Partido Popular y Vox, ¿qué desean? Desean ver a Sánchez sentado en el banquillo ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo... No les salió con la amnistía. Tampoco con el hermano de Sánchez. No les salió con Begoña Gómez ni tampoco señalando la corrupción. Ahora quieren sentar al Presidente en el banquillo por Traición. Tienen mucha prisa por recuperar el gobierno (Enric Juliana, Fernando Berlín)

Fernando Berlín @radiocable

No les salió con la Amnistía; tampoco con el hermano de Sánchez. 

No les salió con Begoña Gómez ni tampoco señalando la corrupción. 

Ahora quieren sentar al Presidente en el banquillo por Traición. 

Tienen mucha prisa por recuperar el gobierno.

Declaraciones de Enric Juliana: https://x.com/HoyPorHoy/status/2095808624723411347/video/1

2:13 p. m. · 4 sept. 2026 ·21,3 mil Visualizaciones

"Yo destacaría dos puntos, dos notas.

Primero, los cañones de Wad-Ras. Si alguien nos dice hace 15 días que el presidente arrancaría un discurso en el Congreso de los Diputados mencionando que los leones del Congreso fueron fundidos con el bronce de los cañones requisados a Marruecos en la batalla de Wad-Ras en 1860, no nos lo creemos. ¿Y eso qué significa, más allá de la anécdota y del aporte histórico? Significa que ayer Sánchez empezó a modular la posición respecto a Marruecos. ¿Hasta dónde la modulará? Ese es uno de los interrogantes para la próxima y las siguientes semanas.

Pero hay más. La derecha, la oposición. Convergencia sobre un punto con modulación distinta, con versión distinta, pero ambos partidos, Partido Popular y Vox, ¿qué desean? Desean ver a Sánchez sentado en el banquillo ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

Vox plantea lo siguiente. Acusar a Sánchez de alta traición. Ayer quedó perfectamente verbalizado por parte de Santiago Abascal. Vox recoge a Abascal una idea lanzada el pasado mes de julio por el jurista Pedro Cruz Villalón en un artículo en la prensa. Exmagistrado del Tribunal Constitucional. Acogido luego con cierto entusiasmo por algunos núcleos de opinión de Madrid.

Alta traición. Pero para ello debería aprobarse esta iniciativa en el Congreso de los Diputados. Artículo 102 de la Constitución. Nadie había reparado en él. Ha de faltar el 25% de los diputados para llevarlo a la discusión. Mayoría absoluta para aprobarlo y luego conducirlo al Tribunal Supremo.

Que debería ver si tiene lugar un juicio sobre ello. Una vía difícil. Necesitaría de arranque el voto del PP. El PP no se lo va a dar de entrada. Hoy por hoy no lo contemplan. Pero ayer habló del Tribunal Supremo.

Mencionó el Tribunal Supremo. ¿Y por qué mencionó el Tribunal Supremo ni que fuese de pasada? Porque el PP está pensando en la posibilidad de que la instrucción iniciada en la Audiencia Nacional por la juez Tardón, que estos días está siendo objeto de un primer barullo táctico, salte en algún momento determinado al Tribunal Supremo. Es decir, a la Sala Segunda del Tribunal Supremo. A la Sala Segunda rompe olas de todas las grandes tensiones de España."         (Ser,04/09/26)

