"2023, el año que las togas jugaron a hacer política.
Un sector relevante de la Justicia se levanta al calor de la amnistía para combatir con todos los altavoces posibles las decisiones del Gobierno y la mayoría parlamentaria. (...)
La ley de amnistía —y los acuerdos de investidura que la acompañan— han encontrado un inédito movimiento impulsado por sectores conservadores de la judicatura y la fiscalía, determinados como nunca antes en democracia a combatir decisiones de los otros dos poderes, el Ejecutivo y del Legislativo, con todos los altavoces imposibles. Y obviando, de paso, su obligación de mantener la apariencia de imparcialidad en el debate partidista.
Ataviados con las togas que tienen la obligación de vestir durante los actos procesales, jueces y fiscales se han manifestado ante las sedes de juzgados y tribunales; sus salas de gobierno —dominadas por la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM)— han emitido contundentes comunicados contra una ley cuando ni siquiera se conocía, y los portavoces de las principales asociaciones del ámbito judicial, e incluso jueces y fiscales a nivel particular, se han prodigado en entrevistas, artículos o mensajes en redes sociales alertando sobre la supuesta “aniquilación de la separación de poderes”.
En el centro de la respuesta está un órgano caducado, cuya renovación bloquea el Partido Popular desde hace un lustro. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el órgano al que corresponde la organización de los juzgados y tribunales, hizo un pronunciamiento contrario a la ley de amnistía cuando no se conocía ni una sola palabra del texto. Antes de que hubiera trascendido borrador alguno, la mayoría de vocales elegidos en su día a propuesta del Partido Popular logró sacar adelante una resolución que advertía de que la futura norma iba a suponer “la abolición del Estado de Derecho”.
De ese acuerdo se apearon los miembros del minoritario bloque progresista y el presidente interino del órgano, Vicente Guilarte, que sí se ha mostrado muy beligerante ante las alusiones a las comisiones parlamentarias de investigación que recoge el acuerdo de investidura suscrito entre el PSOE y Junts. El documento no contempla la inclusión automática en la ley de amnistía de los casos que el independentismo considera 'lawfare' —o persecución judicial por motivos políticos—, pero sí abre la puerta a que este tipo de asuntos se aborden en comisiones de investigación en el Congreso.(...)" (Elena Herrera, eldiario.es, 30/12/23)
"2023: el año que Abascal no fue vicepresidente del Gobierno.
La hazaña de Pedro Sánchez en este 2023 que hoy termina fue impedir que España tuviera un vicepresidente del Gobierno de extrema derecha. El líder del Partido Popular Alberto Núñez Feijóo no dijo que nombraría vicepresidente a Santiago Abascal, pero tampoco dijo que no lo haría en caso de que ambos partidos sumaran los escaños suficientes. Serlo o no serlo estaba en manos de Abascal, que con toda seguridad no iba a repetir el error andaluz de 2018 de quedarse fuera del Gobierno, desde donde Juan Manuel Moreno y Elías Bendodo torearon durante casi cuatro años a un Vox que resultó ser mucho más mansurrón de lo que su bravía oratoria parecía prometer.
Difícilmente podría haberle negado Feijóo la entrada en el Gobierno a
un Vox con 33 decisivos escaños. Truncar las aspiraciones ultras fue,
claro está, obra de mucha más gente, no solo de Sánchez, pero la
historia en el medio plazo y el periodismo en el corto suelen ser poco cuidadosos en la atribución de unos méritos que en realidad están mucho más repartidos de lo que historiadores y periodistas sancionan. (...)" (Antonio Avendaño, El Plural, 31/12/23)
"2023, el año del SeAcabó y del doble mazazo a Irene Montero.
En 2023, la selección española de fútbol, la femenina, por si alguien aún necesita esa aclaración, ganó el Mundial. Y no solo eso sino que dio una lección de trabajo en equipo, resistencia y feminismo con la reacción ante el machismo insoportable en el fútbol.
El caso Rubiales y su respuesta colectiva, #SeAcabó, ha sido uno de los grandes temas de este año que, en el ámbito institucional, queda marcado por la reforma del PSOE a la leyde libertad sexual y por una convocatoria electoral que deja un panorama complejo para las políticas feministas. (...)
A mediados de noviembre de 2022 empiezan a conocerse los primeros casos de rebajas firmes de condenas por delitos contra la libertad sexual en aplicación de la reforma del Código Penal por la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, que había entrado en vigor el 7 de octubre. Estas rebajas abrían la que ha sido la crisis más dolorosa para el Ministerio de Igualdad, por apuntar al corazón de sus políticas: la emblemática ley del solo sí es sí. (...)
