Artículo 129 de la Constitución española: Los poderes públicos... establecerán los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción - Implantar la democracia económica en España es constitucional
"Es casi seguro que América Latina paga el precio económico más alto del mundo por el crimen organizado. Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el crimen le cuesta a América Latina y el Caribe (ALC) un promedio de 3.44% del PIB anualmente, equivalente al 78% de todo el gasto público en educación de la región. Pero hay discrepancias significativas dentro de ALC. Brasil, Colombia y México destacan tanto por la magnitud del problema como por la forma en que opera el crimen organizado.
Antes de pasar a las cifras, es indispensable una advertencia. Este análisis cubre únicamente los costos económicos —inversión, productividad y crecimiento perdidos— y no el costo humano de las vidas perdidas, las comunidades desplazadas y las familias destrozadas, ya que ninguna cifra podría capturarlo sin trivializarlo. Los números que siguen son un piso, no un techo, del daño real.
Durante más de 40 años, Colombia ha sido frenada por redes criminales construidas en torno a un solo producto ilícito: la cocaína. La “industria” de la cocaína en Colombia equivale a un cuasi-sector exportador, y el negocio está en auge. Un estudio estima que solo en 2024, el narcotráfico de cocaína generó cerca de $16,500 millones de dólares para las organizaciones criminales—alrededor del 4.4% del PIB, más de lo que el país obtiene por sus exportaciones petroleras.
A esto se suman los costos más amplios del crimen y la violencia—estimados por el BID y Fedesarrollo en 3.6% del PIB en 2022—y el lastre sobre el crecimiento se vuelve aún mayor. Colombia ha padecido durante mucho tiempo un conflicto armado que involucra a grupos paramilitares de extrema derecha, organizaciones guerrilleras de extrema izquierda y carteles criminales, en el que la industria del narcotráfico juega un papel clave. El gobierno combatió a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) durante más de medio siglo, antes de alcanzar un acuerdo de paz en 2016.
Un estudio calculó que eliminar por completo el conflicto armado en Colombia entre 1988 y 2009 podría haber sumado hasta 4.4 puntos porcentuales al crecimiento económico anual. Cuando el cultivo de coca se dispara en una zona determinada, los homicidios le siguen de cerca, junto con el desplazamiento forzado y los ataques de grupos armados. Y el daño se agrava también a nivel empresarial. Una investigación sobre empresas colombianas encontró que los secuestros dirigidos contra negocios específicos—a diferencia de la violencia generalizada en sus alrededores—hacen que los gerentes reduzcan la inversión durante años después, pues el propio miedo se convierte en un impuesto sobre hacer negocios.
El acuerdo de 2016 con las FARC no trajo consigo ese dividendo de paz. La economía criminal que el pacto buscaba desmantelar ha seguido prosperando, con el cultivo de coca alcanzando un récord de 253,000 hectáreas en 2023. Además, los grupos de crimen organizado se han diversificado hacia la extorsión y la minería ilegal—los principales obstáculos al crecimiento en México y Brasil, respectivamente.
En México, las organizaciones criminales cobran, sobre todo a las pequeñas y medianas empresas, un impuesto ilegal—eufemísticamente llamado derecho de piso—solo por poder operar. Como cada eslabón de la cadena de distribución está sujeto a este tipo de cobros, los precios se inflan progresivamente: los limones que salen de la finca a 13 pesos ($0.77) el kilo pueden llegar a costar 85 pesos para cuando alcanzan al consumidor. Mientras que los ingresos de la cocaína colombiana al menos traen divisas a la economía, la extorsión en México representa una pérdida pura.
México Evalúa calcula que la extorsión le cuesta al país alrededor del 2% del PIB anualmente. De manera similar, el economista en jefe para México de la OCDE estima que el crimen le resta entre 1 y 2 puntos porcentuales al crecimiento anual del PIB de México. Esto ayuda a explicar por qué el crecimiento se ha mantenido obstinadamente débil, pese a unos fundamentos macroeconómicos en general sólidos. Los costos se ven agravados por la administración del presidente estadounidense Donald Trump, que ahora trata a los carteles mexicanos como un asunto de comercio y seguridad. Las amenazas arancelarias, las sanciones y la amenaza implícita de una acción militar unilateral aumentan la incertidumbre y socavan la confianza de los inversionistas.
En Brasil, el crimen organizado opera cada vez más como un actor financiero sofisticado, en lugar de un depredador territorial. Organizaciones criminales como el Primeiro Comando da Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV) se han diversificado mucho más allá del narcotráfico hacia la distribución de combustibles, la minería, los bienes raíces y los fondos de inversión. La reciente Operação Carbono Oculto destapó un esquema que utilizaba más de 1,000 gasolineras y empresas de fachada para lavar ganancias ilícitas a través del sistema financiero formal.
Cabe destacar que los homicidios en Brasil cayeron aproximadamente una quinta parte entre 2013 y 2023, pero el costo económico del crimen organizado siguió aumentando—una señal de la profesionalización y financiarización de los grupos criminales. En 2025, el Instituto Igarapé situó el valor total del crimen organizado en 10.24% del PIB—cerca de R$1.3 billones ($250,000 millones). Si Brasil redujera su tasa de criminalidad al promedio mundial, el Fondo Monetario Internacional estima que su PIB podría crecer 0.6 puntos porcentuales más rápido cada año.
La creciente presencia del crimen organizado se está convirtiendo en un tema político central en los tres países. En Colombia, Abelardo de la Espriella acaba de ganar la elección presidencial más reñida en la historia reciente del país, con la promesa de desmantelar la economía criminal. Tiene un mandato para hacerlo, pero es muy estrecho.
En Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva ha pasado gran parte de su actual presidencia evitando el tema de la seguridad pública, incluso cuando la policía de Río de Janeiro llevó a cabo un operativo de gran escala contra el CV y Estados Unidos designó al PCC y al CV como organizaciones terroristas. Ahora, Flávio Bolsonaro, el rival de Lula en la elección de octubre, busca capitalizar esta debilidad, posicionándose como el candidato de mano dura. Aunque Lula ya firmó un paquete propio contra el crimen organizado de R$11,000 millones—y aún lidera en la mayoría de las encuestas—, este es un terreno en el que preferiría no estar peleando. (...)
Incluso sin contar las vidas perdidas, las comunidades desplazadas y las familias destrozadas, los costos económicos del crimen organizado dibujan un panorama sombrío, restando entre 0.5 y 2 puntos porcentuales al crecimiento anual del PIB en los países más afectados. A lo largo de dos décadas, esto deja a estas economías entre un 15% y un 30% más pequeñas de lo que podrían haber sido. Eso, también, representa un alto costo humano."
"Estados Unidos e Israel ponen en el poder en Colombia a un abogado de los narcos (Ben Norton)
El expresidente colombiano Gustavo Petro acusó a Estados Unidos e Israel de injerencia en las elecciones para llevar al poder al líder de extrema derecha Abelardo de la Espriella, ciudadano estadounidense partidario de Trump y aliado de los narcotraficantes
Estados Unidos tiene una larga historia de injerencia en los asuntos internos de América Latina. Pero en los últimos años, la injerencia estadounidense se ha vuelto aún más extrema y explícita.
Y no es solo Estados Unidos quien se inmiscuye en la política latinoamericana, sino también Israel.
Un ejemplo de esta injerencia extranjera es la situación política actual en Colombia.
Colombia
tiene un nuevo presidente multimillonario de extrema derecha llamado
Abelardo de la Espriella. Es ciudadano estadounidense, votó por Donald
Trump y trabajó durante años como abogado en Miami, Florida, defendiendo
a narcotraficantes.
