Mostrando entradas con la etiqueta d. Privatizaciones. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta d. Privatizaciones. Mostrar todas las entradas

23.2.26

La repentina aparición en España de numerosas universidades privadas está directamente vinculada con los esfuerzos de la Fundación Heritage en todo el mundo y muy especialmente en algunos países europeos como España para atraer a jóvenes a circuitos cerrados de conocimiento, en los que se combate, como en una auténtica guerra, el pensamiento liberal. Las universidades privadas a las que prestan ayuda pueden estar vinculadas a otros centros, como Colegios de Abogados, o think tanks antiliberales, y procuran ofrecer rápidas salidas profesionales a sus estudiantes. Es frecuente que esas universidades tengan acuerdos con empresas para facilitar las prácticas. Por ejemplo, compañías como Deloitte, Atresmedia, Repsol o Cuatrecasas suelen participar en este tipo de acuerdos... Su objetivo es acabar con el Estado liberal, algo que creen a su alcance si establecen tres o cuatro objetivos inmediatos. Opinan que los grupos liberales están siendo incapaces de defender su ideología, paralizados por la virulencia del ataque que reciben (Soledad Gallego-Díaz)

 "El próximo 11 de marzo la Fundación Heritage, uno de los principales centros estadounidenses de difusión y apoyo a las teorías y prácticas ultraconservadoras, organizará un debate sobre inmigración con tres invitados estadounidenses, un senador y dos especialistas en seguridad fronteriza, dirigido especialmente a España. Es solo una de las actividades que organiza la fundación, especialmente en América Latina y Europa. Hace pocos días, por ejemplo, la Red Política por los Valores (PNfV, por sus siglas inglesas) celebró en Bruselas una reunión a la que asistieron, entre otros, el presidente electo de Chile. Su objetivo es expandir la agenda de extrema derecha del movimiento Make America Great Again (MAGA) y para ello cuenta con fuertes apoyos económicos y una decidida y pública voluntad de acción.

La PNfV se define como “una plataforma global de representantes y líderes políticos de todo el mundo que promueven y defienden activamente los valores de la familia, la vida y la libertad”. En la práctica, la red despliega, sobre todo, una política de miedo al feminismo, que creen esencial para avanzar en un ataque más amplio contra los principios básicos de las democracias liberales en todo el mundo, explica la web Politico.

En la reunión de Bruselas habló Alvino-Mario Fantini, director de la revista European Conservative, una publicación húngara con oficinas en Bruselas, Viena y Roma y muy relacionada con la Fundación Heritage. Fantini dejó claro en qué consiste su trabajo: desafiar a las élites progresistas y construir instituciones paralelas. Escuelas. Sí, universidades privadas. “Necesitamos universidades alternativas”. Fantini pidió “hacer el trabajo necesario para salvar la cultura del Occidente judeocristiano”. Y por “trabajo necesario” se refería a una actividad incesante en América y Europa para desautorizar el pensamiento liberal. A la Fundación Heritage y a PNfV no les preocupan los pequeños grupos de extrema izquierda. Su objetivo es acabar con el Estado liberal, algo que creen a su alcance si establecen tres o cuatro objetivos inmediatos. Opinan que los grupos liberales están siendo incapaces de defender su ideología, paralizados por la virulencia del ataque que reciben. Por eso, piensan, hay que aprovechar el momento y actuar con todas las armas a su alcance. Por ejemplo, están decididos a aplicar los blockchain (mecanismos de registro digital que se usan para las criptomonedas) para crear sistemas de almacenamiento anónimos, transacciones privadas y para compartir información. “Necesitamos mecanismos de votación basados en blockchain, que también puede usarse para hacer movilización política sin ser vigilados”, explicó Fantini.

La repentina aparición en España de numerosas universidades privadas está directamente vinculada con los esfuerzos de la Fundación Heritage en todo el mundo y muy especialmente en algunos países europeos como España para atraer a jóvenes a circuitos cerrados de conocimiento, en los que se combate, como en una auténtica guerra, el pensamiento liberal. Las universidades privadas a las que prestan ayuda pueden estar vinculadas a otros centros, como Colegios de Abogados, o think tanks antiliberales, y procuran ofrecer rápidas salidas profesionales a sus estudiantes. Es frecuente que esas universidades tengan acuerdos con empresas para facilitar las prácticas. Por ejemplo, compañías como Deloitte, Atresmedia, Repsol o Cuatrecasas suelen participar en este tipo de acuerdos.

En octubre de 2025 había en España 50 universidades públicas y 46 privadas, pero el número de las privadas puede aumentar, sobre todo en comunidades autónomas como la madrileña, donde cuentan con la mirada favorable de las autoridades. Algunas de esas universidades privadas, tanto en España como en otros países europeos, están relacionadas con think tanks ultraconservadores. En Francia, por ejemplo, ha aparecido uno nuevo, denominado Western Arc, parecido a la Unión Británica por la Libertad de Expresión, y ambos recomendados por la Fundación Heritage para que reciban el respaldo del Departamento de Estado de EE UU. Western Arc no oculta sus objetivos inmediatos: “No somos un simple think tank. Somos una institución transatlántica dedicada al renacimiento civilizatorio, cultural y espiritual de Occidente: una identidad profundamente arraigada, la transmisión de lo sagrado y la belleza, y la verdadera soberanía de los individuos, las familias y las naciones. Inspirada en la profundidad europea (de Dante a Scruton) y la eficiencia estratégica estadounidense (Heritage, Claremont), la misión de Western Arc es resucitar el alma de Occidente frente al desarraigo tecnocrático y globalista”. Lo preside Nicolas Conquer, portavoz del Partido Republicano en Francia." 

(Soledad Gallego-Díaz , El País, 22/02/26) 

24.7.25

La dimisión de Noelia Núñez es un escándalo que oculta más de lo que revela... La razón detrás de su salida no es solo la falsificación repetida de su currículo, sino una red de intereses vinculada a universidades privadas y grupos de poder que están siendo cada vez más difíciles de ocultar... La Universidad Francisco Marroquín ofrece títulos que no tienen validez en España, pero que sirven para construir una falsa legitimidad académica... una especie de 'paraguas' para aquellos vinculados a la política del PP... detrás de las políticas de Ayuso, está Atlas Network, una red de influencias internacionales, que opera en Latinoamérica y otros continentes, y tiene un claro interés en promover políticas de privatización y desregulación. Ayuso se ha convertido en una figura central dentro de este lobby... Las universidades privadas, como la Francisco Marroquín, han servido como plataformas para crear una élite política que, lejos de interesarse por la calidad educativa, busca reforzar los intereses económicos y políticos de sus miembros... La dimisión de Noelia Núñez, lejos de ser una solución, es un intento de tapar un escándalo mucho más grande que podría afectar a más figuras dentro del PP. La presión para ocultar los chiringuitos privados de Ayuso y sus aliados está en su punto álgido, y es solo cuestión de tiempo antes de que surjan más revelaciones... El caso de Núñez y su falsificación curricular refleja cómo el PP, a través de sus conexiones con universidades privadas y redes internacionales, ha construido un sistema de poder que pone en riesgo el futuro educativo y social de la región madrileña (Agustín Millán)

 "a reciente dimisión de Noelia Núñez, vicesecretaria de Movilización y Reto Digital del Partido Popular (PP), ha sacudido la política madrileña. La razón detrás de su salida no es solo la falsificación repetida de su currículo, sino una red de intereses vinculada a universidades privadas y grupos de poder que están siendo cada vez más difíciles de ocultar.

