"Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior (PP): Esto la Fiscalía te lo afina, hacemos una gestión.
Daniel de Alfonso, jefe de la Oficina Antifrau de Catalunya: Si la Fiscalía me dice: "Oye, lo he leído", yo entonces cierro los informes y...
JFD: ¿Y en cuánto tiempo puedes cerrar esto?
DA: En tres semanas.JFD: Lo digo porque una vez lo tenga la Fiscalía ya puede salir.
(...)
JFD: Yo puedo hacer la gestión con el fiscal general [Eduardo Torres-Dulce]. Decirle: "Mira, hay esto. Y a ver, oye, si esto tal..."
DA: Sí, sí. Él no lo conoce. Ni la Fiscalía ni nadie. Esto lo tengo yo para que vaya rápido. Tengo el de Fiscalía, tengo el que iría a la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Generalitat...
JFD: Yo puedo hacer la gestión con el fiscal general. Decirle: "Mira, hay esto. Y mira a ver oye si esto tal... ¿no?" Pero, claro, me va a pedir documentos..."
Podría seguir reproduciendo aquí textos y más textos de conversaciones entre los dos sujetos protagonistas de esta pequeña muestra de depravación democrática. La charla -se llama corrupción de Estado con utilización de recursos públicos para dinamitar otras opciones ideológicas y se apellida fascismo- es de 2014 y tiene lugar en el despacho del ministro del Interior del PP Fernández Díaz, donde fue grabada, publicada por este diario en 2016 y puesta a disposición de la Fiscalía para la investigación de un caso de corrupción institucional tan flagrante como parecía.
Lo era, pero la Fiscalía lo ignoró, como si Público le estuviera entregando un ejemplar mohoso del Quijote de Avellaneda. ¿Quién era el o la fiscal general del Estado en 2016, cuando dimos esta exclusiva -y tantas que vinieron después, como la de "El presidente [Rajoy] lo sabe", con unos audios perfectamente peritados y audibles que dejaron a España en shock? Consuelo Madrigal, que tuvo la osadía (un decir) de ignorar una de las pruebas iniciales del caso de corrupción de Estado más grave tras el terrorismo de los GAL, sí, ese que mataba a inocentes porque, quién sabe, a lo mejor eran de ETA y más vale prevenir que lamentar. Cuando se hace una denuncia en base a informaciones publicadas, hay que llevar algo más que una hoja impresa, por ejemplo, y como se hizo en este caso, con las conversaciones grabadas y autentificadas entre altos cargos del Estado conspirando para manipular o inventar informaciones que perjudicaran a un rival político (un "enemigo", en el argot de la derecha ultra y la ultraderecha) que empezaba a preocupar al Gobierno español de turno, el de Rajoy, porque, oye, para el PP, lo de hacer política siempre es mejor en las cloacas o en los tribunales, si se controla la sala de lo penal "desde detrás". En el caso de la operación Cataluña, ambas cosas, cloacas y tribunales, porque democracia, sí, pero no se pasen.
Este miércoles escuchamos muy digna, casi ofendida, a Consuelo Madrigal: "Yo habría dimitido". Se ponía en la piel de su sucesor Álvaro García Ortiz, al que el Supremo continúa acosando por haber aclarado una información falsa surgida y difundida (¡sorpresa!) por el equipo de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, sobre la situación bien conocida de su pareja, un defraudador fiscal confeso, o sea, un delincuente autoinculpado. Han leído bien: el investigado es el fiscal general del Estado, a quien le pareció una idea acertada defender el buen nombre de la institución a la que representa sin desvelar absolutamente nada de la investigación sobre la pareja de Ayuso que no estuviera publicado y contado ya, tal y como reconoció el propio Supremo antes de confirmar que estaba imputado por sus santas puñetas. ¿Entonces? Entonces pregunten a Pablo Casado lo que pasa si denuncias que todo familiar o sucedáneo que toca a la presidenta madrileña se convierte en rico. No se libró Casado y creía García Ortiz que se iba él a ir de rositas, por mucho fiscal general que sea y que, a mayores, ni es del PP ni lo parece. A quién se le ocurre..."
( Ana Pardo de Vera, Público, 17/10/24)
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