"De buena te has librado, Esperanza Aguirre.
La investigación de la llamada “pieza 9” de Púnica está a punto de concluir después de que la sala de lo penal de la Audiencia Nacional haya resuelto los recursos pendientes. Al final, ha ratificado el procesamiento del ex gerente del PP madrileño, Beltrán Gutiérrez, por un delito electoral cometido en los comicios de 2011. La sala confirma la decisión del juez instructor, Manuel García Castellón, y decide ratificar el procesamiento de “todas las personas que hayan sido declaradas judicialmente investigadas con posterioridad al 24 de septiembre de 2016”.
Los demás imputados pudieron cometer delitos, pero han caducado. Un total de 71 investigados se libran de sentarse en el banquillo de los acusados. Se procesa a Gutiérrez, al exsecretario general, Enrique Granados, y a siete personas más. Entre los que se libran, Esperanza Aguirre e Ignacio González, expresidentes de la CAM. Eso sí, quedando claro para todos que es porque los delitos han prescrito. Pero, de hecho, los autos reconocen que se cometieron. Que los dirigentes regionales conservadores gastaron mucho más del límite permitido por la ley. No sólo en 2011 sino también en 2007 y 2008.
La llamada “pieza número 9” del sumario de la operación Púnica es la más controvertida. Trata de la financiación irregular, mediante una caja B, del Partido Popular en Madrid. En total, los populares declararon un gasto electoral de 2.986.624 millones ante el Tribunal de Cuentas, cuando, en realidad, los gastos supusieron un desembolso de 6,8 millones gracias a donaciones ilegales de empresarios, subvenciones públicas desviadas y financiación a través de facturas falsas. En las diligencias previas se ha investigado el papel que jugó, en todo el entramado de financiación irregular la llamada Fundescam.
La fundación del PP madrileño recibió subvenciones de dinero público de la Comunidad de Madrid. Según el escrito del fiscal, Alejandro Cavaleiro, “Fudescam emitió facturas por conceptos mercantiles falsos que enmarcaban gastos electorales del Partido Popular de Madrid, todo ello en connivencia con determinados proveedores de las campañas electorales citadas”.
Además, a través de la entidad, se canalizaba el dinero aportado de forma irregular por empresarios que, posteriormente, obtendrían adjudicaciones. Entre uno de los ejemplos que describe el ministerio fiscal está el del empresario hostelero Arturo Fernández, que fue vicepresidente de la CEOE. Fernández logró la concesión de la cafetería de la Asamblea de Madrid. Un asunto por el que, en un principio, se imputó a la expresidenta Cristina Cifuentes que, al final, acabó por ser exculpada.
La fiscalía utilizó los mismos criterios para imputar, en un principio, a Ignacio González, que fue director de campaña de las elecciones. Al final fue exculpado aunque la desimputación más relevante fue la de Esperanza Aguirre. Un episodio controvertido que dio lugar al abandono del caso por parte de las dos fiscales que lo llevaron en un principio. Carmen García Cerdá y María Teresa Gálvez, se negaron a estampar su firma en un escrito de acusación en el que no figuraba la expresidenta de la CAM. Su jefe, el fiscal anticorrupción, Alejandro Luzón, le encargó el asunto a Alejandro Cavaleiro, el cual modificó los criterios que inicialmente habían mantenido en materia de caducidad. Luzón avaló sus argumentos basándose en la idea de que es mejor que todos los que se sienten en el banquillo acaben por ser condenados.
Está claro que por un argumento de forma, en ese banquillo no se van a sentar todos los responsables de la financiación irregular electoral del PP en 2007 y 2011. Una financiación, según dice un atestado de la UCO de la Guardia Civil, “con numerosas irregularidades que suponen una profunda quiebra de las normas que regulan el régimen electoral y que atentan contra los principios que pretenden salvaguardar como son el necesario equilibrio de la concurrencia electoral y con ello un grado aceptable de pluralismo político.”
El propio instructor, Manuel García Castellón, en un auto de imputación, señala que Esperanza Aguirre, “desde su condición de candidata, presidenta del gobierno regional y del Partido Popular de la Comunidad de Madrid, la investigación arroja indicios racionales de que sería quien ideó la búsqueda de recursos que financiarían las campañas que ella misma seleccionaba, y la supervisora última de las sinergias entre sus consejeros de confianza, que impulsó con dicha finalidad. Las campañas iban dirigidas fundamentalmente a fortalecer y vigorizar su figura política y consolidarla como presidenta de la Comunidad de Madrid”.
