Con rebajar nuestro fraude en estos diez puntos que nos diferencian de la media de los países de nuestro entorno, ingresaríamos anualmente cerca de 38.000 millones de euros

"Pero, ¿qué es el fraude fiscal? ¿Es la factura del fontanero con o sin IVA? ¿Los 2,4 millones de euros que la Audiencia Nacional condena pagar a Luis Figo a Hacienda referidos a una controversia por derechos de imagen? ¿O la posibilidad de establecer tu residencia en un paraíso fiscal para no tributar a la Hacienda Española? El fraude fiscal es simplemente el hecho de dejar de ingresar a la Hacienda Pública. (...)

O dicho de otra manera, que uno de cada cuatro euros se escapan del control fiscal. Aún más preocupante es que nuestras cifras de fraude se sitúen diez puntos por encima de la media de nuestros países vecinos de la Unión Europea. 

Y hablamos de la media, no de aquellos países con una mayor conciencia fiscal cuyas cifras de fraude están alrededor del 4%, como podrían ser Suecia o Dinamarca. 

De manera que es menester tener claro que sólo con rebajar nuestro fraude en estos diez puntos que nos diferencian de la media de los países de nuestro entorno, ingresaríamos anualmente cerca de 38.000 millones de euros, quince veces más que lo que se espera recaudar mediante la amnistía fiscal anunciada por el gobierno del Partido Popular. (...)

En el otro vértice de la justicia impositiva, estarían los que sí defraudan al Estado, y al respecto se estima que más del 72% del fraude lo cometen actualmente los grandes patrimonios y las grandes empresas. 

Podemos aportar como dato empírico el hecho de que, al cierre del ejercicio 2010, existían en nuestro país 3.113 Sociedades de Inversión de Capital Variable (SICAV) que gestionaban un patrimonio acumulado de 26.154,3 millones de euros, reguladas por una normativa del todo ventajosa que no las empuja a gestionar el patrimonio de un conjunto de partícipes, sino a gestionar y aminorar la tributación de grandes patrimonios individuales. 

De modo que, cuando hablamos de grande patrimonios, surge inevitablemente una pregunta: ¿para cuándo un impuesto sobre grandes patrimonios que grave no sólo la renta titularidad de las personas físicas, sino la totalidad de la renta real que se esconde tras estas sociedades instrumentales, muchas veces a través de entramados que acaban irremediablemente gestionados por empresas fantasma domiciliadas en paraísos fiscales? 

Sin entrar en las sofisticadas y modernas normativas fiscales de determinados países como Belize, Panamá, Luxemburgo, podemos poner aquí el ejemplo de la Isla de Sark, que en 2005 tenía una población de 575 habitantes al tiempo que poseía domiciliadas a más de 15.000 empresas (y uno sólo de sus residentes era el director financiero —figura similar al administrador de la sociedad en nuestra normativa estatal— de más de 2.400 de ellas).

Actualmente, estos territorios están contribuyendo con su singular aportación a la pesadilla financiera que vivimos. Su insolidaridad hace que la disminución de los ingresos impositivos de los Estados, tan necesarios en el contexto actual, haga peligrar nuestro Estado del Bienestar y el mantenimiento de sus prestaciones sociales básicas. (...)

Entre los años 2007 y 2010 el volumen de ingresos tributarios ha descendido en 41.140 millones de euros, lo que equivale a una caída impositiva de más del 20% en términos de recaudación. Desde luego, hay instrumentos para erradicar el fraude fiscal. Otra cosa es que se disponga plenamente de ellos. 

En este sentido, España es un caso paradigmático: pese a tener un nivel de economía sumergida en torno al 23% de su PIB —porcentaje sólo comparable a Grecia e Italia—, cuenta con un empleado de la Agencia Tributaria por cada 1.680 contribuyentes: un indicador tres veces inferior al de la media de los países de la OCDE y cinco veces inferior a países vecinos como Francia o Alemania."          (Rebelión, 04/05/2012, 'El fraude fiscal en España', Miguel Ángel Mayo,mientras tanto)