Artículo 129 de la Constitución española: Los poderes públicos... establecerán los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción - Implantar la democracia económica en España es constitucional
"Iberdrola Generación y cuatro de sus altos directivos están
siendo juzgados en la Audiencia Nacional. La Fiscalía Anticorrupción les
acusa de utilizar prácticas monopolistas para inflar artificialmente el
precio de la luz en 2013, obteniendo con ello un beneficio
multimillonario.
Los hechos revelados en el
juicio demuestran cómo las eléctricas ejecutan un abierto atraco contra
la población gracias a su dominio monopolista sobre un sector básico.
Los
hechos se produjeron entre el 29 de noviembre y el 23 de diciembre de
2013. La Fiscalía Anticorrupción acusa a Iberdrola de “idear y poner en
funcionamiento un sistema para incrementar el precio de la energía que
vendía, más allá del que debiera resultar de la libre concurrencia de la
oferta y la demanda”.
La base que permite a Iberdrola ejecutar el
delito es su control monopolista sobre la energía hidroeléctrica.
Controla tres centrales, la del Duero, Sil y Tajo, que suponen el 50% de
toda la potencia hidroeléctrica española.
Y el arma que utilizó es el sistema marginalista, que fija el precio de toda la luz a partir de la fuente más cara.
La
maniobra de Iberdrola consistió en elevar artificialmente el precio de
la energía ofertada por sus tres megacentrales, provocando que quedaran
fuera de las subastas que fijan los precios de la luz.
¿Qué consiguió con esto?
La
CNMC, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que ya ha
condenado a Iberdrola por estos mismos hechos, afirma que “con ello
provoca la entrada de tecnologías más caras, que se hacen necesarias
para cubrir la demanda, y que incrementan en mayor medida el precio de
casación del mercado”.
El control monopolista y el sistema
marginalista permiten a Iberdrola actuar para imponer un precio de la
luz muchas veces por encima del real. Nosotros pagamos más, y ellos
ganan mucho más.
La CNMC denuncia que “esta actuación no es
puntual ni accidental, sino que se mantiene de forma sostenida en un
periodo de tiempo amplio”.
Los cuatro altos directivos de
Iberdrola que se sientan en el banquillo intentan trasladar la
responsabilidad a un programa informático que decidía los precios de
forma automática. Pero las evidencias en su contra son abrumadoras. Les
han pillado con las manos en la masa.
Es una excelente noticia que la mayor eléctrica del país y algunos de sus directivos sean juzgados por sus abusos.
Pero
deben devolver todo lo que robaron. La CNMC fija en 115 millones el
perjuicio causado a los consumidores por la actuación de Iberdrola. Pero
solo le impuso una multa de 25 millones. Y la Fiscalía Anticorrupción
reclama en el juicio una indemnización de solo 89 millones. Que
devuelvan, con intereses, todo lo que robaron.
Y sobre todo, este
caso debe servir para poner en el foco el atraco de las eléctricas. Lo
que hicieron en 2013 es lo mismo que hacen permanentemente, obligándonos
a pagar por la luz un precio superior al real. No hay que juzgar y
condenar los momentos donde el atraco es ya excesivamente escandaloso,
sino impedir que el ladrón pueda seguir robando." (Claudia Arcoba, De Verdad Digital, 24/10/23)
"El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha acordado la
apertura de juicio oral contra Iberdrola Generación y cuatro directivos
al considerar que en 2013 la compañía «ideó y puso en funcionamiento un sistema para incrementar el precio de la energía que vendía» con
la finalidad de «provocar una subida del precio de la energía eléctrica
y perjudicar a los consumidores», informa Europa Press, que ha tenido
acceso al auto.
Para conseguir un «mayor precio en el mercado eléctrico», argumenta
el juez, aumentaron el precio en las ofertas de energía eléctrica
correspondiente a sus centrales hidráulicas de Duero, Sil y Tajo entre
noviembre y diciembre de 2013. Y lo hicieron, añade, «a un nivel por encima del precio de mercado diario que impedía casar las operaciones,
a pesar del incremento que experimentaban en esos días los precios de
la energía eléctrica en el mercado de contado, que la situaban ante un
coste óptimo de oportunidad». «Esta situación determinó la retirada de
programación de las centrales referidas, esto es, dejaron de producir
energía», añade el juez.
Entonces, el equipo directivo estaba compuesto por el director de
Gestión de la Energía, Ángel Chiarri Toscano; el responsable de
Optimización, Gestión de Recursos y Trading, Gregorio Relaño Cobián; el
responsable de Gestión de Activos, José Luis Rapún Jiménez; y Javier
Paradinas Zorrilla, responsable de Mercados a Corto Plazo y Generación
Global, informa Europa Press. La Fiscalía solicita, respectivamente, la pena de dos años de prisión y multa de 12 meses con una cuota diaria de 400 euros.
La decisión del tribunal se conoce tras el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de crear un impuesto a las grandes energéticas por sus beneficios extraordinarios.
El exdiputado socialista Antonio Miguel Carmona, vicepresidente de
Iberdrola España, considera que esta tasa se circunscribe únicamente a
petroleras y gasistas: «Entendemos que este impuesto es a las petroleras
y a las gasistas que representan el 75% de la energía. Nosotros, muy al
contrario, tenemos un recorte de resultados en España por el
encarecimiento del gas y al tener el 80% de la demanda eléctrica vendida
a precio fijo»." (La marea, 14/07/22)
"El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha acordado
procesar a Iberdrola Generación, filial de la multinacional española
Iberdrola, en el marco de la investigación por el supuesto
encarecimiento artificial del precio de la luz en un 26,5% durante el
invierno de 2013.
En el auto, fechado el pasado 26 de mayo y al que ha tenido
acceso Efe, el titular del juzgado central de Instrucción número 2
también acuerda proseguir la causa respecto a cuatro personas físicas,
que ocupaban distintos cargos de responsabilidad dentro de la compañía
en el momento de los hechos.
Según explica el magistrado, la decisión se produce después del
último informe de la Fiscalía Anticorrupción, que considera que, tras
las “numerosas diligencias”, se ha acreditado “indiciariamente” el
“artificial incremento del precio de la energía eléctrica que vendía
Iberdrola” en estas fechas.
La organización de consumidores Facua, que ejerce la acusación
particular en el caso, recuerda en una nota que ya había solicitado al
juez Moreno en 2020 que pidiese a la Comisión Nacional de los Mercados y
la Competencia (CNMC) que calculase cuál habría sido el precio de la
electricidad si Iberdrola no hubiera provocado su subida mediante la
paralización de la producción de varias centrales hidroeléctricas.
