"La crisis ucraniana ha reavivado un viejo debate: ¿cómo sancionar eficazmente a un Estado como Rusia? Digámoslo ya: es hora de imaginar un nuevo tipo de sanción centrada en los oligarcas que han prosperado gracias al régimen en cuestión.
Para ello será necesario establecer un registro financiero internacional, que no será del agrado de las fortunas occidentales, cuyos intereses están mucho más vinculados a los de los oligarcas rusos y chinos de lo que a veces se afirma. Sin embargo, es a este precio que los países occidentales conseguirán ganar la batalla política y moral contra las autocracias y demostrar a la opinión mundial que los sonoros discursos sobre la democracia y la justicia no son simples palabras vacías.
Recordemos, en primer lugar, que la congelación de los bienes de Putin y de sus allegados forma ya parte del arsenal de sanciones que se intenta aplicar desde hace varios años. El problema es que las congelaciones aplicadas hasta ahora siguen siendo en gran medida simbólicas. Sólo afectan a unas pocas docenas de personas y pueden ser eludidas mediante el uso de personas designadas, sobre todo porque no se ha hecho nada para medir y cruzar sistemáticamente las carteras inmobiliarias y financieras que posee cada uno de ellos.
Estados Unidos y sus aliados se plantean ahora desconectar a Rusia de la red financiera Swift, lo que privaría a los bancos rusos del acceso al sistema internacional de transacciones financieras y transferencias de dinero. El problema es que una medida así está muy mal enfocada. Al igual que con las sanciones comerciales convencionales, que tras la crisis de 2014 fueron instrumentalizadas en gran medida por el Gobierno para reforzar su control, el riesgo sería imponer costes considerables a las empresas ordinarias rusas y occidentales, con consecuencias adversas para los empleados afectados. La medida también afectaría a un gran número de binacionales y parejas mixtas, mientras que perdonaría a los más ricos (que utilizarían intermediarios financieros alternativos).
Para poner en cintura al Estado ruso, es urgente centrar las sanciones en la delgada capa social de multimillonarios en la que se apoya el régimen: un grupo mucho más numeroso que unas pocas decenas de personas, pero mucho más reducido que la población rusa en general. Para dar una idea, se podría apuntar a las personas que poseen más de 10 millones de euros en activos inmobiliarios y financieros, es decir, unas 20.000 personas según los últimos datos disponibles. Esto representa el 0,02% de la población rusa adulta (actualmente 110 millones). Fijar el umbral en 5 millones afectaría a 50.000 personas; bajarlo a 2 millones afectaría a 100.000 (0,1% de la población).
Es probable que ya se pueda conseguir un efecto considerable si se dirige a los que tienen más de 10 millones. Estas 20.000 personas son las que más se han beneficiado del régimen de Putin desde que llegó al poder en 1999, y todo indica que una proporción considerable de sus activos inmobiliarios y financieros están situados en países occidentales (entre la mitad y las tres cuartas partes). Por lo tanto, sería relativamente fácil para los Estados occidentales imponer un fuerte impuesto sobre estos activos, digamos a una tasa del 10% o 20% para empezar, congelando el resto como precaución. Amenazado con la ruina y la prohibición de visitar Occidente, apostemos que este grupo sería capaz de hacerse oír por el Kremlin.
El mismo mecanismo podría haberse utilizado a raíz de la represión política china en Hong Kong y podría aplicarse en el futuro a los cerca de 200.000 chinos que poseen más de 10 millones de euros. Aunque sus activos están menos internacionalizados que los de los rusos, también se verían afectados y podrían desestabilizar el régimen.
Para poner en marcha este tipo de medidas, bastaría con que los países occidentales crearan por fin un registro financiero internacional (también conocido como " registro financiero global " o GFR) que llevara la cuenta de quién posee qué en los distintos países. Como ya ha demostrado el Informe sobre la Desigualdad en el Mundo 2018, un proyecto de este tipo es técnicamente posible y requiere que las autoridades públicas tomen el control de los depositarios centrales privados (Clearstream, Euroclear, Depository Trust Corporation, etc.) que actualmente registran los valores y sus propietarios. Este registro público sería también un paso esencial en la lucha contra los flujos ilícitos, el dinero de la droga y la corrupción internacional.
Entonces, ¿por qué no se ha avanzado todavía en este sentido? Por una sencilla razón: Los ricos occidentales temen que esa transparencia acabe por perjudicarles. Esta es una de las principales contradicciones de nuestro tiempo. Se exagera el enfrentamiento entre "democracias" y "autocracias", olvidando que los países occidentales comparten con Rusia y China una ideología hipercapitalista desenfrenada y un sistema jurídico, fiscal y político cada vez más favorable a las grandes fortunas. En Europa y Estados Unidos se hace todo lo posible por distinguir a los útiles y meritorios "empresarios" occidentales de los dañinos y parasitarios "oligarcas" rusos, chinos, indios o africanos. Pero la verdad es que tienen mucho en común. En particular, la inmensa prosperidad de los multimillonarios en todos los continentes desde 1980-1990 se explica en gran medida por los mismos factores, y en particular por los favores y privilegios que se les conceden. La libre circulación de capitales sin compensación fiscal y colectiva es un sistema insostenible a largo plazo. Es cuestionando esta doxa común como podremos sancionar eficazmente a las autocracias y promover otro modelo de desarrollo." (Thomas Piketty, blog, 15/02/22)
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