Las 172 propuestas para frenar la crisis climática que el Gobierno debería escuchar y no tiene por qué hacerlo... La Asamblea Ciudadana por el Clima, un órgano deliberativo pero sin capacidad vinculante formado por un centenar de personas elegidas por sorteo, presenta sus conclusiones para llevar a cabo una transición ecológica real

 "Las 172 recomendaciones de la Asamblea Ciudadana para el Clima"  

( https://asambleaciudadanadelcambioclimatico.es/las-172-recomendaciones-de-la-asamblea-ciudadana-para-el-clima/  )

"Tenía un mandato y el grupo de personas escogidas al azar para realizarlo lo ha cumplido tras ocho meses de deliberaciones. La Asamblea Ciudadana por el Clima, un organismo creado por la Ley de Cambio Climático y Transición Energética y formado por un centenar de personas, cuyo objetivo es debatir y proponer líneas de acción para enfrentarse a la crisis climática en España, así como generar un diálogo social sobre la transición ecológica, ha entregado al Gobierno un total de 172 recomendaciones.

El organismo, que no es vinculante —algo que ha sido duramente criticado por organizaciones del movimiento por el clima— ha presentado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, una batería de propuestas dividida en cinco áreas vitales: Consumo; Alimentación y Uso del Suelo; Trabajo; Comunidad, Salud y Cuidados; y Ecosistemas.

La representación de la Asamblea Ciudadana que hizo entrega de las propuestas quiso remarcar que, en esencia, pide al Gobierno “un Pacto de Estado contra el cambio climático, para que la acción climática sea algo transversal y no dependa de un partido político o de un gobierno”.

Participación real

Ante la conclusión de los trabajos deliberativos de la Asamblea Ciudadana, el pasado 22 de mayo, el grupo de organizaciones ecologistas formado por Marea Deliberativa, Ecologistas en Acción, Extinction Rebellion, Greenpeace, Juventud Verde, el Observatorio de la Sostenibilidad, Stop Ecocidio y Movemos Europa exigía que la experiencia “sea el punto de partida para una mayor y mejor participación ciudadana frente al estado de emergencia climática que el Gobierno declaró el 21 de enero de 2020”.

En concreto, además de pedir que el trabajo de esta continúe, los colectivos ecologistas exigían que se mejore su funcionamiento para fomentar una mayor participación ciudadana real en el proceso de transición ecológica, tal como sugería el informe Más participación ciudadana para abordar el cambio climático del Consejo de Europa. El responsable del estudio, el exministro griego G. Papandreou, ya instó a los gobiernos a que “den poder a las recomendaciones y propuestas de las asambleas ciudadanas”, con el fin de “ir más allá para abordar los factores sistémicos subyacentes de la emergencia climática”.

Al hacer balance del trabajo de la Asamblea, las organizaciones ecologistas mencionadas pedían al Ejecutivo que tenga en cuenta y aplique las conclusiones del órgano deliberativo, así como que la cuestión de la participación real en la toma de decisión sea regulada por las instituciones organizadoras “de manera clara y eficiente para que las asambleas sean una herramienta de cogobernanza climática y transformación profunda”.

Lejos de los mínimos

Las organizaciones ecologistas centradas en la lucha climática han sido muy críticas con el formato planteado en la Ley de Cambio Climático para la Asamblea Ciudadana. Extinction Rebellion llegó a realizar acciones de protesta como el bloqueo del paseo del Prado en Madrid en marzo de 2021 para que el Gobierno pusiese en marcha el organismo, que debía producir, en opinión del colectivo, “resoluciones vinculantes, con garantías previamente definidas de tramitación y aplicación presupuestaria, parlamentaria y legislativa de las conclusiones de la ciudadanía”. La protesta contó el apoyo presencial de científicos de prestigio como Fernando Valladares, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, o Fernando Prieto, del Observatorio de Sostenibilidad.

En declaraciones a El Salto, el coordinador de Clima y Energía de Ecologistas en Acción, Javier Andaluz, remarca que “este proceso está muy lejos de lo necesario para garantizar una adecuada representación y participación ciudadana”. Para él, dicha participación “no debe darse solamente con estos mecanismos de representatividad en un marco estatal, sino que debe darse en múltiples niveles y escalas, estableciendo mecanismos de cumplimiento y control”.