“Competencia estimó que Iberdrola había provocado un aumento del
precio del mercado diario de unos 7 euros por megavatio hora, con lo
cual habría obtenido unos beneficios estimados de 21,5 millones de euros
y provocado un perjuicio de 105 millones en el periodo comprendido
entre el 30 de noviembre y el 23 diciembre de 2013”, señala Facua.
Por estos hechos, que propiciaron la anulación del sistema de
fijación de la tarifa doméstica vigente (una subasta trimestral conocida
como Cesur) y su sustitución por el actual precio voluntario al pequeño
consumidor (PVPC), vinculado a la cotización horaria del mercado
mayorista, la CNMC impuso en 2015 una sanción de 25 millones de euros a
Iberdrola. En 2017, la Fiscalía Anticorrupción presentó una denuncia
contra la empresa por considerar que incurrió en un delito contra el
mercado y los consumidores que le permitió obtener un “lucro ilícito” de
20 millones.
En su resolución de noviembre de 2015, la CNMC dictaminó que la
empresa había alterado fraudulentamente el mercado incrementando el
precio de la oferta de sus centrales hidráulicas de los ríos Duero, Sil y
Tajo. Al recortar intencionadamente la producción de energía
hidráulica, la más barata, para que entrara en el mercado mayorista de
la electricidad -denominado pool- la procedente de los ciclos
combinados, que son mucho más caros y acaban marcando un precio final
más alto.
Ahora, el magistrado “se remite a los datos aportados por la
CNMC: el aumento del precio en unos 7 euros y el perjuicio a la demanda
de 105 millones durante las semanas de 2013 que han sido investigadas”,
indica Facua.
El auto también recoge el proceso de investigación abierto en
2017, así como buena parte del expediente sancionador que le incoó
Competencia. La Audiencia Nacional ordenó el registro de las sedes de
Iberdrola en Madrid y Bilbao para obtener información acerca de cómo y
quién había tomado la decisión de paralizar los embalses.
La investigación concluyó el pasado mes de marzo, y se dirigió a
la Fiscalía Anticorrupción para que informase sobre el procedimiento a
seguir. En su informe, éste pidió continuar con los trámites de
procedimiento abreviado contra cuatro directivos e Iberdrola Generación
como persona jurídica.
Cuatro directivos procesados
Facua señala que fue la actuación de la Policía Judicial la que
permitió obtener suficiente información y tomar declaración de testigos
que aportaron datos clave sobre la manipulación de precios y los
responsables, lo que acabó con la imputación de estos cuatro de sus
entonces directivos: el director de Gestión de Energía, A.C., el
exresponsable de Optimización, Gestión de Recursos y Trading, G.R., el
jefe de Gestión de Activos, J.L.R.J., y el jefe de Gestión de Mercados a
Corto Plazo y Generación Global, J.P.
La versión de Iberdrola es que el precio del mercado subió a
finales de 2013 por circunstancias ajenas, que en ese periodo hubo
escasez de agua y llegó a los embalses un 25% de lo normal y que no
obtuvo ningún beneficio por la paralización de sus centrales
hidráulicas." (eldiario.es, 30/05/22)
"La
vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha pedido
este viernes al presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, que
rectifique "con carácter inmediato" sus declaraciones por "mofarse" de
los más necesitados en un acto en Sagunto (Valencia)."
"La tarifa regulada no es de "tontos": bajará 'ipso facto' con el tope al gas y es más barata que muchas ofertas.
(...) 1.168.542 suministros están acogidos al bono social de electricidad, que
ofrece descuentos de hasta el 70% en el recibo, según el grado de
vulnerabilidad. Es obligatorio acogerse a la tarifa regulada
para disfrutar de la rebaja. Es decir: en ese sentido, el presidente de
Iberdrola calificaba de "tontos" a los "más débiles", en
palabras de la vicepresidenta de Trabajo, Yolanda Díaz; para ese sector
de usuarios, la tarifa regulada no es una opción de consumo, sino una
necesidad. "Debería rectificar de inmediato. Es una vergüenza", aseguró
la ministra unas horas antes de que Sánchez Galán rectificase. (...)
Según las organizaciones de consumidores, la tarifa regulada ha sido
históricamente, antes de este episodio, la opción a largo plazo más
competitiva, ya que no se fija en base a las estrategias comerciales de
cada compañía sino en base a un mercado cuyas reglas son públicas y
contrastables, independientemente de su justicia. Pero es que además,
según el comparador de tarifas de la CNMC, sigue siendo más barata que el 80% de las ofertas analizadas por el regulador, tomando la media de lo abonado entre mayo de 2021 y mayo de 2022. (...)
Si el Gobierno aprueba el próximo martes, como tiene previsto, la
intervención en el mercado mayorista eléctrico español para poner un
tope al gas, la tarifa regulada bajará automáticamente entre un 30% y un 40%, según los cálculos. (...)
La letra pequeña solo se sufre en el mercado libre
¿Cómo pueden cambiar las eléctricas las tarifas unilateralmente y
sin previo aviso? Porque muchas compañías, entre ellas Iberdrola, se
reservan el derecho a subir los precios sin negociación con el cliente
si se producen cambios regulatorios que ellos consideran que les afectan
o ponen en riesgo el negocio. Las ofertas del mercado libre que son
para "listos", en base al esquema de Sánchez Galán, están repletas de
cláusulas en sus condiciones, como se explica aquí.
No pasa lo mismo en el PVPC: el precio del KWh puede ser más alto que
en algunas tarifas libres, cuando el gas logra imponerse y tira para
arriba de la subasta, pero no hay letras pequeñas, ni trampa, ni cartón,
al ser una modalidad garantizada por el poder público y respaldada por
la Comisión Europea para bajar la electricidad." (Javier Martínez, InfoLibre, 06/05/22)
" (...) Sánchez Galán pertenece a ese grupo de ejecutivos retribuidos
en demasía que viven en una nube sobre las leyes que afectan al resto de
los mortales.
Son una élite suprapolítica cuyo máximo
exponente son los jefes y directivos de las grandes tecnológicas, una
élite que se está situando muy por encima del poder político y que está a
muy pocos años de cargarse el poder democrático, que según todos los
vaticinios y de no mediar movimientos o acciones políticas y ciudadanas
contundentes para someterlos a la Soberanía Popular, terminarán por
implantar distintos gobiernos oligárquicos perfectamente engranados a
escala mundial con potentes aparatos policiales que harán de los
principios de Libertad, Igualdad y Fraternidad un recuerdo de viejos.
