"Al igual que muchos países, Francia no es ajena a las crisis de deuda pública. Se pueden distinguir tres grandes episodios: 1789, 1945 y 2026. La primera lección de esta larga historia es que hay varias formas de salir adelante, incluso en pocos años y con deudas más elevadas que las actuales. Pero esto siempre pasa por grandes convulsiones políticas, a la altura de los intereses contradictorios en juego.
Retrocedamos en el tiempo. La primera gran crisis de la deuda es, por supuesto, la que condujo a la Revolución Francesa. Incapaz de hacer pagar impuestos a las clases privilegiadas, el Antiguo Régimen acumuló una deuda considerable —aproximadamente un año de renta nacional, una cantidad cercana al nivel actual, pero en un contexto en el que la economía estaba poco monetizada y los impuestos no superaban unos pocos puntos porcentuales de la producción anual.
Luis XVI acabó convocando a los Estados Generales para salir del punto muerto. Ya se sabe lo que pasó después: fin de los privilegios, implantación de un sistema fiscal universal que gravaba todas las propiedades (impuesto sobre la propiedad y sobre sucesiones, lamentablemente proporcional y no progresivo, a pesar de las innovadoras propuestas ya formuladas en aquella época) y, sobre todo, nacionalización sin compensación de los bienes eclesiásticos, que se subastaron para sanear las arcas. En la práctica, las clases nobles y burguesas que poseían títulos de la deuda pública se convirtieron a menudo en los nuevos propietarios de los bienes de la Iglesia. Para gran disgusto de los campesinos pobres, que esperaban que la Revolución les permitiera por fin acceder a la tierra y dejar de trabajar para otros.
La segunda gran crisis de la deuda tuvo lugar tras las guerras mundiales. Tanto en 1920 como en 1945, la deuda pública francesa superó en ambas ocasiones el 200 % del producto interior bruto, el nivel más alto registrado hasta la fecha. En ambos casos, la deuda se redujo considerablemente en pocos años, con una miríada de exacciones excepcionales sobre los más ricos, al igual que en 1789.
En 1920, una de las mayorías más conservadoras de la historia de la República, el Bloque Nacional —procedente de las corrientes políticas que hasta 1914 se oponían al impuesto sobre la renta del 2 %—, acabó votando a favor de un tipo impositivo del 72 % para los más ricos. Prueba, si es que hace falta alguna, de que a veces es difícil prever desde la oposición lo que se hará en el poder, y de que el peso del contexto histórico puede conducir a innovaciones imprevistas. Lamentablemente, el Senado —que bajo la Tercera República usa y abusa de su derecho de veto sobre toda la legislación (tanto sobre el presupuesto como sobre el voto de las mujeres)— bloquea en 1925 el proyecto de gravar con un 10 % el capital privado, aprobado por el Cartel de las Izquierdas. Sin embargo, era la única forma de resolver el problema de la deuda sin inflación, que en el fondo no es más que un impuesto injusto y regresivo sobre las clases medias y populares.
En 1945, las relaciones de poder cambiaron. La deuda volvía a superar el 200 % del PIB, pero el Senado había perdido su derecho de veto, y la Asamblea Nacional, de mayoría de izquierdas, aprobó sin oposición un impuesto de solidaridad nacional (ISN) que gravaba con un tipo del 20 % los patrimonios más elevados y alcanzaba hasta el 100 % en el caso de quienes habían experimentado un enriquecimiento nominal entre 1938 y 1945. El ISN puede pagarse en títulos, que se ingresan entonces en las «sociedades de inversión nacional» (una especie de fondo soberano de la época) creadas a tal efecto. En la práctica, sin embargo, la inflación atenúa los efectos del ISN, que resulta menos eficaz que el impuesto equivalente adoptado en Alemania (con un tipo que alcanza el 50 % sobre los patrimonios más elevados) y en Japón (90 %).
Pasemos al año 2026. Nadie sabe cuándo llegará la crisis. Es posible que los tipos de interés reales, históricamente muy bajos, de los que se benefician actualmente los países ricos (en parte debido al exceso de ahorro mundial y en parte debido a un sistema financiero que los favorece) se mantengan durante algún tiempo. Pero es probable que acaben subiendo, en cuyo caso la crisis será brutal. La idea de que el ajuste se llevará a cabo gravando discretamente a las clases medias y populares (a través de los impuestos o de la inflación) o reduciendo los servicios públicos y las prestaciones sociales a las que tienen derecho no resiste un análisis riguroso.
Al igual que en 1789 y 1945, los gobernantes no tendrán más remedio que recurrir a los más ricos, y esto deberá hacerse con tipos impositivos mucho más elevados que el impuesto mínimo del 2 % sobre los ultra ricos que se debatió el otoño pasado, y que, lógicamente, debería haberse aprobado por unanimidad. Quienes repiten sin cesar que un gravamen tan minúsculo sería una expropiación no hacen más que poner de manifiesto su rechazo a cualquier debate sereno y racional, basado en la historia. Al dedicar tanta energía a defender los intereses de los poderosos, contribuyen a desviar la ira social hacia los conflictos identitarios y los discursos antimigrantes y antipobres. Esto no resolverá nada en absoluto (los miles de millones no están en ese lado) y solo retrasará el momento de la verdad, pero puede ocupar la atención política durante un tiempo, causando mientras tanto daños considerables. Más allá de los juegos de roles de unos y otros, la realidad es que nacionalistas y liberales tienen intereses comunes y nos están llevando a lo peor.
Terminemos con una nota optimista. Francia nunca ha sido tan rica, en gran parte gracias a la igualación de condiciones, a las infraestructuras colectivas y a la democratización social y educativa que se han producido a lo largo de un extenso período. Los patrimonios privados están floreciendo, cuando en 1945 estaban exangües. Los fundamentos económicos son mucho más favorables que en crisis anteriores. Si logramos superar el conservadurismo político imperante, es posible encontrar colectivamente soluciones justas y eficaces que nos permitan volver a avanzar. "