Si bien el portavoz indica que asambleas ciudadanas como esta son de ayuda, incide en que no solventan la necesidad de abordar, a través de otros muchos mecanismos de participación directa, la necesidad de un cambio de sistema basado en la justicia climática y social. 

Respecto a los resultados presentados ahora, Andaluz apunta: “El proceso realizado está lejos de cumplir unos estándares mínimos para garantizar la representatividad de la asamblea. Si bien muchas de las conclusiones presentadas van en la buena dirección, la falta de concreción de las propuestas, de objetivos claros establecidos, la falta de publicidad del proceso y la ausencia de vinculatoriedad convierte este espacio más en una prueba que en un mecanismo que garantice la adecuada representatividad”.

Jornada de cuatro días y obligaciones para las eléctricas

El trabajo realizado por el centenar de integrantes de la Asamblea— elegidos por sorteo y con voluntad de representar la diversidad de la población española—, que ha contado con un equipo de especialistas para asesorarles en sus deliberaciones, ha sido anónimo, con votaciones secretas “para proteger la independencia de una iniciativa deliberativa de estas características y garantizar que pueden ejercer su papel libremente”, señalan desde la propia Asamblea.

Las 172 recomendaciones constituyen un extenso catálogo de medidas que el organismo emplaza al Gobierno a poner en marcha y llevar a cabo una transición ecológica real. En el epígrafe sobre Vida y Sociedad del Trabajo destacan propuestas como disminuir los desplazamientos al trabajo mediante la reducción de la jornada laboral a cuatro días o 30/32 horas, realizar auditorías ambientales obligatorias en las empresas y promover el transporte público sostenible a los centros de trabajo.

Sensibilizar sobre la necesidad del decrecimiento, fomentar la arquitectura verde y una verdadera economía circular y facilitar el ahorro energético y las renovables, así como conseguir un consumo sostenible, mejorar la gestión de los residuos y reducir las emisiones derivadas del transporte de mercancías han centrado las recomendaciones relativas al Área de Vida y Sociedad de Consumo. Entre las propuestas para conseguirlo la Asamblea Ciudadana ha elaborado 36 puntos entre los que se encuentran iniciativas como obligar a las generadoras de electricidad a que la mayor parte de su producción sea de renovable, implementar un etiquetado fiable que informe sobre el impacto climático de todos los bienes de consumo o la creación de centros de reparación para alargar la vida de los productos.

Adiós a la ganadería intensiva y bancos genéticos

En el epígrafe sobre Alimentación y Usos del Suelo destacan las medidas para conseguir una transición agroecológica. Es el caso del uso de cultivos más apropiados a cada ecosistema, la eliminación de los productos modificados genéticamente de la cadena alimentaria o el abandono del modelo de ganadería intensiva para convertirla en extensiva. También las relativas a la gestión del agua —como regular la utilización de cultivos acorde con las características de cada zona— y a una alimentación sana y alineada con sus objetivos climáticos, que sea sostenible, es decir, “de proximidad, saludable, de temporada y libre de químicos”, señalan.

La parte más centrada en abordar la crisis de biodiversidad en la que ha trabajado la Asamblea Ciudadana, el Área de Vidad y Sociedad de Ecosistemas, recoge medidas como la creación de bancos de material genético de animales y plantas —priorizando las afectadas por el cambio climático— y nuevos espacios naturales protegidos teniendo en cuenta el impacto del calentamiento global, así como aprobar un Plan Nacional de Restauración de Ecosistemas Estratégicos y garantizar la conectividad de los ecosistemas redefiniendo infraestructura como carreteras, presas o poblaciones. También abogan por desarrollar toda una nueva legislación para protección de los ecosistemas y la lucha contra el cambio climático y garantizar su cumplimiento real, tipificando el ecocidio como delito en el marco jurídico español.

Por último, en el Área de Vida y Sociedad de Comunidades, Salud y Cuidados, los integrantes de la Asamblea Ciudadana ha recomendado minimizar los vuelos domésticos cuando hay alternativa en tren, garantizar el alquiler social en todos los territorios para disminuir de forma notable la necesidad de invertir tiempo y energía en desplazarse, y crear medidas de protección social y refuerzo de los servicios y prestaciones públicas para la conciliación laboral para atender a las necesidades de cuidados, que aumentarán por los impactos del cambio climático, entre otras medidas."                 (Pablo Rivas  , El Salto, 07/06/22)