Aún así, y aunque no sirva de mucho, considero oportuno recordarle al
Sr. Galán aquel aserto genial del matemático, médico y filósofo persa
Al-Juarismi al ser preguntado por el valor de las personas: “Si tiene
ética, entonces su valor es igual a 1; si además es inteligente,
agréguele un 0 y su valor será igual a 10; Si es rico, súmele otro 0 y
su valor llegará a 100; sí además de todo eso es una persona de buen
parecido, agréguele otro 0 y su valor ascenderá a 1000; pero si pierde
el 1, que corresponde a la ética, perderá todo su valor, pues solamente
le quedarán los ceros”. Pues eso, ahí estamos." (Pedro L. Angosto, Nueva Tribuna, 06/05/22)
"La escalada de precios de la electricidad en el mercado
mayorista ha supuesto un golpe para los 10,5 millones de hogares
—aproximadamente el 40% del total— acogidos a la llamada tarifa regulada
(también conocida como PVPC).
Este jueves, el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán,
les ha llamado “tontos” por mantenerse en esa tarifa y no haberse
pasado a la de mercado libre, durante una conferencia con motivo de la
presentación de la fábrica de baterías de Volkswagen en Sagunto
(Valencia). “Solamente los tontos que siguen con la tarifa regulada
marcada por el Gobierno pagan ese precio”, ha afirmado en un inciso de
la charla que ha mantenido con el presidente de la multinacional
alemana, Herbert Diess.
“El 80% de los españoles no pagan el precio del pool, anuncio publicitario, no pagan el pool.
El 80% está pagando menos que el precio del año 2018, porque han bajado
los impuestos. Cierro paréntesis”, ha comentado Galán de manera
inopinada. Su intervención ha sorprendido por el contenido y por el tono
distendido, medio en broma. (...)
"El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, ha afirmado este jueves en Sagunto (Valencia) que el 80% de los españoles "no pagan el precio del 'pool'" o mercado mayorista eléctrico, y que "solamente los tontos" que siguen con la "tarifa regulada marcada por el Gobierno" pagan más por la luz."
En su comentario sobre la tarifa de la luz, Galán se refería
a que el Gobierno bajó los impuestos el pasado mes de septiembre.
Entonces, ante la subida del recibo de la luz, el Ejecutivo decidió
aprobar un paquete de medidas para paliar ese incremento. Entre otras,
aprobó una reducción del 97% de los cargos de la factura, una reducción
del IVA del 21% al 10%, una reducción del impuesto de la electricidad al
0,5% y una suspensión del tributo sobre la generación de las
eléctricas. También amplió los beneficios del bono social.
Con
sus palabras, Sánchez Galán también ha aludido a los más de 10 millones
de hogares que tienen contratada esa tarifa. En cambio, otros 16,2
millones de familias optaron por la de mercado libre, en el que las
tarifas se negocian caso por caso entre los usuarios y las empresas
comercializadoras. (...)
En su comentario sobre la tarifa de la luz, Galán se refería
a que el Gobierno bajó los impuestos el pasado mes de septiembre.
Entonces, ante la subida del recibo de la luz, el Ejecutivo decidió
aprobar un paquete de medidas para paliar ese incremento. Entre otras,
aprobó una reducción del 97% de los cargos de la factura, una reducción
del IVA del 21% al 10%, una reducción del impuesto de la electricidad al
0,5% y una suspensión del tributo sobre la generación de las
eléctricas. También amplió los beneficios del bono social.
Con
sus palabras, Sánchez Galán también ha aludido a los más de 10 millones
de hogares que tienen contratada esa tarifa. En cambio, otros 16,2
millones de familias optaron por la de mercado libre, en el que las
tarifas se negocian caso por caso entre los usuarios y las empresas
comercializadoras. (...)" (Ferran Bono , El País, 05/04/22)
"Hicieron falta 15 años y mirar hacia otro lado para que desde la Junta
de Castilla y León se fraguase el mayor caso de corrupción conocido
hasta la fecha. Con la Trama Eólica antiguos cargos del Gobierno
autonómico del PP se repartieron mordidas de 75 millones de euros entre
los años 2000 y 2015.
Tras cuatro años de investigación judicial, y con
el juicio pendiente de señalar hay varias certezas: que 16 personas
tendrán que responder ante el juez por presuntos delitos de
prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales,
extorsión y contra la Hacienda Pública y que el epicentro estaba en la
propia cúpula de la Consejería de Economía de Castilla y León, que según
el entonces presidente, Juan Vicente Herrera, no estaba "en el mapa de
la corrupción".
La trama, que denunció la Fiscalía Anticorrupción tras el informe de un
inspector de hacienda, consistió en dar salida a parques eólicos en los
que hubiese empresarios de Castilla y León elegidos en la Consejería.
Las eléctricas como Endesa e Iberdrola o los promotores de energías
renovables tenían que asociarse con ellos. De otro modo, la tramitación
se estancaba.
Según el juez, el viceconsejero de Economía de la Junta, Rafael
Delgado, junto al entonces consejero de Economía, Tomás Villanueva, ya
fallecido, y el responsable de una filial de Iberdrola, Ricardo Bravo
Sayas, establecieron un plan porque "en la Junta de Castilla y León se
entendió que el sector de las energías renovables y particularmente el
eólico era un sector que facilitaba la diversificación de actividades
para las empresas de la comunidad autónoma, regulado y con un importante
marco jurídico y retributivo estable, por lo que el gobierno autonómico
decidió favorecer una importante entrada de empresas de la comunidad en
las promotoras de parques eólicos".
Participaciones del 40% de empresarios locales y excargos de la Junta
Así, se exigió a promotores que cediesen o permitiesen la
participación de empresas locales en el proyecto bajo la amenaza de no
obtener la necesaria autorización, participación que debía ser próxima
al 40%. El principal imputado es Delgado, que mediante una instrucción
de avocación, se arrogó la capacidad de autorizar parques, en lugar de
los jefes de Industria de cada provincia. Para controlar la marcha de
las negociaciones y fusiones, se creó un documento llamado "semáforo" en
el que se iba marcando qué parques tenían vía libre.
Las empresas por las que apostó la Junta fueron aquellas que
pertenecían a personas con las que tenían relación. Entre esas personas
estaban los hermanos Francisco y Alberto Esgueva.
Este último había sido el consejero delegado de la Oficina de
Internacionalización de la Junta hasta 2006, y fue el mayor beneficiado
en la trama. Esgueva se asoció con Iberdrola, constituyendo una sociedad
en la que aportó poco más de 24.000 euros. Una vez autorizado el parque
eólico, vendió su parte a la eléctrica. El 'pelotazo' fue de 47
millones de euros. Con ese dinero, y el de la venta de otro parque más,
se estableció en Polonia, donde se dedicó a construir edificios y donde
seguía hasta hace unos meses al menos.