El escándalo toma fuerza al revelar que Núñez no solo mintió sobre su formación académica, sino que su relación con la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala, institución vinculada al neoconservadurismo y a los intereses de figuras como Javier Fernández Lasquetty, pone en evidencia las conexiones internacionales que sustentan la estructura política de Isabel Díaz Ayuso.

La Universidad Francisco Marroquín: ¿una tapadera para intereses políticos?

La Universidad Francisco Marroquín, conocida por su orientación ultraconservadora y neoliberal, ha sido el punto de conexión entre varias figuras del PP, desde Núñez hasta Lasquetty. Esta universidad, que operaba como una especie de 'paraguas' para aquellos vinculados a la política del PP, ofrece títulos que no tienen validez en España, pero que sirven para construir una falsa legitimidad académica. La figura de Núñez es solo la punta del iceberg.

Lasquetty, exconsejero de Sanidad y actual consejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid, tiene un vínculo directo con esta universidad, que se alinea ideológicamente con el neoliberalismo de Ayuso y el ala más ultraconservadora del PP. Además, su regreso al Gobierno de Madrid refleja una clara estrategia de reforzar las conexiones con estos grupos de poder, cuyo objetivo no solo es privatizar la sanidad pública, sino también influir en el sector educativo para consolidar una red de universidades privadas que favorezcan su ideología.

El lobby de Ayuso: La conexión con Atlas Network

No es una sorpresa que, detrás de las políticas de Ayuso, haya una red de influencias internacionales, como la Atlas Network. Esta red ultracapitalista, que opera en Latinoamérica y otros continentes, tiene un claro interés en promover políticas de privatización y desregulación. Ayuso se ha convertido en una figura central dentro de este lobby, utilizando su lema de "libertad o comunismo" para ganar adeptos en América Latina y mantener una estrecha relación con grupos de poder como FAES, liderada por José María Aznar.

La conexión de Ayuso con Atlas Network y su apoyo a figuras como el expresidente venezolano Juan Guaidó evidencian el tipo de política económica y social que se impulsa desde su gobierno: una política que favorece los intereses de grandes corporaciones y la privatización de servicios públicos, en detrimento de los derechos de los ciudadanos.

El juego sucio de la privatización y el clientelismo

El caso de Noelia Núñez no es aislado. El PP y sus aliados han utilizado varias fundaciones y universidades privadas para maquillar currículos y construir una fachada de legitimidad en un sistema plagado de clientelismo. Las universidades privadas, como la Francisco Marroquín, han servido como plataformas para crear una élite política que, lejos de interesarse por la calidad educativa, busca reforzar los intereses económicos y políticos de sus miembros.

Las conexiones entre figuras clave del PP y estos centros de estudios son parte de una estrategia que se extiende más allá de la educación, tocando sectores como la sanidad y la gestión de fondos públicos. Estas universidades no solo otorgan títulos dudosos, sino que operan como un brazo ideológico para propagar el neoliberalismo y la desregulación en sectores clave.

El papel de las universidades privadas en la política madrileña

El sistema de universidades privadas ha sido un tema de creciente preocupación, especialmente en Madrid, donde la creación de nuevas instituciones educativas ha ido en aumento sin un control adecuado. La influencia de políticos como Ayuso y Lasquetty ha permitido que estas universidades se expandan sin los debidos controles, creando una red que beneficia principalmente a los miembros del PP y sus aliados.

Las universidades privadas, en lugar de ser un espacio para la libre enseñanza y el debate académico, se han convertido en una herramienta más para consolidar el poder de aquellos que ya lo ostentan. Las conexiones con think tanks ultraconservadores y otras organizaciones de la derecha internacional no son solo ideológicas, sino que se traducen en un sistema económico que beneficia a unos pocos a costa del bienestar de la mayoría.

¿Por qué se endurecen los criterios para las universidades privadas?

Ante este panorama, es comprensible que se estén comenzando a discutir propuestas para endurecer los criterios para la creación y funcionamiento de universidades privadas. Si bien la educación debe ser un espacio abierto para la libre competencia, es fundamental que se establezcan regulaciones claras para evitar que instituciones de dudosa legitimidad operen sin control alguno, creando más "chiringuitos educativos" que sirvan solo para maquillar carreras políticas y privadas.

El caso de Noelia Núñez es solo el principio de un escándalo mucho mayor que involucra a políticos de alto nivel y sus vínculos con el sistema educativo privado. La sociedad debe exigir transparencia y responsabilidad en todos los ámbitos de poder, especialmente cuando se trata de la educación, que debe ser un espacio de calidad, inclusivo y accesible para todos.

Las consecuencias para el PP y la política madrileña

La dimisión de Noelia Núñez, lejos de ser una solución, es un intento de tapar un escándalo mucho más grande que podría afectar a más figuras dentro del PP. La presión para ocultar los chiringuitos privados de Ayuso y sus aliados está en su punto álgido, y es solo cuestión de tiempo antes de que surjan más revelaciones. La política madrileña necesita un cambio profundo, donde la transparencia y la ética sean prioritarias por encima de los intereses personales y de grupo.

El caso de Núñez y su falsificación curricular refleja cómo el PP, a través de sus conexiones con universidades privadas y redes internacionales, ha construido un sistema de poder que pone en riesgo el futuro educativo y social de la región. La dimisión de Núñez es solo la punta del iceberg, y la sociedad madrileña merece respuestas." 

( , Diario16+, 24/07/25)

4.6.25

En el Reino Unido, quizás no haya un símbolo más concreto de fracaso estatal que el agua del Támesis. En el sistema de agua británico privatizado, Thames Water es el mayor proveedor del país. Proporciona agua a alrededor de 16 millones de personas, incluida Londres. A pesar de esto, y de un mercado literalmente cautivo, la empresa necesita un rescate, por una deuda de £20 mil millones... Thames Water es el ejemplo más atroz de la mezcla kafkiana de lo público y lo privado que ha surgido en tantas áreas de los servicios públicos británicos y de la economía en general... El caso más costoso de demasiado grande para quebrar para el gobierno británico, por supuesto, fue su sistema bancario. Eso explotó en la cara del Reino Unido hace casi dos décadas, durante la crisis financiera mundial. Desde entonces, ha habido pocos avances en la búsqueda de un modelo económico alejado de las empresas que son nominalmente privadas, pero que dependen implícitamente del respaldo del Estado si las cosas salen mal... Tratar de racionalizar este desastre sería un proyecto político que el partido laborista de centroizquierda, si nadie más, podría llevar a cabo. Pero hasta ahora no hay una visión más amplia para esto (Eurointelligence)

 "Por el desagüe 

 En el Reino Unido, quizás no haya un símbolo más concreto de fracaso estatal que el agua del Támesis. En el sistema de agua británico privatizado, Thames Water es el mayor proveedor del país. Proporciona agua a alrededor de 16 millones de personas, incluida Londres. A pesar de esto, y de un mercado literalmente cautivo, la empresa se ha encontrado en dificultades financieras y necesita un rescate. Una opción para hacer esto acaba de desaparecer. Inicialmente, KKR, el grupo de capital privado, había dicho que pondría £4 mil millones en Thames Water y presentaría un plan para cambiar la empresa. Pero ayer, se retiró del trato. 

 Ahora habrá que encontrar otra opción. El gobierno preferiría que Thames Water y su pila de deudas de £20 mil millones se convirtieran en responsabilidad de los acreedores de la empresa, quienes se harían cargo de la empresa y tratarían de cambiarla. Pero también es posible que la empresa se ponga en un llamado régimen de administración especial, o SAR. Esto implicaría básicamente que el gobierno, por un tiempo, nacionalizara la empresa. Thames Water es el ejemplo más atroz de la mezcla kafkiana de lo público y lo privado que ha surgido en tantas áreas de los servicios públicos británicos y de la economía en general. Las empresas fueron privatizadas. Pero en muchos casos, como los viajes en tren y especialmente el agua, esto sucedió en sectores donde los mercados competitivos son muy difíciles de lograr. Por lo tanto, existía una regulación estricta para garantizar servicios decentes y evitar el aumento excesivo de precios. 