Pero como siempre ocurre en la justicia española, el juego de plazos originado por un sistema garantista rígido puede suponer la exención de las oportunas responsabilidades penales. Los fiscales llegan a decir que la exlideresa de la CAM es la principal inspiradora de la financiación irregular de las campañas electorales. Y que, por ello, debería ser procesada y condenada.
No va a ser así. A Esperanza Aguirre nadie la va a pedir responsabilidades jurídicas
por unos hechos que demuestran que el Partido Popular cometió delitos
electorales en las campañas de los comicios municipales de 2007 y 2011.
Lo que va a quedar claro, en esta pieza de la Púnica cuando se lleve a
cabo el juicio oral, es que el PP jugó con ventaja respecto al resto de
partidos. Y obtuvo mayorías absolutas de manera irregular." (Ernesto Carratalá , Diario16, 20/03/23)
"El juez señala a Esperanza Aguirre como la jefa de la trama de corrupción del PP madrileño para adulterar elecciones.
La escena se desarrolla en una sala del edificio neoclásico que alberga la Presidencia de la Comunidad de Madrid, en la Puerta del Sol. Tiene lugar “a principios del año 2004”. Aparece la nueva presidenta de los madrileños, Esperanza Aguirre, quien había jurado el cargo el noviembre anterior. El oscuro episodio del tamayazo propició una repetición electoral en la que el Partido Popular consiguió los diputados suficientes para gobernar, la primera de las tres mayorías absolutas en Madrid. Aguirre está rodeada de los miembros de su flamante Ejecutivo y en la sala entra Daniel Horacio, un empresario argentino afincado en España que viene a presentar una campaña publicitaria, a la postre, un latiguillo que acabaría asentándose en la cabeza de los ciudadanos: “Madrid, la suma de todos”.
Pero la reunión escondía segundas intenciones. Durante la misma, y con el empresario presente, “se habrían dado las instrucciones a los consejeros de la CAM para que se contara con Daniel Horacio Mercado, y especialmente con su sociedad Over Marketing para las contrataciones en materia de publicidad y comunicación”. Apenas habían pasado unas semanas desde que se convirtiera en presidenta de los madrileños y Esperanza Aguirre ponía en marcha la maquinaria para desviar el dinero de los madrileños a la financiación del Partido Popular en esta comunidad autónoma. Así lo apunta de forma indiciaria el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón en un auto de 85 páginas, el relato de cómo el Partido Popular habría ganado al menos dos elecciones autonómicas, las de 2007 y 2011, haciendo trampas en la campaña electoral, una práctica que reproduciría a nivel local en los comicios generales de 2008.
El trabajo de más de cinco años de las fiscales María Teresa Gálvez y Carmen García Cerdá, de todos los funcionarios bajo su dirección en la Fiscalía Anticorrupción, de los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y del Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, con Eloy Velasco al frente y después con Manuel García Castellón, permiten a este último magistrado escribir este 2 de septiembre de 2019: “Respecto de Esperanza Aguirre Gil de Biedma, desde su condición de candidata, presidenta del gobierno regional y del Partido Popular de la Comunidad de Madrid, la investigación arroja indicios racionales de que sería quien ideó la búsqueda de recursos que financiarían las campañas que ella misma seleccionaba, y la supervisora última de las sinergias entre sus consejeros de confianza, que impulsó con dicha finalidad. Las campañas iban dirigidas fundamentalmente a fortalecer y vigorizar su figura política y consolidarla como presidenta de la Comunidad de Madrid”.
La relevancia penal de esta afirmación está en su contexto: pertenece al auto más destacado hasta la fecha de la pieza número 9 del sumario Púnica, dedicada a la financiación “ilícita” del Partido Popular en Madrid y en el que se incluye a Esperanza Aguirre en la lista de imputados por esta práctica. Casi seis años después de la detención de Francisco Granados en el sumario Púnica, emerge un auto judicial que señala a la que fue su jefa y la persona que le dio todo el poder en Madrid.
Esa financiación que ideó y dirigió presuntamente Aguirre precisaba que empresarios como Daniel Horacio inyectaran importantes sumas de dinero para las campañas del Partido Popular a cambio de que el Gobierno autonómico del PP les concediera suculentos contratos, pagados con el dinero de todos los madrileños.