Otro de los elegidos fue el exdirector general de Deportes de la
Junta, Andrés Martín de Paz, que suscribió un acuerdo con Ibercyl,
filial de Iberdrola para crear un parque eólico en una finca de su
propiedad. La eléctrica puso el 80% del capital. En 2007, De Paz le
vendió sus acciones y ganó con ello 3,7 millones que le fueron
ingresados en los ejercicios de 2010, 2011 y 2012.
Aparecen también los hermanos propietarios de la constructora
Collosa, Alejandro, Miguel Ángel y Patricio Llorente, y promotores
inmobiliarios que están también acusados junto a Rafael Delgado en otro
juicio de corrupción que afecta a la Consejería de Economía, el caso
Perla Negra.
Que la Junta miró hacia otro lado se demostró con una carta de un promotor de parques dirigida al presidente Herrera en el año 2006 y que nunca obtuvo respuesta.
El responsable de Ibervento, una empresa de energía renovable, relataba
la "injusta discriminación sufrida con respecto a otras empresas del
sector, dando lugar a una totalmente irregular aplicación del decreto
para la tramitación Parques Eólicos en la comunidad". La mercantil,
formada por capital español y alemán, inició la tramitación de dos
parques en Burgos, Cantiruela y Las Pardas, en el Páramo de Masa, el 20
de abril de 2001. Tras superar las distintas fases que lleva aparejadas
la concesión de un parque, consiguió la Declaración de Impacto Ambiental
(DIA) favorable en mayo y junio de 2003.
Con la DIA favorable, lo único que faltaba era la firma de la
autorización que, según el decreto 189/1997, no podía tardar más de tres
meses, pero que se retrasó tres años y solo se obtuvo cuando el parque
cambió de propietarios. "Hemos cumplido con todos los requerimientos
sugeridos por los responsables de la Consejería de Economía", decía,
"pero hemos llegado a un punto en el que los requerimientos propuestos,
además de ser considerados por nosotros como un abuso de poder por la
Administración, no pueden ser entendidos ni como enriquecedores para el
desarrollo de nuestra empresa ni para el desarrollo socioeconómico del
conjunto de la sociedad de Castilla y León", avisó. El parque quedó en
manos de Endesa y de los hermanos Collosa, momento en el que salió
adelante.
Testaferros y sociedades en paraísos fiscales
Delgado, siempre según el sumario judicial, desde los años 2006 a
2011 dispuso de "bienes y cantidades de dinero cuya importancia no
guarda relación con los ingresos que percibió por su trabajo en la Junta
de Castilla y León ni con su actividad profesional posterior" y que se
atribuyen a la "actividad ilícita". Hay pagos de lujosos vehículos al
contado, abonos de hipotecas, compras de viviendas... y también pagos y
movimientos de dinero a través de un entramado de sociedades y cuentas
bancarias en Mónaco y Suiza y en los que colaboró un abogado amigo suyo
al que se considera testaferro. Desde una sociedad a nombre de ese
abogado se hicieron donativos al colegio privado al que asistían los
hijos de Delgado: 21.605,35 euros en el año 2011, 21.900,36 en el año
2012 y 24.000 en el año 2013. Por otro lado, se considera que las
declaraciones de Hacienda de 2011, 2012 y 2013, con resultado a devolver
en las dos últimas, no se corresponden con los ingresos reales, y que canalizó rentas a través de distintas sociedades.
Delgado, que se enfrenta a una petición de pena de 42 años de prisión y multas de 239 millones de euros
como principal acusado, siempre ha negado su responsabilidad en los
hechos y la ha trasladado al que fue su jefe, Tomás Villanueva, que
murió repentinamente poco antes de declarar en calidad de imputado tanto
en la Trama Eólica como en el caso Perla Negra. Sólo a él se le han
encontrado operaciones que demuestran, según el juez, que recibió dinero
de los empresarios, pero no de todos. Quedaría por averiguar por qué no
todos los beneficiados por la trama pagaron a Delgado.
Además de Delgado, los otros 15 acusados se enfrentan a penas de
prisión que suman 138 años, si bien son especialmente llamativas las
multas, de 835 millones en total.
Entre los encausados está también el propio Gobierno autonómico,
como persona jurídica y responsable civil subsidiario. El juzgado le
exigió una fianza de 24,1 millones de euros: 11,2 de forma solidaria con
Iberdrola; 7,8 con Sinae Inversiones Eólicas y 5 millones con Parque
Eólico La Boga SL, sociedades beneficiadas por la trama. Pero finalmente
no será necesario que adelante el dinero. La fianza es una forma de
garantizar que el condenado hará frente a las multas que se le impongan,
algo que se da por hecho en administraciones, con capacidad económica
suficiente para asumirlas." (Laura Cornejo, eldiario.es, 25/01/22)
"El 13 de octubre, el portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, amenazó en el hemiciclo a Pedro Sánchez: “Está en juego el futuro de la economía, pero también el futuro de su propio Gobierno”. Trece días después, el presidente de España modificaba el decreto aprobado hacía solo un mes para poner freno a los beneficios caídos del cielo.
En Bilbao siempre se ha dicho que lo mejor de la ciudad es que puedes ver monte estés donde estés. Así, el asfalto no agobia tanto. Pero desde 2012, además de monte, también se ve la torre Iberdrola, el octavo rascacielos más alto del Estado, con 165 metros de altura. La torre parece la mejor metáfora de todo lo demás: la omnipresencia de esta eléctrica, aupada históricamente por el Partido Nacionalista Vasco, quien permitió su construcción —el alcalde que otorgó la licencia fue Iñaki Azkuna—.
El 13 de octubre, el portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, amenazó en el hemiciclo a Pedro Sánchez: “Está en juego el futuro de la economía, pero también el futuro de su propio Gobierno”. Trece días después, el presidente de España modificaba el decreto aprobado hacía solo un mes para poner freno a los beneficios caídos del cielo, un bonito nombre para describir lo mucho que ganan las eléctricas en un mercado opaco donde la energía se paga siempre al precio más caro —una reducción cifrada por el Gobierno en 2.600 millones anuales, que repercutiría sobre todo en Iberdrola, la mayor de las eléctricas—. El presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, festejó la modificación del real decreto y la publicación de uno nuevo, el cual supone un impacto “considerablemente menor” al recorte planeado originariamente por el Gobierno de coalición, indicó Galán.