 Pero estos se han vuelto difíciles de soportar financieramente. El resultado es un sistema en el que tiene empresas privatizadas de jure pero respaldadas casi por el Estado. El agua del Támesis podría no ser administrada por el gobierno. Pero si no hay otra opción, así será. Es casi la definición de demasiado grande para fallar. El caso más costoso de demasiado grande para quebrar para el gobierno británico, por supuesto, fue su sistema bancario. Eso explotó en la cara del Reino Unido hace casi dos décadas, durante la crisis financiera mundial. Desde entonces, ha habido pocos avances en la búsqueda de un modelo económico alejado de las empresas que son nominalmente privadas, pero que dependen implícitamente del respaldo del Estado si las cosas salen mal. Tratar de racionalizar este desastre sería un proyecto político que el partido laborista de centroizquierda, si nadie más, podría llevar a cabo. La nacionalización ferroviaria y la reforma de la planificación ya son pasos tentativos en un sistema que eliminaría la privatización sustituta y dejaría que el sector privado realmente existente haga lo que tiene que hacer. Pero hasta ahora no hay una visión más amplia para esto. Cambiar la economía y los servicios públicos es lo único que salvará la decreciente popularidad del gobierno. Tratar de estar a dieta Nigel Farage no lo logrará. Tampoco lo harán los acuerdos de recortes con Donald Trump que solo mitigan parcialmente el daño en sectores que apenas existen en el Reino Unido, como la exención de los nuevos aranceles del 50% sobre el acero y el aluminio." (Eurointelligence, 04/06/25, traducción Yandex)

6.9.24

Milei está transformando Argentina en un experimento social sin precedentes... su política es un brillante ejemplo de cómo priorizar la reducción del déficit fiscal y alinear los intereses del capital transnacional (con el traslado de una parte de las reservas de oro a bancos extranjeros, pese al riesgo de embargo), todo ello a costa del bienestar social... se ha alcanzado mediante una serie de «brillantes» medidas, como recortes profundos en los servicios públicos y la venta de activos estatales a capitales transnacionales, especialmente en el lucrativo sector de materias primas... Aunque ha logrado ese preciado superávit primario en la balanza de pagos, el costo social ha sido, cómo decirlo, colosal. ¿El resultado? Un modesto 57% de la población argentina, unos 27 millones de personas, vive en la pobreza, y un 16,5% en la extrema pobreza... La gran pregunta que queda es si Argentina podrá soportar las tensiones y el caos que estas políticas están provocando, o si Milei logrará su objetivo final: una crisis tan profunda que transforme el país… o lo destruya por completo (Eduardo Luque)

 "Uno de los «grandes logros» económicos del presidente argentino Javier Milei es haber conseguido un superávit primario en la balanza de pagos, un éxito que no se veía en años. Este superávit (el estado ingresa más de lo que gasta) se ha alcanzado mediante una serie de «brillantes» medidas, como recortes profundos en los servicios públicos y la venta de activos estatales a capitales transnacionales, especialmente en el lucrativo sector de materias primas. Claro, este hito económico, que algunos llamarían simplemente un ajuste contable, ha tenido un pequeño inconveniente: un costo social devastador. Pero, ¿quién se fija en esos detalles?

Para lograr el «milagro» del superávit, Milei no ha dudado en despedir a miles de trabajadores del Estado y recortar ayudas sociales fundamentales como en comedores públicos, la sanidad, la educación y, por supuesto, las pensiones. Todo un plan maestro que ha contribuido a expandir la pobreza y la indigencia en amplios sectores de la sociedad. ¿El resultado? Un modesto 57% de la población argentina, unos 27 millones de personas, vive en la pobreza, y un 16,5% en la extrema pobreza. Y si hablamos de los niños, la situación es «aún mejor»: un 16,2% son indigentes, según la Universidad Católica Argentina. Todo un logro.

Un neoliberal «con principios».

Javier Milei, un ferviente defensor del neoliberalismo, se ha ganado la fama de ser «implacable con los débiles y dócil con los poderosos». No duda en apalear a los jubilados cuando se manifiestan, pero es cobarde y servil con los fuertes. Su actitud sumisa, casi perruna, cuando se entrevista con los grandes poderes económicos, es uno de sus rasgos más evidentes. No es de extrañar que sea tan complaciente con los intereses de los grandes grupos de poder. Han sido los que han apoyado su meteórico ascenso político. Un ejemplo perfecto de esta «independencia» es la negociación con Elon Musk para la venta de las reservas de litio de Argentina, un recurso vital para la producción de baterías para los coches eléctricos de Tesla. Esta operación, muy beneficiosa para Musk, resalta la devoción de Milei por el capital transnacional, sin importar que haya ignorado ofertas más jugosas de otros grupos económicos. Total, los intereses nacionales son un asunto secundario.

Siguiendo los pasos de Margaret Thatcher, quien afirmaba que «la economía es el medio, el objetivo es cambiar el corazón y el alma«, Milei también cree firmemente que «la sociedad no existe«, solo los individuos y las familias. Una visión compartida por teóricos de la izquierda posmoderna como Ernesto Laclau, que hablaba de la «imposibilidad de la sociedad«. Esta brillante perspectiva refuerza su enfoque, pretende desintegrar la solidaridad social y promover un individualismo extremo. Después de todo, ¿por qué querríamos una sociedad unida cuando podemos alcanzar el sueño neoliberal de enfrentar a unos contra otros? En el pensamiento de Milei resuenan las voces del Leviatán de Thomas Hoobes. Los grandes poderes utilizan el gobierno de Milei como un valioso experimento sociológico del que, sin duda, extraerán valiosas lecciones para el futuro.

El héroe de la nueva derecha

Milei no solo es conocido por sus políticas económicas, sino también por su «encantadora personalidad». Aunque algunos le achacan rasgos de múltiples patologías, no deberíamos confundirnos, tras la fachada histriónica que muestra el personaje oculta un papel clave en la emergencia de una nueva derecha que, aunque democráticamente elegida, muestra un «admirable» desprecio por el Estado (la encarnación del mal según ellos) y los principios básicos de la democracia. El presidente argentino es  consciente de que la gran oligarquía transnacional a la que sirve apuesta cada vez menos por modelos «formalmente democráticos». El renacimiento del fascismo y la radicalidad de la derecha forma parte de la «nueva realidad».

Milei es un hombre del sistema, no es un «outsider» Su ascenso al poder no habría sido posible sin el robusto apoyo mediático y financiero de grandes corporaciones. Su agenda política, que a diferencia de otros no ha intentado disimular, se centra en desmantelar el Estado, aunque fue este mismo el que le permitió llegar al poder. Ironías de la vida.

Milei ha sabido explotar como pocos la emocionalidad en las redes sociales, convirtiéndose en un destacado representante de los «trolls». Inspirado en filósofos como Spinoza y Freud, Milei promueve el enfrentamiento social y la desesperanza, usando la angustia como herramienta política para generar pasividad y desesperación. Su objetivo no es otro que imponer una mutación cultural que desintegre los lazos sociales y promueva un «sálvese quien pueda» que deje a cada individuo a merced del mercado. Total, el Estado es el «enemigo del individuo y de la libertad», o al menos eso dice él.

