"El Constitucional decide impedir el voto sobre su propia renovación antes de que llegue al Senado.
El Tribunal de garantías toma una decisión insólita y vota en un pleno a favor de suspender la votación en la cámara alta.
España entra en tierra desconocida. El Tribunal Constitucional ha
aprobado gracias al voto decisivo y doble de su presidente, Pedro
González Trevijano, a favor de intervenir una ley antes de su
promulgación. El jueves no se votará en el Senado la norma que, aprobada
en el Congreso, debe servir para desbloquear la elección de dos
miembros del Tribunal Constitucional, que ejercen un mandato caducado
desde mediados de este año. El ataque se sitúa en unas coordenadas
claras: el artículo 66.3 de la Constitución Española dice: “Las Cortes
Generales son inviolables”.
Poco antes de las 22:30 se confirmaban los presagios de los sectores
progresistas. El bloqueo por parte del Partido Popular de la Justicia ha
dado un salto de escala. La votación el pasado jueves en el Congreso de
una reforma legal de calado, que fue aprobada por 186 votos con una
mayoría amplia de la cámara baja queda suspendida en el trámite que este
jueves debía pasar en el Senado. Después de esta reforma se debía
renovar el Tribunal para que este se compusiese acorde al poder
político, como establece el orden constitucional, subvertido después de
cuatro años de negativa del CGPJ, y de la derecha política, para la
renovación del Gobierno de los jueces.
En la jornada de hoy, el Constitucional ha dirimido de un plumazo el
auto de recusación que pesaba sobre González Trevijano y otro de los
magistrados, Antonio Narváez, que ejercen con mandato caducado y han
votado sobre su propia continuidad en el cargo. La mayoría ha sido la
misma: con seis votos a favor y cinco en contra, los dos magistrados han
apostado por su continuidad. Según su nota de prensa “el Tribunal ha
estimado la solicitud de medidas cautelarísimas formulada por los
recurrentes en amparo y, en consecuencia, ha acordado suspender
cautelarmente, conforme al art. 56.6 LOTC, la tramitación parlamentaria
de los preceptos que modifican la Ley Orgánica del Poder Judicial y la
Ley Orgánica del Tribunal Constitucional”, introducidos en la
proposición de Ley orgánica que fue aprobada el jueves en el Congreso.Lo
demás estaba cantado. La mayoría conservadora ha decidido seguir
adelante con una decisión de calado tomada a raíz de un recurso del PP:
interviene con medidas cautelarísimas antes de la votación de una ley,
en contra del principio que le lleva a actuar con las normas ya
sancionadas. Lo hace inaudita parte, es decir, denegando la pretensión
de un litigante sin sustanciarla con el adversario.
Casi una hora
después de producido el golpe, el presidente del PP Alberto Núñez Feijóo
ha celebrado la decisión: “Hoy nuestra democracia sale fortalecida. En
un Estado de Derecho, todos los poderes están sometidos a la Ley. Frente
al ruido y las presiones, seguiremos defendiendo España y las
instituciones sin miedo ni cesiones, desde la moderación y la razón”. (...)
Distintos juristas han criticado también la medida: “Por primera vez
en nuestra historia, los representantes democráticos ven suspendida
parcialmente su actividad legislativa. Es un efecto más del bloqueo
partidista de la cúpula judicial. La decisión del Tribunal
Constitucional es un precedente peligroso para la democracia”, ha
manifestado Joaquim Bosch, presidente de Jueces para la Democracia.
El
exmagistrado del Constitucional, Joaquín Urías, ha escrito en su cuenta
de Twitter: “Esta noche el TC ha atentado contra el Estado de derecho.
Ha adoptado una medida ilegal e ilegítima por puros intereses
partidistas. Hay que responder con serenidad. Volver a presentar la
enmienda como proposición de ley y demostrar que 6 jueces corruptos no
frenarán la democracia”." (Pablo Elorduy , El Salto, 19/12/22)
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