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4.8.26

Informe Mundial sobre las Drogas 2026: la cocaína funciona mediante un sistema mundial, fragmentado y flexible, que combina cultivos, laboratorios, fronteras terrestres, ríos, puertos, empresas exportadoras, contenedores, embarcaciones menores, operadores financieros y redes de distribución instaladas en varios continentes... la producción mundial de cocaína aumentó más de cuatro veces entre 2014 y 2024, por la mejora en el rendimiento de las plantaciones, los procesos químicos y la capacidad de los grupos criminales para transformar la hoja de coca en mayores cantidades de producto terminado... Por lo tanto, estamos frente a una expansión estructural de la oferta. Mientras los gobiernos celebran incautaciones récord, el mercado consigue producir, transportar y vender más cocaína que nunca... Las incautaciones pueden aumentar al mismo tiempo que crece la disponibilidad porque ambas cosas se alimentan del mismo fenómeno: circula más droga, hay más cargamentos para detectar y también más cargamentos capaces de atravesar los controles... La ruta no necesariamente tiene que ser directa. Cada etapa puede ser ejecutada por actores diferentes. La organización que controla el cultivo no necesariamente controla el puerto, y quien controla el contenedor puede no conocer al distribuidor europeo... La cadena productiva del tráfico ilegal de estupefacientes sufre los mismos procesos de deslocalización, tercerización y fragmentación que el comercio global... En 2024 fueron identificadas 755 nuevas sustancias psicoactivas en el mercado mundial, 118 de ellas nunca reportadas anteriormente. El número de tipos de drogas incautadas es cinco veces mayor que en el año 2000. Las redes no solamente producen más; ofrecen más variedades, mezclas y presentaciones, utilizan aplicaciones sociales y adaptan el producto a distintos públicos (Nicolás Centurión)

"El Informe Mundial sobre las Drogas 2026 confirma que la producción potencial de cocaína se multiplicó más de cuatro veces en una década, que Brasil se consolidó como plataforma de salida hacia Europa, África y Asia y que los grandes puertos dejaron de ser los únicos objetivos. Uruguay no aparece como protagonista del mapa global, pero su ubicación entre las cuencas productoras, la Hidrovía, los puertos brasileños y el Atlántico lo coloca dentro de una zona logística que exige bastante más atención de la que recibe.

Durante décadas, la representación más extendida del narcotráfico latinoamericano fue relativamente sencilla. La coca se cultivaba en los Andes, la cocaína se procesaba cerca de las zonas de producción, cruzaba alguna frontera, llegaba a un puerto y desde allí viajaba hacia Estados Unidos o Europa. Había países productores, países de tránsito y países consumidores. Cada territorio parecía cumplir una función estable dentro del negocio.

El World Drug Report 2026, publicado el 26 de junio por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, termina de demostrar que ese esquema quedó viejo. La cocaína ya no circula por una ruta principal ni depende de una organización capaz de controlar toda la cadena. Funciona mediante un sistema mundial, fragmentado y flexible, que combina cultivos, laboratorios, fronteras terrestres, ríos, puertos, empresas exportadoras, contenedores, embarcaciones menores, operadores financieros y redes de distribución instaladas en varios continentes.

La principal conclusión del informe es brutal por su dimensión: la producción potencial mundial de cocaína aumentó más de cuatro veces entre 2014 y 2024. En la presentación oficial del documento, la UNODC explicó que el volumen de 2024 fue casi cinco veces superior al de una década atrás. El crecimiento no se produjo únicamente porque aumentara la superficie cultivada, también mejoraron el rendimiento de las plantaciones, los procesos químicos y la capacidad de los grupos criminales para transformar la hoja de coca en mayores cantidades de producto terminado.

Por lo tanto, no estamos ante un mercado que simplemente recuperó niveles anteriores: estamos frente a una expansión estructural de la oferta. Mientras los gobiernos celebran incautaciones récord, el mercado consigue producir, transportar y vender más cocaína que nunca. Las incautaciones pueden aumentar al mismo tiempo que crece la disponibilidad porque ambas cosas se alimentan del mismo fenómeno: circula más droga, hay más cargamentos para detectar y también más cargamentos capaces de atravesar los controles.

De los Andes al Atlántico brasileño.

Colombia continúa siendo el principal punto de salida de cargamentos de cocaína identificados a nivel mundial seguido por Perú y Brasil. Estos tres países no cumplen la misma función.

La mayor parte de la cocaína que sale de Colombia continúa desplazándose hacia el norte, directamente o a través de Ecuador, principalmente por vía marítima. Brasil, en cambio, ocupa una posición diferente: funciona como una plataforma atlántica para cocaína originada sobre todo en Perú y Bolivia y, en menor medida, en Colombia. Desde territorio brasileño, los cargamentos se proyectan hacia Europa, África y Asia. 

Este punto es especialmente relevante para comprender el lugar de Bolivia dentro del narcotráfico sudamericano. Bolivia posee producción propia, pero no tiene salida al mar. Para llegar a los grandes mercados necesita atravesar países vecinos. Brasil ofrece territorio, carreteras, ríos, infraestructura exportadora y una extensa costa atlántica. La cocaína puede ingresar por Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Acre o Paraná, consolidarse en centros urbanos y mezclarse posteriormente con los flujos legales que alimentan los puertos.

La ruta no necesariamente tiene que ser directa. Puede comenzar con pequeños movimientos de pasta base o cocaína por caminos terrestres, continuar mediante depósitos intermedios, pasar a camiones con mercadería legal y terminar dentro de un contenedor de un buque de carga. Cada etapa puede ser ejecutada por actores diferentes. La organización que controla el cultivo no necesariamente controla el puerto, y quien contamina el contenedor puede no conocer al distribuidor europeo.

La cadena productiva del tráfico ilegal de estupefacientes sufre los mismos procesos de deslocalización, tercerización y fragmentación que el comercio global.

El informe también registra una preferencia creciente por cargamentos de menor tamaño. Ese cambio aparece a lo largo de la cadena: desde los movimientos de cocaína base dentro de América del Sur hasta los envíos de clorhidrato interceptados en Europa. No significa que hayan desaparecido los cargamentos de varias toneladas. Significa que las redes distribuyen mejor el riesgo, multiplican los envíos y reducen el costo de perder una sola operación. 

Esta constatación obliga a abandonar los mapas construidos únicamente con grandes flechas. Una ruta no es una línea que une Bolivia con Santos o Colombia con Amberes. Es una secuencia de nodos: producción, procesamiento, cruce fronterizo, almacenamiento, consolidación, empresa exportadora, terminal portuaria, escala oceánica, extracción y distribución.

Europa cerró una puerta y aparecieron diez

Las incautaciones de cocaína continúan concentradas en dos grandes espacios: América Latina y el Caribe reúnen el 83% del volumen mundial decomisado y Europa otro 15%. En conjunto se explica prácticamente todo el mercado visible para las autoridades. En 2024, las cantidades incautadas en Europa superaron por sexto año consecutivo a las de América del Norte. 

Siguiendo dentro de Europa, podemos inferir que ocurrió un desplazamiento significativo. Durante años, Amberes y Rotterdam fueron presentados como las grandes puertas de entrada de la cocaína sudamericana. El endurecimiento de los controles, la presión policial y las investigaciones sobre corrupción portuaria redujeron las cantidades decomisadas en ambos puertos durante 2024. Al mismo tiempo, aumentaron las incautaciones en España, Francia, Reino Unido y una serie de terminales de menor tamaño.

España pasó a reportar el mayor volumen de cocaína decomisada en Europa, seguida por Francia, Bélgica y los Países Bajos. El informe no interpreta la caída de Amberes y Rotterdam como prueba suficiente de una reducción del tráfico. La cocaína continúa entrando por puertos, pero los puntos de ingreso se dispersan. Los traficantes prueban terminales menos vigiladas, rutas más largas, puertos secundarios y países con capacidades de control diferentes. 

Esta transformación tiene consecuencias directas para América Latina. Cuando Europa diversifica los lugares de llegada, también se diversifican los lugares de salida. Ya no alcanza con controlar las exportaciones dirigidas a tres o cuatro puertos conocidos. Los cargamentos pueden viajar hacia Portugal, el Mediterráneo, terminales francesas, puertos británicos o escalas intermedias en África occidental.

Brasil adquiere aquí una importancia adicional. No es solamente un país de salida hacia Europa: es un nodo capaz de alimentar rutas hacia África y Asia. Nigeria, Sudáfrica y Etiopía aparecen como importantes puntos de salida fuera de América y Europa, señal de que África no funciona únicamente como escala ocasional. En algunos territorios, el tránsito terminó construyendo mercados locales, circuitos de distribución y nuevas formas de consumo. ¿Es la misma suerte con la que está corriendo Uruguay?