El toque de gracia al sistema de pensiones

Uno de los primeros objetivos de Milei al asumir la presidencia fue, cómo no, reformar el sistema de pensiones públicas. Hasta 2023, los fondos de pensiones públicos en Argentina, (Fondo de Garantía de Sustentabilidad o FGS) eran gestionados por un organismo denominado ANSES. Pero Milei, con su visión de futuro, decidió que era mejor desmantelar el FGS y trasladar esos fondos a un sistema de capitalización individual, similar al que existía en Argentina antes de la crisis de 2001. Porque, claro, ¿qué podría salir mal al confiar la jubilación de millones de personas a las oscilaciones del mercado financiero?

Este modelo implica que los fondos de pensiones serán gestionados por entidades privadas, trasladando todo el riesgo de los mercados directamente a los futuros jubilados. Si los bancos quiebran tú pierdes, si los fondos de pensiones se volatizan por una mala inversión, tú pierdes. Si todo va bien, pero el costo de gestión es muy alto (caso chileno) puede ser que… también pierdas.

El dogma neoliberal de Milei sostiene que este es un método más «eficiente» para que cada individuo controle sus ahorros, aunque estén sujetos a las caprichosas fluctuaciones del mercado. Por supuesto, al desmantelar el FGS, el Estado perdería una herramienta crucial para asegurar las pensiones en tiempos de crisis económica. Pero, ¿quién necesita seguridad en tiempos de crisis?

Siguiendo esta línea, Milei vetó una ley del Senado que proponía un aumento del 8,1% en las jubilaciones, destinado a compensar el «olvido presidencial» de ajustar las pensiones en marzo, como manda la ley. Su ministro de Economía justificó la decisión hablando de la necesidad del «rigor presupuestario» para mantener el déficit fiscal en cero. Según sus cálculos, mantener las subidas «a perpetuidad» costaría 370.000 millones de dólares, una cifra que Milei considera insostenible, aunque nadie sabe muy bien de dónde la sacó, puesto que los pensionistas no son inmortales ni perpetuos. Pequeños detalles sin importancia que el personaje no ha aclarado.

Reducir, cortar y privatizar

La eliminación de la moratoria previsional, que permitía a personas con años de cotizaciones incompletas acceder a una jubilación, fue una de las primeras y «brillantes» medidas de Milei. Este cambio afectó especialmente a mujeres y trabajadores informales, quienes suelen tener historiales laborales discontinuos y no pueden completar los años de cotización requeridos. Además, Milei propuso la «Prestación de Retiro Proporcional», una pensión mínima inferior a la jubilación mínima, porque, ¿por qué no reducir aún más el poder adquisitivo de los jubilados? Y para hacer más equitativo el sacrificio, suprimió la financiación a los comedores sociales.

Otra medida estrella de la administración de Milei ha sido el traslado de una parte significativa de las reservas de oro de Argentina a bancos extranjeros. Aunque los detalles sobre las cantidades y destinos exactos se mantienen en un conveniente misterio, esta decisión ha generado una enorme preocupación por la posible pérdida de control sobre estos recursos y el riesgo de embargo. Pero, ¿quién necesita control sobre sus propios recursos? ¡¡¡El «mercado» como el Dios bíblico proveerá!!!

Caputo: El maestro de los hilos

Junto a Milei, Luis Caputo es otro personaje clave en la política económica argentina. Aunque denostado públicamente por el propio Milei, quien en campaña electoral llegó a decir de él que era un incompetente, ¿Quién recuerda las tonterías que se suelen decir en las campañas electorales? Milei tardó pocas horas en nombrarlo nuevo Ministro de Economía. Conocido por su «brillante» carrera en el sector privado ¡es sin duda una gran elección! Caputo fue ministro de Finanzas y luego de Hacienda durante el gobierno de Mauricio Macri, antes de ocupar cargos de influencia en la actual administración. Su experiencia en favor de las grandes oligarquías es «incuestionable».

Durante su anterior mandato, Caputo fue el artífice de decisiones que aumentaron significativamente la deuda externa de Argentina. Hizo emitir grandes cantidades de deuda en dólares, aumentando la vulnerabilidad ante las fluctuaciones del mercado internacional. Su manejo del acuerdo con el FMI fue especialmente «destacado»; dicho acuerdo representó el mayor préstamo en la historia del organismo, aunque también impuso condiciones económicas leoninas que generaron un fuerte malestar social y político. Para Caputo solo se trataba de incomprensión de las magnitudes macroeconómicas. ¡Detalles sin importancia!

Las críticas más severas hacia ese ministro giraron en torno a sus vínculos con fondos de inversión offshore, revelados por los Paradise Papers. Antes de asumir cargos públicos, Caputo estuvo involucrado en la gestión de grandes fondos con dinero negro. Fue acusado de facilitar la evasión fiscal para los más ricos. Además, durante su gestión como ministro, Caputo fue criticado por no declarar adecuadamente su participación en estos fondos y repartirse suculentas comisiones. Estos escándalos obligaron al personaje a dimitir en medio de una crisis financiera sin precedentes. Sus decisiones exacerbaron la incertidumbre en los mercados y debilitó aún más la precaria economía argentina. Es sin duda todo un maestro en el oficio de malversar dinero ajeno.

Al nuevo dueto Milei/Caputo la historia no parece importarles. El presidente argentino necesitaba un  tipo tan cruel como él. Caputo es su alma gemela, de momento, porque: ¿quién no tiene un par de cuentas offshore hoy en día?

En resumen

Las políticas de Javier Milei son un brillante ejemplo de cómo priorizar la reducción del déficit fiscal y alinear los intereses del capital transnacional, todo ello a costa del bienestar social. Aunque ha logrado ese preciado superávit primario en la balanza de pagos, el costo social ha sido, cómo decirlo, colosal. El ataque al sistema de pensiones, desmantelando el FGS y empujando a millones de personas hacia la incertidumbre alimenticia, es solo una muestra de su «genialidad».

Y si a eso, le sumamos que ha conseguido que más del 57% de la población viva en la pobreza y un 16,5% en la extrema pobreza, podemos decir que Milei está transformando Argentina en un experimento social sin precedentes. Sus políticas, lejos de estabilizar la economía, están generando un creciente descontento social. La gran pregunta que queda es si Argentina podrá soportar las tensiones y el caos que estas políticas están provocando, o si Milei logrará su objetivo final: una crisis tan profunda que transforme el país… o lo destruya por completo."                (Eduardo Luque , El Viejo Topo, 05/09/24)

26.2.24

Debe ser la respuesta al incendio del Campanar... El Gobierno andaluz autoriza por ley a empresas a validar proyectos urbanísticos sustituyendo a funcionarios públicos... permite que los municipios contraten “entidades urbanísticas certificadoras” para visar obras, pese a las dudas del gabinete jurídico de la Junta que avisó del riesgo de “conducir a la privatización total de la función de asesoramiento urbanístico a los ayuntamientos”

 "El mastodóntico decreto ley de simplificación administrativa de la Junta de Andalucía, convalidado en el Parlamento la semana pasada, abre la puerta de par en par a que entidades privadas participen de forma decisiva en la tramitación de proyectos urbanísticos elaborando informes, certificados o actas con “efectos equiparables” a los que hasta ahora solo pueden emitir los funcionarios municipales.

Previo contrato con el ayuntamiento, “entidades urbanísticas certificadoras” podrán verificar si un particular ha aportado todos los documentos para obtener una licencia, si el proyecto y la documentación cumplen la normativa, o inspeccionar las obras urbanísticas, entre otras tareas. Para hacerlo, antes deberán haber sido contratadas por los ayuntamientos, que tendrán que regular hasta dónde llega su participación mediante una ordenanza.