De
la Espriella ha delegado la política exterior de Colombia en Washington
y apoya firmemente a Israel, al tiempo que promete limitar los lazos
con China.
De la Espriella promueve las bases militares estadounidenses en Colombia y anunció: “ Quiero el Plan Colombia Dos ”.
También hizo un llamamiento a "dolarizar" la economía colombiana y adoptar el dólar estadounidense como moneda oficial del país.
El expresidente de Colombia acusa a Estados Unidos e Israel de robar las elecciones.
El
expresidente izquierdista de Colombia, Gustavo Petro, acusó formalmente
a Estados Unidos e Israel de injerencia en la segunda vuelta de las
elecciones de su país, que se celebraron en junio.
De
la Espriella fue declarada ganadora por un margen mínimo de menos del 1
por ciento, en medio de numerosas acusaciones de sabotaje e
irregularidades extremas.
Petro
afirmó que el gobierno colombiano había recopilado pruebas que
demostraban que empresas tecnológicas estadounidenses e israelíes interfirieron en las elecciones de Colombia para poner a De la Espriella en el poder.
Petro mencionó específicamente a la empresa israelí BlackCore , que ha sido acusada de interferir en elecciones en numerosos países.
Incluso
el gobierno francés ha afirmado haber reunido pruebas que demuestran
que el grupo israelí BlackCore socavó las elecciones en Francia, Escocia y Nueva York .
De
la Espriella no ocultó el hecho de que estaba conspirando con el
gobierno estadounidense en el período previo a las elecciones de 2026.
En
marzo, apenas unos meses antes de que se celebrara la primera ronda de
votación en mayo, De la Espriella viajó a Miami para reunirse con altos
funcionarios estadounidenses.
Tras años de residir en Estados Unidos, decidí convertirme en ciudadano de esta gran nación.
Aquí nacieron mis cuatro hijos, y he sido muy feliz en estas tierras.
En las elecciones presidenciales estadounidenses de 2024, De la Espriella se jactó de haber votado por Trump.
Tras la declaración de Trump como ganador, De la Espriella publicó un video de celebración en TikTok ,
en el que él y sus hijos bailaban al ritmo de la canción "YMCA", que
Trump suele usar en sus mítines. Ondeaban banderas estadounidenses y
movían los puños arriba y abajo, imitando al presidente de Estados
Unidos.
De la Espriella escribió: “Hagamos que Estados Unidos vuelva a ser grande. Hagamos que Colombia vuelva a ser grande”.
De la Espriella es multimillonario. Gran parte de su fortuna la amasó trabajando como abogado en Miami, Florida.
También se hizo famoso por defender a los narcotraficantes.
En
Miami, Abelardo De La Espriella se movía en el turbio mundo de los
abogados de "polvo blanco": abogados defensores de alto precio que
ayudan a los narcotraficantes latinoamericanos acusados y a otros a evitar duras condenas convirtiéndolos en informantes o testigos del gobierno estadounidense.
Contrató a un antiguo narcotraficante colombiano que, según consta en los registros judiciales, ayudaba a abogados del sur de Florida a encontrar ese tipo de clientes.
Además
de la fortuna que amasó defendiendo a los narcotraficantes, el nuevo
presidente colombiano tiene un negocio que modestamente bautizó con su
propio nombre, llamado De la Espriella Style .
El
sitio web de la empresa está repleto de imágenes de De la Espriella. Él
vende ropa de hombre de lujo, además de sus libros, música, poemas e
incluso sus propias líneas de ron, vino y café.
De
la Espriella es conocido en Colombia por su extremo narcisismo y
superficialidad. Es ante todo un influencer y celebridad de las redes
sociales, y carece de experiencia política.
Abelardo de la Espriella apoya que el ejército estadounidense albergue bases militares en territorio colombiano.
Ha
propuesto lo que él llama Plan Colombia Dos, en referencia a los miles
de millones de dólares que el gobierno estadounidense entregó a Colombia
en la década de 2000 para librar una brutal guerra de exterminio contra
grupos armados de izquierda. Miles de personas fueron asesinadas
durante el Plan Colombia, incluyendo no solo militantes, sino también
muchos campesinos, líderes indígenas y organizadores sindicales que
fueron blanco de paramilitares de extrema derecha y escuadrones de la
muerte patrocinados por el gobierno colombiano, y en ocasiones por corporaciones estadounidenses .
Apenas
unos días después de la toma de posesión de De la Espriella en agosto,
Colombia firmó un acuerdo con el Pentágono que permite al ejército
estadounidense entrar en su territorio.
La
idea de que De la Espriella se dedique a luchar contra los cárteles es
descabellada, dado que se labró una carrera como abogado defensor de
narcotraficantes.
Estados Unidos apoya a los narcotraficantes en América Latina.
Este
es uno de los muchos ejemplos de cómo el gobierno estadounidense apoya a
algunos de los peores narcotraficantes de América Latina, mientras
afirma cínicamente que está luchando contra los cárteles.
Las
agencias de inteligencia del gobierno estadounidense han reconocido que
Álvaro Uribe, el expresidente de derecha de Colombia, era un
narcotraficante.
Un cable desclasificado de la DIA reconocía que Uribe era un “ amigo personal cercano de Pablo Escobar ” que estaba “dedicado a colaborar con el cartel de Medellín en altos niveles del gobierno”.
El
gobierno estadounidense apoyó firmemente a Uribe cuando este gobernó
Colombia entre 2002 y 2010. Este fue el apogeo del Plan Colombia, y la
administración de George W. Bush consideraba al narcotraficante Uribe un
aliado clave en su denominada "Guerra contra las Drogas".
El
apoyo del gobierno estadounidense a los líderes de derecha del
narcotráfico en América Latina se ha mantenido constante y bipartidista
durante décadas, pero se ha intensificado bajo la presidencia de Trump, y
en particular bajo la de Marco Rubio, un halcón neoconservador que se
desempeña como secretario de Estado y asesor de seguridad nacional.
En
2025, el gobierno estadounidense intervino descaradamente en Honduras
para poner en el poder a otro líder de extrema derecha,
proestadounidense, proisraelí y antichino, Nasry “Tito” Asfura.
Como parte de la operación de injerencia electoral de Estados Unidos, Trump indultó oficialmente y liberó de prisión a uno de los peores narcotraficantes de la historia moderna, el exdictador de derecha de Honduras, Juan Orlando Hernández (JOH).
JOH
había estado encarcelado por traficar toneladas de cocaína y
ametralladoras. Su partido conservador, el Partido Nacional, utilizó
dinero del narcotráfico para manipular las elecciones en Honduras.
Hoy,
Honduras está gobernada por el mismo Partido Nacional. Asfura es un
aliado cercano del capo de la cocaína JOH. El gobierno de Estados Unidos
apoya todo esto.
Lo mismo está ocurriendo en Ecuador, país gobernado por el dictador de derecha Daniel Noboa.
Noboa ha ilegalizado al principal partido de
la oposición, el movimiento izquierdista Correísta, para poder
presentarse a las elecciones sin una oposición política efectiva.
Noboa es hijo del oligarca multimillonario más rico de Ecuador, y su familia está profundamente involucrada en el narcotráfico . La empresa familiar del presidente, Noboa Trading Co., transporta cocaína en cajas de plátanos desde sus puertos privados.
Noboa
es probablemente el narcotraficante más poderoso de la actualidad. Y
cuenta con el apoyo total e incondicional del gobierno estadounidense.
Al igual que De la Espriella, Noboa ha dado carta blanca al ejército estadounidense para llevar a cabo operaciones en territorio ecuatoriano .
El Pentágono ha lanzado incursiones armadas en Ecuador, supuestamente
para combatir el "narcotráfico", mientras que el país está gobernado por
un narcotraficante.