Cuando Alberto Núñez Feijóo era presidente de la Xunta de Galicia y vivía en Monte Pío, había un trasiego constante de personas ajenas a la institución cuando el escándalo de la Operación Zeta saltó a la luz al vincular la UDEF al empresario con la trama de las subvenciones a parados y personas con discapacidad. La policía consideró al amigo del presidente de la Xunta como un “intermediario” entre diversos empresarios y la cúpula del PP. Aseguraban que Pachi Lucas, el conseguidor, estaba a sueldo de la trama para realizar “gestiones de interés” como entrevistas e incluso “adjudicación y/o cobro de proyectos”... hay correos de Gerardo Crespo al presidente de la Xunta, con copia a Pachi Lucas, quejándose de la tardanza en el impago de las subvenciones... Gerardo Crespo era un destacado militante del PP y fue imputado junto a una treintena de personas, entre ellos cinco cargos de la Xunta. Crespo aseguró que durante años pagó 3.000 euros mensuales a Lucas para que le “abriera puertas” en las Administraciones públicas. “Podía abrir cualquier puerta, conseguía contrataciones”, dijo Crespo. “En el PP, o estás con los amigos, o si no, no haces nada”. Y Pachi Lucas era íntimo de Feijóo... Afirma que Feijóo avisó a Lucas de que la UDEF tenía pinchado su teléfono pero que a él no le avisaron y se sintió traicionado por los suyos, los de su partido. ¿De nuevo Feijóo utilizó información privilegiada para salvar a un amigo? O tal vez para salvarse él... La lucrativa trama se hizo con 20 millones de euros. “Trabajé con Pachi Lucas con todas las bendiciones de Feijóo”... “Evidentemente le pagaba a Pachi por ser amigo de Feijóo. Le pedimos los dos permiso al presidente para poder trabajar juntos. Y teníamos todas las bendiciones de Feijóo. A Pachi, Feijóo le dijo que había mucho dinero, que cuanto más ganáramos juntos, mejor”, explicó el empresario... En la Operación Zeta, los atestados de la UDEF contenían frases como “Feijóo va a ser la clave” o afirmaciones de los empresarios asegurando que Pachi Lucas “hablaba directamente con Alberto”... ¿Por qué Feijóo no fue llamado a declarar? Para la jueza de instrucción, lo que decían Crespo o sus socios eran "conversaciones de terceros" (lo que en jerga penal se llama referencias de oídas). Qué curioso. Parece que ese mismo supuesto fue suficiente para imputar a José Luis Rodríguez Zapatero, registrar su domicilio y su despacho e imputar a su secretaria... La causa tuvo un sobreseimiento provisional... Se libraban así, primero Feijóo y, después, su íntimo amigo (Cristina Papin Marcote)

"Recientemente, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha solicitado públicamente saber si David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reside en el Palacio de La Moncloa. Más allá de que se trata de un familiar del presidente, existe un precedente reciente con Mariano Rajoy y nadie del Partido Popular hizo ningún tipo de pregunta o petición. Su padre vivía en la residencia del presidente del Gobierno y además recibía asistencia y acompañamiento día y noche a cargo de dos personas contratadas por Presidencia. Rajoy cargó a los presupuestos de La Moncloa los gastos derivados del cuidado y acompañamiento de su padre.

Almeida defiende el derecho de la ciudadanía a conocer esta información, referente al hermano del presidente Pedro Sánchez, considerándola una obligación ética y administrativa. Debe ser obligación únicamente cuando hay un presidente que no es de su partido político. 

Parece que no recuerda que su jefe de filas, Alberto Núñez Feijóo, protagonizó una sonada polémica cuando era presidente de la Xunta y vivía en Monte Pío. Había un trasiego constante de personas ajenas a la institución. Feijóo apelaba a su esfera privada para no contestar a las preguntas relacionadas con las entradas y salidas de la residencia institucional. Ese detalle es determinante para contextualizar el origen de la controversia. Antes de que el nombre de Pachi Lucas irrumpiera con fuerza en los titulares a través de la Operación Zeta, el halo de opacidad en torno a la residencia de Monte Pío ya formaba parte del murmullo continuo en la política gallega y en los pasillos del Parlamento. A diferencia de otras instituciones donde queda constancia de cada visita, los accesos a Monte Pío se mantuvieron bajo un estricto hermetismo. 

Feijóo defendía que la esfera privada debía quedar al margen del control político y que el uso de la zona residencial de la vivienda no requería dar explicaciones ni fiscalizar quién pernoctaba o visitaba al jefe del Ejecutivo en su tiempo libre. La oposición, por otro lado, sostenía que al tratarse de una infraestructura pública financiada íntegramente en sus costes de mantenimiento y seguridad, era imprescindible contar con protocolos claros y registros de acceso. El temor de la oposición no era solo el uso recreativo de la residencia, sino la posibilidad de que se estuvieran celebrando reuniones de carácter político, económico o de presión sin luz ni taquígrafos. No se equivocaban.