Esta reforma legal, que afecta a la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (conocida como LISTA) y a su reglamento de desarrollo, ya fue descartada por el propio Gobierno andaluz cuando aprobó la primera versión de la LISTA, en diciembre de 2021.

Entonces contó con el rechazo expreso del Consejo Consultivo, que advirtió en un informe no vinculante de que la participación de empresas en la tramitación urbanística –que implica el traspaso en el ejercicio de competencias de la Administración– puede invadir un territorio reservado por ley a los funcionarios.

La idea tampoco ha sido bien vista por el Tribunal Supremo, que en una sentencia reciente subrayó que sólo podía recurrirse a personal no funcionario como “solución puntual a una situación extraordinaria”.

Dos años después, el Gobierno andaluz ha recuperado la idea de delegar en empresas privadas la supervisión de proyectos urbanísticos, descartada para la Ley del Suelo, y la ha insertado con otra redacción en el cuarto decreto ley de simplificación administrativa. La polémica norma modifica 176 normas diferentes por la vía de urgencia, tras el rechazo frontal del PP a tramitarlo como proyecto de ley para esquivar las enmiendas de la oposición y los sindicatos.

En este lapso de tiempo, la Junta ha incorporado matices, pero las dudas permanecen: antes de la aprobación del decreto, el letrado de la Junta de Andalucía emitió un informe jurídico donde decía que la propuesta era “mejorable en su redacción y justificación”, y advertía del riesgo de “conducir a la privatización total de la función de asesoramiento urbanístico a los ayuntamientos”.

La concejala de Urbanismo del ayuntamiento de Málaga, Carmen Casero (PP) ha anunciado esta semana que su departamento trabaja ya en la modificación de la ordenanza para dar cabida a la colaboración de entidades certificadoras y colegios profesionales. Para ello, ha reservado 150.000 euros que irían a cubrir los acuerdos y contratos con empresas y los colegios de arquitectos, arquitectos técnicos e ingenieros.

“Colaboración público-privada”

El decreto de simplificación, vigente desde el 17 de febrero, modifica dos artículos de la LISTA y otro del Reglamento para incorporar al proceso urbanístico la denominada “colaboración público-privada”, una fórmula que supone la participación de empresas en esferas de decisión y actuación públicas. Los colegios profesionales ya podían sustituir la labor que hacen funcionarios públicos en ciertos casos, pero los colegios son entidades de derecho público. Ahora, el abanico se abre aún más y deja entrar al sector privado.

De acuerdo con el nuevo artículo 9 de la LISTA, las administraciones con competencia urbanística y territorial (generalmente los ayuntamientos) podrán contratar a estas “entidades urbanísticas certificadoras” (previamente registradas como tales) para realizar “tareas de carácter instrumental, material, técnico, auxiliar o de apoyo a las actuaciones de verificación, inspección y control del cumplimiento de la normativa” urbanística.

Los informes, certificados o actas de estas entidades se incorporarán al expediente administrativo y “serán tenidos en cuenta en la resolución de los procedimientos”, añade el texto, que a continuación contempla que puedan sustituir al informe de un funcionario surtiendo “efectos equiparables”, si así lo prevé la ordenanza municipal.

Por su parte, el nuevo artículo 140.3 especifica, para el caso concreto de la emisión de licencias urbanísticas, que el informe de la entidad privada o del colegio profesional surtirá “efectos equiparables” al informe técnico del funcionario que certifica si la licencia es conforme a normativa, si así lo prevé la ordenanza municipal.

El letrado de la Junta cuestiona su legalidad

La nueva norma justifica la incorporación de empresas al complejo y farragoso mundo de las licencias urbanísticas de empresas privadas por la “carencia de medios personales y técnicos que padecen muchos Ayuntamientos”. Y pone salvaguardas: su intervención no implicará el ejercicio de potestades públicas y no puede ser obligatoria: es decir, el ciudadano siempre puede dirigirse a los técnicos municipales.

Sin embargo, esto no disipa las dudas de su legalidad, que el propio letrado de la Junta de Andalucía manifestó en su informe previo. Para evitar la colisión con el ejercicio de potestades públicas, proponía algo muy concreto: que “se aclare en el artículo 140.4” que las ordenanzas no pueden obligar a solicitar esos informes. Y advertía: el riesgo si no se hace es que las administraciones puedan prescindir de sus servicios técnicos, suplantar el asesoramiento de los habilitados nacionales (como el secretario) o “las funciones que legalmente están reservadas a los funcionarios”. El decreto ley de simplificación recoge el guante, pero lo hace de manera inexacta, en un apartado diferente de la norma.

En ese informe, el letrado recordaba que ya el Consejo Consultivo advirtió en abril de 2021 de que la pretensión de dar galones a la empresa privada en el ámbito urbanístico chocaba con la reserva del ejercicio de potestades públicas en favor de los funcionarios. El Consultivo rechazó que las empresas pudieran controlar los documentos de una declaración responsable.(...)"                    (Néstor Cenizo, eldiario.es, 25/02/24)

28.9.23

Telefónica: Estamos contemplando atónitos a la vuelta al control de una parte nada desdeñable del capital de antiguos monopolios naturales por parte de un Estado, pero ya no el español... Vamos, una extracción de rentas en toda regla. La literatura académica está llena de investigaciones sobre el fracaso de dichos procesos de liberalización... Los fondos soberanos invierten cada vez más en empresas estratégicas de distintos países para lograr beneficios, con dos diferencias notorias: primero, se lo pueden permitir, debido a la ingente cantidad de dinero que gestionan. La segunda, por razones de poder... Tanto los fondos soberanos como los fondos globales acaban siendo empresas sistémicas, que condicionan a cada una de las empresas, y, conjuntamente, a todas en las que invierten, influyendo en la política de dividendos o en la política de inversión. ¿Entienden ahora la superioridad aplastante de la gobernanza china? el Gobierno de España deberá decidir qué hacer con el intento de un fondo soberano saudí de hacerse con el mayor paquete accionarial de Telefónica, empresa estratégica por la posesión de información sensible y por sus estrechos vínculos con el sector de la defensa. Si al final no pone reparos asistiremos (otra vez, como Endesa), al control de una antigua empresa estatal patria por parte de otro Estado... Era muy malo que existieran empresas públicas patrias, pero ni mu sobre este nuevo tipo de control estatal. Reconozcan ustedes que la situación no deja de ser hilarante, pero es lo que tiene ¡el mercado, amigos!

 "Debo reconocer mi sorpresa y perplejidad por los inescrutables caprichos del mercado. Después de vendernos durante décadas –gobiernos de González dixit y, sobre todo, los de Aznar- las mil y una maravillas que conllevaban los procesos de liberalización de los otrora monopolios naturales, en su mayoría de carácter estratégico, y que en aquel momento estaban controlados por el Estado español, asistimos a una reversión de dichas privatizaciones.

Estamos contemplando atónitos a la vuelta al control de una parte nada desdeñable del capital de antiguos monopolios naturales por parte de un Estado, pero ya no el español. Primero fue el caso de la eléctrica Endesa, que en su momento fue la Empresa Nacional de Electricidad, y que acabó en manos de Entel, una entidad mixta controlada por el Estado italiano. Ahora, si nadie lo remedia, sucederá lo mismo con Telefónica. La empresa de telecomunicaciones STC, controlada por el fondo soberano FIP (Fondo de Inversiones Públicas), en manos del Estado de Arabia Saudí, adquirirá el 9,99%, de la entidad española, con la más que probable petición de asiento para dos de sus representantes en el consejo de administración de la telefonía patria. ¡Es el mercado amigos! Pero vayamos por partes porque lo que está aconteciendo forma parte de un guion digno del diablo Cojuelo.