“La supervisión y el control de las partidas de publicidad de las adjudicaciones de cualquier Consejería en sus contratos de publicidad se habría centralizado al más alto nivel del Gobierno regional, bajo la supervisión de su presidenta, Esperanza Aguirre Gil de Biedma, y decidiéndose que su órgano ejecutor fuese la Vicepresidencia Primera y Portavocía del Gobierno”, en manos de Ignacio González. Con los citados párrafos y otro puñado de citas demoledoras para la expresidenta autonómica, el juez García Castellón arruina la fábula de los colaboradores que le habían salido rana a Aguirre. Hasta hoy no le habían ahorrado tener que dejar la política, asediada por los escándalos de corrupción a su alrededor Ahora, Esperanza Aguirre pasa a compartir lista de “investigados” por la financiación irregular del PP madrileño junto a aquellos batracios descarriados, el propio Ignacio González y Francisco Granados .
La respuesta de quien fue presidenta de la Comunidad de Madrid durante nueve años es un comunicado remitido a la agencia Europa Press en la que asegura que declarará “con mucho gusto” ante la Audiencia Nacional y que el contenido del auto del magistrado Manuel García Castellón “es falso”.
La tesis de que el Partido Popular de Madrid se había financiado de forma irregular sin que su presidenta lo supiera se enfrenta ahora a evidencias tales como la que expone el juez al asegurar que se llegaron a cambiar leyes para materializar esta práctica corrupta. Concretamente la Ley 6/2005 de Presupuestos Generales para el ejercicio siguiente, en la que se introdujo una disposición adicional para que absolutamente toda la Administración madrileña, a excepción de la Radio Televisión pública, debieran solicitar “autorización previa” a la Vicepresidencia y Portavocía que ocupaba Ignacio González para contratar con dinero público cualquier publicidad o difusión en medios de comunicación.
El auto del juez García Castellón describe una organización dedicada a la financiación irregular del PP que tiene en su cúspide a Esperanza Aguirre. Afirma que ella “se habría apoyado” en subordinados clave, como los citados González y Granados, y el gerente del PP madrileño Beltrán Gutiérrez, “para que ejecutasen sus decisiones”, de manera que la supervisión le correspondería a Esperanza Aguirre y el control directo de todos o alguno de aquellos consejeros“.
Un despliegue electoral “fastuoso”
El Partido Popular de Aguirre en Madrid encargó a Horacio y otros empresarios lo que el juez denomina en su auto “la organización, diseño y contratación de publicidad” de las campañas citadas de 2007, 2008 y 2011 “sin importarle el coste de las mismas, en aras de conseguir una gran difusión y un fastuoso despliegue escenográfico y tecnológico en la celebración de los eventos”.
El auto del juez dedica un destacado apartado a Fundescam, la fundación vinculada al Partido Popular utilizada como vínculo por empresarios afines para financiar de forma irregular las campañas de Aguirre. “Que le pregunten a Pío, Pío”, dijo Aguirre cuando aparecieron las primeras informaciones sobre la trama, en referencia a su predecesor Pío García Escudero en el PP madrileño. Ahora, la Audiencia Nacional también destruye esa maniobra de distracción.
“La investigación ha revelado la existencia del concierto dirigido a que fuesen de nuevo los fondos públicos los que abonasen fraudulentamente gastos particulares del Partido Popular de la comunidad de Madrid y otra parte de los gastos electorales de las campañas electorales autonómicas de los años 2007 y 2011 y a las elecciones generales del año 2008. El plan acordaría que, esta vez, el desvío de fondos públicos se materializase a través de las subvenciones concedidas por la CAM a Fundescam. Responsables de la trama según el juez: Beltrán Gutiérrez, Ignacio González, Francisco Granados y Esperanza Aguirre, quien ”se apoyó en ellos para que ejecutasen sus decisiones“.
"La Fiscalía Anticorrupción confirmó este martes que Esperanza Aguirre arrasó con mayoría absoluta en las elecciones autonómicas de 2007 y 2011 haciendo trampas.
La falta de indicios contra la presidenta madrileña y la prescripción de los delitos son los argumentos de la Fiscalía para sacar a Aguirre del escrito de acusación correspondiente a la pieza del caso Púnica que investiga la caja B del PP madrileño.
