"Pero, ¿qué es el fraude fiscal? ¿Es la factura del fontanero con o sin
IVA? ¿Los 2,4 millones de euros que la Audiencia Nacional condena pagar a
Luis Figo a Hacienda referidos a una controversia por derechos de
imagen? ¿O la posibilidad de establecer tu residencia en un paraíso
fiscal para no tributar a la Hacienda Española? El fraude fiscal es
simplemente el hecho de dejar de ingresar a la Hacienda Pública. (...)
O dicho de otra manera, que uno de cada cuatro euros se escapan del
control fiscal. Aún más preocupante es que nuestras cifras de fraude se
sitúen diez puntos por encima de la media de nuestros países vecinos de
la Unión Europea.
Y hablamos de la media, no de aquellos países con una
mayor conciencia fiscal cuyas cifras de fraude están alrededor del 4%,
como podrían ser Suecia o Dinamarca.
De manera que es menester tener
claro que sólo con rebajar nuestro fraude en estos diez puntos que nos
diferencian de la media de los países de nuestro entorno, ingresaríamos
anualmente cerca de 38.000 millones de euros, quince veces más que lo
que se espera recaudar mediante la amnistía fiscal anunciada por el
gobierno del Partido Popular. (...)
En el otro vértice de la justicia impositiva, estarían los que sí
defraudan al Estado, y al respecto se estima que más del 72% del fraude
lo cometen actualmente los grandes patrimonios y las grandes empresas.
Podemos aportar como dato empírico el hecho de que, al cierre del
ejercicio 2010, existían en nuestro país 3.113 Sociedades de Inversión
de Capital Variable (SICAV) que gestionaban un patrimonio acumulado de
26.154,3 millones de euros, reguladas por una normativa del todo
ventajosa que no las empuja a gestionar el patrimonio de un conjunto de
partícipes, sino a gestionar y aminorar la tributación de grandes
patrimonios individuales.
De modo que, cuando hablamos de grande
patrimonios, surge inevitablemente una pregunta: ¿para cuándo un
impuesto sobre grandes patrimonios que grave no sólo la renta
titularidad de las personas físicas, sino la totalidad de la renta real
que se esconde tras estas sociedades instrumentales, muchas veces a
través de entramados que acaban irremediablemente gestionados por
empresas fantasma domiciliadas en paraísos fiscales?
Sin entrar en las
sofisticadas y modernas normativas fiscales de determinados países como
Belize, Panamá, Luxemburgo, podemos poner aquí el ejemplo de la Isla de
Sark, que en 2005 tenía una población de 575 habitantes al tiempo que
poseía domiciliadas a más de 15.000 empresas (y uno sólo de sus
residentes era el director financiero —figura similar al administrador
de la sociedad en nuestra normativa estatal— de más de 2.400 de ellas).
Actualmente,
estos territorios están contribuyendo con su singular aportación a la
pesadilla financiera que vivimos. Su insolidaridad hace que la
disminución de los ingresos impositivos de los Estados, tan necesarios
en el contexto actual, haga peligrar nuestro Estado del Bienestar y el
mantenimiento de sus prestaciones sociales básicas. (...)
Entre los años 2007 y 2010 el volumen de ingresos tributarios ha
descendido en 41.140 millones de euros, lo que equivale a una caída
impositiva de más del 20% en términos de recaudación. Desde luego, hay
instrumentos para erradicar el fraude fiscal. Otra cosa es que se
disponga plenamente de ellos.
En este sentido, España es un caso
paradigmático: pese a tener un nivel de economía sumergida en torno al
23% de su PIB —porcentaje sólo comparable a Grecia e Italia—, cuenta con
un empleado de la Agencia Tributaria por cada 1.680 contribuyentes: un
indicador tres veces inferior al de la media de los países de la OCDE y
cinco veces inferior a países vecinos como Francia o Alemania." (Rebelión, 04/05/2012, 'El fraude fiscal en España', Miguel Ángel Mayo,mientras tanto)
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