La sentencia del Supremo que prohíbe al fondo buitre vender por encima del precio de compra las viviendas de protección que le 'regaló' la entonces alcaldesa Ana Botella puede suponer un cambio histórico en la política de vivienda... supone el primer gran revés para los fondos buitres en España... Por primera vez, dicho fondo tendrá que vender las viviendas que recibieron como regalo por parte del Ayuntamiento de Madrid, liderado entonces por la alcaldesa Ana Botella, al mismo precio de compra, unos 68.000€. Es decir, los ciudadanos que habitaban dichas viviendas –en esta primera sentencia son cuatro familias– podrán readquirirlas, revocando la estafa que supuso aquella operación para 1.800 familias... La proliferación de fondos de inversión bajo la legislación Socimi, con ramificaciones familiares muy cercanas a la familia Aznar, se han aprovechado de una legislación fiscal muy laxa, provocando, mediante prácticas de dudosa legalidad, la expulsión de inquilinos vulnerables con el beneplácito de administraciones gobernadas por el PP, pero también de medios de comunicación y, hasta hoy, de gran parte de la judicatura... Ello explica por qué el capital extranjero, de dudoso origen en muchos casos, prefiere invertir en España frente a otros países... Siendo relevante esta sentencia contra las practicas de las socimis queda el regusto amargo de que los verdaderos culpables, el Ayuntamiento de Madrid, liderado por Ana Botella, se han librado de todo reproche penal y político, lo cual demuestra lo viciado que está el sistema judicial patrio, y cómo el entramado de las grandes corporaciones ha colonizado el poder político... Y, sobre todo, dar las gracias a un abogado ilustre e histórico como Mariano Benítez de Lugo, que ha dado una lección jurídica y humanitaria a todos los estamentos afectados, especialmente al PSOE de Madrid, que prescindió de sus servicios por ser demasiado caro. Cuánta mezquindad y mediocridad en dicha organización. Ahora se explica mejor su irrelevancia social y política en la capital de España (Alejandro Inurrieta)

 "La sentencia del Supremo que prohíbe al fondo buitre vender por encima del precio de compra las viviendas de protección que le 'regaló' la entonces alcaldesa Ana Botella puede suponer un cambio histórico en la política de vivienda

La reciente sentencia del Tribunal Supremo, corroborando la previamente dictada por la Audiencia Provincial de Madrid, supone el primer gran revés para los fondos buitres en España. Por primera vez, dicho fondo tendrá que vender las viviendas que recibieron como regalo por parte del Ayuntamiento de Madrid, liderado entonces por la alcaldesa Ana Botella, al mismo precio de compra, unos 68.000€. Es decir, los ciudadanos que habitaban dichas viviendas –en esta primera sentencia son cuatro familias– podrán readquirirlas, revocando la estafa que supuso aquella operación para 1.800 familias. 

Esta sentencia puede suponer un cambio histórico en el devenir de la política publica de vivienda en las instituciones madrileñas, pero también en el resto del territorio nacional. La proliferación de fondos de inversión bajo la legislación Socimi, con ramificaciones familiares muy cercanas a la familia Aznar, se han aprovechado de una legislación fiscal muy laxa, provocando, mediante prácticas de dudosa legalidad, la expulsión de inquilinos vulnerables con el beneplácito de administraciones gobernadas por el PP, pero también de medios de comunicación y, hasta hoy, de gran parte de la judicatura.

La introducción de las socimis fue iniciada por el PSOE en la última etapa de Zapatero, pero en sus inicios la fiscalidad era muy diferente, pues se obligaba a pagar impuesto de sociedades, aunque reducido, a estos vehículos de inversión. Esta fue la razón por la que, en sus inicios, apenas se constituyeron sociedades de este tipo, al margen de las restrictivas condiciones de cotización en mercados organizados. Fue la llegada del PP al gobierno lo que posibilitó, tras la reforma llevada a cabo al dictado del lobby inmobiliario, la eclosión de este tipo de sociedades, muchas de las cuales se han aprovechado de personas que han estado ligadas al poder político, tanto del PP, como del PSOE. 

