"El lawfare sigue ensañándose con Mónica Oltra. Tras lograr la dimisión de la exvicepresidenta valenciana en 2022, la ofensiva reaccionaria ha conseguido ahora reactivar un caso que había sido desestimado hace más de un año por el juez instructor tras no hallar “un solo indicio” de delito. Ahora, la antigua número dos de la Generalitat Valenciana y consejera de Igualdad tendrá que sentarse en el banquillo en la fase de juicio oral.
Luis Ramírez Icardi, expareja de Oltra, fue condenado a cinco años de cárcel en marzo de 2021 por un delito de abusos sexuales contra una niña tutelada de 13 años. A través de la víctima, defendida por el ultraderechista José Luis Roberto Navarro –quien fuera líder de España 2000–, la extrema derecha vio una posibilidad de atacar a la abogada de Compromís, azote del PP durante el gobierno Camps. La denuncia que relacionó a Oltra con el caso llegó a través de Cristina Seguí, cofundadora de Vox, aunque entre los más interesados en hacerla caer militaba también el lobby sanitario encarnado en la empresa Ribera Salud.
El argumento utilizado para justificar la cacería judicial y mediática contra Mónica Oltra fue que había aprovechado su posición de vicepresidenta de la Generalitat para entorpecer la investigación contra su expareja y desacreditar las declaraciones de la víctima. A pesar de que ni siquiera eran convivientes, el proceso avanzó y empezó a sumar la colaboración política y mediática hasta que el desgaste fue insoportable y Oltra dejó su cargo en junio de 2022.
Dos años después, el juez de instrucción ordenó el archivo de la causa. “Se ha reiterado hasta la saciedad que no existe un solo indicio de que se dictara orden o instrucción alguna emanada de los cargos directivos de la Conselleria dirigidas a ocultar los hechos ni a desacreditar a la menor”, se leía en aquel escrito, que contaba con 96 páginas. Apenas doce folios tiene el auto que ha provocado ahora la reapertura del caso, atendiendo a un recurso presentado por Vox y apoyado, una vez más, por la agitadora ultra Cristina Seguí a través de su asociación Gobierna-Te.
El nuevo auto sustituye los indicios de criminalidad, inexistentes, por las hipótesis plausibles, y consagra una suerte de derecho a acusar aparentemente independiente de la veracidad de esas acusaciones. La jueza de Valencia que lo firma, catalogada como progresista, entrará en la historia como una innovadora del Estado de Derecho. Pasamos de la presunción de inocencia a la probabilidad de que haya “algo”: de la instrucción prospectiva, al juicio prospectivo. “Es suficiente con la existencia de indicios que establezcan la probabilidad de la implicación, lo que no excluye la posibilidad de que tal implicación no exista”, afirma el auto. Y sigue: “Es así porque esta resolución, que fija la legitimación pasiva, no prejuzga la culpabilidad de un investigado ni de forma alguna excluye su inocencia, limitándose a conferir al encausado un determinado estatus como parte procesal”. Surrealismo puro.
Estamos ante un episodio más de la incesante y bochornosa ofensiva judicial de la derecha y la extrema derecha contra aquellos y, en especial, aquellas disidentes que se atreven a cuestionar el statu quo en el Estado español. El lawfare de género es una herramienta que destroza carreras políticas, reputaciones y vidas de mujeres con total impunidad. Solo cabe recordar que el nazismo, el franquismo y otras autocracias liberticidas cuajaron así. Gracias a jueces militantes y exaltados que olvidaron en la puerta de los juzgados la balanza de la justicia y la sustituyeron por una infame doble vara de medir." (Editorial CTXT, 14/05/25)
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