Sin embargo, las diferencias internas no restan potencia a un feminismo que permea cada vez más profundo y que muestra su potencial transformador con el caso Rubiales, que empieza el 20 de agosto. Ese día, la noticia era esta: la selección española de fútbol había ganado el Mundial que se había disputado en Australia y Nueva Zelanda, imponiéndose en la final ante Inglaterra (1-0), con un gol de Olga Carmona.
Pero el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, hace que la atención se desvíe con un gesto en el que fuerza un beso a la jugadora Jenni Hermoso durante la ceremonia de entrega de medallas. La imagen, retransmitida en directo por RTVE, se extiende rápidamente por las redes sociales. La conciencia social sobre las dinámicas de la violencia sexual y el machismo hace el resto, y se genera una avalancha de críticas.
Después de eso, pasan muchas cosas: un vídeo vergonzoso de Rubiales, una asamblea vergonzosa de la Federación, unas falsas disculpas, una inhabilitación, una destitución. Pero lo que pasa, sobre todo, es #SeAcabó. “Se acabó. Contigo compañera, Jenni Hermoso”, escribía la futbolista Alexia Putellas en sus redes sociales. Muchas futbolistas hacen suyas las palabras de Putellas y apoyan a Hermoso. La consigna se extiende a todos los ámbitos y se convierte en bola de nieve feminista. Crece, llega a las calles. Y, poco después, se producen los cambios que han transformado para siempre el fútbol. (...)" (Patricia Reguero, El Salto, 30/12/23)
"2023: El año en el que la extrema derecha dictó la política migratoria europea.
Es cierto que el número de llegadas a territorio Schengen este año, es el más elevado desde 2016 —cuando 389,976 personas llegaron a Europa—tras la crisis de los refugiados. En los siete años transcurridos desde entonces, en lugar de centrar recursos y esfuerzos en humanizar el sistema de acogida, agilizar las solicitudes de asilo, o garantizar vías legales y seguras, los gobiernos europeos han profundizado en la securitización de la frontera, alimentando la industria de la vigilancia por un lado, y normalizando las tesis más restrictivas frente a la migración por el otro, con el liderazgo narrativo de la extrema derecha. (...)
Prueba del esfuerzo securitario es la inversión destinada a la polémica Frontex, la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, creada en 2005 y dotada por aquel entonces con una financiación de seis millones de euros, en 2016 recibió 251 millones, y en 2023 845,5 millones, con un plan para el periodo 2021-2027 que prevé un gasto de unos 900 millones de euros al año, lo que la convierte en la agencia europea con más presupuesto. Desde 2016, 21.164 personas habrían perdido la vida solo en el Mediterráneo, 2.746 en 2023, el número más alto desde 2017. Las de la OIM son cifras conservadoras frente a otras organizaciones, además al número de personas cuyas vidas se perdieron en el Mediterráneo habría que añadir las que murieron intentando acceder a Europa por tierra, o las personas fallecidas o desaparecidas en la ruta Canaria, especialmente peligrosa. Solo en e el primer semestre de 2023 el colectivo Caminando Fronteras denunciaba la pérdida de 778 vidas en esta ruta. (...)
Legalizar la vulneración de derechos
Los penúltimos titulares sobre la ofensiva contra los derechos de las personas migrantes los ha protagonizado la Francia de Emmanuel Macron, que el pasado 19 de diciembre aprobaba una ley que se presenta como un punto de inflexión en la política migratoria del país vecino. Celebrada como un triunfo por la ultraderecha, cuyos votos han sido necesarios para aprobar la nueva legislación, Marine Le Pen, la líder de Agrupación Nacional ha hablado de “victoria ideológica”. Paralelamente, la ley ha generado una rebelión dentro del partido del propio Macron, Renacimiento, traducida en una división de votos, al mismo tiempo que ha sido contestada por numerosas movilizaciones en la calle. (...)
Un Pacto de Migraciones y Asilo que acaba con el derecho a asilo en Europa, así es como han descrito organizaciones de derechos humanos este documento, producto de las últimas negociaciones a tres bandas entre el Parlamento Europeo, la Comisión Europea y el Consejo de Europa. Pese a la alarma extendida entre las entidades, la Presidencia saludaba el Pacto como una “mejora”, y lo contaba entre los éxitos cosechados en estos seis meses: “La Presidencia Española cumple”, reivindicaba en la red social X.
El documento, tal y como ha sido aprobado, explicaba la Plataforma para la Cooperación Internacional para Inmigrantes Indocumentados(PICUM) “normalizará el uso arbitrario de la detención de migrantes, incluyendo a niños y sus familias, incrementará el perfilamiento racial, y usará los procedimientos de ‘crisis’ para permitir devoluciones en frontera y retornar a las personas a los llamados ‘terceros países seguros’ donde se exponen al riesgo de tortura, violencia y encarcelamiento arbitrario”. (...)" (Sarah Babiker, El Salto, 31/12/23)
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