Al
igual que De la Espriella, Noboa es ciudadano estadounidense. El
dictador de Ecuador nació en Miami, Florida, y se educó en Estados
Unidos.
Apenas unas semanas después de su investidura a finales de 2023, Noboa viajó a Miami, Florida, para que su esposa diera a luz a su tercer hijo en suelo estadounidense . Al igual que los hijos de De la Espriella, los de Noboa también son ciudadanos estadounidenses.
Esto
resulta profundamente irónico, dado que Trump se ha jactado de estar
intentando abolir la ciudadanía por derecho de nacimiento en Estados
Unidos. La Casa Blanca de Trump prometió acabar con lo que denomina " turismo de nacimiento ".
Pero
cuando los líderes de derecha de América Latina viajan a Florida para
que sus esposas den a luz en Estados Unidos, garantizando así la
ciudadanía a sus hijos, la administración Trump lo apoya firmemente.
Colombia reconoce la ocupación israelí de los Altos del Golán y la ocupación marroquí del Sáhara Occidental.
Otro
factor que une a estos líderes de extrema derecha respaldados por
Estados Unidos en América Latina es que todos ellos están estrechamente
aliados con Israel.
Contrastan marcadamente con los presidentes de izquierda de América Latina, que apoyan firmemente a Palestina.
Bajo
el mandato de Petro, Colombia rompió relaciones diplomáticas formales
con Israel. Su gobierno también se sumó a una demanda presentada por
Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia, que acusa a Israel de
genocidio.
De la Espriella ha hecho exactamente lo contrario. Ha sido lo más proisraelí posible.
Estados
Unidos tomó esa decisión en 2019, durante el primer mandato de Trump
como presidente. El régimen israelí respondió rindiendo homenaje al
presidente estadounidense de extrema derecha, inaugurando un nuevo
asentamiento colonial en territorio sirio ocupado, en flagrante
violación del derecho internacional, llamado Trump Heights.
Los
habitantes indígenas del Sáhara Occidental son el pueblo saharaui, que
ha establecido su propio gobierno, llamado República Árabe Saharaui
Democrática (RASD), bajo el liderazgo de un partido político
revolucionario, anticolonialista y de izquierda llamado Frente
Polisario.
La RASD es miembro de la Unión Africana y está reconocida por decenas de Estados miembros de la ONU.
Sin
embargo, Estados Unidos ha ejercido una presión considerable sobre
otros países para que pongan fin a su reconocimiento diplomático de la
RASD.
A
cambio del reconocimiento de Israel por parte de Marruecos, la Casa
Blanca de Trump anunció en 2020 que Estados Unidos reconocería
formalmente la supuesta soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental, territorio ilegalmente ocupado.
Colombia se compromete a reducir sus lazos con China y a retirarse de la Iniciativa de la Franja y la Ruta.
Bajo
el liderazgo del ciudadano estadounidense De la Espriella, Colombia
también se ha comprometido a reducir sus lazos con China.
China es el principal socio comercial de Sudamérica, e incluso superó a Estados Unidos como el principal socio comercial de Colombia .
Pero, al igual que otros líderes de derecha latinoamericanos, De la
Espriella ha asegurado a Washington que reprenderá a Pekín.
Durante
el mandato del anterior presidente de izquierda, Petro, Colombia se
había acercado mucho más a China. Petro viajó a Pekín y anunció que su
país se uniría a la Iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI), un proyecto
global de infraestructura.
La nueva administración en Colombia ha hecho precisamente lo contrario.
En
agosto de este año, el Senado estadounidense celebró una audiencia para
el nuevo embajador de la administración Trump en Colombia, Nate Morris.
Un
senador estadounidense preguntó a Morris sobre el memorando de
entendimiento (MdE) que Colombia había firmado bajo el programa Petro
para unirse a la Iniciativa de la Franja y la Ruta, y esto fue lo que dijo en la audiencia :
Me
siento muy alentado por el presidente electo (De la Espriella) y su
compromiso de retirarse de ese memorando de entendimiento.
Y creo, obviamente, que todas las naciones tienen que tomar una decisión: o Estados Unidos o China.
El
mensaje que llega desde Washington refleja la lógica de la Guerra Fría:
todos los países del mundo tienen que elegir un bando, o estás con
Estados Unidos o estás con China; no puedes tener buenas relaciones con
ambos.
Los nuevos líderes de derecha en países como Colombia, Ecuador y Honduras han dejado claro a quién son realmente leales."
"Procesos. El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, reportó investigaciones por presuntos delitos de lavado de activos y organización criminal. Por su parte, el ministro del Ambiente, Vladimiro Huaroc, declaró haber afrontado 51 investigaciones, mientras que el titular de Energía y Minas, Guillermo Shinno, informó haber tenido 20 investigaciones. En tanto, el ministro de Vivienda, Mauricio Arnillas, consignó haber sido sentenciado por lesiones culposas.
Las declaraciones juradas presentadas por los integrantes del Gabinete Ministerial que lidera Luis Galarreta muestran que varios ministros consignaron investigaciones fiscales y procesos judiciales por corrupción, abuso de autoridad y hasta hurto.
El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, registra dos investigaciones activas por los presuntos delitos de lavado de activos, abuso de autoridad y organización criminal. En su declaración también consigna haber sido investigado anteriormente por fraude electoral y nombramiento ilegal. El ministro del Interior, César Astudillo, mantiene una investigación activa por el presunto delito de peculado. Asimismo, declaró antecedentes por lesiones graves.
Otro integrante del gabinete con investigaciones vigentes es Alberto Beingolea, quien registra procesos por los presuntos delitos de colusión agravada, lavado de activos y cohecho pasivo.
El resto de ministros reportó investigaciones o procesos concluidos, aunque en algunos casos sin precisar mayores detalles. El ministro de Justicia, César Álvarez, indicó que afronta acusaciones constitucionales en curso, pero no especificó a qué hechos corresponden.
El canciller Carlos Espá consignó investigaciones por cohecho, mientras que el ministro de Vivienda, Mauricio Arnillas González, informó haber sido sentenciado por lesiones culposas y registró además antecedentes por falsedad ideológica y estafa.
El ministro Rafael Belaunde
no detalló las investigaciones que consignó. Sin embargo, explicó que
uno de los casos se originó por un error del BBVA, entidad que
posteriormente —según su versión— le remitió una carta de disculpas al
reconocer que él fue el agraviado por la falsificación de su firma.
En el sector Educación, José Chang
declaró haber afrontado ocho investigaciones por presuntos delitos
relacionados con usurpación de funciones, lavado de activos, delitos
contra el patrimonio, tranquilidad pública y asociación ilícita.
El ministro de Salud, Luis Dyer Fernández, reportó investigaciones por falsificación de documentos y dos casos por declaraciones falsas.
Uno de los mayores registros corresponde al ministro del Ambiente, Vladimiro Huaroc Portocarrero,
quien declaró 51 investigaciones. Entre ellas figuran nueve por
desobediencia y abuso de autoridad, además de casos por colusión,
peculado, negociación incompatible, usurpación de funciones,
nombramiento ilegal, destrucción y ocultamiento de documentos,
depredación de áreas agrícolas, lesiones y hurto.
El ministro de la Producción, Juan Carlos Requejo,
informó haber tenido 10 investigaciones, de las cuales cuatro
corresponden a abuso de autoridad y resistencia a la autoridad, tres a
negociación incompatible, además de procesos por lavado de activos,
delitos ambientales y cohecho pasivo propio.