En la presentación de cuentas del 27 de octubre, Ignacio Galán ofreció dos cifras: aseveró que la compañía dejó de ingresar 85 millones en solo 15 días y que la regulación de septiembre tuvo un impacto negativo de 114 millones —lo que supondría 1.368 millones menos al año—. Con las cuentas rehechas, Iberdrola prevé cerrar el año con un beneficio neto de entre 3.700 y 3.800 millones —hasta septiembre, ha ganado 2.408 millones— y de entre 4.000 y 4.200 para 2022. Por acción, 0,44 euros de beneficio para el próximo ejercicio, con cargo a 2021. En Euskadi tiene 60.000 accionistas.
La CNMC, retiro estratégico
El parlamentario de EH Bildu Josu Estarrona intervino en la sesión del 15 de octubre —dos días después de las palabras de Aitor Esteban en el Congreso— para recordarle al lehendakari Iñigo Urkullu que el partido que preside tiene el dudoso honor de ostentar 15 puertas giratorias. De la sanidad pública a la privada. Del partido a Petronor. El Puerto de Bilbao, EITB, el Tribunal de Cuentas. La lista es larga pero la que interesa aquí son estos dos nombres que Estarrona trae a El Salto: Xabier Ormaetxea e Idoia Zenarruzabeitia.
“Cuando Pedro Sánchez accedió a la presidencia, el PNV solicitó tener a una persona en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia”, recuerda el parlamentario soberanista. En realidad, ya lo tenía desde un año antes: Xabier Ormaetxea, quien fuera parlamentario del PNV durante 17 años (1987-2004). Pero Ormaetxea no entró por cupo de partido, sino por una sentencia del Tribunal Supremo que estimó ilegal su cese de la extinguida Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones. A quien buscaba sustituir el PNV era a la exvicelehendakari del Gobierno vasco, Idoia Zenarruzabeitia, quien debía abandonar la CNMC por la renovación reglamentaria de cargos. El Gobierno español no cumplió el deseo del PNV, y se quedó con un representante de diez, que no es poco. El PSOE controla cinco consejeros; PP, Ciudadanos, ERC y Podemos, los cuatro restantes. (...) Impunemente PNV
“Hay mucha impunidad en su forma de hacer política”, indica el parlamentario de Podemos Ahal Dugu en el Congreso de los Diputados, Juantxo López de Uralde, sobre la pregunta de Aitor Esteban. “Teniendo en cuenta el tamaño del grupo parlamentario, el PNV es el partido con más casos de puertas giratorias del Estado”, añade. “Y no pasa nada”, ratifica Josu Estarrona. El más destacado en Iberdrola fue el del expresidente del Parlamento Vasco (1998-2005), Juan María Atutxa, consejero de Iberdrola desde 2010 y hasta 2016, cuando se jubiló al cumplir 75 años.
El periodista Oriol Malló, autor de El libro negro del BBVA, que está escribiendo uno sobre Iberdrola, resume que “la defensa de Iberdrola ha sido natural en el PNV, porque el PNV siempre ha sido un partido de cuadros”. “De cuadros del capitalismo”, matiza. Y advierte de que Ignacio Galán fue el que hizo que Iberdrola entrara en el mercado de las energías renovables, “un mercado complejo al que no se le veía rentabilidad, a no ser que tuviera apoyos públicos importantes, claro”. (...)
“A la consejera de Desarrollo Económico y Medio Ambiente [Arantxa Tapia] se le olvida que en Euskal Herria hay otras empresas además de Iberdrola y que los precios abusivos de la electricidad tienen un impacto enorme en su actividad y en sus plantillas, pero el Gobierno vasco antepone los intereses de las eléctricas, sobre todo Iberdrola, frente a esas otras empresas y sus plantillas, lo cual es inaceptable para ELA”, indicaron. “A las eléctricas el PNV no les discute su política de abuso y privilegios. Son amigos”, zanjó Lakuntza.
Noval matizó que la modificación del decreto del 14 de septiembre no solo supone eliminar una reducción de 2.600 millones de euros de los beneficios de las eléctricas, dado que esa cantidad fue calculada sobre un precio de la luz que no ha dejado de ir en aumento. (...)
Recientemente, en una tribuna publicada por el presidente de la patronal vasca Confebask, Eduardo Zubiaurre defendió también públicamente los intereses de Iberdrola. Ignacio Galán le había lanzado un órdago a Teresa Ribera, la ministra de Transición Ecológica: la eléctrica no subiría el precio de la luz a las industrias si el Gobierno retiraba el decreto. (...)" (Gessamí forner, El Salto, 04/11/21)
"El grupo de distribución sondea el mercado en busca de nuevas
comercializadoras para esquivar el incremento de la factura anunciado
por las eléctricas tras el recorte regulatorio.
Terremoto en las grandes empresas del país tras la advertencia de eléctricas como Iberdrola o Endesa
sobre la repercusión en su factura eléctrica del hachazo regulatorio
aprobado por el Gobierno en los ingresos de centrales nucleares e
hidroeléctricas para contener la subida de la luz.
La recepción de la
carta ha generado una gran alarma en las compañías por el impacto que
supondría un fuerte encarecimiento de su suministro eléctrico en plena
recuperación económica. Tanto, que algunas empresas han comenzado a
sondear el mercado buscando nuevos proveedores entre comercializadoras
menos afectadas por el recorte regulatorio.
Una de ellas es Mercadona. El gigante de la
distribución está buscando una alternativa a Iberdrola tras recibir en
los últimos días la misiva que le emplaza a renegociar al alza su contrato de la luz para incluir el coste regulatorio de las medidas aprobadas por el Consejo de Ministros.
Su equipo de gestión energética ha reaccionado rápido y, apoyado en la
consultora que les asesora en este tipo de operaciones, ha pedido
ofertas a través de llamadas y correos electrónicos a varias empresas,
según constatan a EL MUNDO fuentes del sector conocedoras de este
movimiento.
Su objetivo es tener un 'plan B' por si la advertencia de Iberdrola
se ejecuta. La compañía busca un contrato de un volumen enorme para
cubrir 1,4 teravatios hora (TWh) de energía,
equivalente al 0,6% de la demanda eléctrica peninsular. Su idea es
repartir esta cantidad entre varias comercializadoras para estructurar
de forma más sólida la operación, ya que en el mercado es muy complicado
obtener un único suministrador para ese tamaño.
Mercadona se compromete en su invitación a firmar el contrato cuanto
antes si encuentra a algún grupo que sea capaz de hacer frente a su
demanda y apuesta por un contrato con una duración de cinco años o más.
Este plazo es similar al que tiene acordado con Iberdrola y es
considerado estratégico para poder tener un precio estable de la energía
en sus procesos productivos.