Durante el mandato de Alberto Núñez Feijóo, todo se descontroló y Monte Pío fue un foco de controversia política

Las interpelaciones parlamentarias y los comentarios periodísticos ya ponían el foco en el continuo transitar de personas ajenas a la Administración autonómica. Cuando el escándalo de la Operación Zeta saltó a la luz y se conoció el papel de Pachi Lucas como conseguidor, todos esos comentarios previos cobraron una dimensión distinta. La oposición sintió que sus sospechas iniciales sobre el uso de la residencia oficial y la falta de control en las entradas y salidas quedaban confirmadas por los atestados policiales.

La residencia oficial de la Presidencia de la Xunta de Galicia fue concebida durante la etapa de Manuel Fraga como una gran obra institucional. Con el paso del tiempo, se convirtió en un símbolo de gasto público, infrautilización y falta de transparencia. El edificio fue diseñado para servir de residencia y sede de representación del presidente gallego, aunque su uso efectivo ha sido desigual. El debate sobre quién accede, se reúne o pernocta en el recinto ha sido recurrente en el Parlamento gallego. 

El complejo cuenta con unos 25.000 metros cuadrados construidos, 70.000 con el área verde del parque. Cuenta con diferentes espacios: de residencia, con piscina climatizada, sauna, gimnasio, despachos y otras áreas institucionales. Desde el principio fue presentada como una “Moncloa gallega”, una residencia presidencial de grandes dimensiones, tal vez excesivas para una comunidad autónoma.

El coste de construcción de Monte Pío ha sido objeto de constante controversia, oscilando entre siete y diez millones de euros, según diversas estimaciones. La falta de transparencia en el desglose presupuestario ha dificultado el seguimiento de la inversión pública. Además, los gastos de mantenimiento, vigilancia y personal continúan generándose, independientemente de la ocupación efectiva del edificio. Opacidad absoluta.

A diferencia de otros inmuebles públicos, el coste anual de mantenimiento de Monte Pío no aparece identificado de forma específica en los presupuestos de la Xunta, lo que impide conocer con precisión cuánto cuesta cada año conservar la residencia oficial del presidente, aunque ya no viva allí, como es el caso actual de Alfonso Rueda.

La policía consideraba que Pachi Lucas, el conseguidor, estaba a sueldo de la trama para realizar “gestiones de interés” como entrevistas e incluso “adjudicación y/o cobro de proyectos”

Durante el mandato de Alberto Núñez Feijóo, todo se descontroló y Monte Pío fue un foco de controversia política. La oposición preguntó en el Parlamento por la presencia y pernoctaciones de diferentes personas ajenas al Gobierno, especialmente de una, el empresario Francisco Ramón de Lucas, conocido como Pachi Lucas, muy cercano al entorno personal y político de Feijóo. 

El entonces vicepresidente Alfonso Rueda, rechazó de pleno en el Parlamento las preguntas sobre si Pachi Lucas había pernoctado en Monte Pío. Reprochó que la diputada socialista preguntara en sede parlamentaria sobre un tema personal y tachó la pregunta de “rancia y casposa” haciendo además referencia a cuestiones de la prensa rosa. Sin embargo, la cuestión de fondo de la pregunta era el control de accesos, la naturaleza de las visitas privadas y la participación de personas sin cargo institucional y cercanas al presidente en reuniones oficiales.

La UDEF, en un informe policial, ya había vinculado al empresario madrileño afincado en Bueu (Pontevedra) con la trama de las subvenciones a parados y personas con discapacidad. La policía consideraba al amigo del presidente de la Xunta como un “intermediario” entre diversos empresarios y la cúpula del PP. Aseguraban que Pachi Lucas, el conseguidor, estaba a sueldo de la trama para realizar “gestiones de interés” como entrevistas e incluso “adjudicación y/o cobro de proyectos”. Existían correos electrónicos entre altos cargos de la Xunta, como Beatriz Mato, por entonces conselleira de Traballo, y el conseguidor. También hay correos de Gerardo Crespo al presidente de la Xunta, con copia a Pachi Lucas, quejándose de la tardanza en el impago de las subvenciones.

Gerardo Crespo era un destacado militante del PP y fue imputado junto a una treintena de personas, entre ellos cinco cargos de la Xunta. Crespo aseguró que durante años pagó 3.000 euros mensuales a Lucas para que le “abriera puertas” en las Administraciones públicas. “Podía abrir cualquier puerta, conseguía contrataciones”, dijo Crespo. “En el PP, o estás con los amigos, o si no, no haces nada”. Y Pachi Lucas era íntimo de Feijóo.