En tanto, el ministro de Transportes, Rafael Rey Rey, registró un caso por un presunto delito contra la fe pública, mientras que el ministro de Trabajo, Juan Sheput Moore, consignó investigaciones por tráfico de influencias y colusión agravada.
Por su parte, elministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, declaró haber afrontado 20 investigaciones, aunque no precisó los delitos materia de dichos casos.
Finalmente, el ministro de Desarrollo Agrario, Marco Vinelli Ruiz,
reportó 10 investigaciones, entre ellas tres por delitos contra la
administración pública, dos por abuso de autoridad, además de procesos
por negociación incompatible, concusión, cohecho y corrupción de
funcionarios.
El nuevo ministro de Vivienda del gobierno de Keiko Fujimori,
Mauricio Arnillas, fue sentenciado por causar lesiones graves y
abandonar a un amigo tras un accidente ocurrido en 1996. Este hecho ha
sido reconocido por el propio ministro.
Como parte de la
condena, Arnillas recibió una pena suspendida de un año. Según su
versión, en 2009 se emitió una resolución que lo absolvió.
La
sentencia figura en su declaración jurada presentada como nuevo titular
del Ministerio de Vivienda. “Desperté en casa de un amigo y en ese
momento me preocupé por la persona que iba conmigo. Fui al hospital para
que la atendieran y también a recibir atención, porque me fracturé las
costillas. Luego, el Ministerio Público inició una investigación de
oficio, de la que me desentendí porque era joven, tenía 26 años. Estaba
ocupado en mis negocios y no era algo que me preocupara. La sentencia
salió cuando yo no estaba en Arequipa”, explicó a La República en 2022,
cuando postulaba por Fuerza Popular a la alcaldía distrital de Arequipa.
Al respecto, el exprocurador Julio Arbizu expresó que el simple hecho
de tener personas investigadas en cargos importantes refleja cómo Keiko
Fujimori llevará el Gobierno.
“Me parece que es una absoluta
contradicción con el propio discurso de la señora Fujimori, que ha dicho
que se va a luchar frontalmente contra la corrupción y tiene un
gabinete con 15 sujetos que, por lo menos, han tenido investigaciones o
procesos por delitos de corrupción”.
Arbizu, añadió que, el
fujimorismo que ahora empieza, es el mismo que se encontró en la sombra
durante años anteriores. “Yo creo que claramente quienes han gobernado
en los últimos 10 años son una confluencia de organizaciones criminales y
partidos que representan a organizaciones criminales o intereses
criminales”, sostuvo.
Ante los diferentes cuestionamientos, uno de ellos por la falta de
experiencia de los ministros de Defensa, Cultura, Transportes, Mujer y
Salud, la presidenta Keiko Fujimori salió en su defensa y dijo que sí tienen el perfil para dirigir el sector.
“Se ha definido al gabinete el primer día, si recordamos épocas
anteriores se demoraban muchísimos días, la convocatoria que se ha hecho
para el Consejo de Ministros son personas que tienen gran experiencia
en su sector y en política”, dijo. “Lo que hemos priorizado es la
capacidad de resolver los problemas para los ciudadanos, las críticas
son naturales cuando hay un nuevo gabinete, pero cada uno de los
ministros demostrará los competentes que son para sus sectores”, exclamo."
"El presidente Donald Trump recibió en su campo
del golf de Doral, Miami, a sus homólogos de Argentina, Javier Milei;
Bolivia, Rodrigo Paz; Costa Rica, Rodrigo Chaves; República Dominicana,
Luis Abidaner; Ecuador, Daniel Noboa; El Salvador, Nayib Bukele; Guyana,
Irfaan Ali; Honduras, Nasry Asfura; Panamá, José Raúl Mulino; Paraguay,
Santiago Peña y Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, junto con el
presidente electo de Chile, José Antonio Kast.
Los
asistentes, seleccionados a dedo por su afinidad ideológica y su
vasallaje político hacia el magnate, no acudieron a la presentación del
denominado Escudo de las Américas en condición de iguales que comparten
preocupaciones y puntos de vista, sino como subordinados que reciben
órdenes y aplauden con estruendo todas las ocurrencias de su jefe,
incluso cuando éste se planta frente a 10 hispanoparlantes y les suelta
un “no voy a aprender su maldito idioma”. En su recepción, Trump declaró
que el “consenso” es que la única manera de derrotar al crimen
organizado y los inexistentes grupos narcoterroristas es “desatar
el poder de nuestras fuerzas armadas”, para lo cual desplegará “el
poder supremo de Estados Unidos” que, gracias a él, es “otra vez” la
máxima potencia militar del planeta. En realidad, nunca ha dejado de
serlo ni ha experimentado ningún incremento sustancial en sus
capacidades bajo el trumpismo, sólo cambió el nivel de disposición al
uso unilateral y arbitrario de la fuerza.
Más
allá de los dislates del republicano y de su manía de culpar a México
por el insaciable consumo de sustancias ilícitas de la sociedad
estadunidense, lo más notorio del encuentro reside en que cada uno de
los mandatarios asistentes usa discursos de mano dura contra el crimen
al mismo tiempo que arrastra un extenso prontuario. Milei ha promovido
en dos ocasiones estafas mediante criptomonedas; puso en primer lugar de
sus listas al Congreso a José Luis Espert, cuando ya era de dominio
público que éste recibió 200 mil dólares del narcotraficante Fred
Machado; vendió las candidaturas de su partido; consintió que su hermana
cobrara “comisiones” a proveedores de la Agencia Nacional de
Discapacidad. Paz fue imputado por corrupción, malversación y contratos
lesivos al Estado por impulsar obras con graves irregularidades y
sobreprecios cuando era alcalde de Tarija. Chaves tiene decenas de
causas abiertas por corrupción, incluyendo prevaricato, peculado,
tráfico de influencias y financiamiento ilegal de campaña. Fue
sancionado y degradado por el Banco Mundial tras comprobarse un patrón
de acoso sexual hacia subalternas. Noboa, quien mantiene a Ecuador bajo
Estado de excepción y maneja una imagen de gángster dispuesto a todo
contra el narcotráfico, ha justificado los constantes hallazgos de
cargamentos de cocaína en buques de la compañía naviera de su familia.
La Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción (Uferco) de
Honduras acusa a Asfura de estructurar un esquema de lavado de dinero,
malversación de caudales públicos y fraude desde la alcaldía de
Tegucigalpa. La lista de faltas se extiende al resto de dirigentes
latinoamericanos y caribeños y, por supuesto, el anfitrión es el primer
presidente de Estados Unidos condenado por un delito grave. Así, queda
claro que el Escudo de las Américas no tiene nada que ver con el combate
al crimen, sino con avanzar en la imposición de la Doctrina Monroe.
Un
par de días antes de la cumbre, la presidenta electa de Costa Rica,
Laura Fernández, calificó a México de “un referente de a dónde no
queremos llegar” en materia de violencia, crimen organizado y
narcotráfico. Fernández fue ministra de la Presidencia y ministra de
Planificación Nacional y Política Económica en la administración de
Chaves, cuya agenda suscribe sin matices. Si en verdad la futura
mandataria quiere evitar a su país los grandes sufrimientos padecidos
por el nuestro en las dos últimas décadas, debería tener en cuenta que
la crisis de inseguridad inició cuando un político de su misma corriente
ultraderechista hizo lo que ella se apresta a hacer: abrir México de
par en par a las agencias de espionaje estadunidenses, supeditar las
decisiones internas a los intereses de Washington, ignorar las raíces
socioeconómicas del fenómeno delictivo, y declarar una guerra contra sus
propios ciudadanos, en la que la violencia de Estado se convirtió en
criterio de éxito de la estrategia de control disfrazada como de
seguridad. Las lecciones del calderonato valen también para el resto de
gobernantes (y gobernados) que todavía ven o fingen ver en la “guerra
contra las drogas” de la Casa Blanca una ofensiva contra las estructuras
criminales y no el mecanismo de dominio imperialista que es." (La Jornada, 08/03/26)
"LJUBLJANA – En el verano de 1989, Francis Fukuyama presentó su visión del fin de la historia.