 Los pregoneros de las bondades de la liberalización de los otrora monopolios naturales nos susurraban al oído que todo ello era por nuestro bien, que era una manera de avanzar hacia una gestión eficiente de las empresas y unos precios que reflejaran de manera más adecuada los costes de producción. Con ello se promovería, en sectores como el eléctrico, el agua, o el gas natural, un consumo eficiente y la provisión de servicios más innovadores. Lo de siempre, bla, bla, bla, … Ya hemos sentido en nuestras carnes los efectos del sistema marginalista del proceso de liberalización del mercado eléctrico patrio, o cómo en todas y cada una de las empresas de esos sectores liberalizados quien ha acabado ganando han sido sus accionistas, en su mayoría extranjeros, vía cuantiosos dividendos, su consejo de administración, con unos emolumentos desproporcionados para su labor de gestión, mientras la calidad del servicio apenas mejoraba, consecuencia de las escasas inversiones de las empresas liberalizadas. Vamos, una extracción de rentas en toda regla. La literatura académica está llena de investigaciones sobre el fracaso de dichos procesos de liberalización, en su mayoría debido a la falacia de las hipótesis que había detrás de los mismos.

Financiarización y fondos soberanos

Desde estas líneas hemos escrito hasta la extenuación sobre la financiarización. El pensamiento económico dominante ha producido, como uno de sus rasgos más relevantes, la “financiarización” de la economía en su conjunto. Stockhammer (2010) define la financiarización como “el término utilizado para resumir un conjunto de cambios en la relación entre el sector financiero y el real que otorga un mayor peso que antes a los motivos y actores financieros. El término engloba fenómenos tan diversos como la orientación de las empresas hacia la maximización del valor de las acciones, el aumento del endeudamiento de los hogares, los cambios en las actitudes de los individuos, el aumento de las rentas de las actividades financieras, la mayor frecuencia de las crisis financieras y la mayor movilidad del capital internacional”.

 Uno de los rasgos de la financiarización es el peso cada vez mayor de fondos soberanos, que se nutren de las ingentes rentas que determinados países obtienen de sus recursos naturales –petróleo, gas, minerales…- y/o de sus tremendos superávits comerciales. Existen al menos 70 países que han constituido este tipo de fondos, siendo los de Noruega, China y Singapur quienes lideran el ranking por volumen gestionado. Pero también destacan fondos soberanos de países productores de petróleo -Emiratos Árabes, Kuwait, Catar, y, como, en el caso de quien pretende entrar en Telefónica, de Arabia Saudí-. Aun así, el volumen de estos fondos es pecata minuta si lo comparamos con el de Blackrock, el rey de los fondos global, y cuyos tentáculos se extienden a la práctica totalidad de compañías de nuestro Ibex35.

Los fondos soberanos y los fondos globales invierten cada vez más en empresas estratégicas de distintos países para lograr beneficios, como todo inversor, pero con dos diferencias notorias. Se lo pueden permitir, debido a la ingente cantidad de dinero que gestionan. La segunda, nada desdeñable, por razones de poder. Tanto los fondos soberanos como los fondos globales acaban siendo empresas sistémicas, que condicionan a cada una de las empresas, y, conjuntamente, a todas en las que invierten, influyendo en la política de dividendos o en la política de inversión. ¿Entienden ahora la superioridad aplastante de la gobernanza china?

 Es en este escenario donde el Gobierno de España deberá decidir qué hacer con el intento de un fondo soberano saudí de hacerse con el mayor paquete accionarial de Telefónica, empresa estratégica por la posesión de información sensible y por sus estrechos vínculos con el sector de la defensa. Si al final no pone reparos asistiremos, otra vez, al control de una antigua empresa estatal patria por parte de otro Estado, en este caso autocrático, donde a su vez, los derechos humanos cotizan a la baja. ¡Qué paradoja!, ¿verdad? Era muy malo que existieran empresas públicas patrias, pero ni mu sobre este nuevo tipo de control estatal. Reconozcan ustedes que la situación no deja de ser hilarante, pero es lo que tiene ¡el mercado, amigos!"             (Juan Laborda  , El Salto,  15/09/23)

18.9.23

Junio de 1996. José María Aznar aprueba un documento cuyo impacto se sigue notando hoy, el 'Programa de Modernización del Sector Público Empresarial', el plan privatizador de los años siguientes. Multitud de grandes empresas públicas pasan a capital privado. O no. Los estados extranjeros sí sacan partido de las empresas que España privatizó... La entrada de Arabia Saudí en Telefónica se une a la lista de compañías de las que el Estado se desprendió y que ahora tienen a otros países en su accionariado como Endesa o Iberia

 "Junio de 1996. En la Moncloa se reúne el Consejo de Ministros, presidido por José María Aznar desde hacía pocas semanas. Entre otros asuntos, el Gobierno aprueba un documento cuyo impacto se sigue notando hoy. Bajo el título 'Programa de Modernización del Sector Público Empresarial', se esconde el plan privatizador de los años siguientes. Multitud de grandes empresas públicas pasan a capital privado. O no. La paradoja casi tres décadas después es que las compañías de las que tenía que salir el sector público español han terminado dando entrada a estados extranjeros. Telefónica, el último ejemplo de una larga lista.

El documento, de apenas ocho páginas, aglutinaba toda la justificación ideológica del Gobierno de Aznar para privatizar empresas. Entre otras cuestiones, apuntaba que “no existe criterio económico sólido” para que el Estado participase en estas compañías. Además, escondía el sesgo liberal bajo el planteamiento de que las empresas necesitaban inyecciones de capital que no tenían que salir del sector público y que la regulación europea obligaba a liberalizar sectores.

Si bien la entrada de España en la UE supuso la necesidad de abrir distintos sectores estratégicos a la competencia privada, esto se entendió como la urgencia de que el Estado saliera de esos sectores. Algo que otros países como Francia, Alemania o Italia no hicieron por completo y, cuarenta años después, siguen teniendo participaciones en sectores como la banca, la energía, las telecomunicaciones o la automoción.

Entre 1986 y 2014, el Estado privatizó cerca de 120 compañías, obteniendo por ello unos 45.000 millones de euros, según tiene cifrado la Sociedad Española de Participaciones Industriales (Sepi), el ente que ha aglutinado todas las participaciones en empresas públicas. Sin embargo, el Gobierno de Aznar está considerado como el más intenso en este proceso. Fue la época en la que Endesa, Tabacalera, Telefónica, Aldeasa, Enagás o Iberia, entre otras muchas, dejaron de ser empresas participadas por el Estado.

Fue el momento álgido de los grandes nombres del empresariado público que encabezaron las privatizaciones. Juan Villalonga lideró el final de la salida del Estado de Telefónica; Francisco González concluyó los intereses públicos en Argentaria; César Alierta acabó diluyendo la pública Tabacalera en la privada Altadis; bajo la presidencia de Rodolfo Martín Villa se terminó la presencia estatal en el sector eléctrico a través de Endesa. Y un largo etcétera.

Un cuarto de siglo más tarde, revisar las empresas que desde finales de los ochenta se privatizaron bajo supuestos argumentos de eficiencia económica supone encontrar cómo otros Estados sí han apostado por estas compañías. Así se ha constatado por parte de Arabia Saudí al entrar, a través de su operadora de telecomunicaciones estatal, en el accionariado de Telefónica. El 9,9% que pretende alcanzar y que está pendiente de las respectivas autorizaciones, le convertiría en la principal accionista del grupo con sede en Las Tablas (Madrid).