Lo que comenzó como una ruta hacia Europa produjo un efecto derrame: parte de la cocaína quedó en África occidental, aumentó la disponibilidad y comenzaron a aparecer patrones de consumo más dañinos, incluido el crack. El tránsito no es neutral. Las rutas no solo recorren los territorios que atraviesan sino que los transforman.

América Latina produce, transporta y consume

El informe rompe otra simplificación habitual: América del Sur no es únicamente la fábrica de cocaína del mundo. Se ha consolidado como un mercado consumidor.

Los datos disponibles muestran que el consumo de cocaína se mantuvo relativamente estable durante la última década en algunos países sudamericanos y aumentó en otros. Las cifras recientes ofrecen señales parciales de estabilización, pero la región presenta productos, modalidades y daños muy diferentes. La cocaína convive con la pasta base, el crack y otras presentaciones. Cada una está asociada a mercados, precios y poblaciones distintas. 

Los análisis de aguas residuales indican que el consumo de cocaína por habitante es mayor en América del Norte, seguido por América del Sur y Europa occidental y central. La región productora aparece así también entre los territorios con mayor nivel de consumo detectado. 

Brasil ofrece una advertencia particular. La UNODC registra un aumento considerable de las muertes atribuidas a trastornos relacionados con el consumo de cocaína desde 2020, seguido por otra suba marcada en 2024. El informe advierte que los cambios en los sistemas de registro pueden influir sobre la estadística, pero señala que la tendencia coincide con una mayor presencia de cocaína detectada en aguas residuales de varias ciudades brasileñas. El aumento del daño podría estar relacionado con cambios en las formas de consumo o con productos de mayor pureza. 

Esta dimensión suele quedar subordinada al relato policial. Se habla de toneladas, puertos y organizaciones y menos de los territorios que quedan atravesados por mercados locales. Las mismas redes que exportan pueden abastecer ciudades intermedias, fronteras y periferias urbanas. El crecimiento de la oferta mundial reduce precios, amplía disponibilidad y permite que la cocaína llegue a lugares donde anteriormente era escasa.

Uruguay aparece poco, y ese también es un dato

Uruguay no figura en el informe como un gran país productor, un punto de salida principal ni uno de los mercados más relevantes de cocaína. Esa ausencia podría ser interpretada como tranquilidad aunque sería una lectura apresurada.

El país se encuentra entre las zonas productoras de Bolivia y Perú, las redes paraguayas, el mercado brasileño, la Hidrovía Paraguay–Paraná y el Atlántico sur. Tiene un puerto con conexiones internacionales, zonas francas, depósitos, empresas logísticas, un sistema financiero abierto y fronteras extensas con Brasil y Argentina. Ninguno de esos factores demuestra por sí mismo que Uruguay sea un nodo central. Juntos describen una infraestructura que puede ser utilizada y es apetecible para las organizaciones transnacionales.

La principal advertencia del informe para Uruguay surge precisamente del papel atribuido a Brasil. Montevideo no necesita competir con Santos para resultar útil. Puede funcionar como alternativa, escala, punto de consolidación, depósito, plataforma societaria o ruta de diversificación.

Cuando los grandes puertos europeos aumentaron los controles, las organizaciones se dispersaron hacia terminales más pequeñas. El mismo comportamiento puede ocurrir en América del Sur. Si Santos en Brasil o los puertos ecuatorianos concentran inspecciones, la presión puede desplazar operaciones hacia otros puntos, fragmentar cargamentos o utilizar puertos con menor volumen y menos experiencia acumulada. Esto es lo que sucedió, por ejemplo, en el año 2020 y 2021 en plena pandemia.

La excepción uruguaya del cannabis

Uruguay sí aparece expresamente en otra sección del informe: la regulación del cannabis. A diciembre de 2025, era uno de los países —junto con Canadá y distintas jurisdicciones estadounidenses— que había establecido mecanismos legales para el acceso no médico. 

El informe sitúa esas reformas dentro de un proceso de normalización y expansión de productos de cannabis. En América Central y del Sur, el consumo aumentó durante las últimas dos décadas, aunque muestra signos de estabilización. La región representa alrededor del 30% del volumen mundial de marihuana incautada..

La pregunta relevante es cuánto mercado consiguió absorber el sistema regulado, qué sectores permanecen abastecidos por redes ilegales, cómo evolucionaron la potencia y la variedad de productos y qué relación existe entre el mercado uruguayo y la marihuana procedente de Paraguay.

El fracaso de las rutas fijas

La conclusión política del informe no aparece en una frase única, pero atraviesa todos sus datos. La presión sobre un territorio desplaza la actividad hacia otro. El control de un puerto abre rutas alternativas. La incautación de grandes cargamentos favorece la fragmentación. La prohibición de una sustancia impulsa la aparición de otras o el aumento de su demanda y más mercado ilegal. La tecnología permite vender, pagar y coordinar sin una estructura visible y las criptomonedas juegan un rol fundamental en este aspecto.

En 2024 fueron identificadas 755 nuevas sustancias psicoactivas en el mercado mundial, 118 de ellas nunca reportadas anteriormente. El número de tipos de drogas incautadas es cinco veces mayor que en el año 2000. Las redes no solamente producen más; ofrecen más variedades, mezclas y presentaciones, utilizan aplicaciones sociales y adaptan el producto a distintos públicos.

La cocaína continúa siendo una droga de origen vegetal, atada geográficamente a los Andes, pero todo lo que ocurre después del cultivo es flexible. Los químicos cambian, los intermediarios cambian, los puertos cambian y los mercados se expanden. Colombia, Perú y Bolivia siguen en el origen, pero Brasil se consolidó como la gran bisagra atlántica de América del Sur.

El narcotráfico contemporáneo, busca en los márgenes, la periferia y los intersticios de las rutas y países cuando el centro comienza a ser vigilado." 

(Nicolás Centurión,  Estrategia.la, 03/08/26)

15.11.25

Una breve historia de la larga guerra contra las drogas en América Latina... los campesinos mexicanos, que durante mucho tiempo habían sido una fuente de marihuana, comenzaron a cultivar amapola para satisfacer la demanda de los soldados veteranos de Vietnam, habituados allí a la heroína... la CIA operaba su propia aerolínea, Air America, en el sudeste asiático, que contrabandeaba opio y heroína como una forma de apoyar la guerra secreta de esa agencia en Laos... Y el FBI utilizó el pretexto de la lucha contra las drogas para incriminar al activista afroamericano Martin Sostre, y a muchos otros, quién operaba una librería que se había convertido en el centro de la política radical negra de esa ciudad, con cargos falsos de venta de heroína... en Bolivia, la CIA ayudó a derrocar a un gobierno levemente izquierdista en el primero de una serie de lo que se conoció como "golpes de cocaína". Los "coroneles de la cocaína" de Bolivia entonces aceptaron tanto dinero como Washington estaba dispuesto a ofrecer para luchar contra su versión de la guerra contra las drogas, mientras facilitaban la producción de cocaína para la exportación al extranjero... los aliados de Pinochet comenzaron "a traficar drogas con impunidad," con la familia de Pinochet ganando millones exportando cocaína a Europa (con la ayuda de agentes de sus infames fuerzas de seguridad)... El cartel de Medellín donó millones de dólares a la campaña de Reagan contra el gobierno sandinista de izquierda de Nicaragua... Clinton lanzó el Plan Colombia, con aviones y productos químicos para la erradicación aérea de drogas, lo que mató a miles de campesinos colombianos, y a una devastación ecológica generalizada... Trump insiste en que la "guerra contra las drogas" no es una metáfora, que es una guerra real, y como tal posee poderes extraordinarios en tiempos de guerra, incluyendo la autoridad para bombardear México y atacar Venezuela. Considerando esta historia, ¿quién podría discutirlo? (Greg Grandin)

 "Hay una regla en la era de Donald Trump. Cuando se trata de él, simplemente no puedes descartar nada. Es cierto que, hace poco, cuando se le preguntó sobre la posibilidad de que ordenara ataques militares no solo contra barcos frente a la costa de Venezuela, sino también dentro de Venezuela, él respondió de manera contundente "no". Pero también ha dicho que las opciones militares siguen "sobre la mesa". Y qué extraño, si está planeando no hacer nada, que los buques de guerra estadounidenses ahora estén supuestamente posicionados para posibles ataques dentro de ese país, con destructores frente a su costa y un grupo de portaaviones que también ha entrado recientemente en el Caribe. Y no olvides las acciones encubiertas que su administración ya ha autorizado en secreto a la CIA para llevar a cabo dentro de ese país. O, para el caso, los supuestos barcos de "drogas" que su administración ha estado hundiendo regularmente en el Caribe (y el Océano Pacífico), aunque no tiene ni idea de quiénes están a bordo.