Dado que el capitalismo liberal-democrático es el mejor orden social
posible, argumentó, no era posible ningún progreso adicional, salvo
mediante la realización gradual del orden preferido en todo el mundo.
Pero el “fin” duró apenas tres décadas como máximo, y ahora nos encontramos en el extremo opuesto: la
idea predominante hoy es que el orden mundial capitalista
liberal-democrático, con sus reglas complejas que garantizan los
derechos humanos básicos (libertad de expresión, atención
médica universal, educación pública, etc.), se ha desintegrado. Está
siendo sustituido por un nuevo mundo brutal en el que los peces grandes
se comen a los pequeños y las ideologías ya no se toman en serio, porque
lo que importa es el poder económico, militar y/o político puro y duro.
Por lo tanto, el presidente de Estados Unidos,
Donald Trump, no intervino en Venezuela para restaurar la democracia en
ese país; lo hizo, aparentemente, para obtener libre acceso a las
inmensas reservas venezolanas de petróleo y minerales. Del
mismo modo, el presidente ruso, Vladimir Putin, atacó Ucrania para
apoderarse de territorio y restaurar la Gran Rusia que existía antes de
la Revolución Bolchevique y, de forma diferente, después de ella.
La cosmovisión
predominante es un realismo despojado de todas las ilusiones e ideales.
Si eres un país pequeño, acepta que debes vivir con miedo. Si puedes
disfrutar de un poder obsceno, hazlo -pero ten en cuenta que los
principios no importan-. En este nuevo mundo posideológico, se dice
muchas veces, la máscara de los derechos humanos, el respeto a la
soberanía de otros estados y demás han desaparecido.
Pero nada de
esto es cierto. Nuestro mundo posliberal está aún más impregnado de
ideología que el orden liberal-democrático. La visión MAGA de Trump es
pura ideología, aunque sus propios actos lo contradigan a diario. Steve
Bannon, ideólogo clave del populismo trumpiano, se describe a sí mismo
como un leninista que trabaja para destruir el Estado. Pero bajo el
gobierno de Trump, la maquinaria estatal estadounidense se ha vuelto más
fuerte y dominante que nunca, violando regularmente las leyes
existentes e interviniendo en los procesos democráticos y en los
mercados. Para MAGA, la “libertad de expresión” es la prerrogativa de
los poderosos para ofender a los débiles (inmigrantes, no blancos y
minorías sexuales), no el poder de los oprimidos y explotados para que
sus voces se escuchen.
Lo mismo ocurre con Israel y Rusia, por citar solo dos ejemplos. Israel se ve ahora asediado por el fundamentalismo sionista, que
invoca el Antiguo Testamento para legitimar la colonización brutal de
Gaza y Cisjordania. De igual manera, Putin legitima su poder con una
ideología euroasiática que se opone al liberalismo individualista
occidental y supuestamente aprecia los valores cristianos tradicionales.
Al priorizar a la comunidad, las personas deben estar dispuestas a
sacrificarse por el Estado.
En este sentido, Alexander Kharichev, uno de los principales ideólogos de Putin, ha formulado las características básicas del Homo putinus, con su supuesta “naturaleza abnegada”: “Para
nosotros, la vida en sí misma parece significar mucho menos que para un
occidental. Creemos que hay cosas más importantes que la mera
existencia. Eso, en esencia, es la base de cualquier fe”.
En todos estos
casos, estamos lo más lejos posible de ver el mundo tal como es: lo que
el “realismo” predominante ignora es la ideología extrema que el statu quo necesita para reproducirse.
Esta tensión
subyace a una de las características clave del mundo actual: cada vez
más estados dependen de bandas armadas criminales para mantener su
poder. Haití, castigado durante más de 200 años por su exitosa
revolución esclavista, es simplemente el caso más extremo de lo que se
denomina un estado fallido, con bandas que controlan el 80% del
territorio. Ahora, cosas similares están sucediendo en Ecuador (donde
las bandas ocupan abiertamente partes de las ciudades) y en aquellas
zonas de México que están totalmente controladas por los cárteles de la
droga.
En este
contexto, también debemos mencionar al Cuerpo de la Guardia
Revolucionaria Islámica y la política moralista de Irán. Funcionan como
una fuerza policial ideológica y a menudo llegan a extremos que parecen
avergonzar al gobierno. Recordemos el asesinato de Mahsa Amini tras ser
detenida por presuntamente llevar el velo de forma inapropiada. Luego
está el Grupo Wagner, que el gobierno ruso utilizó como intermediario
para mantener una negación plausible de las operaciones militares en el
extranjero. Al final, se volvió contra el régimen de Putin.
Pero el caso más evidente es el de los colonos israelíes que aterrorizan abiertamente a los palestinos que viven en Cisjordania.
Actúan como un movimiento independiente, cometiendo crímenes que van
desde quemar las casas y los olivos de los palestinos hasta golpear y
matar a los propios palestinos. Mientras tanto, las Fuerzas de Defensa
de Israel se limitan a observar, interviniendo solo si los palestinos se
resisten activamente a los colonos. Una vez más, una banda criminal es
tolerada e incluso incitada por un estado que busca mantener una
negación plausible.
América primero
Luego está
Trump. Anteriormente instigador de una insurrección contra la sede
constitucional del poder en Estados Unidos, ahora está llevando a cabo
su propia colonización interna al desplegar agentes militarizados del
Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) -y ya no de la
Guardia Nacional- en ciudades gobernadas por los demócratas para
aterrorizar a sus habitantes. El ICE ha aumentado su plantilla en un 120% desde que Trump regresó a la Casa Blanca,
reclutando a 12.000 nuevos agentes y oficiales mediante una campaña
dirigida a los nacionalistas blancos, y entregándoles armas tras solo 47 días de entrenamiento.
Con el rostro enmascarado, actúan como los propios colonos de
Cisjordania de Trump, entrando por la fuerza en las casas de la gente sin órdenes judiciales. Un sacerdote mexicano que trabaja en Minneapolis describió al ICE como peor que los carteles de la droga de su país.
Sin embargo,
hay una disparidad clave: a diferencia del primer ministro israelí,
Benjamin Netanyahu o de Putin, Trump no mantiene ninguna distancia con
su “banda”. Es su comandante directo y le ordena que ignore las
instituciones democráticas y los deseos de las autoridades locales.
Así, como jefe
del ejecutivo, Trump es el máximo responsable de la aplicación de la ley
en Estados Unidos y el máximo líder de la pandilla, todo a la vez. Esto
nos recuerda la visión
de G. K. Chesterton de que “el cristianismo es la única religión en la
tierra que ha creído que la omnipotencia hacia a Dios incompleto. Solo
el cristianismo ha creído que Dios, para ser plenamente Dios, debía
haber sido un rebelde además de un rey”. Con cierta ironía, podemos
decir que Trump intenta, efectivamente, funcionar como el dios
cristiano: el rey de facto de Estados Unidos, que gobierna su país principalmente por decreto y, al mismo tiempo, el principal rebelde contra el Estado.
El
comportamiento reciente de Trump hace que esta paradoja sea aún más
visible. Recientemente presentó una demanda contra el Servicio de
Impuestos Internos (IRS), exigiendo 10.000 millones de dólares en
concepto de daños y perjuicios a una agencia del gobierno federal que él
mismo supervisa, alegando que ha sido perjudicado a título personal.
