"(...) Cuando más de tres meses después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) pidiera la imputación del fiscal general del Estado– vean ustedes la urgencia y gravedad del caso aunque se justifique con el parón de agosto– la Sala Segunda del Supremo resolvió -previo anuncio de la primicia por MAR, el 8 de una semana antes de el FGE iría p’alante en el Supremo- asumir la competencia, dejó claro que la nota informativa del 14 de marzo no revestía caracteres de delitos como afirmaba el TSJM.
¿Qué pasó? ¿Por qué asumía la investigación si venia a decir nullum crimen?
Ya hemos contado en estas páginas que en la sala presidida por Marchena no había consenso sobre la exposición razonada del TSJM. Y el presidente siempre buscaba la unanimidad.
La magistrada ponente, Susana Polo, no compartía el criterio de abrir una investigación del fiscal general del Estado por la nota informativa. Porque la nota estaba amparada por el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) y, además, el fiscal general del Estado se había hecho responsable a través de un escrito al TSJM.
¿Resulta que ahora el Supremo tenía que dictarle a la FGE lo que tenía que decir en un comunicado?
Pero el papel aguanta todo lo que le pongan. Y así fue. En lugar de investigar lo que pedía el TSJM, se cambió el objeto de la investigación.
Fue una curiosa resolución a lo Groucho – se le atribuye al célebre actor la frase de “estos son mis principios, y si no le gustan, tengo otros”- para asumir la causa en la Plaza de la Villa de París.
La pregunta es: ¿cómo pueden ustedes señores magistrados, cambiar el título de imputación -apoyándose en una providencia dictada el 30 de julio que unía las denuncias por la filtración del correo - en el auto de admisión de un procedimiento contra un aforado?
Es como si cuando llegue en los próximos días a la Sala Segunda del Supremo la autorización del Congreso del Diputados al suplicatorio solicitado por el magistrado Eduardo de Porres para investigar al diputado José Luis Abalos, el magistrado va y dice: muy bien pero ahora le vamos a investigar por una violación.
Oiga aquí lo que pidió la sala del TSJM es perseguir la publicación de una nota informativa y usted le da la vuelta: ¡ Ah no, es que eso no es delito, pero me lo quedo y vamos a investigar … la filtración de un correo.
Sí, el papel lo aguanta todo. Y quizá alguno de los magistrados de la sala -al menos uno o una- se mirase al espejo llevándose las manos a la cabeza cuando el instructor Hurtado decidió enviar simultáneamente a la Unidad Operativa (UCO) a la Fiscalía General del Estado y a la Fiscalía Provincial de Madrid para llevarse toda la información de los dispositivos – una faena de doce horas de intenso trabajo con móviles, tabletas y ordenadores- y espiar judicialmente en lo que, sin duda, es la mayor afectación al derecho fundamental al secreto de las comunicaciones y la libertad de expresión en atención a “indicios”, lo que en ningún caso supone o sustituye un juicio razonado de proporcionalidad, cuenta habida de que durante años, tanto el Tribunal Supremo como el Tribunal Constitucional han establecido que en caso de grave criminalidad la interceptación de las comunicaciones se debe hacer para el futuro seguimiento.
Después de que el elefante se retiró de la cacharrería, aquella noche del 31 de octubre, ante la perplejidad del respetable, el instructor corrió a redactar otra resolución -toda la información ya estaba en poder de la UCO- en la que delimitaba que se le debía extractar lo que pudiera estar relacionado con el correo entre los días 8 y el 14 de marzo de 2024.
Para este viaje no hacía falta encargar las alforjas que se llevó la UCO.
El estriptis, todo hay que decirlo, ha sido general. Nadie escarmienta en cabeza ajena. La fiscalía General del Estado ha abierto expedientes respecto del secreto de la información: ahí están los casos de los fiscales Vicente González Mota e Ignacio Stampa (objeto de una investigación penal y su separación de facto del caso Tándem-Villarejo).
Ser fiscal general del Estado con un gobierno progresista es estar a contracorriente. No puedes actuar como si eso no existiera y pensar que tú puedes hacer como FGE de Pedro Sánchez lo mismo que pudo hacer en su momento Jesús Cardenal fiscal general de José María Aznar.
El fiscal general del Estado que presume de progresista está herido de muerte ab initio y si no tienes cuidado te matan. Si eres Marchena una filtración no se va a investigar. Si un magistrado del Supremo es fiscal general del Estado será imposible que le metan a la UCO en Fortuny, 4. Y si eres García sí te van a investigar.
Y, claro, que también, Marchena lo hace bien y tú no.
El juez Hurtado ya cuenta con datos que, según dijo este jueves en la declaración de Almudena Lastra, fiscal superior de Madrid que él ha podido disponer sin estar todavía aportados a la causa- los de las compañías telefónicas Movistar y Vodafone, al parecer.