Ten en cuenta que estamos hablando del presidente que afirma haber terminado ocho guerras y se considera la persona más digna en la Tierra (sin excepción) para un Premio Nobel de la Paz. Pero el mundo de Donald Trump simplemente no podría ser más extraño o, al mismo tiempo, más predecible y — ¡sí! — más impredecible. Recientemente, en una publicación en las redes sociales, el senador Bernie Sanders señaló lo que es constitucionalmente obvio, aunque no, por supuesto, para el presidente y su equipo: "Trump está amenazando ilegalmente con la guerra con Venezuela, después de matar a más de 50 personas en ataques no autorizados en el mar." La Constitución es clara: solo el Congreso puede declarar la guerra. El Congreso debe defender la ley y poner fin al militarismo de Trump.

Qué verdaderamente extraño — y, aún más extraño, los recientes ataques de Trump a esos “barcos de drogas” en el Caribe y la continua “guerra contra las drogas” de este país tienen una historia distinta, que el habitual de TomDispatch, Greg Grandin, expone hoy de manera demasiado vívida. Cuando se trata de los Estados Unidos de América y sus presidentes, aunque Donald Trump ahora está subiendo la apuesta de manera notable, no hay nada remotamente nuevo en la desastrosa "guerra contra las drogas". 

 Hoy, Donald Trump preside sobre su propia Asesinato Incorporado, menos un gobierno que un escuadrón de la muerte.

Muchos desestimaron su proclamación a principios de su segundo mandato de que el Golfo de México a partir de ahora se llamaría el Golfo de América como una demostración de dominio tonta, pero inofensiva. Ahora, sin embargo, ha creado una masacre continua en el mar Caribe adyacente. El Pentágono ha destruido hasta ahora 18 lanchas rápidas allí y en el Océano Pacífico. No se ha presentado ninguna evidencia ni se han presentado cargos que sugieran que esos barcos estuvieran transportando drogas, como se afirma. La Casa Blanca simplemente ha seguido publicando videos de vigilancia desde una vista aérea (realmente, películas snuff) de un barco objetivo. Luego viene un destello de luz y desaparece, al igual que los humanos que llevaba, ya sean contrabandistas de drogas, pescadores o migrantes. Hasta donde sabemos, al menos 64 personas ya han sido asesinadas en tales ataques.

La tasa de eliminación está acelerándose. A principios de septiembre, Estados Unidos estaba atacando un barco cada ocho a diez días. A principios de octubre, uno cada dos días. Durante un tiempo, a partir de mediados de octubre, fue todos los días, incluyendo cuatro ataques solo el 27 de octubre. La sangre, al parecer, anhela sangre.

Y la zona de caza se ha estado expandiendo desde las aguas caribeñas frente a Venezuela hasta las costas colombianas y peruanas en el océano Pacífico.

Muchos motivos podrían explicar la compulsión de Trump por asesinar. Quizás disfrute de la emoción y la prisa de poder que proviene de dar órdenes de ejecución, o él (y el Secretario de Estado Marco Rubio) esperan provocar una guerra con Venezuela. Quizás considera que los ataques son distracciones útiles del crimen y la corrupción que definen su presidencia. El asesinato a sangre fría de latinoamericanos también es carne roja para las filas vengativas de los trumpistas, que han sido incitados por guerreros culturales como el vicepresidente JD Vance a culpar la crisis de opioides, que afecta desproporcionadamente a la base rural blanca del Partido Republicano, de una "traición" de la élite.

Los asesinatos, que Trump insiste son parte de una guerra más amplia contra los carteles de drogas y los traficantes, son horribles. Destacan la cruel insensibilidad de Vance. El vicepresidente ha bromeado sobre asesinar a pescadores y ha afirmado que "no le importa un carajo" si los asesinatos son legales. En cuanto a Trump, ha desestimado la necesidad de la autoridad del Congreso para destruir lanchas rápidas o atacar a Venezuela, diciendo: "Creo que simplemente vamos a matar gente." ¿De acuerdo? Vamos a matarlos. Van a estar, como, muertos.

Pero, como con tantas cosas trumpianas, es importante recordar que no podría hacer lo que hace si no fuera por las políticas e instituciones establecidas por demasiados de sus predecesores. Sus horrores tienen largas historias de fondo. De hecho, Donald Trump no está tanto escalando la guerra contra las drogas como escalando su escalada.

Lo que sigue entonces es una breve historia de cómo llegamos a un momento en que un presidente podría ordenar el asesinato en serie de civiles, compartir públicamente videos de los crímenes y encontrar que la respuesta de demasiados reporteros, políticos (Rand Paul siendo una excepción) y abogados fue poco más que un encogimiento de hombros, si no, en algunos casos, un aliento.

Una breve historia de la guerra más larga

Richard Nixon (1969-1974) fue nuestro primer presidente en la guerra contra las drogas.

El 17 de junio de 1971, con la Guerra de Vietnam aún en pleno apogeo, anunció una "nueva ofensiva total" contra las drogas. Nixon no usó la frase "guerra contra las drogas." Sin embargo, dentro de las 48 horas, decenas de periódicos en todo el país lo habían hecho, lo que sugiere que los miembros del personal de la Casa Blanca habían alimentado la frase militarizada a sus reporteros.

La llamada de Nixon a una ofensiva contra las drogas fue una respuesta directa a una historia explosiva publicada un mes antes en el New York Times, titulada "Epidemia de Adicción a la Heroína entre los G.I. en Vietnam." Decenas de miles de soldados estadounidenses eran adictos, con algunas unidades informando que más del 50% de sus hombres estaban usando heroína.

En las conferencias de prensa, Nixon ahora estaba siendo cuestionado no solo sobre cuándo y cómo planeaba terminar la guerra en Vietnam, sino también sobre si los usuarios de drogas en el ejército serían enviados a rehabilitación o castigados. ¿Qué, preguntó un periodista, iba a hacer él con los "soldados que están regresando de Vietnam con una adicción a la heroína?"

Lo que hizo fue lanzar lo que hoy podríamos considerar como el segundo acto de Vietnam, una expansión global de operaciones militares, enfocadas no en comunistas esta vez, sino en la marihuana y la heroína.

En 1973, poco después de que el último soldado de combate estadounidense abandonara el sur de Vietnam, Nixon creó la Agencia de Control de Drogas (DEA). Su primera gran operación en México se parecía inquietantemente a Vietnam. A partir de 1975, los agentes estadounidenses se adentraron en el norte de México, uniéndose a las fuerzas policiales y militares locales para llevar a cabo barridos militares y fumigaciones aéreas. Un informe lo describió como una campaña de terror de asesinato y tortura extrajudicial contra los productores rurales de marihuana y opio, en su mayoría campesinos pobres. La campaña trató a todos los aldeanos como si fueran el "enemigo interno." Bajo la cobertura de luchar contra las drogas, las fuerzas de seguridad mexicanas, suministradas con inteligencia por la DEA y la Agencia Central de Inteligencia, suprimieron ferozmente a los activistas campesinos y estudiantiles. Como escribió la historiadora Adela Cedillo, en lugar de limitar la producción de drogas, esa campaña llevó a su concentración en unas pocas organizaciones paramilitares estructuradas jerárquicamente que, a finales de la década de 1970, llegaron a ser conocidas como "cárteles".

Entonces, el primer frente de batalla completamente militarizado en la Guerra contra las Drogas ayudó a crear los cárteles que la actual iteración de la Guerra contra las Drogas está combatiendo ahora.

Gerald Ford (1974-1977) respondió a la presión del Congreso —notablemente del congresista demócrata de Nueva York Charles Rangel— comprometiéndose con una estrategia de "oferta" de atacar la producción de drogas en su origen (en lugar de intentar reducir la demanda en el país). Mientras que los países del sudeste asiático, junto con Afganistán, Pakistán e Irán, habían sido los principales proveedores de heroína para los EE. UU., los mexicanos, que durante mucho tiempo habían sido una fuente de marihuana, habían comenzado a cultivar amapola para satisfacer la demanda de los veteranos de Vietnam habituados a la heroína. Para 1975, estaba suministrando más del 85% de la heroína que entraba en los Estados Unidos. "Los acontecimientos en México no son buenos," le dijo un asistente de la Casa Blanca a Ford en preparación para una reunión con Rangel.