Las mismas fuentes consultadas matizan que el inicio del proceso no
supone que ambas compañías vayan a romper con el suministro en vigor, lo
que daría lugar previsiblemente a una batalla jurídica entre las partes
por la cancelación unilateral del contrato. En todo caso, Mercadona
querría rearmarse ante una negociación que incluirá varias opciones
sobre la mesa. Fuentes oficiales del grupo de distribución reconocieron
haber recibido la carta de la eléctrica pero aseguran a este diario que
no están buscando alternativas en el suministro.
Iberdrola argumenta en la carta remitida a grandes clientes que la
minoración de los ingresos de las instalaciones energéticas afectadas
por el recorte de la vicepresidenta Teresa Ribera
tendrá un coste superior próximo a los 90 euros por megavatio hora, lo
que dejaría en pérdidas temporales todos los contratos que hayan sido
firmado por debajo de esta referencia.
En este escenario, la eléctrica emplaza a negociar las nuevas
condiciones económicas que se aplicarían de forma temporal mientras
estén vigente las medidas incluidas en el Real Decreto-ley 17/2021.
"Dada la situación descrita de desequilibrio insostenible, se trata de
la única posibilidad para que pueda mantenerse el contrato en el periodo
afectado", señala el grupo energético.
Mercadona no es el único grupo empresarial que busca en el mercado
cómo evitar el impacto del incremento de los costes energéticos. Las
grandes consultoras y otras firmas especializadas en el sector eléctrico
que han asesorado a sus clientes en el cierre de los grandes contratos a
precio fijo están recibiendo desde el pasado viernes multitud de
consultas sobre qué hacer ante el aviso de la eléctrica. Entre estos se
encuentran clientes de consumos mucho más pequeños que el del grupo de
supermercados y con menor poder de negociación.
Por el momento, Iberdrola se ha limitado a mandar una misiva general a
sus clientes para avisarles de las nuevas condiciones regulatorias. En
las dos próximas semanas el grupo tendrá que ir analizando la situación
individual de cada empresa para buscar soluciones intermedias, como por
ejemplo repartirse el coste regulatorio, o si no hay acuerdo poner fin
al acuerdo. Su problema es que los cambios ya están en vigor, por lo que
cada día en esta situación le está costando dinero.
El simple aviso de grupos como Iberdrola o Endesa, los dos
principales grupos energéticos por capacidad de generación, ha encendido
las alarmas de la industria más consumidora de electricidad. Las
patronales reunidas en la Alianza para la Competitividad de la Industria
celebraron el pasado martes en la sede de CEOE una reunión secreta con
directivos de las grandes eléctricas para abordar esta crisis y poder
trasladar mejores indicaciones a sus asociados. Los representantes del
sector energético aprovecharon el encuentro para explicar la situación y
asegurar que su movimiento no vulnerará los compromisos ni convenios
acordados en el seno de la gran patronal.
La propia Ribera ha tenido que salir al quite cargando contra las
eléctricas y avisando de que la traslación de costes que proponen "no está justificada".
Según sus cálculos, su recorte se concentra en los beneficios
extraordinarios que están recibiendo las grandes centrales de generación
que no utilizan el gas por el encarecimiento del hidrocarburo, ya que
al tratarse de un mercado marginalista el precio del megavatio hora es
el mismo para todos los agentes del mercado." (Víctor Martínez, El Mundo, 01/10/21)
Antonio Miguel Carmona ha sido siempre una persona con los valores
justos y necesarios para engordar su cuenta corriente. Lo sabíamos los
que compartíamos debates con él y asistíamos espantados a la desfachatez
descarada de no sonrojarse cuando defendía con voracidad a Pedro
Sánchez en directo y en la publicidad lo insultaba y nos daba
información sobre lo poco que era de fiar el presidente del Gobierno, el
de su partido. Asistir a esos espectáculos de descaro hacen que pierdas
cualquier respeto intelectual por el individuo, así que si de alguien
me esperaba la puerta giratoria más grosera de la historia hubiera sido
de Carmona.
Poco de fiar es quien vende su opinión por unos euros de una manera
tan deshonesta. Pero aun así no concebía que el último de sus
espectáculos bochornosos de prostitución intelectual se debiera a algo
más que un proceso de leguinización habitual de quien pierde
pie en el PSOE. Una deriva ya muy vista en miembros «socialistas» con
mucho apego al parné y al poder para lograr que que les den bola en los
medios de la extrema derecha como representantes de la “izquierda
sensata”, un buen nicho de negocio ya explorado por Corcueras, Leguinas y
Fidalgos. Pero Carmona ha ido más allá en la comercialización de su credibilidad.
Eran normales las reticencias sobre el enchufe al ver que la noticia por el fichaje de Iberdrola
partía de Eduardo Inda, pero quienes conocíamos el proceder en las
pausas publicitarias sabíamos que ambos hacían muy buenas migas y que la
fuente del director de Okdiario sería el mismo Carmona. Es uno
de los pocos con los que tiene buena relación. Si compañeros del PSOE
no saben cómo acabaron en el libelo de Inda algunos hechos del partido,
pueden empezar a atar cabos.
En La Marea no dábamos crédito a la tamaña grosería. Nos
costó asimilarlo. Era demasiado burda. Pero daba sentido al hecho del
ridículo sideral que hace solo un mes protagonizó al empezar a insultar a
nuestro compañero Dani Dominguez, a nuestra directora, Magda Bandera, y
al que escribe estas líneas por haber publicado que Iberdrola había vaciado varios pantanos
generando energía hidroeléctrica aprovechándose del precio del mix
energético para engordar sus beneficios. Carmona salió enrabietado a
defender a la compañía eléctrica en televisión y redes llamando
mentiroso a nuestro compañero y diciendo que éramos la basurilla del politiqueo.
El rastro en redes que dejó fue tan grotesco que solo se pudo explicar
tras conocerse el fichaje por Iberdrola. Solo estaba vendiendo su alma.
Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola, que
está imputado por sus tramas con Villarejo, ha fichado a Antonio Miguel
Carmona no por que crea en su valía –hay que ser muy necio para fichar a
Carmona por su valía, ni siquiera por los contactos que pudiera tener
en el gobierno porque allí todos lo desprecian–, sino porque en plena
escalada de los precios el nombramiento de un político del PSOE es visto
en la ciudadanía como un pasteleo entre gobierno y eléctricas.
El trazo grueso prima en la opinión pública y pocos saben que Carmona
es enemigo declarado de Pedro Sánchez y hará cualquier cosa por
perjudicarle, si encima le proporciona 440.000€ al año sin contar dietas
y bonos, toda la pestilencia sale ganando.
