¿Se puede hablar de connivencia entre los Servicios Sociales y determinadas empresas que trabajan para la Administración? Hay una infraestructura creada muy grande, de funcionarios cobrando sus sueldos, gerentes, directores generales, técnicos y hasta chóferes, y esto hay que mantenerlo. Y para ello se va a seguir acogiendo a menores. Y yo creo que no hay tantos menores desamparados en España para que cada comunidad autónoma y cada dirección territorial de cada provincia tenga esa cantidad de funcionarios trabajando en esta supuesta protección. Para mi se ha creado un monstruo o un lobby que hay que mantener retirando a niños... ¿Se falsifican informes en los Servicios Sociales con el fin de justificar la retirada de menores como aseguran muchas familias? Lo que está claro es que los informes que emite Bienestar Social están orientados a justificar la tutela y retirada del menor, sin duda alguna... Creo que teniendo sistemas en el resto de Europa que funcionan mejor sería fácil y muy necesario cambiar el actual sistema que tenemos en España. Pero, desde luego, los que están en el Consejo de Adopción Internacional no quieren cambiarlo. Estaríamos quitando parte de sus funciones. Pero no se quedarían sin trabajo. Lo que hay que hacer es cambiar la forma de trabajar

 "(...) en el caso de los menores tutelados, los jueces, por el propio sistema, están atados de pies y manos. Imagínese un juez al que le llega un caso de un expediente, a lo mejor de 500 folios, de la retirada de un menor, y él tiene que decidir si esa retirada se ha hecho bien o no. Y sólo le llegan los informes técnicos, psicosociales, de los propios Servicios Sociales que han retirado al menor. Y encima el juez presume que lo que dice un funcionario es cierto. Y presume que los Servicios Sociales tienen la intención real de proteger al menor.

 Entonces un juez está atado de pies y manos, como digo, porque no conoce el caso desde el principio. Normalmente, se tienen que creer lo que dicen los Servicios Sociales. Porque también si se pide un informe a los equipos psicosociales de los juzgados, estos informes se hacen por desgracia cuando han pasado meses desde esa retirada y las circunstancias han podido cambiar. Entonces, es complicada la labor de los jueces en España porque no suelen poder profundizar con elementos suficientes para saber si una retirada ha sido justa o no. 

Yo estoy convencido de que más del 50% o del 60% de las retiradas que se producen, si el juez hubiera intervenido desde el principio, no se harían. Porque no olvidemos que la Ley española e internacional pone como un interés fundamental del niño permanecer en su familia biológica. No podemos hacer que, al mínimo problema que aparezca en la familia, se retire al niño como forma de prevención. No. Si hay un riesgo, ayuden a la familia a superarlo. Esa es la obligación del Estado, no retirar al niño porque sí.

Hay una infraestructura creada muy grande, de funcionarios cobrando sus sueldos, gerentes, directores generales, técnicos y hasta chóferes, y esto hay que mantenerlo. Y para ello se va a seguir acogiendo a menores

¿Se puede hablar de connivencia entre los Servicios Sociales y determinadas empresas que trabajan para la Administración?

Hay connivencia. Es decir, si quien me paga me dice que diga algo -lo digo con todos los respetos- es humano informar como quiere tu jefe o tu patrón. Es una cosa evidente. De hecho, en los propios procedimientos judiciales, aunque se presume la veracidad de cualquier perito, aunque sea privado, pero es indudable que los tribunales siempre tienen en cuenta más los informes de los peritos de los propios juzgados que son objetivos que cualquier otro informe pericial. 

Entonces, no es porque lo diga yo, ni esté acusando de ningún delito, pero si las fundaciones, los técnicos, los equipos psicosociales que trabajan para los Servicios Sociales sobran y viven de esos Servicios Sociales, yo creo que jamás he visto un informe pericial de los propios técnicos de Servicios Sociales en contra de lo que hecho su patrón, que es la Administración. Es injusto, pero hasta comprensible.

 ¿Interés económico? Yo creo en la honradez de las personas, pero está claro que en el tema de menores se mueven muchas subvenciones europeas, hay una infraestructura creada muy grande, de funcionarios cobrando sus sueldos, gerentes, directores generales, técnicos y hasta chóferes, y esto hay que mantenerlo. Y para ello se va a seguir acogiendo a menores. Y yo creo que no hay tantos menores desamparados en España para que cada comunidad autónoma y cada dirección territorial de cada provincia tenga esa cantidad de funcionarios trabajando en esta supuesta protección. Para mi se ha creado un monstruo o un lobby que hay que mantener retirando a niños.

