realización de la misión que le incumbe”.
Temor a las repercusiones en Hungría y Polonia
El
Constitucional alemán considera que el BCE no logra el “equilibrio
necesario” entre “el objetivo de la política monetaria y los efectos de
la política económica” que se derivan del programa. Y eso, añade, le
llevan a excederse de su mandato. Al contrario de lo expuesto por el
TJUE, el BCE sí cree que la compra de bonos tiene efectos sobre las
políticas fiscales de las capitales.
Y añade que los efectos de los
bajos tipos de interés han tenido efectos más allá de las finanzas
públicas: en la banca, en los ahorros de los ciudadanos o en el tejido
empresarial, manteniendo vivas empresas que eran “inviables”. “Le habría
correspondido al BCE sopesar estos y otros efectos considerables de
política económica y equilibrarlos, de acuerdo con consideraciones de
proporcionalidad, con las contribuciones positivas que se esperaban para
lograr el objetivo de política monetaria que el BCE ha fijado”, le afea
la sentencia.
El Constitucional, en definitiva, no cree
que el BCE haya ni vulnerado su objetivo de velar por la estabilidad de
precios ni que haya financiado a los países ilegalmente. El meollo está
en si el programa fue o no proporcionado. La Corte atribuye al Gobierno
federal alemán y al Bundestag la adopción de “medidas” para “garantizar
que el BCE realice una evaluación de proporcionalidad", además de
vigilar las decisiones del banco y procurar que se mantenga dentro de su
mandato.
Puesto que las instituciones no pueden ir más allá de su
mandato, el Constitucional concluye que en un periodo de tres meses el
Bundesbank deberá dejar de participar en los programss del BCE a menos
que el Consejo de Gobierno de la institución demuestre que los
“objetivos de política monetaria” de las compras del BCE no son
desproporcionados en términos de política fiscal y económica.
La
decisión llega a las puertas de la peor depresión que sufre la zona
euro. Algunos analistas temen incluso que ponga en jaque el actual
programa contra la pandemia, que ha fijado unas condiciones de compra
incluso más laxas. “Este es el gran riesgo. Nuevos casos judiciales
llegarán a Alemania de inmediato contra el PEPP [el programa de compras
asociado con la pandemia].
El tribunal insiste en la distinción ridícula
entre política monetaria y política económica”, ha afirmado el ex
vicepresidente del BCE Vitor Constâncio. “La proporcionalidad de ese
programa en medio de una grave crisis económica será probablemente menos
controvertida”, asegura el economista jefe para la zona euro de ING,
Carsten Brzeski, para quien pone énfasis en la brecha institucional
abierta entre el TJUE y Karlsruhe.
“La sentencia estaba más dirigida al TJUE que al BCE”, ha sostenido
Franz Mayer, profesor de Derecho en la Universidad de Bielefeld en un
acto online organizado por el think tank Bruegel. Mayer ha
advertido de las consecuencias de enmendar la plana al TJUE con vista
puesta sobre Polonia o Hungría, que podrían ignorar las sentencias de la
justicia europea para evitar que socaven el Estado de Derecho." (Lluís Pellicer, El País, 05/05/20)
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