Era muy difícil encontrar a alguien dentro del PSOE actual sin esa
exhibición pomposa de escrúpulos que estuviera dispuesto, en el momento
en el que el precio de la luz está disparado, a aceptar una silla de
tanta importancia en una de las eléctricas más denostadas por la
ciudadanía como es Iberdrola. Más aún después del escándalo de los
pantanos y de amenazar al Gobierno con parar las nucleares por el simple
hecho de reducir sus beneficios. Solo alguien como Carmona podría
aceptar un empeño tan bajo sabiendo además que su nombramiento solo busca perjudicar al PSOE.
Hay que tener una concepción propia muy rastrera para ser parte de una
traición a su partido y ganarse el repudio general. Pero si alguien
busca a la persona idónea para hozar en las cloacas él es el hombre
perfecto.
El mayor éxito de Antonio Miguel Carmona en su vida política ha sido
proponer naumaquias en el lago del Retiro y regalarnos una serie de
muecas ridículas detrás de Susana Díaz después de haber sido vapuleados
en las primarias por Pedro Sánchez. Acudía de tertulia en tertulia
alimentándose de las migajas a las que aspiró y buscando un lugar donde
guardarse el riñón. Iberdrola le ha pagado de manera generosa los
servicios prestados, y los que está por prestar, que no son más que
hacer daño político a quien aspira a rebajar un poco los groseros
beneficios de la empresa eléctrica.
Uno puede arrastrarse, pero convendría que al hacerlo no fuera de
manera ostentosa, porque de esa manera ni los lametazos son bien
recibidos. Que a nadie le gusta que la saliva que pringue sus suelas sea
la de un ser despreciado de manera general. Para ser tan servil hay que
ser al menos útil. " (Antonio Maestre, La Marea, 04/10/21)
"El socialista Antonio Miguel Carmona ficha por Iberdrola como nuevo vicepresidente en España.
Antonio Miguel Carmona, una de las caras más reconocibles del PSOE en Madrid, se convertirá en vicepresidente de Iberdrola España, compañía presidida por Francisco Córcoles. En este momento, el economista no ocupa ningún cargo dentro del PSOE.
El trasvase de la política a los puestos de dirección de empresas energéticas es una cuestión que no pasa desapercibida. Sólo entre 2018 y 2021 hasta una docena de altos cargos de la Administración pública han entrado en el consejo de administración de alguna eléctrica.
Carmona, profesor de
Economía y con una dilatada trayectoria política tanto en la Asamblea de
Madrid como en el Ayuntamiento de la capital, será nombrado en los
próximos días vicepresidente de Iberdrola España, según ha podido
confirmar Europa Press.
El que será nuevo vicepresidente de la compañía en España fue elegido diputado por el PSOE en la Asamblea de Madrid en dos etapas: entre junio de 1999 y diciembre de 2002, y entre junio de 2011 y junio de 2015.
Posteriormente, fue
elegido concejal en el Ayuntamiento de Madrid en las elecciones
municipales de 2015, permaneciendo cuatro años como edil en el
consistorio presidido entonces por la alcaldesa Manuela Carmena.
Doctor en Ciencias
Económicas especializado en crecimiento económico y nuevas tecnologías,
Carmona comenzó su andadura profesional dando clases en la Complutense
de Madrid y en la actualidad es profesor en la Universidad CEU San
Pablo. " (Público, 03/10/21)
"España y Francia meten la factura de la luz en la agenda del
Eurogrupo. Tras meses en los que el precio de la energía pulveriza
récords en varios países comunitarios y lleva a la inflación a escalar
un 3,4% en diciembre, la reunión de ministros de Economía y Finanzas de
la zona euro abordarán por primera vez posibles medidas para contener el
alza en los precios de la energía a las puertas del invierno.
"Desde
una perspectiva económica, unos precios de la energía más altos tienen
el potencial para ralentizar la recuperación", dice el documento sobre
el que debatirán los ministros. Los técnicos recuerdan que la energía es
uno de los costes más prominentes para empresas y hogares y que las
estimaciones sobre su precio son elementos fundamentales a la hora de
elaborar los presupuestos, sobre todo dada la "reciente volatilidad". El
aumento de los mismos, añaden, podrían tener un "impacto
desproporcionado" sobre los grupos con menos ingresos y los hogares más
antiguos.
España,
uno de los países donde el precio de la luz ha batido récord tras
récord en los últimos meses, ha presionado para que la Comisión Europea
aborde el asunto. El propio Sánchez hizo bandera de ello en una cumbre
celebrada en Atenas entre los países mediterráneos. Una petición que
también han secundado su homólogo italiano, Mario Draghi, y francés,
Emmanuel Macron. Este último país también ha pedido por carta a la UE
que analice el incremento de precios en cada país y su impacto económico
y, a medio plazo, estudie medidas más estructurales para limitar la
volatilidad del mercado eléctrico, gestionar el almacenamiento de gas y
aumentar la independencia energética. (....)
La propia Calviño junto a la vicepresidenta cuarta para la Transición
Ecológica, Teresa Ribera, ya instaron a Bruselas a tomar medidas en el
precio de la luz. Enviaron una carta la semana pasaba en la que el
Gobierno español reclamaba "el diseño de un conjunto flexible de
directrices" y sugería posibles medidas para abaratar el precio de la
energía, como abordar compras conjuntas de materias primas para todo el
club comunitario, a imagen de las realizadas con las vacunas contra el
Covid-19 de este mismo año.
Ribera, por su parte, planteó soluciones similares en la reciente
cumbre de ministros de Energía y Transportes de la zona euro, así como
defendió las medidas tomadas por el Gobierno español. La comisaria de
Energía, Kadri Simson, defiende el sistema actual para fijar los
precios, si bien ya ha anunciado que la Comisión presentará un paquete
de medidas que podrán adoptar los Gobiernos europeos.
Según fuentes comunitarias consultadas por Efe, las posiciones están
aún alejadas y no se esperan resultados concretos a corto plazo. El
documento sobre el que se debatirá, la respuestas dependerán de si la
escalada de precios es temporal o permanente o de demanda, que podría
ser gestionado con subsidios o medidas fiscales." (Cinco días, 04/10/21)
"El presidente boliviano, Evo Morales, decretó este
sábado la expropiación de cuatro filiales de Iberdrola en su país para
garantizar el suministro de luz con unas tarifas equitativas, así como
una calidad del servicio uniforme en las áreas rural y urbana.
El decreto expropia las acciones de la empresa española
Iberdrola en dos distribuidoras de energía eléctrica en las regiones
de La Paz y Oruro, una compañía de servicios y una gestora de
inversiones.
