"Es recurrente escuchar a medios y políticos hablar de los problemas
económicos y encarecimientos a los que nos estamos enfrentando como
consecuencia de la guerra de Ucrania. Con esa afirmación no aclaran
cuáles de esas consecuencias son de la guerra y cuáles de las sanciones
impuestas por la Unión Europea. De este modo, resulta cómodo descargar
en Putin cualquier problema económico que enfrentemos, incluso los que
ya teníamos antes de la guerra, por ejemplo, el aumento de la inflación.
Uno de los grandes encarecimientos es el de la energía, algo que tiene
consecuencias no solo en las economías familiares, sino también en
muchas empresas y transportes. Efectivamente, Rusia es fundamental en el
suministro de energía en Europa. Proporciona alrededor del 40% del gas
que consume Europa y el 10,43% del que utiliza España. En cuanto a
petróleo, es el octavo proveedor de España. Pero no hay nada en la
propia guerra que impida que Rusia siga suministrando el gas y petróleo
comprometido en los contratos. Han sido las sanciones y las intenciones
europeas y estadounidenses de intentar acabar con esas compras las que
han obligado a buscar otras vías más caras, lo que ha supuesto la subida
del precio en los mercados internacionales. Otras medidas como el acoso
bancario a Rusia, la paralización del gaseoducto previsto desde Rusia a
Alemania y la incertidumbre sobre posibles nuevas sanciones han
supuesto más inestabilidad en los mercados que han afectado a los
precios.
Las sanciones occidentales también incluyen la paralización de 630.000
millones de dólares en reservas rusas, un dinero que podría ser
utilizado por Rusia para la guerra, pero que también se utilizaba para
pagar sus deudas a bancos europeos o compras a productos importados de
nuestros países y que ahora no podrá pagar. Algunos de ellos se
enfrentan a una posible bancarrota.
En 2021, según datos del ICEX, España exportó productos a Rusia por
valor de 2.213 millones de euros. La mayoría de esos productos ya no los
podrá pagar gracias a nuestras sanciones. Los productos más proveídos
por España a Rusia, y, por ende, los que más se verían afectados, son la
confección femenina (292,4 millones de euros); los equipos, componentes
y accesorios de automoción (190,8 millones); los minerales metálicos y
no metálicos, excepto cobre y cinc (111,3 millones); los automóviles
(107,3 millones), y las materias primas y semimanufacturadas de plástico
(83,7 millones).
Las sanciones también suponen que no podemos comprarles nada. Les
comprábamos a los rusos por valor de 6.033 millones de euros. Además de
combustibles y lubricantes (5.048 millones de euros); productos de
fundición de hierro (221,9 millones); química inorgánica (93,8
millones); protección de cultivos (89,1 millones), y residuos de la
industria agroalimentaria (57 millones). Todo eso ahora habrá que salir a
buscarlo a otros mercados y a un precio más caro.
Rusia es el primer país en exportaciones de trigo, independiente del
porcentaje que compremos en España, bloquear esa compra supone que se
dispararán los precios en el mercado mundial.
A nadie se le escapa que también afectará al turismo español, sabemos
que el turista ruso era importante en algunas zonas de la costa. Además
hay 131 empresas españolas establecidas en Rusia que se han paralizado.
Entre ellas, algunas tan conocidas como Acerinox, Fagor, Iberia, Indra,
Inditex, Joyeria Tous, Lladró. Meliá, Repsol o Roca.
Cualquiera podrá estar o no de acuerdo con las sanciones, pensar que
servirán para parar la guerra o no, lo que es evidente es que el motivo
va más allá que el de la solidaridad con Ucrania, porque todos sabemos
que no se han aplicado sanciones a regímenes que han estado provocando
otras guerras y masacres.
Lo que es importante es que se diga a los españoles que no es la guerra
la que ha desencadenado nuestros problemas económicos y encarecimientos,
que ha sido la decisión de nuestros gobiernos europeos. Por encargo
estadounidense, por supuesto." (Pascual Serrano , Mundo obrero, 13/04/2022)
Artículo 129 de la Constitución española: Los poderes públicos... establecerán los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción - Implantar la democracia económica en España es constitucional
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