El Estado español ya no tiene intereses en el sector de las telecomunicaciones, considerado estratégico por las funciones que desempeña. Sin embargo, si Arabia Saudí entra en el accionariado de Telefónica finalmente, la primera y la segunda operadora del país tendrán accionistas estatales. En el caso de Orange, pendiente de su fusión con MásMóvil, está participada en un 13,4% por el Estado francés y en otro 9,5% por el banco público BPI. En otros países, como Alemania, el Estado también participa en el sector, como dueño del 13,8% de Deutsche Telekom.

Telefónica se une así a un grupo de empresas que fueron privatizadas y donde el Estado español ya no tiene intereses, pero sí otros países. Otro de los casos más significativos es Endesa. La empresa fue privatizada en 1998 tras varias desinversiones que habían comenzado durante el Gobierno de Felipe González, bajo el argumento de liberalizar el sector. Su historia posterior fue la de la batalla de opas entre Gas Natural y Enel que terminó ganando en 2009 la compañía italiana. Una empresa cuyo primer accionista es el Estado italiano y que actualmente tiene el 70% de la antigua compañía pública española.

El Estado español quedó desde entonces fuera del sector eléctrico. Durante los últimos años, en plena crisis energética por la escalada de precios, se ha debatido sobre la posibilidad de una compañía pública cuando en el pasado ya se tuvo. Contrasta con otros países como la propia Italia o Francia, que siguen teniendo importante participación en el sector energético.

Durante aquellos años también concluyó la privatización de Iberia. Otro de los símbolos del sector público español y protagonista del aperturismo de la industria turística española. Su futuro quedó en el extranjero, al acabar integrada en el holding británico IAG junto con British Airways. Hoy, este grupo tiene como principal accionista, con el 25% de la compañía, a Qatar Airways, la aerolínea estatal del país del golfo.

De nuevo, la situación contrasta con otros países de nuestro entorno. Otras aerolíneas europeas están participadas por sus respectivos estados. Air France KLM, por ejemplo, tiene más de un 28% en manos del Estado francés y un 9% del neerlandés. En Italia, el Estado es propietario de ITA Air, heredera de la colapsada Alitalia, que actualmente está a la espera de conocer el resultado final de la compra de un 41% por parte de Lufthansa.

El Estado también privatizó, unos años antes, Seat. La compañía automovilística era uno de los símbolos del desarrollismo español de los años sesenta con modelos míticos para la historia popular española como el 600. Sin embargo, a finales de la década de los ochenta, la empresa automovilística fue vendida a Volkswagen. De nuevo, se da la situación de que una empresa pública española acaba en un grupo con intereses de otros estados.

En el caso del gigante alemán, en su accionariado se encuentran el Estado de Baja Sajonia o Catar. Otros países europeos también participan en el sector automovilístico, cuarenta años después de que el Estado español saliera. Por ejemplo, el 15,01% de Renault está en manos del Estado francés.

Durante el Gobierno de Aznar también se vendieron otras empresas importantes como Aldeasa o Aceralia. La primera, que gestionaba tiendas y comercios de aeropuertos y estaciones, pasó a manos del grupo World Duty Free, que en la actualidad tiene entre sus accionistas al estado catarí. La segunda, nombre destacado de la industria española, acabó en el gigante ArcerlorMittal, con sede en Luxemburgo. El ducado es actualmente el primer accionista de la empresa con algo más del 5% de su capital.

En algunas compañías que vivieron procesos de privatización durante aquellos años, la Sepi sigue presente, como Enagás, Red Eléctrica o Indra. En algunos de estos casos, como Enagás, tras su privatización se acercaron estados extranjeros a participar en su capital. Anteriormente el Emirato de Omán y actualmente Mubadala, el fondo soberano del emirato de Abu Dhabi.

Los fondos soberanos, esos vehículos de inversión de determinados estados para canalizar los ingresos por negocios como el petróleo, han dado buena cuenta de las empresas españolas privatizadas. Actualmente se puede encontrar, por ejemplo, a Norges Bank en compañías como Repsol, que en 1997 culminó su paso a manos privadas. También está presente en BBVA, el grupo bancario surgido tras la privatización y fusión de Argentaria, el último reducto de banca pública en España, más allá de los bancos rescatados tras 2008.

De nuevo, la banca es un sector en el que el Estado español dejó de participar, mientras que otros países europeos mantienen sus posiciones en el sector. España tuvo una entidad participada mayoritariamente por el Estado en Bankia, que fusionó con CaixaBank, pero nunca pudo considerarse un banco público por su funcionamiento. Por su parte, Francia, Países Bajos, Bélgica o Alemania son algunos de los países donde los estados participan en el sector que España decidió privatizar por completo.

El proceso de desinversiones incluye a muchos otros nombres que hoy están integrados en otras compañías o que simplemente desaparecieron. Astander, Casa, Red Eléctrica, Pegaso y hasta Viajes Marsans. El conglomerado público llegaba a multitud de sectores, muchos de ellos estratégicos y hoy está limitado a un reducido número de compañías como Renfe, Correos, Loterías y Apuestas, RTVE, EFE, Navantia o Tragsa.

Por el camino quedaron el resto. En ocasiones, salpicadas por los escándalos de sospechas de corrupción en los procesos de venta con directivos implicados, por ejemplo, en investigaciones por el uso de información privilegiada. En otros casos, las críticas llegaron por las bajas valoraciones que se dieron de las empresas. Y de fondo, fuertes movilizaciones, especialmente a finales de los noventa, por la privatización del tejido industrial español."                      ( Diego Larrouy , eldiario.es, 17/09/23)

15.9.23

Ayuso paga con dinero público las clases particulares para el alumnado de la privada que enferme... a esto se le llama lucha de clases

 "48.101 euros para sufragar las clases particulares del alumnado de la privada que enferma. Una convocatoria publicada en el Portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid para sufragar el Servicio de Apoyo Educativo Domiciliario (SAED) a alumnos y alumnas que estudian en la escuela privada supone el nuevo regalo del gobierno de Ayuso para la educación que se imparte fuera de la pública.

Así lo han denunciado desde CC OO Educación Madrid, quienes indican que, al mismo tiempo, la subcontratación de este servicio, que estará en manos de las empresas que ganen el concurso, es “de dudosa legalidad”, porque no se garantiza ni la cualificación de quien imparta esas clases ni tampoco la impartición del currículo oficial.

 El Servicio de Apoyo Educativo Domiciliario (SAED) es un servicio de carácter público, integrado por 43 maestros y maestras y 71 profesores y profesoras de Secundaria, con su debida titulación y oposiciones, que se encargan de impartir clases particulares al alumnado de la pública que por prescripción facultativa no puede acudir al centro escolar. Un servicio hoy “saturado”, denuncian desde CC OO, que no llega a atender todas las necesidades, mientras se subvenciona a la privada. “Los presupuestos de los últimos años muestran que las cantidades destinadas al SAED se han recortado año tras año, mientras el dinero que va a los colegios privados aumenta”, avisan desde CC OO.

 “Es otro regalo más para los centros privados. Si un alumno enferma durante una larga temporada hay que garantizar el derecho a la educación, eso sin duda. Pero la Consejería de Educación lo garantiza financiando el 100% de clases privadas a domicilio a alumnos de centros privados y además se lo encarga a empresas privadas. Es decir, que pagamos entre todos clases para un alumnado que viene de centros privativos, exclusivos porque sus cuotas mensuales son altísimas y solo se las pueden permitir familias de muy alto poder adquisitivo”, expresa Isabel Galvín, secretaria general de Enseñanza de CCOO Madrid.