Ford aumentó las operaciones de la DEA en América Latina.

Jimmy Carter (1977-1981) apoyó la despenalización de la marihuana para uso personal y, en sus discursos y comentarios, enfatizó el tratamiento sobre el castigo. En el extranjero, sin embargo, la DEA continuó expandiendo sus operaciones. (Pronto estaría operando 25 oficinas en 16 países de América Latina y el Caribe.)

Ronald Reagan (1981-1989) reinó en una época en la que la política de drogas tomaría un giro hacia lo surrealista, fortaleciendo los vínculos entre la política de derecha y las drogas ilícitas.

Pero retrocedamos un poco. La convergencia entre la política de derecha y las drogas comenzó al final de la Segunda Guerra Mundial cuando, según el historiador Alfred McCoy, la inteligencia estadounidense en Italia empezó a depender del creciente "sindicato internacional de narcóticos" del jefe del crimen Lucky Luciano, que se extendería desde el mar Mediterráneo hasta el mar Caribe y desde Estambul hasta La Habana, para llevar a cabo operaciones encubiertas anticomunistas. Luego, en 1959, después de que la Revolución Cubana cerrara el lucrativo comercio de drogas de la isla, los traficantes se trasladaron a otros lugares de América Latina o a los Estados Unidos, donde también se unieron a la causa anticomunista.

La CIA luego utilizó a esos exiliados gánsteres en operaciones destinadas a desestabilizar el gobierno cubano de Fidel Castro y socavar el movimiento pacifista interno. Al mismo tiempo, la CIA operaba su propia aerolínea, Air America, en el sudeste asiático, que contrabandeaba opio y heroína como una forma de apoyar la guerra secreta de esa agencia en Laos. Y el FBI notoriamente utilizó el pretexto de la lucha contra las drogas para "exponer, interrumpir, desviar, desacreditar o de alguna otra manera neutralizar" a los disidentes políticos, incluidos los Panteras Negras. Trabajaron, por ejemplo, con la policía local en Buffalo, Nueva York, para incriminar al activista afroamericano Martin Sostre, quien operaba una librería que se había convertido en el centro de la política radical negra de esa ciudad, con cargos falsos de venta de heroína.

La creación de la Administración de Control de Drogas por parte de Nixon unió esos hilos, ya que sus agentes trabajaron en estrecha colaboración tanto con el FBI en los EE. UU. como con la CIA en América Latina. Cuando, después de que la guerra en Vietnam terminó en derrota, el Congreso intentó controlar a la CIA, sus agentes utilizaron la extensa red de la DEA en el extranjero para continuar sus operaciones encubiertas.

Para cuando Reagan se convirtió en presidente, la producción de cocaína en la región andina de América Latina estaba en pleno apogeo, con una dinámica curiosamente distintiva en funcionamiento: la CIA trabajaba con gobiernos de derecha y represivos involucrados en la producción de coca, mientras que la DEA trabajaba con esos mismos gobiernos para suprimir la producción de coca. Esa dinámica se captó perfectamente ya en 1971 en Bolivia, cuando la CIA ayudó a derrocar a un gobierno levemente izquierdista en el primero de una serie de lo que se conoció como "golpes de cocaína". Los "coroneles de la cocaína" de Bolivia entonces aceptaron tanto dinero como Washington estaba dispuesto a ofrecer para luchar contra su versión de la guerra contra las drogas, mientras facilitaban la producción de cocaína para la exportación al extranjero. El presidente Carter cortó la financiación para la interdicción de drogas a Bolivia en 1980. Reagan lo restableció en 1983.

El ascenso del dictador chileno General Augusto Pinochet siguió la misma dinámica. Pinochet enmarcó en parte su golpe de estado de 1973, apoyado por la CIA, contra el presidente socialista Salvador Allende como un frente en la guerra contra las drogas de Nixon. Trabajando estrechamente con la DEA, el general torturó y mató a narcotraficantes junto con activistas políticos como parte de su ola de represión posterior al golpe. Mientras tanto, los aliados de Pinochet comenzaron "a traficar drogas con impunidad," con la familia de Pinochet ganando millones exportando cocaína a Europa (con la ayuda de agentes de sus infames fuerzas de seguridad).

Una vez en el cargo, Reagan comenzó a escalar la guerra contra las drogas como lo hizo con la Guerra Fría — y el vínculo entre la cocaína y la política de derecha se estrechó. El cartel de Medellín donó millones de dólares a la campaña de Reagan contra el gobierno sandinista de izquierda de Nicaragua. Los lazos eran oscuros y conspirativos, parte de lo que McCoy ha denominado el "submundo encubierto", por lo que es fácil caer en el agujero de conejo del estado profundo tratando de rastrearlos, pero los detalles se pueden encontrar en los reportajes de Gary Webb, Robert Parry, Leslie Cockburn, Bill Moyers, John Kerry y 60 Minutes de CBS, entre otros.

George H.W. Bush (1989-1993) llevó a cabo un movimiento muy similar al de Trump al presentar al público su argumento de que la guerra contra las drogas necesitaba ser escalada. Hizo que la DEA fuera a la parte más pobre de Washington, D.C., para atrapar a un narcotraficante afroamericano de bajo nivel, Keith Jackson, pagándole para que viajara a la Casa Blanca y vendiera a un agente encubierto tres onzas de crack. Bush luego mostró las drogas en la televisión nacional para ilustrar lo fácil que era comprar narcóticos. Un estudiante de último año de secundaria, Jackson pasó ocho años en prisión para que Bush pudiera hacer una demostración en televisión.

El presidente entonces aumentó la financiación para la guerra contra las drogas, expandiendo las operaciones militares y de inteligencia en los Andes y el Caribe. Estos fueron los años de Miami Vice, cuando los esfuerzos por suprimir el contrabando de cocaína hacia Florida solo desplazaron las rutas de transporte por tierra a través de Centroamérica y México. La contribución más destacada de Bush a la Guerra contra las Drogas fue la Operación Causa Justa, en la que, unas semanas después de la caída del Muro de Berlín a finales de 1989, envió a 30,000 marines a Panamá para arrestar al autócrata Manuel Noriega bajo cargos de tráfico de drogas. Noriega había sido un activo de la CIA cuando Bush era el director de esa agencia. Pero con el fin de la Guerra Fría, ya no era útil.

Bill Clinton (1993-2001) intensificó las políticas "duras con las drogas" de su predecesor republicano. Mantuvo las sentencias mínimas obligatorias y aumentó el número de personas que cumplen condenas de cárcel por delitos relacionados con las drogas.

En su último año en el cargo, Clinton lanzó el Plan Colombia, que comprometió miles de millones de dólares más en la interdicción de drogas, pero con un giro: la privatización. Washington otorgó contratos a corporaciones mercenarias para llevar a cabo operaciones en el campo. DynCorp proporcionó pilotos, aviones y productos químicos para la erradicación aérea de drogas (lo que tuvo horribles consecuencias ambientales) y trabajó estrechamente con el ejército colombiano. Una start-up cibernética, Oakley Networks, ahora parte de Raytheon, también recibió dinero del Plan Colombia para proporcionar "software de vigilancia por Internet" a la Policía Nacional de Colombia, que utilizó la tecnología para espiar a los activistas de derechos humanos.

El Plan Colombia llevó a la muerte de cientos de miles de civiles y a una devastación ecológica generalizada. ¿El resultado? Las estimaciones varían, pero se cree que aproximadamente el doble de tierras colombianas están ahora dedicadas al cultivo de coca en comparación con el inicio del Plan Colombia en 2000 y la producción de cocaína se ha duplicado.

George W. Bush (2001–2009) volvió a escalar la guerra contra las drogas, aumentando la financiación para la interdicción tanto a nivel nacional como internacional. También instó al presidente de México, Felipe Calderón, a lanzar su propio asalto militar brutal contra los cárteles de drogas. Para cuando Calderón dejó el cargo, las fuerzas de seguridad y los carteles juntos habían matado o desaparecido a decenas de miles de mexicanos.

Conceptualmente, Bush vinculó la Guerra Global contra el Terrorismo posterior al 11-S con la Guerra Global contra las Drogas. "El tráfico de drogas financia el mundo del terror," afirmó.

Barack Obama (2009–2017), al igual que el presidente Carter, enfatizó el tratamiento sobre el encarcelamiento. No obstante, no tomó ninguna medida para poner fin a la guerra contra las drogas, continuando con la financiación del Plan Colombia y ampliando el Plan Mérida, que su predecesor había implementado para combatir a los carteles en Centroamérica y México.