Parece que él tendría la última palabra sobre si acepta un acuerdo y de
qué cuantía.
Incluso algunos legisladores republicanos han expresado sus recelos sobre una demanda que convierte a Trump en demandante y demandado a la vez, y él mismo ha reconocido
su “posición extraña”, en la que tiene que “llegar a un acuerdo
-negociar conmigo mismo”-. Como observó Adam Schiff, senador demócrata
por California: “Hay que reconocerle una suerte de mérito perverso por
la pura audacia de la estafa. Lisa y llanamente, descarado”.
Ya hemos visto algo similar antes, no en la realidad, sino en una película: la temprana obra maestra de Woody Allen Bananas
(1971). En una escena en un tribunal, el héroe y acusado, Fielding
Mellish, se hace pasar por su propio abogado y se interroga a sí mismo,
lanzando preguntas agresivas al estrado vacío, para luego subir
corriendo al banquillo y dar respuestas incoherentes y confusas. Medio
siglo después, la realidad ha superado la broma."
(Slavoj Žižek, El Nuevo Siglo, 20/02/26, Copyright: Project Syndicate, 2026)
"Junto al horror y la tragedia que se volvió viral en el rancho Izaguirre,
al exponer a nivel internacional el drama humanitario que vive México
por las desapariciones, hubo otra cosa que también se sabía, se veía y
que muchos, desde los gobernantes hasta los empresarios o la misma
sociedad, preferían no hablar de ello o si lo hacían era solo por lo
bajito: el estado de Jalisco y todo su territorio, desde el Norte hasta la sierra sur y la costa, pasando por Los Altos, las Cañadas, la ciénega de Chapala, la Zona Metropolitana de Guadalajara y la joya turística de Puerto Vallarta, se convirtió en un narcoterritorio,
con dueño que tiene control total de lo que pasa en el estado y cuyo
nombre, apodo y apellidos conoce todo México: Nemesio Oseguera Cervantes
“El Mencho”.
Atrás quedaron los cacicazgos políticos de la era priista y los grupos dispersos de la era panista, que siempre navegaron entre los acuerdos y el dominio de los cárteles sinaloenses que
se asentaron en Guadalajara y la convirtieron en una de sus plazas
favoritas para vivir y para lavar sus millonarias fortunas ilícitas. La
caída de Ignacio “Nacho” Coronel, abatido en 2010 por el Ejército en
el exclusivo residencial Colinas de San Javier de Zapopan, marcó el fin
del control sinaloense y ese mismo año emergió con fuerza el capo que
se adueñó de Jalisco y que, sin ser jalisciense, hasta se apropió del
nombre del estado para nombrar a su organización: “Cártel Jalisco Nueva Generación”.
Al
ver el descontrol y las fracturas que ya empezaban en el Cártel de
Sinaloa, Oseguera, que trabajaba para ellos y había formado un grupo
llamado “Los Mata Zetas”, con el que Coronel había mantenido a
raya las intenciones de los Zetas de apoderarse de Jalisco y de
Guadalajara, no lo dudó y abandonó a los sinaloenses para crear su
propia organización, algo que supieron bien en las áreas de inteligencia
y seguridad del gobierno de Peña Nieto, pero que por omisión o
colusión dejaron pasar, permitiéndole al Mencho sentar las bases de la
que en pocos años sería considerada “la organización más violenta y
dominante del narcotráfico en México”.
Hábil
para la estrategia y conocedor de la importancia de crear sus propias
redes políticas, el ascenso de Nemesio Oseguera como capo mayor del narcotráfico estuvo acompañado primero del gobierno panista de Emilio González, pero después apoyaría el regreso del PRI a la gubernatura con el triunfo del asesinado Aristóteles Sandoval,
en cuyo gobierno se afianzó el CJNG y al que después asesinaron sus
sicarios en un bar en Puerto Vallarta el 18 de diciembre de 2020.
Pero
muy pronto “El Mencho” entendió que tenía que forjar sus propias redes
en la política local y comenzó a apoyar el ascenso de figuras que, junto
al partido emergente que en 2013 era Movimiento Ciudadano, empezaron a desplazar a la clase política tradicional en Jalisco, para dar paso al gobierno de Enrique Alfaro. En los seis años de la primera administración emecista terminaría de concretarse el secuestro total del estado por parte del CJNG y de Nemesio,
que convirtió a Jalisco en su feudo, su negocio, su centro de
operaciones y su refugio, el lugar donde ha podido moverse entre pueblos
y sierras del sur sin ser nunca detenido o molestado por las autoridades federales y con el pleno conocimiento de las autoridades locales.
Mientras
Alfaro construía una nueva clase política y gobernaba entre pleitos,
polémicas y su mal carácter, El Mencho se apropiaba de todos y cada uno
de los 125 municipios de Jalisco, dominaba Guadalajara, Zapopan y toda
la zona metropolitana, convertía a Puerto Vallarta en paraíso de drogas y lavado de dinero, mientras iba imponiendo a las alcaldías los directores de seguridad y poniendo bajo su servicio a las policías municipales de todo el estado y a las propias policías y fiscalías estatales.
El
gobierno federal lo sabía y lo consentía; el gobierno estatal tenía
pactos inconfesables y la sociedad jalisciense y tapatía, acostumbrada a
vivir siempre con la presencia y el dinero de los narcos, disfrutaba la
bonanza económica que llenaba de edificios, plazas comerciales, fraccionamientos exclusivos y antros, muchos antros para mover la droga, a las principales ciudades del estado.
Las
llamadas “cuatro letras” comenzaron a ser no sólo una marca comercial,
con todo y hologramas en sus paquetes de droga, sino el principal
referente de poder en el estado. Los ejércitos del Mencho,
formados con adiestramiento militar y con una disciplina y una filosofía
que raya en el fanatismo, empezaron a patrullar el estado y a confirmar
su poder sometiendo y dominando a cualquiera que se resistiera o
pretendiera desconocer el poder del “señor”.
Desde Jalisco, ya con su feudo bien afianzado, Nemesio Oseguera mandó a sus ejércitos a controlar Michoacán, Guanajuato y todo el Bajío.
Penetró Aguascalientes y parte de Zacatecas, llegó hasta la Ciudad de
México y logró también arrebatarles a los tamaulipecos del Golfo el
control de varias aduanas y ciudades fronterizas con Estados Unidos. Hoy no hay narco más buscado y menos encontrado o perseguido que Oseguera Cervantes.
Los 15 millones de dólares que ofrece el gobierno de Estados Unidos por su captura hablan claramente de que El Mencho es hoy, ya sin el Mayo Zambada que negocia en Estados Unidos, El Chapo Guzmán refundido en cadena perpetua, sus rivales sinaloenses peleando una guerra intestina y la próxima ejecución de Caro Quintero por la justicia estadunidense, el principal capo y cabeza del narcotráfico mexicano.
Lamentablemente
con su sangrienta leyenda viva y sus pactos políticos que lo mantienen a
salvo en la era de la 4T, Nemesio Oseguera no sólo se apropió de
Jalisco y lo volvió, de ser un lugar de residencia y operación de narcos
a convertirse en un narcoestado, sino que también con toda la impunidad que le dieron los gobernadores priistas y emecistas,
con el apoyo y protección del gobierno federal en los dos últimos
sexenios, secuestró y pervirtió a la juventud jalisciense, mientras
cambiaba la fama del estado, tierra de folclor, trabajo y cultura, por
la de la entidad con mayor número de desaparecidos en México y la sede de los campos de exterminio para el mundo.