En los cinco párrafos de una nota hecha pública ayer pasadas las tres de la tarde, Anticorrupción no menciona a Aguirre y solo habla de “falsedad electoral”. En el texto, la expresidenta es tan solo una de las “152 personas físicas” que integran el grupo de identificadas o imputadas y que ya pueden olvidarse de la acusación de Anticorrupción en la pieza 9 del caso Púnica, el que investiga la financiación irregular del PP madrileño. Ahora resta que el juez Manuel García Castellón decida.
Tras más de cinco años de investigación, la Fiscalía Anticorrupción cree que hay “claros indicios de falsedad electoral” en las elecciones autonómicas de 2007 y 2011, pero que los hechos correspondientes a las primeras están prescritos y las ilegalidades en los segundos comicios solo se pueden atribuir al gerente del PP madrileño, Beltrán Gutiérrez, un presunto Bárcenas regional, y a Francisco Granados, el que fuera secretario general del PP y casi todo en el Gobierno autonómico de Aguirre.
A Granados y Beltrán Gutiérrez, Anticorrupción les atribuye un delito electoral que añade el cohecho en el caso del primero, o lo que es lo mismo, que se quedó con dinero. Pero la frase más relevante de ese párrafo es la que no menciona ningún nombre propio y aparece a continuación cuando plasma la petición de “sobreseimiento frente al resto de personas que fueron investigadas por tales hechos, como consecuencia de la prescripción”. Esto es: Esperanza Aguirre e Ignacio González, entre otros.
elDiario.es ha tenido acceso al escrito de 860 páginas en el que el fiscal Alejandro Cabaleiro rebate las conclusiones provisionales de los atestados de la Guardia Civil que obran en la causa, de los autos de los dos jueces del caso e incluso de los escritos de Anticorrupción antes de que la Fiscalía especializada cambiara de criterio.
Cabaleiro alude, por ejemplo, a la llamada en la que Ignacio González y Esperanza Aguirre hablan de Fundescam, la fundación clave para la financiación irregular del PP de Madrid. “Que nos hayamos saltado el límite de dinero electoral para la campaña, pues puede, pero desde luego Fundescam no ha pagado”, dice Aguirre. “La llamada es cierto que revela que la misma [Aguirre] pudiese sospechar, o intuir, que se había sobrepasado el límite del gasto electoral, pero igualmente revela que no tenía conocimiento de cómo había sucedido, pues la aseveración que realiza en torno a la utilización de la fundación Fundescam, descartando que fuese instrumento para ello cuando realmente lo era, es un indicio sólido de tal extremo”.
Y continúa el fiscal Cabaleiro: “Lo anterior podría plantear si se situó en lo que se ha denominado ignorancia deliberada, pero afirmar tal cuestión, considerando la ausencia de indicios, resulta insuficiente para sostener una acusación”.
“Ser presidenta no es tener control absoluto”
Otro de los indicios contra Aguirre fue el cambio organizativo que supuso que todas las contrataciones de publicidad dependieran de la directora general de Medios y persona muy próxima a Aguirre, Isabel Gallego Navarrete. “Tampoco constituye un indicio de que Aguirre hubiese efectuado tal nueva estructura organizativa con fines delictivos, pues ninguna de las personas respecto de las que existen indicios ha declarado que la misma participase en procedimientos de contratación con las empresas de publicidad”.
Para el fiscal Cabaleiro, que Esperanza Aguirre presidiera la Comunidad y el partido no la hace necesaria conocedora de los hechos: “El genérico hecho de que, en tanto presidente, tenía un control absoluto de todo lo que sucedía, resulta claramente insuficiente para atribuir responsabilidad penal por estos hechos”.
El fiscal se refiere a los trabajos de reputación online que fueron cargados al erario público cuando solo iban en beneficio personal de los políticos que ocupaban cargos en la Comunidad de Madrid, incluidos Esperanza Aguirre o Ignacio González. El artífice de esos trabajos era el informático Alejandro de Pedro, quien en un correo del 23 de agosto de 2013 con otro implicado habla del conocimiento que tiene de los hechos “Esperanza”. “Puede ser un indicio, pero por sí solo –incluso unido al resto de los expuestos– es muy endeble e inconsistente para sostener una acusación formal”.