En febrero de 2009, los expresidentes de Brasil, México y Colombia —Fernando Cardoso, Ernesto Zedillo y César Gaviria— publicaron un informe titulado “Drogas y Democracia: Hacia un Cambio de Paradigma,” que pedía el fin de la guerra contra las drogas, proponiendo en su lugar la despenalización y el tratamiento del consumo de drogas como un problema de salud pública. Los autores eran políticos del establishment, y Obama podría haber utilizado su informe innovador para ayudar a construir un nuevo consenso de salud pública sobre el consumo de drogas. Pero su Casa Blanca ignoró en gran medida el informe.

Donald Trump (2017–2021) aumentó el financiamiento ya elevado para las operaciones militarizadas contra las drogas en la frontera y en el extranjero, pidiendo la "pena de muerte" para los narcotraficantes. También sugirió la idea de lanzar “misiles a México para destruir los laboratorios de drogas,” pero hacerlo “silenciosamente” para que “nadie supiera que éramos nosotros.”

En el primer mandato de Trump, ofreció un adelanto ahora olvidado (al menos en los EE. UU.) del asesinato de civiles en barcos. El 11 de mayo de 2017, agentes de la DEA y sus contrapartes hondureños que viajaban en barco por el río Patuca abrieron fuego contra un taxi acuático que transportaba a 16 pasajeros. Desde arriba, un agente de la DEA en un helicóptero en círculo ordenó a un soldado hondureño que disparara su ametralladora contra el taxi. Cuatro murieron, incluyendo a un niño pequeño y dos mujeres embarazadas, y tres más resultaron gravemente heridas. El incidente involucró a 10 agentes estadounidenses, ninguno de los cuales sufrió consecuencias por la masacre.

Joe Biden (2021–2025) apoyó la desescalada en principio y de hecho disminuyó la financiación para la fumigación aérea de drogas en Colombia. También otorgó indultos generales a miles de personas condenadas por cargos federales relacionados con la marihuana. No obstante, al igual que los presidentes antes que él, continuó financiando la DEA y las operaciones militares en América Latina.

Donald Trump (2025-?) ha abierto un nuevo frente en la guerra contra los cárteles de drogas de México en Nueva Inglaterra. La DEA, trabajando con ICE y el FBI, afirma que en agosto realizó 171 "detenciones de alto nivel" de "miembros del cartel de Sinaloa" en todo Massachusetts y New Hampshire. El equipo de investigación "Spotlight" del Boston Globe, sin embargo, informa que la mayoría de los arrestados estaban involucrados en "ventas de drogas de bajo valor" o eran simplemente adictos, y no tenían ningún vínculo con el cartel de Sinaloa.

Trump insiste en que la "guerra contra las drogas" no es una metáfora, que es una guerra real, y como tal posee poderes extraordinarios en tiempos de guerra, incluyendo la autoridad para bombardear México y atacar Venezuela.

Considerando esta historia, ¿quién podría discutirlo? ¿O pensar que tal guerra podría terminar de otra manera que mal — o, para el caso, terminar alguna vez?" 

( Greg Grandin , TomDispatch, 13/11/25, traducción Quillbot, enlaces en el original)

28.9.25

El crimen organizado corrompe a la policía, los jueces y los carceleros franceses... un informe, elaborado en diciembre del año pasado, revela la infiltración masiva del crimen organizado en los sistemas policial, judicial y penitenciario... Un policía anónimo confiesa haber proporcionado información a narcotraficantes en investigaciones por 2.000 euros al mes, sin dejar rastro gracias a chips y cambios de teléfono, afirmando ser intocable... la policía está sometida al poder financiero de los delincuentes. Venden datos confidenciales a través de Telegram, con acceso a archivos (TAJ, FPR) por 50 euros... un archivo se vende por entre 300 y 500 euros... los carceleros reciben entre 500 y 2.000 euros por introducir teléfonos o drogas... Algunos secretarios judiciales han alterado expedientes bajo coacción, y los demás secretarios judiciales también son objetivos prioritarios, y sus “errores procesales” alimentan las sospechas (mpr21)

 "Un informe interno expone la corrupción que alcanza a la policía, los jueces y las prisiones francesas por los narcotraficantes, con filtraciones de archivos y sobornos. Jueces, guardias y funcionarios están en el punto de mira. Un magistrado corso es sospechoso de tráfico de influencias.

El informe, elaborado en diciembre del año pasado, revela la infiltración masiva del crimen organizado en los sistemas policial, judicial y penitenciario.

Un policía anónimo, que aparece en el documental “Policía, Justicia: ¿Dónde están los nuevos delincuentes?”, confiesa haber proporcionado información a narcotraficantes en investigaciones por 2.000 euros al mes, sin dejar rastro gracias a chips y cambios de teléfono, afirmando ser intocable.

El caso ilustra una situación más extendida. Según la Oficina Central de Lucha contra la Corrupción y los Delitos Financieros y Fiscales, la policía está sometida al poder financiero de los delincuentes. Venden datos confidenciales a través de Telegram, con acceso a archivos (TAJ, FPR) por 50 euros, como en varias condenados del año pasado.

El informe de 152 páginas detalla que los móviles profesionales Neo, muy extendidos desde 2016, facilitan las filtraciones, trivializando el intercambio de información sensible entre las nuevas generaciones de policías. Las investigaciones por robo de archivos se han triplicado (27 en 2020 frente a 93 en 2023), y un archivo se vende por entre 300 y 500 euros, según la Oficina Antidrogas.

Más allá de la policía, los carceleros están especialmente involucrados, recibiendo entre 500 y 2.000 euros por introducir teléfonos o drogas, a menudo bajo presión social o económica, para pagar ajustes de cuentas.

Algunos secretarios judiciales han alterado expedientes bajo coacción, y los demás secretarios judiciales también son objetivos prioritarios, y sus “errores procesales” alimentan las sospechas.

El caso excepcional de Helene Gerhards, magistrada acusada el año pasado por tráfico de influencias en Córcega, demuestra que ni siquiera los jueces se salvan. Son sospechosos de favorecer a Johann Carta a cambio de trabajo no declarado.

La Oficina Central de Lucha contra la Corrupción advierte de la insuficiente detección de las infiltraciones vinculadas al narcotráfico, que requiere un enfoque metódico ante las sofisticadas redes que utilizan intermediarios y se centran en la vulnerabilidad de los funcionarios.

Este escándalo pone de manifiesto un desafío estructural para las instituciones soberanas, en un contexto en el que el crimen organizado se adapta a las herramientas digitales." 

(mpr21, 27/09/25) 

21.9.25

Editorial de La Jornada: DEA, injerencismo desbocado... The Washington Post reveló que la Administración de Control de Drogas (DEA) sugirió perpetrar ataques militares en territorio mexicano, entre los que se incluían asesinatos selectivos de presuntos líderes de cárteles y la destrucción de infraestructura que, a juicio de la agencia, fuera usada por el crimen organizado. La intervención armada en México fue promovida por el entonces director interino de la agencia, Derek S. Maltz... la información del rotativo reafirma el carácter de la DEA como uno de los organismos del gobierno estadunidense más propensos al injerencismo, la violación abierta de la legalidad internacional, la aplicación extraterritorial de la ley, las ejecuciones extrajudiciales y otros excesos inaceptables en un estado de derecho... El impulso de la agencia para que Washing-ton violara la integridad territorial mexicana y llevara adelante operaciones militares ilegales en nuestro país ratifica una vez más el acierto de la reforma a la Ley de Seguridad Nacional enviada al Congreso por el ex presidente Andrés Manuel López Obrador en diciembre de 2020, que exigía poner en conocimiento de las autoridades mexicanas la información que se alleguen en el ejercicio de sus funciones... La DEA nunca perdonó al ex mandatario que haya terminado el uso de México como patio trasero para sus actividades encubiertas, las cuales no redundaron en ninguna disminución del trasiego de estupefacientes y, por el contrario, se dieron en un marco de complicidad con Genaro García Luna, a quien hoy las autoridades estadunidenses mantienen preso por tráfico de cocaína. Por ello, los intentos de agresión revelados ayer deben entenderse en el marco del continuo golpeteo político con que la agencia busca debilitar a los gobiernos mexicanos... En momentos en que Washington ya ha presumido el hundimiento de tres embarcaciones en las cercanías de Venezuela y el asesinato de sus tripulantes sin aportar prueba alguna de que se encontraran cometiendo algún delito o pertenecieran a algún grupo criminal, es imperativo insistir en que matar a personas por su supuesta participación en el tráfico de drogas, sin hacer intento alguno por detenerlas, procesarlas y demostrar su culpabilidad no es una forma de aplicación de la ley, sino la puesta en práctica de la piratería imperial y un crimen en sí mismo

 "The Washington Post reveló ayer que, en las primeras semanas del nuevo gobierno de Donald Trump, la Administración de Control de Drogas (DEA) sugirió perpetrar ataques militares en territorio mexicano, entre los que se incluían asesinatos selectivos de presuntos líderes de cárteles y la destrucción de infraestructura que, a juicio de la agencia, fuera usada por el crimen organizado. La intervención armada en México fue promovida por el entonces director interino de la agencia, Derek S. Maltz, quien se expresó “totalmente a favor” de atacar los laboratorios de producción y a los cabecillas de los grupos criminales, pero fue descartada por la Casa Blanca y el Departamento de Defensa, ahora renombrado Departamento de Guerra.

