"La película En los márgenes (2022), dirigida por Juan Diego Botto, refleja cómo el acceso a la vivienda se ha vuelto una lucha constante para millones de personas en España. Es una obra de ficción que se enfrenta a la realidad extrema de los desahucios, pero que anticipa la actual crisis de unos precios del alquiler que cada vez resultan más inaccesibles.
El problema para los inquilinos no proviene sólo de una situación económica personal, sino de una crisis sistémica que se ha agravado con el paso del tiempo. Detrás de las cifras hay historias personales, familias que enfrentan el miedo de perder su hogar. La crisis habitacional en España es una consecuencia directa de un mercado inmobiliario abandonado a los intereses especulativos, sin la intervención pública necesaria para garantizar precios justos.
En los últimos cuarenta años, las políticas de vivienda en España han fracasado en su objetivo de proporcionar hogares para toda la población. A pesar de una inversión superior a los 200.000 millones de euros, sobre todo en exenciones fiscales, no se ha logrado consolidar un parque público de vivienda que garantice unos precios razonables. Muchas de estas viviendas protegidas terminaron privatizándose, beneficiando a grandes inversores en lugar de a los ciudadanos que más las necesitaban.
La falta de una oferta pública estable ha permitido que el mercado inmobiliario caiga en manos de la especulación. Con el sector financiero y los grandes fondos inmobiliarios al mando, los precios de los alquileres han alcanzado niveles desorbitados. Entre 2015 y 2022, los alquileres se incrementaron en un 21%, afectando especialmente a grandes ciudades como Madrid y Barcelona, donde los alquileres ya suponen más del 40% de los ingresos de las familias trabajadoras.
Es necesario que se aplique la vigente ley de vivienda para establecer un control de precios en las zonas tensionadas y que de esta forma los alquileres no superen el 25-30% de los ingresos familiares. Esta medida aliviaría la presión económica sobre miles de hogares que destinan una parte desproporcionada de sus sueldos a pagar el alquiler. La negativa de las Comunidades gobernadas por el PP sólo es una declaración de principios de en qué lugar se sitúa la derecha.
Otra medida necesaria es la regulación del alquiler turístico y los contratos de corta duración. El auge de las plataformas de alquiler vacacional ha contribuido al aumento de precios en las principales ciudades, desplazando a los residentes de los barrios céntricos. La intervención del Estado en este ámbito es clave para frenar la especulación que se genera en torno a este tipo de alquileres y que encarece los precios del alquiler convencional. Pero esto, por sí sólo, no es suficiente.
El sindicato Comisiones Obreras propone la creación del Fondo de Inversión Público para la Vivienda Asequible (FIVA) como una solución estructural que permita aumentar la oferta de viviendas a precios razonables. Este fondo tiene como objetivo financiar la construcción de 50.000 viviendas anuales destinadas al alquiler. Se financiaría a través de una combinación de inversión estatal y aportaciones privadas, con la participación de pequeños inversores y fondos institucionales. Esta fórmula busca canalizar el ahorro de los ciudadanos y de grandes instituciones hacia un fin social: lograr el acceso a la vivienda para todos, como marca nuestra Constitución.
El FIVA no solo se centraría en la construcción de nuevas viviendas, sino también en la rehabilitación de viviendas vacías que actualmente están fuera del mercado. Estas viviendas rehabilitadas serían puestas a disposición en régimen de alquiler protegido, evitando así que caigan nuevamente en manos de especuladores o se destinen al mercado turístico. El objetivo final es crear un parque estable de viviendas protegidas que ofrezca alternativas reales a las familias que no pueden hacer frente a los alquileres del mercado privado.
Este modelo de fondo está inspirado en experiencias exitosas de países como Francia y Austria, donde se han utilizado fondos estatales para desarrollar parques de viviendas en suelos municipales. Este modelo ha sido clave para contener los precios del alquiler y garantizar un acceso real a la vivienda. En España, el FIVA podría replicar estos logros, proporcionando estabilidad y seguridad a medio plazo en el mercado inmobiliario, alejando la vivienda de las dinámicas especulativas que han prevalecido hasta ahora.
Los alquileres deberían establecerse a través de un sistema de fijación de precios basado en los costes de construcción pública, 1.560 euros por metro cuadrado. Este enfoque permitiría situar los alquileres entre 7 y 11 € por metro cuadrado mensual, lo que supondría una reducción mínima del 30% respecto a los precios actuales.
La crisis del alquiler en España es la consecuencia directa de décadas de políticas erradas, especulación inmobiliaria y falta de intervención. Las soluciones que propone CCOO —control de precios, regulación del alquiler turístico y la creación del FIVA— son pasos indispensables para frenar la espiral de precarización habitacional. No se trata solo de garantizar el acceso a la vivienda, sino de proteger un derecho fundamental que ha sido mercantilizado en beneficio de unos pocos.
Es imprescindible que el Gobierno actúe con rapidez y firmeza, priorizando el interés de la ciudadanía sobre los intereses especulativos. La creación de un parque nacional de vivienda mediante el FIVA, junto con la regulación del mercado, permitirá que el alquiler vuelva a ser una opción digna y con un precio ajustado.
Solo un cambio de raíz y una voluntad política decidida podrán revertir la situación actual. La vivienda es una necesidad básica
que no debe estar supeditada a los intereses del capital financiero.
Llegados a este punto, la acción de los poderes públicos es más
necesaria que nunca para proteger el bienestar de millones de personas
en España." (Daniel Bernabé, InfoLibre, 22/10/24)
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