¿Se falsifican informes en los Servicios Sociales con el fin de justificar la retirada de menores como aseguran muchas familias?

Cuando se informa por parte de Servicios Sociales de que un padre tiene problemas toxicológicos o que es adicto a la heroína o la cocaína, jues a lo mejor es mentira o se exagera, en algunos casos, no digo siempre. Lo que está claro es que los informes que emite Bienestar Social están orientados a justificar la tutela y retirada del menor, sin duda alguna. Falsificar es un delito del que yo, sin pruebas, no voy a acusar a nadie, pero yo, sin citar a nadie, he visto en estos informes notables exageraciones injustificadas y falsas, exageraciones al menos. Si se detecta un problema social, económico, de educación, es indudable que es muy fácil exagerarlo malintencionadamente para justificar esa tutela y esa retirada. Eso sí que estoy cansado de verlo. ¿Directamente decir que un padre es toxicómano sin serlo?, no. Pero que a lo mejor un padre ha consumido esporádicamente hachís, cocaína o cualquier sustancia y decir que es consumidor habitual o que eso conlleva un maltrato al niño, sí, sin ser cierto.

Usted es vocal del Consejo de Adopción del Ministerio. ¿Hay voluntad política para cambiar las cosas?

El cargo de vocal es obligado por Ley. Tiene que haber un representante de las asociaciones de adoptados dentro de la Junta del Ministerio. Lo aclaro porque yo puedo votar, pero generalmente no se me hace caso porque mi voto suele ir en contra de todos los demás. Lo digo porque el resto de vocales precisamente son miembros de los distintos departamentos de Servicios Sociales de cada comunidad autónoma y, desde luego, voluntad política…excepto casos muy excepcionales, no la hay. Algún político con el que nos hemos entrevistado desde APRODEME (Asociación para la Defensa del Menor), que es la asociación con la que colaboramos habitualmente, sí que ha comprendido el problema del sistema español, sí que pone interés, pero de momento no hay ninguna iniciativa. Esperamos que pronto la haya. Esto hay que cambiarlo. 

Creo que teniendo sistemas en el resto de Europa que funcionan mejor sería fácil y muy necesario cambiar el actual sistema que tenemos en España. Pero, desde luego, los que están en el Consejo de Adopción Internacional no quieren cambiarlo. Estaríamos quitando parte de sus funciones. Pero no se quedarían sin trabajo. Lo que hay que hacer es cambiar la forma de trabajar.

¿Cómo mira al futuro? ¿Alguna iniciativa a la vista?

Desde APRODEME presentamos hace años un denuncia al Síndic de Greuges, a la fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y al Parlamento Europeo denunciando esto: el mal funcionamiento del sistema en España y las injusticias que se están cometiendo. El Parlamento Europeo nos dejó la puerta abierta a que presentásemos más casos concretos para que estudiasen el tema. Y luego estamos en contacto con políticos para intentar cambiar este sistema. Creo que se podría conseguir, sería muy bonito y estaría muy satisfecho de todo el trabajo que venimos haciendo durante tantos años.

A nivel legislativo, ¿qué tendría que ocurrir?

Que algún partido político o todos tomen la iniciativa de presentar una propuesta de ley para el cambio del actual sistema de protección que implicaría también un cambio del Código Civil y la ley de Enjuiciamiento Civil. Es muy sencillo. Ya se hizo con la violencia contra la mujer. Se crearon unos juzgados especializados en violencia contra el menor.

¿Alguno de esos partidos va más avanzado en la idea de un cambio en el Sistema de Protección a la Infancia?

En Cataluña, el presidente de APRODEME, Francisco Cárdenas, hizo una comparecencia la semana pasada ante el Parlament, expuso estos problemas que están surgiendo y la verdad que la respuesta de todos los partidos políticos presentes fue bastante positiva. Creo que a cualquier persona que se le explique la problemática actual quiere resolverla y quiere cambiarla. Pero ya sabemos que los políticos están cada cuatro años y a veces es complicado. De hecho, hay una ley de bebés robados que lleva dos años paralizada en el Parlamento."                    (