NOTAS INDISCRETAS…
Con
la promesa pública de que “por el bien del país se conocerá toda la
verdad” de lo que sucedía en el Rancho Izaguirre, el fiscal Alejandro Gertz
anunció que la investigación que está iniciando la FGR y que hoy
recibirá de la Fiscalía de Jalisco todos los peritajes, expedientes y
hasta las instalaciones aseguradas en Teuchitlán, no ocultará nada sobre
lo que se realizaba en ese rancho, donde las madres buscadoras de Guerreros de Jalisco dicen
haber visto “tres crematorios” y haber encontrado restos de osamentas
humanas. Lo de las osamentas lo confirmó el fiscal en su conferencia de
prensa, pero sobre los crematorios dijo no tener todavía los elementos
para afirmar o negar si existen o existieron. Con una disposición de
responder a preguntas de la prensa que hace mucho no se le veía, más
allá de sus fugaces apariciones en las mañaneras presidenciales, Gertz
Manero dijo todo y a la vez no dijo nada; pero eso sí, anticipó que
vienen acciones legales y posibles denuncias contra la Fiscalía de
Jalisco y sus directivos y ministerios públicos que incurrieron en
omisiones graves a la hora de asegurar y preservar una posible escena de
delito. También respondió al comentario de un reportero diciendo que él
no iba a construir una “verdad histórica” a modo de la que creó la PGR
de Peña Nieto en el caso Ayotzinapa, y de lo más
rescatable que comentó el fiscal fue su reconocimiento de la gravedad de
este rancho y de lo que ahí se asoma –algo que no reconocen en el
gobierno— y a partir de ahí en varias ocasiones Gertz insistió en que
“se va a saber toda la verdad” y que eso tiene que ser “lo más pronto
posible y por el bien del país”. Al final el fiscal compró tiempo para
su investigación, lo que no está claro si pudo comprar, porque esa no se
vende en botica, es la credibilidad en su eficiencia y
autonomía…Producto de los golpeteos internos en Morena y en la 4T,
ayer arreciaron las versiones difundidas por personajes del propio
gobierno federal, que apuntaban a la salida de Zoé Robledo de la
dirección del IMSS. La solicitud de licencia que presentó ayer el
diputado federal, Carlos Ulloa, hizo pensar que el cercanísimo
exsecretario particular de la presidenta Sheinbaum llegaría al IMSS a
sustituir al chiapaneco. Todavía por la tarde las fuentes morenistas
insistían en la salida de Zoé y se hablaba de la llegada de Ulloa o
incluso del ascenso de Jorge Gaviño, actual secretario general. En medio
de los rumores cada vez más insistentes, a Zoé Robledo se le vio salir ayer por la tarde de Palacio Nacional y
antes de subir a su camioneta, les contestó a los reporteros que lo
acosaban con la pregunta de su salida: “Sigo en el IMSS, sigo en el
Instituto”, balbuceó el director que un par de horas antes de acudir a
la oficina presidencial había publicado un tweet donde se dejaba ver en
una reunión en el instituto. Lo que sí se confirmó ayer fue que Carlos
Ulloa se integró al gabinete de su exjefa, la presidenta, como nuevo
director de Birmex, a donde llega luego de la corrupción de
funcionarios de esa agencia del sector salud que favorecieron a amigos
en las licitaciones de medicamentos, causando un desfalco de hasta 13
mil millones de pesos, según informó el subsecretario de Salud, Eduardo
Clark. Es decir que, aunque no quiso o no pudo remover a una de las
herencias que le dejó su antecesor, la Presidenta va poco a poco
colocando a sus colaboradores de confianza en posiciones del gabinete…Y hablando de trascendidos, nos cuenta una integrante del Servicio Exterior Mexicano
que entre los diplomáticos de la cancillería se da por hecho que el
ministro Alberto Pérez Dayan ya agarró “hueso” y que, a cambio de aquel
voto suyo que impidió que la Suprema Corte de Justicia entrara a
analizar la constitucionalidad de la Reforma Judicial, el jurista
habría pedido y obtenido el codiciado exilio dorado de una embajada.
Pero no cualquier embajada, Pérez Dayán sería propuesto por la
presidenta Sheinbaum como embajador de México en España, para sustituir
al ex priista Quirino Ordaz. Ese sería el premio para Pérez Dayan, nos
dicen los embajadores, por su voto en aquella sesión histórica en la que
se salvó el último dique para la controvertida Reforma Judicial. Bien decía el ex que “traición con embajada se paga” o ¿cómo era?... Los dados mandan otra Serpiente Doble. Seguimos de bajada."
" La muerte en un operativo militar de Nemesio
Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva
Generación (CJNG), desató este domingo una ola de violencia y
bloqueos de carreteras en México, en lo que las autoridades consideran
una reacción del grupo criminal, que ha causado la suspensión de
actividades públicas en varios estados del país.
El
epicentro de la violencia tuvo lugar en Jalisco (oeste de México),
donde un operativo federal en Tapalpa, una pequeña localidad al sur de
Guadalajara, que culminó con la muerte del líder criminal, desencadenó bloqueos viales y vehículos incendiados en varios puntos del estado, y que se han mantenido a lo largo del día.
Posteriormente, los llamados 'narcobloqueos' se extendieron a estados vecinos.
En Michoacán y Colima (oeste) se reportaron unidades atravesadas en
vías federales, mientras que en Guanajuato (centro) circularon imágenes
de negocios incendiados.
También se registraron incidentes en Nayarit
(oeste), Aguascalientes (centro), Tamaulipas, Baja California (norte),
Guerrero, Chiapas y Quintana Roo (sur), según pudo constatar EFE y el
reporte de autoridades.
En medio de los disturbios, la Secretaría de la Defensa Nacional confirmó oficialmente la muerte del líder
del CJNG durante el operativo en Tapalpa, e informó que la acción contó
con trabajos de inteligencia y cooperación con Estados Unidos.
Ante la escalada de violencia, el Gobierno de Jalisco activó el "código rojo" y reforzó el despliegue de la Guardia Nacional
y el Ejército. Además, anunció la suspensión temporal de eventos
masivos, transporte público y de las clases presenciales el lunes 23,
como medida preventiva por la violencia.
Las clases presenciales también han sido oficialmente suspendidas el lunes en los estados de Nayarit, Michoacán, Colima (oeste), Veracruz y algunas zonas de Oaxaca (sur).
En Puerto Vallarta (Jalisco), las aerolíneas cancelaron todas las operaciones internacionales
y la mayoría de las nacionales, mientras que el Aeropuerto de
Guadalajara informó que mantiene operaciones normales bajo un fuerte
resguardo de fuerzas federales.
La violencia también llevó a la cancelación del concierto
de la artista estadounidense Kali Uchis, programado para este domingo
en la ciudad de Guadalajara, capital del estado, y la Liga MX reprogramó
dos partidos de fútbol en el estado.
La situación ha tenido impacto también a nivel internacional,
ya que Estados Unidos instó a sus ciudadanos a permanecer en sus
domicilios en Jalisco y en zonas de Tamaulipas, Michoacán y Guerrero
ante los bloqueos; mientras que Canadá se declaró "profundamente
alarmado" por los enfrentamientos y pidió evitar salir a las calles,
especialmente en Puerto Vallarta. Durante la tarde, autoridades
mexicanas señalaron que continúan los operativos para restablecer la
circulación en al menos 21 vialidades afectadas en Jalisco.
Operación con ayuda de EEUU
Hasta el momento no se ha informado de víctimas civiles por los bloqueos, aunque las autoridades mantienen el despliegue de seguridad ante posibles nuevas reacciones.
Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, hizo un llamado a los ciudadanos
a mantenerse "informados y en calma", tras el operativo que derivó en
diversos bloqueos de carreteras y otras reacciones violentas.
Oseguera Cervantes fue abatido en Tapalpa,
a 130 kilómetros al sur de Guadalajara, capital de Jalisco, durante un
operativo encabezado por fuerzas federales con apoyo de inteligencia
estadounidense.
Según el Ejército mexicano,
militares repelieron una agresión que dejó cuatro presuntos integrantes
del CJNG muertos en el lugar y tres más gravemente heridos, quienes
fallecieron durante su traslado aéreo a la Ciudad de México. Entre estos
últimos se encontraba el propio líder criminal." (Heraldo, 25/02/26)
"La insistencia permanente del discurso estadounidense alrededor de la
lucha contra las drogas pareciera evidenciar una cruzada moral de los
sucesivos gobiernos norteamericanos en limpiar su país del consumo de
drogas. Sin embargo, la realidad dista mucho de esta simple idea que
suele instalarse en los medios de comunicación masivos. En realidad lo
que se busca con la denominada “guerra contra las drogas”, demostrado
con la propia historia de nuestra región, es una fachada para el
desarrollo de diversos mecanismos de intervención imperialista que han
implicado desde la década del 70’ la combinación de métodos que van
desde el financiamiento militar a los países de la región, la
instalación de bases militares, hasta el apoyo explícito de algún
candidato en una contienda electoral.
El dossier más reciente elaborado por el Instituto Tricontinental desarrolla la
hipótesis principal de que en realidad la llamada “guerra contra las
drogas” va en realidad dirigida contra las y los pobres, que son el
eslabón más débil que la cadena productiva que deriva en narcóticos. Las
drogas, precisamente, y en especial sus abultadas ganancias, son lo
último que interesa a la clase dominante estadounidense y a los
circuitos financieros del capital global, combatir, aunque hagan todo el
esfuerzo propagandístico por desligarlo de las prácticas “legítimas”
del capitalismo.
En realidad, la empresa transnacional de carácter criminal que
constituye la industria del narcotráfico, es un elemento fundamental de
los circuitos de acumulación del capitalismo a escala global. El dossier
afirma que “la guerra contra las drogas es simplemente un intento de
los Estados capitalistas de garantizar que estos circuitos de narcóticos
permanezcan clandestinos para que el dinero extraído de comercio ilegal
pueda continuar dando liquidez a un sistema bancario que no funcionaría
sin él”.
En América Latina y el Caribe, región principalmente afectada por la
denominada “guerra”, resalta el caso colombiano como el paradigmático a
la hora de comprender las diferentes consecuencias de esta política
estadounidense: desde la criminalización de las y los campesinos
cultivadores, hasta el financiamiento de un aparato de guerra y
represión contra las clases populares, pasando por una formación y
financiamiento impartido por los EE.UU. a las fuerzas militares en el país con una doctrina contrainsurgente que encontró en la GCD su excusa perfecta.
La investigación indica que la demanda de las mercancías ilícitas no
varía sustancialmente a pesar de la variación de precios, teniendo en
cuenta la naturaleza de la misma respecto sus niveles de dependencia,
siendo un caldo de cultivo para la comisión de delitos como pequeños
hurtos para poder, de la forma que sea, solventar el consumo. “La
violencia en el paso de la droga desde las fincas hasta las calles, y la
violencia de las sobredosis, rara vez interrumpen la producción o el
mercado”
De esta manera, se pueden sacrificar vidas sin interrumpir el proceso
de acumulación de capital en la economía formal. La economía de las
mercancías ilícitas, con enormes niveles de explotación de los
trabajadores/as, produce enormes volúmenes de efectivo que se lavan e
ingresan, y por lo tanto lubrican, al sistema financiero, y permite
controlar a las comunidades marginadas a través de la desmoralización
social y la intervención policial.
Con un repaso por el proceso productivo de la coca, el dossier busca
evidenciar de qué manera las ganancias están concentradas en los
eslabones de la cadena más lejanos del cultivo de las plantas, siendo,
paradójicamente, las y los trabajadores de estos cultivos de uso ilícito
los más criminalizados y perseguidos por la supuesta “guerra” contra el
narcotráfico.
El rol de las y los campesinos cultivadores es una de las principales
preocupaciones de la investigación, destacando cómo, desde la
perspectiva del campesinado colombiano, la economía política de la
guerra contra las drogas responde a una compleja conexión entre
cultivos, falta de desarrollo rural y conflicto armado que ha
caracterizado la historia agraria en el país.
El caso colombiano ha sido el caso paradigmático a nivel
continental de lo que está detrás de una narrativa simplificada de esta
denominada “guerra”. Es la profundización del modelo neoliberal en la
agricultura lo que ha acelerado la extinción de las y los pequeños
agricultores. El campesinado enfrenta la falta de acceso y tenencia de
la tierra, así como la exclusión social y económica, el desempleo, la
opresión y marginación, lo que se ve agravado por la debilidad de las
políticas públicas, salud y educación rurales inadecuadas, y la
imposibilidad de acceder a vivienda digna. En Colombia, la crisis se
intensifica aún más por el acaparamiento de tierras, la usurpación y la
legalización, la “regularización” de tierras ilegalmente despojadas,
llevada a cabo a través de un modelo paramilitar con financiamiento y
consentimiento estatal al servicio de grandes corporaciones
transnacionales.
El campesinado no sólo es el blanco principal del discurso moralista
de los medios de comunicación, que ignora su realidad económica y
social; las grandes ganancias del negocio se la llevan los grandes
capitalistas que, como ha insistido en varias oportunidades el
presidente de Colombia, Gustavo Petro, se encuentran en lugares como La
Florida y están perfectamente identificados por las autoridades
estadounidenses que asisten a los mismos círculos sociales donde circula
la cocaína que tanto señalan y por la que han muerto cerca de 1 millón
de latinoamericanos y latinoamericanas.
Por otro lado, es importante anotar que el movimiento campesino en
Colombia también ha construido herramientas para organizarse en
territorios donde se cultiva coca. Desde históricas marchas campesinas a
mediados de los 90’s, hasta la actualidad, las comunidades campesinas
productoras de la hoja de coca exigen al Estado la sustitución
voluntaria de los cultivos y el cese de métodos de erradicación forzada
con glifosato, que lo único que han traído a los territorios es un
aumento del pie de fuerza militar, generando violencia y despojo en los
territorios.
“El problema no es la planta de coca, sino el sistema económico que
criminaliza a las y los pobres de las zonas rurales mientras absorbe y
recicla la enorme liquidez generada por los mercados ilícitos. El sector
financiero depende de estos flujos. Los bancos mundiales los acogen con
agrado. Y las naciones más ricas que promueven la erradicación dependen
al mismo tiempo de la estabilidad que proporciona este capital oculto.
Tratar al campesinado como el enemigo es ocultar la verdadera
arquitectura del narcotráfico, que se extiende hacia arriba, hasta los
circuitos de las finanzas legales, las commodities globales y el poder
estatal”, afirma la investigación.
Si el objetivo es terminar con la violencia y la dependencia
económica del cultivo de coca, entonces el punto de partida no debe ser
ni la militarización ni la erradicación, sino la reconstrucción de la
vida rural: reforma agraria, precios garantizados para cultivos lícitos,
infraestructura, servicios públicos y derechos políticos para quienes
cultivan la tierra. Sin transformar las condiciones sociales y
económicas que empujan a las familias a la agricultura ilícita, el ciclo
simplemente se reproducirá. Sin confrontar a las instituciones
financieras que lavan las ganancias, la economía mundial de las drogas
continuará funcionando como un pilar no oficial de la liquidez
capitalista."
