"Tras una larga batalla legal, el Tribunal Supremo desestimó este miércoles el recurso presentado por la Asociación Española de Banca (AEB) contra el impuesto sobre viviendas vacías de Catalunya aprobado en 2015 por el Parlament. Este tributo grava fundamentalmente a entidades financieras y grandes tenedores (incluida la Sareb) que lleven más de dos años sin ocupar las viviendas de las que son propietarias sin causa justificada.
En su sentencia, el Supremo concluye que este impuesto no vulnera los principios constitucionales de igualdad, capacidad económica e interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, como argumentaba la patronal de la banca.
La sentencia es un triunfo para los defensores de imponer un gravamen a las viviendas vacías, un asunto espinoso que siempre ha generado mucho ruido político y al que las distintas administraciones públicas intentan desde hace años dar una solución.
El tributo catalán se aplica en los 72 municipios con una "fuerte demanda" de vivienda y oscila entre los 850 y los 1.650 euros anuales por piso. Entre 2016 y 2020 (último dato conocido) la Generalitat de Catalunya recaudó 66,8 millones de euros netos con este impuesto. El Departament de Drets Socials de la Generalitat siempre ha apuntado que el objetivo de este impuesto no es recaudar más, sino reducir el parque de vivienda desocupada.
De hecho, la administración autonómica destina el dinero recaudado a ampliar el parque público de vivienda mediante la compra de pisos, fundamentalmente. La Generalitat de Catalunya siempre ha hecho bandera de ello y se caracteriza por ser una de las administraciones públicas más activas a la hora de declarar la guerra a los pisos vacíos. Sirva como ejemplo que ya antes de aprobar este impuesto en 2015 logró que los bancos le cedieran 1.200 viviendas.
Según el INE, en España hay 3,4 millones de viviendas vacías, de acuerdo con el último censo publicado en 2011. Un 42% de propietarios con más de una vivienda en España tienen alguna vacía desde hace más de dos años por causas injustificadas, según un estudio publicado esta misma semana por la web inmobiliaria Fotocasa. De acuerdo con ese mismo informe, los propietarios con alguna vivienda vacía representan un 4% del total.
Las medidas para desincentivar los pisos desocupados siempre han provocado mucha resistencia entre la banca y los propietarios, y sobre todo entre los grandes tenedores. Las posturas son antagónicas. Los defensores de sacar estas viviendas sin ocupar al mercado sostienen que ello redunda en una mayor oferta y que es una buena solución para incentivar la vivienda social y solucionar también uno de los principales problemas que arrastra el sector: la falta de viviendas en alquiler.
Desde el lado opuesto, la Fundación FAES resume la opinión de
los detractores al asegurar que la imposición de penalizaciones fiscales
sobre las viviendas vacías es "una aproximación ideológica" al problema
de la vivienda en España. (...)" (J. Otro, Público, 08/06/22)
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