"La amnistía, como era de esperar, ha suscitado un encendido debate en el seno de la sociedad española que en mi opinión debería ceñirse a los ciudadanos, los medios de comunicación, los constitucionalistas, los politólogos, los juristas y fundamentalmente a los partidos políticos que, según la Constitución, expresan el pluralismo político y concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política.
No sin cierta preocupación, podemos observar cómo instituciones que tienen reconocimiento constitucional se pronuncian colectivamente y al margen de cada uno de sus miembros, sobre esta cuestión. Me voy a referir concretamente a tres de estos actores. La Iglesia católica, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y la Asociación de Fiscales de derechas
(...) la Asociación de Fiscales de tendencia y marcado sesgo derechista salta a la palestra con un escrito que si no lo hubiera refrendado en persona su presidenta parecería salido de un gabinete dedicado a confeccionar guiones para un programa de humor. Rompiendo sus obligaciones constitucionales se han posicionado sobre una cuestión cuya competencia corresponde exclusivamente a sede de la soberanía nacional que ellos no ostentan. Su contenido seguramente causará asombro en los organismos internacionales a los que va dirigido.
Han llegado a sostener sin rubor que la
concesión de una amnistía nos situaría al mismo nivel que Polonia y
Hungría en cuanto a la protección de la independencia judicial y del
Estado de derecho. Con notorio desconocimiento del principio de
legalidad les dicen a los comisarios europeos que los independentistas
han sido condenados por delitos contra la Constitución. Esta afirmación,
sostenida por personas que tienen entre sus funciones la defensa del
principio de legalidad resulta preocupante. Deberían saber que solo
fueron condenados por un delito contra el orden público (sedición)
posteriormente derogado y por otro de malversación contra las
Administraciones Públicas.
Pero lo que me parece una deslealtad intolerable y me preocupa la impasibilidad de los órganos estatutarios del Ministerio fiscal, con todo respeto al principio de la libertad de expresión, que se permitan solicitar en un rasgo de patriotismo que les define, la retirada de los fondos comunitarios a España, es decir a todos los españoles incluidos ellos mismos. El presente Reglamento establece las disposiciones necesarias para la protección del presupuesto de la Unión en caso de vulneración de los principios del Estado de Derecho en los Estados miembros. La Asociación de Fiscales urge a los comisarios europeos a instar a España a que "se abstenga de promover una ley de amnistía como la pretendida, al entender que pone en situación de grave riesgo el Estado de Derecho en España por ser contraria a los principios de separación de poderes y de independencia judicial y, por lo tanto, por quebrantar algunos de los valores esenciales de la Unión Europea". ¿A qué valores se refieren?
Lo único que comparto con la presidenta es que con actuaciones como la suya está en peligro el estado de derecho, pero por la falta de racionalidad y el sentido común de su comunicado. Espero que, si les contestan, nos comuniquen su respuesta.
También podrían sumarse a la fiesta las federaciones deportivas, las asociaciones de vecinos, los amigos del vino tinto, las cofradías penitenciales de Semana Santa y otros colectivos con desenfado suficiente para participar en el aquelarre. Es el momento de recordar un refrán español muy arraigado ¡Cada mochuelo a su olivo! "
(José Antonio Martín Pallín. Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas (Ginebra). Ha sido Fiscal y Magistrado del Tribunal Supremo. Público, 07/10/23)
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