 Hasta hoy, el SAED atiende a alumnos provenientes de centros públicos y de centros concertados, pero no de centros privados, explica Galvín. Para la representante de CC OO las familias que eligen llevar a sus hijos a centros privados, dentro del marco de su libertad de elección, deben asumir todos los gastos derivados, y esto debería incluir la atención educativa en caso de enfermedad. “Han de ser los colegios privados los que asuman estos gastos”, insiste. (...)"                    (Sara Plaza, El Salto, 28/07/23)

11.9.23

Telefónica vuelve a ser pública... en manos del Estado de Arabia Saudí... La operación de entrada de capital saudí ha sido auxiliada por bancos de inversión (Morgan Stanley), bufetes de prestigio internacional (Linklaters y Allen & Overy) y abogados del Estado con una amplia experiencia en la regulación de las telecomunicaciones... Los lazos comerciales entre dos monarquías que han logrado múltiples acuerdos desde la Transición podrían condicionar el desenlace de la operación corporativa que afecta a Telefónica... ¿Podría el Estado español ejercer su soberanía y participar en una de sus empresas más rentables si la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) se hiciera con una participación de control en la empresa de telecomunicaciones?... Iberdrola, la inmobiliaria cotizada Colonial, la petrolera Cepsa o la distribuidora gasista Enagás, entre otras grandes empresas, cuentan ya con fondos árabes

 "Si el Gobierno no lo impide, y es poco probable que así sea, la multinacional Telefónica volverá a ser en parte pública. La empresa de telecomunicaciones STC, controlada por el fondo soberano FIP (Fondo de Inversiones Públicas), en manos del Estado de Arabia Saudí y presidido por el mismísimo príncipe Bin Salman, adquirirá cerca de un 10% –un 9.99%–de la entidad española.  

La maniobra lleva tiempo tejiéndose, en un contexto en el que el incremento de los precios del petróleo ha reforzado la riqueza de los petroestados y en el que las transiciones energéticas –con la previsible reducción del consumo de combustibles fósiles– recomiendan a los productores de crudo la diversificación de sus inversiones. Arabia Saudí ha declarado, además, su intención de vender petróleo en otras monedas distintas del dólar, una forma de decir que comerciará en yuanes con China, lo que sería el inicio de la ruptura del modelo monetario unipolar dominado por EEUU. La integración del Estado saudí –en compañía de los Emiratos Árabes Unidos–en la alianza comercial de los BRICS, potencias emergentes como Brasil, Rusia, India, China o Sudáfrica, representa un escalón más en la erosión de la hegemonía estadounidense y la expansión de modelos políticos explícitamente autoritarios.

Como después de las crisis de los setenta, los fondos soberanos que beben del petróleo proliferan en el capitalismo occidental. Las formas han cambiado; si en los años ochenta aterrizaron vehículos como el fondo kuwaití KIO, con el financiero Javier de la Rosa como virrey, ahora estos son más discretos: Iberdrola, la inmobiliaria cotizada Colonial, la petrolera Cepsa o la distribuidora gasista Enagás, entre otras grandes empresas, cuentan ya con fondos árabes.  

La operación de entrada de capital saudí ha sorprendido a un Gobierno que sigue en funciones. La teleco STC ha sido auxiliada por bancos de inversión (Morgan Stanley), bufetes de prestigio internacional (Linklaters y Allen & Overy) y abogados del Estado con una amplia experiencia en la regulación de las telecomunicaciones. El Ministerio de Economía se ha afirmado como ha podido en la españolidad de una compañía que es estratégica por la posesión de información sensible y por sus estrechos vínculos con el sector de la Defensa. Un área en la que el gasto público se ha incrementado notablemente –por exigencias estadounidenses a través de la OTAN– y en la que empresas españolas, como la pública Navantia, han logrado recientes exportaciones relevantes, como las ventas de corbetas precisamente a Arabia Saudí. 

 Los lazos comerciales entre dos monarquías que han logrado múltiples acuerdos desde la Transición podrían condicionar el desenlace de la operación corporativa que afecta a Telefónica, aunque, como ocurrió con el culebrón accionarial de la eléctrica Endesa, este podría resolverse con variantes inesperadas. La eléctrica, que fuera en su momento la Empresa Nacional de Electricidad –de ahí las siglas de Endesa–, acabó también en manos de una entidad mixta controlada por otro Estado, el italiano. La legislación que regula las entradas de capital en España exige una autorización del Ministerio de Defensa si la participación es relevante y si se pretende colocar a representantes corporativos en el consejo de Administración. La solicitud de dicha autorización, que sí se hizo efectiva hace unos días, permite deducir que los saudíes querrían contar con esta última prerrogativa. 

No quedan claras las consecuencias de esta intención. Gestoras de fondos de inversión como Blackrock, Vanguard, State Street u otro fondo petrolero como el de Noruega –Norges Bank–, no suelen estar presentes en los órganos decisorios de las empresas en las que participan –pues pueden llegar a ser decenas de miles–, y ejercen su influencia invirtiendo o desinvirtiendo en Bolsa cuando lo juzgan apropiado. En el caso de aportar consejeros y si el ejecutivo finalmente lo autoriza, los saudíes tienen varios candidatos. Uno de ellos podría ser José del Valle, uno de los 16 hombres que integran la junta directiva de la teleco STC y que estos días ha llamado la atención por su procedencia española; Del Valle, exdirectivo de Telefónica durante 18 años destinado a la ampliación y comercialización en América Latina, donde coincidió con el actual primer ejecutivo de la compañía, José María Álvarez Pallete, trabaja como responsable de proyectos especiales en la teleco saudí. "         (

 Los análisis periodísticos más o menos especializados nos proveerán de infinitos detalles. Pero a veces puede ser más interesante hablar de aquello que solo se menciona de manera marginal. ¿Podría el Estado español ejercer su soberanía y participar en una de sus empresas más rentables? A ello se refirió hace unos días la ministra en funciones de Derechos Sociales, Ione Belarra, al sugerir que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), sucesora institucional del antiguo Instituto Nacional de Industria, se hiciera con una participación de control en la empresa de telecomunicaciones. 

No sería nada precisamente nuevo. Miles de millones de euros públicos han sido invertidos en Telefónica desde su fundación como Compañía Nacional, en 1924, cuando el banquero y marqués Estanislao de Urquijo y Ussía, en alianza con la oligarquía financiera patria y una extraña empresa tecnológica estadounidense, la International Telephone & Telegraph, lanzaran el operador único de telefonía; en sus primeros años, el dictador Miguel Primo de Rivera se sentó en su consejo de Administración; su hijo, el abogado y futuro político José Antonio Primo de Rivera, figuró como asesor jurídico. Desde entonces hasta ahora ha sido más fácil separar al Estado de la iglesia que de Telefónica, cuyos consejos y direcciones han jugado el papel de un cierto bipartidismo empresarial, con exministros, altos cargos, funcionarios en excedencia y familiares diversos. De la nobleza de Estado española a la clase dominante feudal wahabí solo media un paso: será difícil encajar esta nueva internacionalización en un periodo en el que el fútbol y las prohibiciones de regímenes como el saudí han sido objeto de un acalorado debate en España. El cableado de Telefónica no es solo inalámbrico: fundaciones, acciones benéficas, conferencias, derechos del fútbol, programas de ficción y publicidad institucional que difícilmente permitan la necesaria condena de unas violaciones de los derechos humanos institucionalizadas que no parecen pesar tanto en las cuentas de resultados de nuestras apuradas empresas.  "            (Andrés Villena Oliver , eldiario.es, 08/09/23)