Las autonomías aprovechan la puesta en marcha del IMV para ahorrarse 137 millones de euros en rentas sociales... pura miseria moral... las comunidades autónomas no ponen en marcha medidas para complementar el IMV en sus territorios para que éste termine por sustituir a las rentas mínimas locales sin aumentar la cobertura de personas que sufren pobreza extrema... de ahí sale el ahorro... de la miseria... y Madrid, la que más recorta

 “La Comunidad de Madrid ha utilizado la existencia del Ingreso Mínimo Vital (IMV) para ahorrarse, ahorrarse, ahorrarse”, acusó el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, el pasado mes de agosto en medio de un agrio intercambio de mensajes en Twitter con el consejero de Educación madrileño, Enrique Ossorio, a propósito de unas ayudas de comedor para escolares. Entonces cifró en 75 millones de euros la cantidad que el Gobierno de Madrid se había ahorrado en el pago de su Renta Mínima de Inserción tras la creación del IMV. “Puede que llegue a 150 millones al final del año”, abundó.

Escrivá verbalizó así uno de los temores de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales: que las comunidades autónomas no pongan en marcha medidas para complementar el IMV en sus territorios y éste termine por sustituir a las rentas mínimas locales sin aumentar la cobertura de personas que sufren pobreza extrema. 

 Para José Antonio Noguera, profesor de Sociología de la Universidad Autónoma de Barcelona y experto en políticas sociales, es “lógico y esperable” que se produzca “un cierto proceso de sustitución” de las rentas mínimas autonómicas por el IMV, puesto que las primeras han pasado a ser subsidiarias del segundo. El problema estriba en que, en muchos casos, los recursos así liberados no se están destinando a complementar el IMV para igualar su cuantía o para proteger a quienes no alcanzan sus requisitos o ya les ha sido denegado.

De hecho, las comunidades autónomas se han ahorrado un total de 137,11 millones de euros en las partidas que destinan a sus rentas mínimas, si se cuenta la diferencia entre lo que gastaron en 2019, cuando aún no existía el IMV, y este año, según figura en sus presupuestos para el ejercicio en curso. En 2019, emplearon un total de 1.628,26 millones de euros en pagar estas ayudas contra la pobreza severa, de acuerdo con las cifras de ejecución presupuestaria que publica el Ministerio de Derechos Sociales en su informe anual sobre rentas mínimas de inserción. Este año, en cambio, han presupuestado sólo 1.549,14 millones de euros para este fin. En 2020, con el azote de la pandemia y con el IMV en vigor sólo desde junio, las comunidades autónomas tuvieron que elevar el gasto hasta los 1.970,18 millones, un 16,8%.

 Sin embargo, en 2021 ya presupuestaron 170,78 millones menos de lo gastado el año anterior –1.799,4 millones–. Aún no es posible saber cuánto dinero fue el efectivamente empleado, pues la mayoría de las comunidades autónomas no han publicado al detalle la ejecución de sus presupuestos. Para este año, como queda dicho más arriba, el recorte ha sido todavía mayor, 250,25 millones menos que en 2021.

Madrid, la que más recorta

De todas las comunidades, Madrid destaca por la cuantía de la reducción. En 2022 ha presupuestado sólo 40 millones de euros para su renta mínima, cuando en 2021 consignó 166,9 millones. Un recorte del 76% que equivale a un ahorro de 126,9 millones de euros. En 2019, antes de que existiera el IMV, gastó 155,29 millones en pagar estas ayudas, según los datos de ejecución presupuestaria publicados por el Ministerio de Derechos Sociales. En 2020, el año de la pandemia, incluso rebajó esa cifra: empleó 133,78 millones, un 13,8% menos.

En la polémica del pasado agosto, José Luis Escrivá también reprochó a Madrid que “desde primer momento” hubiera mostrado “muy poco interés en desarrollar políticas de protección social complementarias al IMV”. Un portavoz de la Consejería de Familia, Juventud y Política Social responde a infoLibre que el departamento no va a hacer ningún cambio en el diseño de la renta mínima de inserción y que la cuantiosa reducción de la partida presupuestaria correspondiente se debe a que ha disminuido “mucho” el número de hogares beneficiados desde la puesta en marcha del IMV. Ahora son unos 10.000, explicó. En 2020 llegaban a 24.415 titulares del derecho, que se traducían en un total de 78.605 personas beneficiadas. Comparadas con las 91.076 de 2019, la caída es la mayor de todas las comunidades autónomas. Sólo había más perceptores de rentas mínimas en Andalucía –110.397–, Cataluña –150.215– y País Vasco –123.050–. (...)

La Unión Europea ha criticado de forma recurrente a España por tener uno de los sistemas de protección social más ineficientes a la hora de reducir la pobreza extrema. Una de las razones era que las rentas mínimas autonómicas no tenían cobertura suficiente. Según las últimas cifras del informe elaborado por el Ministerio de Derechos Sociales, referidas a 2020, sólo 795.861 personas cobraban ese año una de estas ayudas. Lo que equivale al 9% de la población bajo el umbral de la pobreza, tal y como destaca la Asociación de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales. El IMV cubre a 824.441. Pero se desconoce cuántas personas son perceptoras de ambas ayudas simultáneamente. Noguera dice que el sistema “se está consolidando” y habrá que esperar para conocer ese dato, porque ahora ni siquiera son fiables los registros de beneficiarios que elaboran las comunidades autónomas y que no son comparables, advierte. (...)"                (Begoña P. Ramírez  , InfoLibre, 8 de febrero de 2022)