Aunque la información del rotativo no resulta sorprendente, reafirma el carácter de la DEA como uno de los organismos del gobierno estadunidense más propensos al injerencismo, la violación abierta de la legalidad internacional, la aplicación extraterritorial de la ley, las ejecuciones extrajudiciales y otros excesos inaceptables en un estado de derecho.

El impulso de la agencia para que Washing-ton violara la integridad territorial mexicana y llevara adelante operaciones militares ilegales en nuestro país ratifica una vez más el acierto de la reforma a la Ley de Seguridad Nacional enviada al Congreso por el ex presidente Andrés Manuel López Obrador en diciembre de 2020. Dicha iniciativa estableció la obligación de los agentes de otros gobiernos y de las embajadas acreditadas en México cuyo personal realice actividades en materia de seguridad nacional de poner en conocimiento de las autoridades mexicanas la información que se alleguen en el ejercicio de sus funciones, con lo que puso fin al libertinaje con que se manejaron los espías estadunidenses durante las administraciones neoliberales, el cual alcanzó niveles escandalosos en el calderonato.

La DEA nunca perdonó al ex mandatario que haya terminado el uso de México como patio trasero para sus actividades encubiertas, las cuales no redundaron en ninguna disminución del trasiego de estupefacientes y, por el contrario, se dieron en un marco de complicidad con Genaro García Luna, a quien hoy las autoridades estadunidenses mantienen preso por tráfico de cocaína. Por ello, los intentos de agresión revelados ayer deben entenderse en el marco del continuo golpeteo político con que la agencia busca debilitar a los gobiernos de la Cuarta Transformación con el propósito de recuperar sus capacidades para actuar arbitrariamente en persecución de objetivos que nada tienen que ver con el combate a los cárteles.

En momentos en que Washington ya ha presumido el hundimiento de tres embarcaciones en las cercanías de Venezuela y el asesinato de sus tripulantes sin aportar prueba alguna de que se encontraran cometiendo algún delito o pertenecieran a algún grupo criminal, es imperativo insistir en que matar a personas por su supuesta participación en el tráfico de drogas, sin hacer intento alguno por detenerlas, procesarlas y demostrar su culpabilidad no es una forma de aplicación de la ley, sino la puesta en práctica de la piratería imperial y un crimen en sí mismo que merece una condena tajante por parte de todo gobierno, organismo multilateral, organización de la denominada sociedad civil e individuo comprometido con la vigencia de las leyes y el respeto a los derechos humanos.

Desde México, es urgente revisar la relación con la DEA y evaluar la pertinencia de poner en pausa toda colaboración con la agencia en tanto no se comprometa de manera explícita y creíble a conducirse con apego a las leyes mexicanas y dejar de lado la mentalidad neocolonial que guía sus acciones."

(Editorial de La Jornada, 20/09/25) 

12.8.25

Las guerras contra las drogas y la CIA, ahora y entonces... es la CIA, con su tráfico de drogas, la que mueve muchos hilos en los Estados Unidos y en otros lugares (Mark Wigg)

 "Las guerras contra las drogas comenzaron hace más de un siglo, cuando Gran Bretaña y Estados Unidos contrabandeaban opio a China. Los chinos perdieron dos guerras intentando acabar con las importaciones de opio. Varias de las mayores fortunas de Estados Unidos se iniciaron o se incrementaron gracias al contrabando de opio a China. Las familias Delano, Astor, Russel, Perkins y Forbes hicieron fortunas creando adicción al opio entre los chinos.

Saltando a la guerra de Vietnam, encontramos que Air America, de la CIA, contrabandeaba opio a los Estados Unidos. Esto permitió a la CIA disponer de millones de dólares para gastar sin tener que pedir dinero o aprobación al Congreso. A esto le siguieron las guerras en Centroamérica, donde la CIA introdujo cocaína en Estados Unidos. Muchas atrocidades fueron consecuencia de estas operaciones en Centroamérica, como el apoyo de Hillary Clinton al golpe de Estado en Honduras. El último presidente de Honduras fue finalmente arrestado y encarcelado por tráfico de drogas; él y Noriega probablemente no querían compartir suficientes ganancias del narcotráfico con la CIA, así que tuvieron que irse.

Más recientemente, la guerra de Afganistán fue una oportunidad que la CIA no podía dejar pasar. En 1999, bajo el régimen talibán, Afganistán prácticamente no produjo opio. Tras la toma de control por parte de Estados Unidos, Afganistán se convirtió en el principal proveedor mundial de opio. Miles de millones de dólares acabaron en manos de la CIA sin que se investigara cómo Estados Unidos permitió que eso sucediera. Esto le dio a la CIA dinero para desestabilizar y derrocar a cualquier país que quisieran.      

Creo que los chinos vieron lo que estaba pasando y decidieron socavar el tráfico de heroína impulsando el fentanilo. El fentanilo se abarató y se hizo tan accesible que la CIA decidió abandonar el comercio de opio afgano. Observe las estadísticas de muertes por sobredosis para ver cómo disminuyeron las muertes por heroína y aumentaron las muertes por fentanilo antes de que nos fuéramos de Afganistán. Un año después de la retirada de Estados Unidos de Afganistán, el país dejó de producir opio/heroína.

 Cuando comprendes que la CIA paga a las empresas de noticias para que publiquen o no publiquen ciertas historias, puedes entender por qué esto no es de conocimiento común. Cuando la gente intenta revelar esta información, sus aviones se estrellan (el senador Wellstone) o se suicidan con dos disparos en la cabeza (Gary Webb). Cuando nos referimos al Estado Profundo, debemos reconocer que es la CIA, con su tráfico de drogas, la que mueve muchos hilos en los Estados Unidos y en otros lugares."

(

16.5.25

La disminución del 27% en las muertes por sobredosis se debe al aumento de la financiación y el apoyo a los grupos de primera línea de reducción de daños y a las clínicas de atención sanitaria que prestan servicios vitales allí donde vive la gente... distribuyen primeros auxilios y otros suministros que ayudan a los consumidores de drogas a tomar el control de su propia salud, incluida la naloxona, el medicamento que puede salvar vidas y revertir una sobredosis de opiáceos potencialmente mortal... vigilan las redes sociales y las alertas de salud pública para detectar picos de sobredosis y suministrar naloxona directamente a las personas... o instalan dispensadores gratuitos de naloxona en las cabinas de los periódicos... dispensadores gratuitos de naloxona en las cabinas de los periódicos... el reciente descenso de las muertes por sobredosis se debe al aumento de la disponibilidad de naloxona y otras ayudas (Mike Ludwig)

 "Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) anunciaron el 14 de mayo que el número de muertes por sobredosis de drogas en Estados Unidos se redujo casi un 27% en 2024. La cifra representa un descenso significativo después de más de una década de fuerte aumento de las tasas de mortalidad relacionadas con las drogas que miles de millones de dólares en gasto federal en vigilancia policial y control de fronteras no lograron contener.

A principios de 2015, los CDC informaron de menos de 50.000 muertes anuales por sobredosis. Para 2021, esa cifra había superado las 100.000 antes de alcanzar un máximo de 111.451 durante el verano de 2023. Los CDC encontraron enormes disparidades raciales en los datos, ya que el número de muertes registradas entre 2019 y 2020 disminuyó entre las poblaciones blancas con mejor acceso a las intervenciones de salud pública, mientras que se disparó en las comunidades negras e indígenas donde la fuerte vigilancia policial triunfó sobre la atención médica, por ejemplo.