La Guardia Civil: el PP atentó contra el “pluralismo político”
En el otoño de 2017, los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil escribieron en un atestado lo que suponían esas trampas: “Numerosas irregularidades que la sustentaron (la financiación de las campañas) suponen una profunda quiebra de las normas que regulan el régimen electoral y que atentan contra los principios que pretenden salvaguardar como son el necesario equilibrio en la concurrencia electoral y con ello un grado aceptable de pluralismo político”.
Solo en la campaña de 2007, el PP engañó al Tribunal de Cuentas en más de 2,5 millones de euros al declarar lo gastado en aquellos días que precedieron a las elecciones. En 2011, el partido informó a la Cámara de Cuentas de que había gastado 2.986.624 euros en la campaña electoral. El límite que fija la ley son 3.229.342 euros, pero la UCO sostuvo que el partido gastó 6,2 millones de euros gracias a donaciones ilegales de empresarios, subvenciones públicas desviadas y financiación a través de facturas falsas.
La trampa Fundescam
En papel mojado queda el trabajo de las fiscales Teresa Gálvez y Carmen García Cerdá, quienes, junto a los investigadores de la UCO, impulsaron el caso de la financiación irregular del PP madrileño. Del más de un centenar de imputados solo proponen juzgar a diez.
De forma indiciaria, la Guardia Civil, con el acuerdo entonces de la Fiscalía y del juez, aseguró tras analizar las pruebas de la caja B del PP madrileño en un pendrive de Beltrán Gutiérrez que el “elemento nuclear de la trama” era Fundescam. La fundación recibía subvenciones de dinero público de la Comunidad de Madrid y libraba “facturas por conceptos mercantiles falsos que enmarcaban gastos electorales del Partido Popular de Madrid, todo ello en connivencia con determinados proveedores de las campañas electorales citadas”.
Por otra parte, empresarios ingresaban dinero en Fundescam que esta utilizaba también para financiar las campañas del PP. Luego, esos empresarios recibían adjudicaciones de organismos controlados por el PP, como era el caso de Arturo Fernández con la cafetería de la Asamblea de Madrid. En esta última dinámica, la Guardia Civil y Anticorrupción implicaron a Cristina Cifuentes, pero el juez García Castellón acabó exculpándola después de que la Fiscalía cambiara de criterio. La Guardia Civil también destacaba el papel de Ignacio González, director del comité de campaña en 2007, y otro de los hoy exculpados por Anticorrupción.
En su auto de imputación, el juez García Castellón llegó a decir de Esperanza Aguirre: “Desde su condición de candidata, presidenta del gobierno regional y del Partido Popular de la Comunidad de Madrid, la investigación arroja indicios racionales de que sería quien ideó la búsqueda de recursos que financiarían las campañas que ella misma seleccionaba, y la supervisora última de las sinergias entre sus consejeros de confianza, que impulsó con dicha finalidad. Las campañas iban dirigidas fundamentalmente a fortalecer y vigorizar su figura política y consolidarla como presidenta de la Comunidad de Madrid”.
Enfrentamiento en el seno de Anticorrupción
Hay otro aspecto relevante de la nota de Anticorrupción por lo que no recoge. El texto asegura que el informe de conclusiones de esta pieza 9 está redactado por Alejandro Cabaleiro. Eso significa que las otras dos fiscales del caso, Carmen García Cerdá y María Teresa Gálvez, han decidido no estampar su firma. Gálvez podría haberlo hecho como fiscal del caso desde sus inicios aunque en los últimos tiempos había sido relevada por Cabaleiro por criterios de distribución de trabajo, según una fuente autorizada de Anticorrupción. En cualquier caso, García Cerdá, implicada hasta el final, no respalda el texto de su compañero, quien llegó a la Fiscalía especializada con el caso muy avanzado.
Fuentes fiscales asegura que el jefe, Alejandro Luzón, respalda
por completo las conclusiones de este fiscal frente al criterio de
García Cerdá, quien difiere en los cálculos de prescripción que dejan
fuera de la acusación de Anticorrupción a los principales implicados,
Aguirre y González. Consideran asimismo que las conclusiones de
Cabaleiro no suponen una enmienda al trabajo durante años de sus
compañeras y que el hecho de que se hayan reducido en un 90% el número
de acusados responde al interés por que todos los que se sienten en el
banquillo tengan posibilidades reales de ser condenados.(...)" (Pedro Águeda , eldiario.es, 19 de julio de 2022)
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