'Nos hemos visto obligados a tomar esta medida para
que las tarifas de servicio eléctrico sean equitativas en el
departamento de La Paz y Oruro y la calidad de servicio eléctrico sea
uniforme en el área rural y urbana', afirmó Morales.
Las firmas expropiadas son dos de las principales
distribuidoras de electricidad en La Paz, 'Electropaz', y en Oruro,
'Elfeo', además de la empresa de servicios Edeser y la gestora de
inversiones Compañía Administradora de Empresas.
El mandatario ya expropió en mayo pasado las acciones
de Red Eléctrica Española (REE) en la Transportadora de Electricidad
(TDE) sin que hasta el momento se haya llegado a un acuerdo de
compensación económica.
Iberdrola, a través de su filial Iberbolivia, posee el
89,5 % de las acciones en la Empresa de Electricidad de La Paz
(Electropaz) y el 92,8% en la Empresa de Luz y Fuerza de Oruro (Elfeo).
Según el decreto leído por Morales este sábado en una
comparecencia no anunciada, la estatal Empresa Nacional de Electricidad
(ENDE) asumirá el control de las cuatro empresas nacionalizadas en
representación del Estado boliviano.
Al igual que en anteriores expropiaciones, se dispuso
también que la compensación a Iberdrola provendrá de una tasación
realizada por una 'empresa independiente (...) en el plazo de 180 días
hábiles'.
'En resguardo del interés público, el gerente general
de ENDE contará con el apoyo de la fuerza pública para garantizar la
continuidad de la distribución eléctrica' en La Paz y Oruro, agrega el
decreto.
Morales justificó que hay una brecha grande entre las
tarifas urbanas y rurales en estos departamentos, por lo que se decidió
la 'nacionalización' de las distribuidoras eléctricas.
'Esta medida garantizará el derecho igualitario de los
ciudadanos que viven en el área rural, precautelando su economía con
tarifas equitativas y un servicio de calidad uniforme. Lamentablemente
nos han dejado unas diferencias enormes entre el área urbana y rural',
aseveró el mandatario.
Citó el caso de La Paz, donde la tarifa eléctrica
urbana en promedio es de 0,63 bolivianos (0,09 dólares) por
kilovatios/hora, mientras que en el área rural es de 1,59 bolivianos
(0,23 dólares).
Posteriormente, en un acto con productores de hoja de
coca de la región central de Cochabamba en el Chapare, su feudo
político y sindical, Morales insistió en que decidió expropiar las
filiales distribuidoras de electricidad de Iberdrola porque la empresa
española no quiso igualar las tarifas eléctricas en las áreas rurales y
urbanas de las regiones de La Paz y Oruro.
'Hemos hablado con la empresa, hemos dialogado con la
empresa, que se rebaje a todos, que asuma su responsabilidad social
como empresa, son españoles. Cuatro meses de negociación sin
resultado', dijo Morales 'Y como no han querido buscar esta equidad,
igualdad en el consumo de energía eléctrica, obligados hemos tenido
que nacionalizar estas dos empresas, Electropaz en La Paz y Elfeo en
Oruro', agregó el gobernante.
Señaló que también se decidió expropiar las acciones
de Iberdrola en las dos distribuidoras y en otras dos empresas de
servicios porque la Constitución promulgada en 2009 señala que los
servicios básicos 'son un derecho humano, y un derecho humano no puede
ser negocio privado'. 'Esta nacionalización está orientada justamente
para buscar la igualdad y acabar con la extrema pobreza', añadió.
Morales ya expropió en 2010 las acciones de cuatro
empresas generadoras de electricidad, incluidas dos filiales de la
francesa GDF Suez y la británica Rurelec, que inició un arbitraje a
Bolivia en la Corte de La Haya por esa medida.
Además de las eléctricas, el mandatario ha
nacionalizado una quincena de empresas de hidrocarburos, cementos y
minas, entre otras, desde que llegó al poder en 2006.
Después de la intervención de Evo Morales, su
vicepresidente, Alvaro García Linera, prometió una 'justa remuneración'
y un 'trato respetuoso' a la empresa española Iberdrola por la
expropiación de cuatro de sus filiales en este país. 'Va a haber una
justa remuneración de lo que les corresponde, no vamos a actuar de
manera arbitraria', afirmó García Linera, al tomar posesión acompañado
por la policía de una de las oficinas de Electropaz, la filial de
Iberdrola en La Paz.
El vicepresidente sostuvo que es un 'derecho soberano'
de Bolivia 'nacionalizar' los servicios básicos para su 'distribución
equitativa', pero insistió en que 'habrá un trato respetuoso hacia el
inversionista extranjero, en este caso, la empresa española Iberdrola,
que es la dueña de las acciones'.
Reiteró que la estatal Empresa Nacional de
Electricidad (ENDE) contratará a una empresa independiente que verá 'el
patrimonio, las deudas, los activos' de las firmas expropiadas, y con
esos datos se negociará la compensación.
'Confiamos en que en los siguientes meses, mediante el
diálogo y mediante informes técnicos precisos y de carácter
independiente, encontremos una salida negociada con la antigua empresa
dueña de Electropaz y no tengamos ningún tipo de problema', agregó. (...)" (Público, 29/012/2012)
"Más de diez mil millones de euros de beneficio bruto y un beneficio neto que ha ascendido concretamente a 3.611 M€, casi un 20% más que en 2018, cuando registró un beneficio neto de 3.014 M€.
Son los dos grandes números que ha hecho públicos Iberdrola en su
última Junta General de Accionistas, en la que la compañía ha anunciado
que "la remuneración total para el accionista se ha elevado a
0,42€/acción, un 5% más que el año anterior".
Frente a los beneficios
crecientes, la multinacional que preside José Ignacio Sánchez Galán ha
publicado además los datos referidos al pago de impuestos en España,
cuyo importe vuelve a bajar: 3.642 millones de euros entregó Iberdrola a
la hacienda pública española en 2018; cien millones menos al año siguiente
(3.529); y 3.380 en 2020.
En fin, incremento sustancial de los
beneficios, y descenso considerable de la aportación fiscal. Así las
cosas, los accionistas han dado su visto bueno a la gestión de la
dirección de la empresa en la Junta General que tuvo lugar en Bilbao el
viernes, y las 27 propuestas incluidas en el orden del día han contado
con un voto positivo superior al 98%.
Iberdrola tiene más de 600.000 accionistas, pero los principales paquetes de acciones pertenecen
al fondo soberano de Catar (Qatar Investment Authority), al fondo
estadounidense Black Rock Inc y al banco público noruego Norges Bank. (...)" (Energías Renovables, 21/06/21)
