Manuel Rico @manuelrico
La verdad de lo que ocurrió en las residencias de Madrid se puede resumir de forma sencilla en seis puntos: 1. Se aprobó un Protocolo que impedía llevar a la inmensa mayoría de residentes a los hospitales bajo la premisa de que las residencias serían medicalizadas.
2. El personal de Atención Primaria que podría haber realizado esa medicalización no se envió a las residencias, sino al hospital del Ifema. Así que no se medicalizaron las residencias. 3. También se prohibió que los residentes fuesen tratados en ese hospital de campaña en Ifema
4. En vez de enviar médicos a las residencias, lo que hizo Sanidad fue llamar a personal médico que estaba en geriátricos para que fueran a trabajar a otros lugares.
5. No se llevó a ningún residente a hospitales privados (salvo que tuvieran seguro privado).
6. No se llevó a ningún residente a hoteles medicalizados. ¿Eso encaja en un delito de denegación del deber de socorro? Doctores tiene la Iglesia, pero no parece precisamente una operación de auxilio. Y 7.291 personas murieron sin atención hospitalaria
1:27 p. m. · 23 mar. 2023
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"El exconsejero de Ayuso ratifica ante el juez que se opuso a la orden de no derivar ancianos de residencias a hospitales.
Alberto Reyero, consejero de Políticas Sociales en la Comunidad de Madrid hasta octubre de 2020, ha comparecido este jueves como testigo ante el juez que investiga los protocolos que impidieron derivar a miles de ancianos enfermos de COVID desde residencias hasta hospitales para su tratamiento. Dentro del juzgado, según ha explicado él mismo, ha reiterado que se opuso por escrito a este protocolo el 22 de marzo de ese año.
“He tenido la ocasión de retrotraerme a hace tres años, al día 22 de marzo en el que me opuse por escrito, hablé de las consecuencias que tendría la aplicación de ese protocolo, creo que eso ha quedado muy claro”, ha dicho a preguntas de los periodistas a la salida del juzgado. La mayor parte de las preguntas del juez, explica, han girado en torno a estos protocolos: “He insistido en que los protocolos no se entiendan por sí mismos, sino relacionados con la ausencia de medicalización de las residencias, la no derivación a plazas privadas o a IFEMA”, ha dicho.
Sobre las declaraciones de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, deseando su imputación en este proceso, Reyero ha lanzado un reproche. “Demuestra bastante desconocimiento jurídico, no le deseo a nadie la imputación, si pienso que alguien debería estar imputado lo que haría sería querellarme, pero forma parte de ese lenguaje bélico que utiliza la presidenta y que no va a ningún sitio”, ha dicho. “Yo lo que quiero es que se esclarezca la verdad y que las personas responsables, si las hay, que al final respondan por las cosas que hayan hecho de manera incorrecta”.
El exconsejero por Ciudadanos del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha sido citado para testificar por el juzgado que investiga los protocolos puestos en marcha por la Comunidad de Madrid para decidir sobre traslados de ancianos desde residencias hasta hospitales durante lo peor de la primera ola de COVID. Junto con él también ha sido llamado a declarar el firmante de los protocolos, Carlos Mur, entonces director general de coordinación sociosanitaria.
Este segundo testigo, según ha explicado a la salida el abogado de la acusación popular, ha reconocido que él no estaba de acuerdo con todo el contenido del protocolo y que estampó su firma para que los facultativos tuvieran un protocolo de la administración en el que apoyarse para tomar las decisiones médicas. Carlos Vilacalvo, abogado de Marea de Residencias, ha afirmado a la salida: “Lo mismo que hizo en la Asamblea, solo que ha reconocido que recibió un correo de Reyero el 22 diciendo que estaba en contra de las escalas de movilidad y problemas psíquicos”, ha explicado. Mur, según este letrado, ha reconocido que también estaba en contra, al igual que otros geriatras pero que firmó el documento “para apoyar a todos los médicos geriatras que estaban desesperados y necesitaban un apoyo de la Administración para tomar decisiones como estas”.
Reyero ha llegado a los juzgados de la Plaza de Castilla de Madrid poco antes de las diez de la mañana mientras decenas de personas se concentraban a las puertas del edificio con gritos de “¡Ayuso dimisión!”. Han desplegado también una pancarta de Marea de Residencias en la que exigen “verdad y justicia para 7.291 fallecidos en residencias de ancianos de la Comunidad de Madrid ”sin asistencia sanitaria“. Mur, por su parte, ha llegado media hora después y ha sido recibido con gritos de ”¡Asesino!“ por parte de las personas concentradas.
Una de las personas concentradas frente a los juzgados ha sido Mercedes Huertas, cuyo padre falleció en abril de 2020 en una residencia publica de Madrid. “Esperamos que la jornada de hoy nos abra una vía más. Con estas declaraciones hoy la Justicia empieza a tomarse en serio esa masacre que se produjo en las residencias”, ha denunciado. “Nadie nos escucha, es como que no existimos, ojalá a partir de hoy esto cambie, sería un gran respiro para las familias y la sociedad, no olvidemos que esto nos puede pasar a cualquiera”, ha añadido." (Alberto Pozas , eldiario.es, 23 de marzo de 2023)
"Un alto cargo de Ayuso, ante el juez: “El consejero de Sanidad era mi superior y claro que conocía los protocolos de las residencias”.
