"La desigualdad y la polarización de la sociedad son extremadamente perjudiciales para el progreso. Hasta el Fondo Monetario Internacional ha calificado la desigualdad como uno de los principales riesgos mundiales. A pesar de esto, en nuestra sociedad la desigualdad sigue creciendo. Según se puede apreciar en la Encuesta Financiera de las Familias publicada ese año por el Banco de España, el 10% de la población más rica de nuestro país acumula el 53,9% de la riqueza española. (...)
Mientras que gran parte de la sociedad aún no ha recuperado el nivel de las condiciones materiales del año 2019, los ricos no solo lo han recuperado, sino que lo han mejorado sobradamente. (...)
En 2021, las grandes fortunas españolas han llegado a acumular 153.575 millones de euros, casi el 12% del PIB español. Entre 2020 y 2021, cada multimillonario español vio crecer su riqueza en 565.000 euros al día. O, dicho con otras palabras, cada multimillonario ha incrementado diariamente su riqueza en la misma cantidad que ganaría una persona que cobra el SMI durante cuarenta años. (...)
¿No os parece miserable que haya quien defienda que una persona se embolse 8.000 euros al mes sin moverse del sofá por el mero hecho de haber heredado 10 pisos, pero le llame paguita cuando hablamos de establecer una renta básica de 700 euros al mes para que todas las personas tengan sus necesidades básicas cubiertas? (...)
Creo que hay dos medidas imprescindibles para que nuestra sociedad dé pasos en la dirección correcta. En primer lugar, y para que toda persona tenga la existencia material garantizada y no sea lo suficientemente pobre como para tener que venderse –o aceptar un empleo en condiciones indignas o aguantar una relación tóxica por la dependencia económica, por ejemplo–, apostar por una renta básica sería la forma más eficaz y eficiente. Y en segundo lugar, y con el objetivo de que nadie tenga el poder suficiente para poder comprar a otra persona –o voluntades políticas, por ejemplo–, sería indispensable implantar una renta máxima. Así y sólo así impediremos una acumulación de riqueza tan grande que permita atentar contra lo común y, por consiguiente, contra la democracia.
“Ningún ciudadano estadounidense debería tener unos ingresos netos, tras haber pagado sus impuestos, superiores a 25.000 dólares al año.” Franklin D. Roosevelt, 1942.
Aunque a mucha gente le cueste creerlo, así es como se dirigió el
trigésimo segundo presidente de los Estados Unidos, Franklin Delano
Roosevelt, el 27 de abril de 1942, al Congreso estadounidense. El
objetivo de esta política fiscal cuasiconfiscatoria no era, ni mucho
menos, incrementar la recaudación tributaria. Era, sencillamente, evitar
una concentración de la riqueza extrema.
Si bien Roosevelt no consiguió establecer una renta máxima de 25.000 dólares anuales, es decir, gravar todos los ingresos superiores con una tasa marginal del 100%, sí logró establecer un tipo máximo para las rentas más altas del 94%. Durante las décadas siguientes, e incluso bajo las administraciones republicanas de Eisenhower, Nixon y Ford, se siguieron manteniendo unos tipos impositivos por encima del 70% para las rentas más altas. (...)
Visto lo visto, parece sensato pensar que, para terminar con la pobreza, hay que acabar antes con la extrema riqueza. Porque la riqueza es poder y, por tanto, una concentración extrema de la riqueza significa una concentración extrema del poder. Una concentración extrema del poder, a su vez, es capaz de influir en la política, moldear la ideología, apropiarse de los medios de comunicación o aplastar la competencia. Una política fiscal justa que tenga el objetivo de impedir la desigualdad extrema, por tanto, debería ser capaz de evitar también la concentración extrema del poder. " (Julen Bollain , CTXT, 06/10/2022)
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