Cada una de las 80.391 muertes por sobredosis registradas en 2024 es una tragedia y un fracaso político, y las sobredosis siguen siendo la principal causa de muerte entre los estadounidenses de 18 a 44 años. Sin embargo, los datos locales agregados por los CDC muestran disminuciones en las tasas de mortalidad por drogas en los 50 estados en comparación con los niveles máximos, y de 2023 a 2024, las muertes vinculadas al fentanilo y otros opioides sintéticos disminuyeron de un estimado de 76,282 a 48,422 a nivel nacional. El número de muertes relacionadas con estimulantes también disminuyó.

 «Si nos fijamos en el gráfico de los CDC, el mes pico en los datos de muertes por sobredosis fue junio de 2023 o julio, por lo que si utilizamos el pico como punto de partida, entonces estamos un 30% por debajo del pico», dijo Nabarun Dasgupta, un científico senior en el Centro de Investigación de Prevención de Lesiones de la Universidad de Carolina del Norte y el laboratorio de datos de opioides, en una entrevista.

Dasgupta, al igual que otros defensores de la salud pública, alberga la esperanza de que por fin se esté superando una grave crisis de salud pública. Pero los profundos recortes a las agencias federales de salud y el gasto en programas como Medicaid bajo el presidente Donald Trump y un Congreso controlado por los republicanos amenazan con frenar el progreso visto en 2024.

Dasgupta y otros expertos no aplauden a los legisladores estadounidenses por gastar miles de millones de dólares cada año luchando contra una «guerra contra las drogas» global y profundamente impopular que dejó a las comunidades de bajos ingresos devastadas por la criminalización masiva, o por arrastrar los pies durante años antes de votar para eliminar las barreras a los medicamentos contra la adicción que salvan vidas, aunque las barreras a los medicamentos todavía existen, incluso dentro de las cárceles y prisiones.

Tampoco atribuyen el mérito a una amplia ofensiva policial contra la prescripción de analgésicos opiáceos que alimentó la crisis de sobredosis al empujar a pacientes desesperados hacia una oferta ilícita de opiáceos cada vez más peligrosa.

 En cambio, los datos federales sugieren que la disminución de las sobredosis mortales está relacionada con los cambios en el suministro de drogas y en la forma en que la gente consume potentes sustancias sintéticas como el fentanilo, junto con el aumento de la financiación y el apoyo a los grupos de primera línea de reducción de daños y a las clínicas de atención sanitaria que prestan servicios vitales allí donde vive la gente.

«En todas y cada una de las comunidades del país hay personas que han respondido a esta enorme tragedia que todos estamos viviendo», afirmó Dasgupta. «Y el trabajo y el esfuerzo que se realiza día tras día, donde las personas de las comunidades se cuidan unas a otras, es lo que está impulsando este declive».

Uno de esos esfuerzos es el Proyecto Mayday, un colectivo de reducción de daños formado exclusivamente por voluntarios y con sede en Charleston (Virginia Occidental), el estado con la tasa de mortalidad por sobredosis más alta del país. A pesar de las restricciones no científicas impuestas a los servicios de reducción de daños por los legisladores conservadores del estado, el grupo distribuye primeros auxilios y otros suministros que ayudan a los consumidores de drogas a tomar el control de su propia salud, incluida la naloxona, el medicamento que puede salvar vidas y revertir una sobredosis de opiáceos potencialmente mortal.

Tasha Withrow, cofundadora de Project Mayday, explicó que el grupo vigila las redes sociales y las alertas de salud pública para detectar picos de sobredosis y suministrar naloxona directamente a las personas. El grupo también ha instalado dispensadores gratuitos de naloxona en las cabinas de los periódicos de dos comunidades de Virginia Occidental, una de las diversas iniciativas de base para la reducción de daños en el estado. Withrow atribuye el reciente descenso de las muertes por sobredosis al aumento de la disponibilidad de naloxona y otras ayudas.

«Hemos puesto más naloxona en manos de los consumidores de drogas. Hay más organizaciones comunitarias que la distribuyen y la llevan a las personas que más la necesitan», dijo Withrow en una entrevista. «Es lo que tenemos que hacer porque no hay nada más. La infraestructura no existe».

La caída del 27 por ciento es notable después de aproximadamente tres décadas de aumento de las muertes por sobredosis, pero Dasgupta dijo que la policía de drogas y los responsables políticos federales no pueden atribuirse el mérito de la disminución señalando las acciones específicas adoptadas en 2024. La nación ha visto una disminución gradual en las muertes desde 2021, cuando las tasas de mortalidad por sobredosis se dispararon a medida que la pandemia de COVID-19 causó grandes trastornos que aislaron a los usuarios de drogas de la atención médica y los apoyos comunitarios.

«No se trata de un descenso repentino. Es algo que ocurrió gradualmente durante tres años estado por estado», dijo Dasgupta.

Tanto el gobierno de Trump como el de Biden gastaron miles de millones de dólares e instalaron equipos de alta tecnología en un intento por incautar drogas fabricadas en México y pasadas de contrabando por la frontera sur, pero los datos federales sugieren que la aplicación de la ley fronteriza tiene poco impacto en el número de muertes por sobredosis. La Patrulla de Aduanas y Fronteras incautó un número similar de «dosis» de fentanilo en la frontera en 2023 y 2024 -aproximadamente 1.000 millones cada año, probablemente un recuento excesivo-, pero la disminución de las muertes por sobredosis fue mucho más drástica en 2024 que en 2023.

De hecho, la investigación muestra que las incautaciones de drogas por parte de las fuerzas del orden pueden en realidad hacer que las drogas sean más peligrosas, al menos en un área local, un fenómeno conocido como la «paradoja de la redada antidroga.» Estudios llevados a cabo recientemente en Indianápolis y San Francisco han detectado un aumento de las sobredosis tras las redadas policiales, que interrumpen el suministro local y obligan a los consumidores a buscar nuevas fuentes o a enfrentarse a un síndrome de abstinencia debilitante. Esto aumenta el riesgo de sobredosis al exponer a las personas a drogas de potencia muy variable.

«Se trata de dos ciudades muy diferentes con respuestas muy distintas en el ámbito de la salud pública, pero el efecto de la interdicción policial es exactamente el mismo en ambas», afirma Dasgupta.

La disminución de las muertes no refleja una política específica. Trump emitió una orden en 2017 declarando la crisis de las sobredosis una emergencia de salud pública que sigue en vigor, pero su primera administración centró los recursos federales en la aplicación de la ley y la represión de los analgésicos, mientras que desestimó las innovaciones que salvan vidas en la reducción de daños, incluidos los sitios de consumo seguro donde las personas pueden acceder a la atención médica básica y usar drogas bajo supervisión médica.

La administración Biden fue aplaudida por dirigir los fondos federales de salud hacia los esfuerzos de reducción de daños de primera línea después de años de presión por parte de los activistas, aunque el presidente Joe Biden se enfrentó a la reacción en forma de una campaña de desinformación de la derecha sin fundamento como resultado.

La comisión creada por la primera administración Trump para abordar la adicción a los opioides no logró frenar la crisis de las sobredosis. El Partido Republicano se dio la vuelta y utilizó esa crisis como forraje para la propaganda antiinmigración. Ahora, Trump 2.0 está utilizando el tema como ariete político. Desde que asumió el cargo por segunda vez, Trump ha declarado múltiples «emergencias nacionales» para justificar una toma de poder federal autoritaria. También ha señalado el contrabando de fentanilo como excusa para intimidar a sus socios comerciales en Canadá y México.

En lugar de la política federal, Dasgupta y sus colegas identificaron tres razones principales del descenso de las muertes tras escarbar en los datos. En primer lugar, los estudios de campo sugieren un descontento general con el suministro de opiáceos sintéticos. «Fentanilo» es una droga específica que se utiliza en las salas de urgencias, pero se ha convertido en un término comodín para designar a los potentes sintéticos que han sustituido a la heroína en muchas comunidades en los últimos 15 años. En algunas zonas, el fentanilo está adulterado con aditivos como el tranquilizante xilacina, que puede causar efectos secundarios desagradables, alejando a la gente de un suministro de drogas vinculado a la mayoría de las muertes por sobredosis.

«La gente tiene miedo. Tienen un suministro de drogas inestable, y no tienen los recursos, y los recursos que están disponibles son muy mínimos porque eso es todo lo que somos legalmente capaces de proporcionar», dijo Withrow, añadiendo que la gente sigue muriendo de sobredosis en Virginia Occidental a pesar de la disminución. «Hay mucho riesgo ahí fuera, pero muchos realmente quieren tomar el control de su propia salud y seguridad».