Esta modificación legislativa explica la llegada de enormes cantidades de inversión hacia el sector inmobiliario en España, siendo muy perceptible el volumen de inversión de fondos de pensiones internacionales que han logrado penetrar en el mercado inmobiliario, provocando el desahucio de miles de trabajadores vulnerables. Esta política basada en el rentismo de particulares, pero también en la proliferación de vehículos de inversión con capital transnacional, ha diseñado un nuevo paradigma en la provisión de vivienda para el alquiler, contradiciendo la tónica y el modelo de vivienda publica que se consolida en la UE. Ello explica por qué el capital extranjero, de dudoso origen en muchos casos, prefiere invertir en España frente a otros países. 

Todos estos factores financieros y fiscales, junto a la ausencia de control y supervisión del mercado inmobiliario, constituyen los ejes de la política inmobiliaria, que no política de vivienda, llevada a cabo por parte del PSOE y el PP durante los últimos años. No es baladí que los gestores del lobby inmobiliario Asval hayan sido durante los últimos años dirigentes socialistas como Clos, ex alcalde de Barcelona, o Helena Beunza, antigua secretaria general de Vivienda, también del PSOE. Estos dirigentes, junto a los grandes gestores de fondos, han presionado al actual presidente de Gobierno para modificar y descafeinar la actual Ley de Vivienda, que introduce los controles de precios de alquiler. Pero también son los artífices que han imposibilitado la eliminación de las ventajas fiscales de las socimis en la reciente votación del paquete fiscal en el Congreso. El PSOE sigue siendo el mejor aliado de los grandes fondos de inversión en el mercado inmobiliario, como se ha demostrado en múltiples declaraciones de la actual ministra de Vivienda. 

Los grandes fondos han tenido hasta ahora como aliados a los grandes partidos políticos, sobre todo los que manejan el BOE, pero no contaban con que la judicatura les fuera a contradecir en sus prácticas presuntamente contrarias a derecho, como ha sancionado el Tribunal Supremo. En este punto merece la pena destacar al abogado que ha pilotado, con un esfuerzo personal ingente, esta cruzada contra el poder de los Fondos de Inversión y Socimis, Mariano Benítez de Lugo.  Curiosamente, este abogado estaba contratado por el grupo municipal socialista del Ayuntamiento de Madrid y fue despedido mediante un SMS con la excusa de que era muy caro, cuando prácticamente no cobra nada a los afectados por la estafa del propio Ayuntamiento de Madrid al vender estos pisos a Fidere. 

Siendo relevante esta sentencia contra las practicas de las socimis queda el regusto amargo de que los verdaderos culpables, el Ayuntamiento de Madrid, liderado por Ana Botella, se han librado de todo reproche penal y político, lo cual demuestra lo viciado que está el sistema judicial patrio, y cómo el entramado de las grandes corporaciones ha colonizado el poder político, incluso entre los partidos que se autodenominan progresistas.  

En suma, es momento de brindar porque, por fin, el alto tribunal ha dictado una sentencia que favorece a miles de familias que fueron expulsadas de sus viviendas por parte del Ayuntamiento de Madrid, mediante un regalo a Fidere y que ahora podrán comprar al mismo precio de saldo. Esperemos que se ejecute dicha sentencia lo antes posible y sea extensible al resto de las familias que tienen pendiente la misma sentencia que debería coincidir por unidad de doctrina. Y, sobre todo, dar las gracias a un abogado ilustre e histórico como Mariano Benítez de Lugo, que ha dado una lección jurídica y humanitaria a todos los estamentos afectados, especialmente al PSOE de Madrid, que prescindió de sus servicios por ser demasiado caro. Cuánta mezquindad y mediocridad en dicha organización. Ahora se explica mejor su irrelevancia social y política en la capital de España"    (Alejandro Inurrieta, eldiario.es, 06/12/24)