"La jueza Tanya Chutkan ha publicado este viernes unas 2.000 páginas de documentos de lo que se supone que son las pruebas contra el expresidente Donald Trump por las que está imputado en un juzgado de Washington por intentar revertir el resultado electoral de 2020. La inmensa mayoría de las páginas están bajo secreto de sumario, así que en ellas solo aparece una palabra: “Sellado”. Entre los documentos del sumario aparece un documento apócrifo que detalla los planes para que el 6 de enero de 2021 Trump fuera elegido presidente en lugar del ganador de las elecciones, Joe Biden. El fiscal lo acusa de intentos “desesperados” de robar las elecciones. La jueza ha decidido difundir los documentos, explicando que retenerlos por su posible repercusión política supondría una interferencia electoral.
Ese plan está detallado en uno de los anexos, pero sin firmar ni atribuir. Aparece entre páginas que están bajo secreto de sumario, con lo cual, falta contexto para valorar plenamente su alcance. El éxito de ese plan, dependía, eso sí, de la actuación del vicepresidente, Mike Pence. Ese mismo 6 de enero de 2021, en un mitin antes sus seguidores, Trump dijo: “Si Mike Pence hace lo correcto, ganamos las elecciones, nos convertimos en presidente [sic] y vosotros sois felices”. Trump intervenía junto a la Casa Blanca, desde donde parte de los asistentes se dirigieron luego a asaltar el Capitolio, a unos dos kilómetros de distancia.
El documento lleva un encabezado que reza: “Escenario del 6 de enero”. Parte de la premisa de que desde siete Estados donde el resultado había estado ajustado se enviaban a Pence dos listas distintas de electores del Colegio Electoral, los que realmente eligen al presidente. Tras una primera disquisición sobre la constitucionalidad de la legislación electoral, se pasa directamente al plan.
“Este es el escenario que proponemos”, dice, para enumerar a continuación una serie de pasos para proclamar a Trump presidente en una especie de autogolpe de Estado. “1. El vicepresidente Pence, presidiendo la sesión conjunta (o el senador Tem Grassley, si Pence se recusa), comienza a abrir y contar las papeletas, empezando por Alabama (sin conceder que se requiera ese procedimiento, especificado por la Ley de Recuento Electoral). 2. Cuando llega a Arizona, anuncia que tiene varias listas de electores, por lo que va a aplazar la decisión al respecto hasta que termine en los demás Estados. 3. Al final, anuncia que, debido a las disputas en los 7 Estados, no hay electores que puedan considerarse válidamente designados en esos Estados. Eso significa que el número total de ‘electores designados’ ―el lenguaje de la 12ª Enmienda―, es 454. Esta interpretación de la 12ª Enmienda también ha sido propuesta por el profesor de Derecho de Harvard Lawrence Tribe. Por lo tanto, una ‘mayoría de los electores designados’ sería 228. En este momento hay 232 votos para Trump, 222 votos para Biden. Pence entonces da el mazo [para proclamar] al presidente Trump como reelegido”, dicen los tres primeros pasos de ese plan.
El plan contiene más puntos por si la cosa se complicaba. Si los demócratas señalaban que era necesario alcanzar los 270 votos exigidos para la proclamación del presidente, la forma de proceder sería la siguiente: “Pence dice: Bien, de conformidad con la 12ª Enmienda, ningún candidato ha alcanzado la mayoría necesaria. Eso envía el asunto a la Cámara [de Representantes], donde ‘las votaciones se harán por Estados, la representación de cada Estado tendrá un voto’. Los republicanos controlan actualmente 26 de las delegaciones estatales, la mayoría mínima necesaria para ganar esa votación. El presidente Trump también es reelegido allí”, señala la “propuesta” de origen no identificado.
El papel de Pence
El plan incluía más sugerencias para hacer frente a complicaciones en ese trámite parlamentario, incluido el recurso al filibusterismo, antes de concluir: “Lo principal aquí es que Pence haga esto sin pedir permiso, ya sea de una votación de la sesión conjunta o del Tribunal. Dejemos que la otra parte impugne sus acciones ante el Tribunal, donde, de nuevo, Tribe (y otros) alegan que se trata de cuestiones políticas no justiciables para conseguir que esas acciones sean desestimadas. El hecho es que la Constitución asigna este poder al vicepresidente como árbitro último. Deberíamos tomar todas nuestras medidas teniendo esto en cuenta”, dice el documento en primera persona del plural.
El vicepresidente no quiso plegarse a la presión de Trump, que en su mitin junto a la Casa Blanca, había dicho: “Mike Pence va a tener que cortar por lo sano y si no lo hace, será un día triste para nuestro país. Y Mike Pence, espero que te plantes por el bien de nuestra Constitución y por el bien de nuestro país. Y si no lo haces, voy a estar muy decepcionado contigo. Te lo digo ya mismo”. El vicepresidente aceptó las listas legítimas de electores aportadas por los Estados. El proceso de certificación del resultado electoral se interrumpió por el asalto al Capitolio. Los insurrectos coreaban: “¡Colguemos a Mike Pence!”.
El exvicepresidente Pence es uno de los republicanos que se han desmarcado de la candidatura de Trump para las elecciones del próximo 5 de noviembre. Ha señalado que no puede, “en conciencia”, pedir el voto para él. Esta semana, Trump ha dicho que el 6 de enero de 2021, fecha del asalto al Capitolio, fue “un día de amor”.
La jueza Tanya Chutkan denegó este jueves la petición de los abogados de Trump de retrasar hasta después de las elecciones la publicación (con partes aún bajo secreto) de actas judiciales y pruebas del caso, pues alegaban que su difusión supondría una forma de “interferencia electoral” ante las presidenciales de noviembre.
En su resolución de cinco páginas, Chutkan señaló que “los efectos incidentales de un litigio en la política no son lo mismo que la interferencia intencionada de un tribunal en ella”. “Es de hecho la medida solicitada por el demandado la que corre el riesgo de socavar ese interés público: si el tribunal retuviera información a la que el público tiene derecho a acceder únicamente por las posibles consecuencias políticas de su divulgación, esa retención podría constituir en sí misma ―o parecer― una interferencia electoral. Por lo tanto, el tribunal seguirá manteniendo las consideraciones políticas al margen de su toma de decisiones, en lugar de incorporarlas como solicita la demandada”, añadió."
(Miguel Jiménez, El País, 18/10/24)
No hay comentarios:
Publicar un comentario