El consumo de drogas también está disminuyendo entre los jóvenes. El grueso de las muertes por sobredosis se está produciendo entre personas de mediana edad, especialmente hombres, mientras que menos jóvenes se inician en el consumo de opiáceos que en el pasado, según el análisis de Dasgupta.

El tercer factor, y tal vez el más importante, son los cambios en el comportamiento de los consumidores de drogas, con más personas que acceden a los servicios de reducción de daños y adoptan estrategias para mantenerse sanos y vivos. Junto con la ampliación de Medicaid en el marco de la Ley de Asistencia Sanitaria Asequible, el aumento de la financiación de la administración Biden y los acuerdos legales con los fabricantes de opioides han apoyado una oleada de intervenciones de salud pública a nivel comunitario, como la distribución de naloxona y kits de análisis de drogas.

«Si hacemos que esto se limite a la política gubernamental y la financiación federal, lo que hacemos en realidad es eliminar las voces de todas las demás personas del medio que han estado haciendo el trabajo sobre el terreno», afirmó Dasgupta.

Aun así, el trabajo en primera línea conlleva su propio conjunto de retos que el Congreso podría eliminar fácilmente con una legislación integral de reducción de daños. De vuelta en Virginia Occidental, Withrow y otros voluntarios del Proyecto Mayday prosiguen su labor a pesar de las restricciones legales que ya no existen en otros estados. Las restricciones incluyen una ley estatal draconiana que regula los servicios de intercambio de jeringuillas y que hace ilegal que los voluntarios lleven y distribuyan agujas limpias, necesarias para mantener a la gente sana y evitar la propagación de enfermedades.

«Es duro ver cómo la gente se siente desgraciada por no poder acceder a recursos que sí están disponibles en otros lugares», afirma Withrow. «Si estuvieran en otro estado, simplemente podría entregarles lo que necesito entregarles, y no me meterían en la cárcel»."

(Mike Ludwig , Scheer Post, 16/05/25, traducción DEEPL, enlaces en el original, fuente: Truthout )

5.5.25

La ONU asume el fracaso de la política de prohibición de las drogas... en 2022 había 292 millones de personas consumiendo drogas en el mundo, 107 millones más que hace dos décadas, pese a que los gobiernos gastan en total unos 100.000 millones de dólares al año en políticas punitivas para impedir su uso y venta... “La penalización y la prohibición no han conseguido reducir el consumo de drogas ni disuadir la delincuencia relacionada con ellas. Estas políticas sencillamente no funcionan y estamos fallando a algunos de los grupos más vulnerables de nuestra sociedad”, advirtió Turk. El alto comisionado considera como elemento clave de la reforma la despenalización

 "Una nueva vía puede estar abriéndose en el mundo respecto al control de las drogas. El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos ha constatado que su prohibición ha sido un “absoluto fracaso” que “ha destruido innumerables vidas y dañado comunidades enteras”. Similar tesis mantiene la Comisión Global de Política de Drogas, integrada por exmandatarios de países como Brasil, Colombia, Nueva Zelanda, Grecia o Polonia. Y la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga aprobó en marzo, con un inédito consenso, explorar un nuevo sistema de fiscalización internacional de las sustancias, propuesta que tan solo rechazaron los EEUU de Trump, la Rusia de Putin y la Argentina de Milei.

“Uno de los mayores desafíos de nuestro tiempo”

El “caso sangrante” de Rodrigo Duterte en Filipinas

La prohibición, “un accidente histórico”

(Santiago F. Reviejo , Público, 03/05/25)

2.3.25

La organización del jefe de Antiblanqueo de la Policía en Madrid, blanqueó “miles de millones” de otros narcos europeos Utilizaban una compleja estructura de empresas en Dubai, Panamá, Francia y Suiza y a un gestor de criptomonedas radicado en España

 "La organización de presuntos narcotraficantes desarticulada el pasado mes de noviembre, la misma de la que está acusado de pertenecer el jefe de una unidad especializada de la Policía, no solo importaba y vendía cocaína. La investigación de la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDYCO) ha revelado que se trata de una gran estructura de blanqueo de capitales que prestaba sus servicios a numerosos narcotraficantes de distintos países europeos, según han informado a elDiario.es fuentes de las pesquisas.

 La causa que se sigue en el Juzgado de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional establece que la organización investigada ha blanqueado “miles de millones de euros” a través de una compleja estructura que contaba con empresas en Dubai, Panamá, Suiza y Francia. En España, la organización disponía de un gestor de criptomonedas para el blanqueo de capitales a gran escala, precisan las fuentes consultadas. 

Las cifras que van emergiendo en la investigación dejan pequeñas otras que motivaron el escándalo en noviembre. Entonces trascendieron los 21 millones de euros incautados al inspector jefe Óscar Sánchez Gil, al frente de la Unidad contra Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Jefatura Superior de Madrid. A Sánchez, sus compañeros de la UDYCO y Asuntos Internos le encontraron 20 millones de euros emparedados en su domicilio y casi otro millón más en su despacho de la Jefatura.

La cifra venía precedida de otra importante, las 13 toneladas de cocaína que se habían incautado unos días antes en Algeciras a la organización con la que colaboraba el inspector jefe. El alijo apareció en un contenedor procedente de Guayaquil (Ecuador) y supone el mayor incautado en España hasta la fecha.  

Sin embargo, todas esas cifras han ido palideciendo según ha avanzado la investigación y ha emergido una organización que actuaba como una gigantesca lavadora de dinero. Las fuentes consultadas hablan de un operativo con consecuencias imprevisibles para el narcotráfico a nivel europeo. El juez del caso, Francisco de Jorge, ha solicitado un refuerzo, en gran medida motivado por las dimensiones de este caso.

Entre los 15 detenidos en noviembre hay fiscalistas y economistas. La Policía busca desde entonces a tres huidos que figuran como investigados en la causa del Juzgado de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional.

En la introducción de la cocaína jugaba un papel clave el inspector jefe de la Policía Nacional. Sus continuas consultas a las bases de datos permitían a la organización conocer si sus embarcaciones, vehículos, teléfonos o contenedores estaban siendo investigados por la Policía, la Guardia Civil o los cuerpos autonómicos. 

El 'modus operandi' era el siguiente: el inspector jefe de la UDEF abría falsas investigaciones que le permitían introducir en los archivos policiales todos esos datos referidos. Como se trata de bases de datos compartidas y diseñadas para que no se dupliquen las investigaciones, en el caso de que una embarcación, una empresa importadora o un contenedor, por ejemplo, hubieran sido introducidos por otro Cuerpo saltaba la coincidencia que permitía al policía alertar a sus socios. Mientras las otras organizaciones de narcotraficantes seguían sufriendo un porcentaje fijo de incautaciones policiales había una que pasaba desapercibida al radar de los investigadores. 

Los continuos accesos a las bases de datos policiales no habían pasado desapercibidos a sus compañeros, si bien fue una transferencia desde una sociedad investigada por su relación con los narcotraficantes a otra vinculada al policía y su pareja, también agente del Cuerpo, lo que hizo saltar la alarma de los investigadores en enero de 2024. Sánchez Gil era un policía que no compartía su vida con los compañeros. Entre ellos se había ganado el sobrenombre de 'El Anodino'. Un cargo político cuenta cómo coincidió con él en varios actos y nunca le vio abrir la boca.

Alicante y la empresa de plátanos

Los contenedores con cocaína de la organización habían seguido entrando por Algeciras con aparente normalidad. En realidad, la UDYCO y Vigilancia Aduanera habían puesto el foco en una empresa importadora de plátanos cuatro años antes. Ubicada en la provincia de Alicante, la empresa importaba realmente plátanos, pero no se sabía qué hacía con ellos. No tenía beneficios ni infraestructura. 

La Policía y los agentes de Aduanas llegaron a realizar más de 200 inspecciones en secreto a los contenedores de la empresa. Las sospechas entraron en otro nivel cuando la sociedad de Alicante dejó de trabajar con exportadores de plátano de otros países latinoamericanos y se centró en comprar a una empresa de Ecuador a la que las autoridades del país latinoamericano vinculaban con el narcotráfico.

Por fin, a mediados de octubre se detectó el envío y el escáner Medusa de Vigilancia Aduanera certificó que la droga iba dentro. Se trataba de un contenedor en el que viajaban una primera pantalla de cajas de plátanos, que tapaban el resto de la carga, consistente en cajas de igual apariencia y tamaño cargadas con 11.000 pastillas de cocaína, 13 toneladas en total."                    (Pedro Águeda, eldiario.es, 27/02/25)