Lastra narró que le dijo directamente el 14 de marzo a García que había sido él quien había filtrado el contenido del correo a la cadena SER. Estaba convencida de ello y por tanto no lo hizo en tono de pregunta. García respondió que “eso, ahora, no importa”.
Alea jacta es.
Pedro Sánchez ya busca fiscal general del Estado.
¿Qué pasó? ¿Por qué asumía la investigación si venia a decir nullum crimen?
Ya hemos contado en estas páginas que en la sala presidida por Marchena no había consenso sobre la exposición razonada del TSJM. Y el presidente siempre buscaba la unanimidad.
La magistrada ponente, Susana Polo, no compartía el criterio de abrir una investigación del fiscal general del Estado por la nota informativa. Porque la nota estaba amparada por el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) y, además, el fiscal general del Estado se había hecho responsable a través de un escrito al TSJM.
¿Resulta que ahora el Supremo tenía que dictarle a la FGE lo que tenía que decir en un comunicado?
Pero el papel aguanta todo lo que le pongan. Y así fue. En lugar de investigar lo que pedía el TSJM, se cambió el objeto de la investigación.
Fue una curiosa resolución a lo Groucho – se le atribuye al célebre actor la frase de “estos son mis principios, y si no le gustan, tengo otros”- para asumir la causa en la Plaza de la Villa de París.
La pregunta es: ¿cómo pueden ustedes señores magistrados, cambiar el título de imputación -apoyándose en una providencia dictada el 30 de julio que unía las denuncias por la filtración del correo - en el auto de admisión de un procedimiento contra un aforado?
Es como si cuando llegue en los próximos días a la Sala Segunda del Supremo la autorización del Congreso del Diputados al suplicatorio solicitado por el magistrado Eduardo de Porres para investigar al diputado José Luis Abalos, el magistrado va y dice: muy bien pero ahora le vamos a investigar por una violación.
Oiga aquí lo que pidió la sala del TSJM es perseguir la publicación de una nota informativa y usted le da la vuelta: ¡ Ah no, es que eso no es delito, pero me lo quedo y vamos a investigar … la filtración de un correo.
Sí, el papel lo aguanta todo. Y quizá alguno de los magistrados de la sala -al menos uno o una- se mirase al espejo llevándose las manos a la cabeza cuando el instructor Hurtado decidió enviar simultáneamente a la Unidad Operativa (UCO) a la Fiscalía General del Estado y a la Fiscalía Provincial de Madrid para llevarse toda la información de los dispositivos – una faena de doce horas de intenso trabajo con móviles, tabletas y ordenadores- y espiar judicialmente en lo que, sin duda, es la mayor afectación al derecho fundamental al secreto de las comunicaciones y la libertad de expresión en atención a “indicios”, lo que en ningún caso supone o sustituye un juicio razonado de proporcionalidad, cuenta habida de que durante años, tanto el Tribunal Supremo como el Tribunal Constitucional han establecido que en caso de grave criminalidad la interceptación de las comunicaciones se debe hacer para el futuro seguimiento.
Después de que el elefante se retiró de la cacharrería, aquella noche del 31 de octubre, ante la perplejidad del respetable, el instructor corrió a redactar otra resolución -toda la información ya estaba en poder de la UCO- en la que delimitaba que se le debía extractar lo que pudiera estar relacionado con el correo entre los días 8 y el 14 de marzo de 2024.
Para este viaje no hacía falta encargar las alforjas que se llevó la UCO.
El estriptis, todo hay que decirlo, ha sido general. Nadie escarmienta en cabeza ajena. La fiscalía General del Estado ha abierto expedientes respecto del secreto de la información: ahí están los casos de los fiscales Vicente González Mota e Ignacio Stampa (objeto de una investigación penal y su separación de facto del caso Tándem-Villarejo).
Ser fiscal general del Estado con un gobierno progresista es estar a contracorriente. No puedes actuar como si eso no existiera y pensar que tú puedes hacer como FGE de Pedro Sánchez lo mismo que pudo hacer en su momento Jesús Cardenal fiscal general de José María Aznar.
El fiscal general del Estado que presume de progresista está herido de muerte ab initio y si no tienes cuidado te matan. Si eres Marchena una filtración no se va a investigar. Si un magistrado del Supremo es fiscal general del Estado será imposible que le metan a la UCO en Fortuny, 4. Y si eres García sí te van a investigar.
Y, claro, que también, Marchena lo hace bien y tú no.
El juez Hurtado ya cuenta con datos que, según dijo este jueves en la declaración de Almudena Lastra, fiscal superior de Madrid que él ha podido disponer sin estar todavía aportados a la causa- los de las compañías telefónicas Movistar y Vodafone, al parecer.
Lastra narró que le dijo directamente el 14 de marzo a García que había sido él quien había filtrado el contenido del correo a la cadena SER. Estaba convencida de ello y por tanto no lo hizo en tono de pregunta. García respondió que “eso, ahora, no importa”.
Alea jacta es.
Pedro Sánchez ya busca fiscal general del Estado.
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