Carlos Mur, el alto cargo madrileño que firmó los protocolos que evitaron la hospitalización de mayores enfermos de las residencias, ha dicho este jueves ante un juez que esos documentos contaban con el visto bueno del consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero. El exdirector general de coordinación sanitaria, que ha comparecido como testigo en los juzgados de plaza de Castilla, ha declarado que esos documentos se hicieron para dar apoyo a los sanitarios que tomaban las decisiones de hospitalización, pero ha añadido que no considera que fueran obligatorios. Su afirmación contrasta con la versión que había dado otro testigo minutos antes, el exconsejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, quien ha declarado que sí eran vinculantes, a la vista de los miles de muertes que se produjeron.
Es la primera vez que cargos políticos en España comparecen ante un juez por las muertes sin asistencia sanitaria al principio de la pandemia de coronavirus, y la pregunta ahora es si el juez, titular del Juzgado de Instrucción número 9, Arturo Zamarriego, llamará a los superiores de Mur. Esa es la pretensión del abogado de las familias, Carlos Vila, quien sigue una estrategia de escalera, por la cual espera seguir subiendo en la escala de responsabilidad hasta llegar a Escudero y la presidenta, Isabel Díaz Ayuso.
Mur ha declinado hacer declaraciones a este periódico a la salida de los juzgados, alegando el estado en que se encuentra aún la instrucción. El abogado de las familias le preguntó durante la vista sobre el papel de Escudero. “Era mi superior y claro que conocía [los protocolos]”, ha dicho Mur, según ha contado el letrado al término de la comparecencia. Según Vila, Mur ha reconocido que la Comunidad no cumplió con la otra cara de los protocolos, la medicalización de las residencias. Ha contado que no se medicalizaron por completo, a pesar de que algunas recibieron oxigenoterapia, y ha reconocido que la consejería tampoco permitió el traslado al hospital de campaña de Ifema, donde eran preferentes los enfermos leves.
“Mur ha dicho que él era un simple director general sin mando en plaza y que las grandes decisiones las tomaba el consejero”, según Vila. El letrado se ha mostrado esperanzado tras la vista. “El juez quiere averiguar si se produce un nexo de causalidad entre los protocolos y las muertes, y para ello ha encargado un informe a un forense”, ha dicho el abogado.
Si el juez citara a Escudero, tendría que remitir la declaración a instancias judiciales superiores. Como consejero, Escudero está aforado ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Y como Ayuso ya ha anunciado que lo nombrará senador tras las elecciones, pasaría a estar aforado ante el Supremo. (...)
El caso que investiga Zamarriego concierne a tres fallecidos en DomusVi Albufera, un hogar de Vallecas de 143 plazas que dependía del Hospital Infanta Leonor. Murieron el 30 de marzo y 7 y 8 de abril. Durante la primera ola murieron 37 personas que vivían en ese centro, de las cuales 22 lo hicieron en la residencia.
Según el abogado y las familias, los trabajadores de las residencias y los médicos de hospital se limitaban a cumplir los protocolos. Por ese motivo creen que la responsabilidad de lo sucedido recae en los políticos que tomaron las decisiones. Al respecto, Reyero ha dicho a este periódico en los pasillos del juzgado que cree que Mur es “un cabeza de turco”. Mur, que hoy ocupa un cargo directivo en la sanidad pública de Andorra, era director general de coordinación sociosanitaria de la Consejería de Sanidad madrileña. Como tal, dependía del consejero Escudero quien, ante la situación de colapso hospitalario, tomó la decisión de que los mayores de residencias no fueran atendidos en hospitales, el jueves 12 de marzo de 2020.
Como ha contado EL PAÍS, Mur reunió al día siguiente a un grupo de geriatras de los hospitales públicos, quienes iban a actuar de filtro para decidir quién tenía derecho a cama y quién no. Para dar seguridad jurídica a los geriatras, decidieron elaborar un documento que los autorizara a denegar el ingreso hospitalario. La Comunidad de Madrid difundió el 18, 20, 24 y 25 de marzo de 2020 a los hospitales públicos y las residencias de mayores cuatro versiones de un protocolo que autorizaban a los geriatras hospitalarios a negar el traslado de mayores enfermos cuando estos residían en hogares colectivos. (...)
A pesar de ser el consejero del que dependían las residencias, Reyero no fue llamado por Escudero para tomar las decisiones clave. El 21 de marzo de 2020, cuando conoció el triaje que había elaborado su compañero de Gobierno, le escribió un correo en el que le alertaba de la posible ilegalidad de esos documentos. Más tarde, rompió con él públicamente al criticarle por no hacer lo suficiente para medicalizar las residencias.
“El juez me ha preguntado si consideraba que eran vinculantes y le he dicho que sí, pero que a mí no me corresponde la calificación jurídica. Es un tema de discusión, pero yo pienso que sí, a la vista de los efectos que tuvieron”, ha dicho Reyero. Cuando ha salido de la sala, Reyero y Mur se han despedido dándose la mano. “Cuando pase todo nos veremos”, le ha dicho Mur.
Allí mismo en el juzgado, Reyero se ha enterado de que Ayuso acababa de desear que le imputasen. “Pues yo no se lo deseo [a Ayuso la imputación]”, le ha respondido él a EL PAÍS. Y ha añadido: “Es una contradicción. Si quiere que me imputen que ponga una querella. Entiendo que como juegan a la provocación, quieren embarrarlo todo”. (...)" (Fernando Peinado , El País, 23/03/23)
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