“Si yo tengo en plantilla a su mejor amigo, que duerme muchas veces en Monte Pío, lo mínimo es avisarme: ‘tienes pinchado el teléfono’. Porque ellos avisaron a Pachi Lucas, se desmarcaron de mí revocándome los cursos y dejaron de cogerme el teléfono”. Esta afirmación la realiza Gerardo Crespo cuando la policía estaba ya detrás. Afirma que Feijóo avisó a Lucas de que la UDEF tenía pinchado su teléfono pero que a él no le avisaron y se sintió traicionado por los suyos, los de su partido. ¿De nuevo Feijóo utilizó información privilegiada para salvar a un amigo? O tal vez para salvarse él. Crespo aseguró tener pruebas de que Feijóo fue alertado de la apertura, en teoría bajo secreto, de este sumario en el Juzgado de Instrucción número 6 de A Coruña.

La lucrativa trama se hizo con 20 millones de euros. “Trabajé con Pachi Lucas con todas las bendiciones de Feijóo”. “Evidentemente que le pagaba a Pachi por ser amigo de Feijóo. Le pedimos los dos permiso al presidente para poder trabajar juntos. Y teníamos todas las bendiciones de Feijóo. A Pachi, Feijóo le dijo que había mucho dinero, que cuanto más ganáramos juntos, mejor”, explicó el empresario.

En la Operación Zeta, los atestados de la UDEF contenían frases como “Feijóo va a ser la clave” o afirmaciones de los empresarios asegurando que Pachi Lucas “hablaba directamente con Alberto”.

En la 'Operación Zeta', los atestados de la UDEF contenían frases como “Feijóo va a ser la clave” o afirmaciones de los empresarios asegurando que Pachi Lucas “hablaba directamente con Alberto”

¿Por qué Feijóo no fue llamado a declarar? Para la jueza de instrucción, lo que decían Crespo o sus socios eran "conversaciones de terceros" (lo que en jerga penal se llama referencias de oídas). El criterio judicial imperante fue que no bastaba con que dos imputados usaran el nombre de un presidente para presumir de influencias. Hacía falta una prueba objetiva de retorno (un correo firmado por él, un expediente amañado directamente por su mano o un pago). Al no hallarse ese vínculo material directo, la causa se centró sobre Pachi Lucas sin rozar penalmente a Feijóo.

Qué curioso. Parece que ese mismo supuesto fue suficiente para imputar a José Luis Rodríguez Zapatero, registrar su domicilio y su despacho e imputar a su secretaria.

Alberto Núñez Feijóo conoció a Pachi Lucas en Madrid. Cuando él se fue de Galicia con Romay Beccaria y llegó a presidente de Correos. El padre de Pachi era un médico pontevedrés afincado en Madrid. El conseguidor se dedicaba a la joyería y administraba tres empresas, Lucas y cia Joyeros, Disart 4 y Ralumeg.  Comenzaron una relación de amistad que duró décadas.

Ya con Feijóo de vuelta en Galicia, Lucas era asiduo a los mítines del PP y estuvo a su lado en la toma de posesión como presidente de la Xunta. Curiosamente, la empresa Disart 4 trabajó para algunas campañas electorales del PP. En la de las autonómicas de 2009, que llevó a Feijóo a la presidencia, la empresa de Lucas facturó a los populares gallegos 25.583,80 euros. Y en la de las generales de 2011 endosó al PP nacional 53.449,11 euros. En la fiscalización de los gastos de esa campaña, el Tribunal de Cuentas reseñó que Disart 4 no pudo presentar justificantes de las operaciones que originaron ese importe. Para los investigadores, esos pagos evidenciaban que el dinero fluía entre la maquinaria del PP y la mercantil del amigo íntimo de Feijóo. La mayoría absoluta del PP bloqueo cualquier comisión de investigación en el Parlamento de Galicia.

Nadie sabe por qué esa empresa recibió eso miles de euros más allá de que pertenecía a un amigo íntimo de Feijóo. Una empresa que nada tiene que ver con organización de actos, dando servicios de publicidad que no pudo justificar. ¿Compraron joyas tal vez? Nunca lo sabremos.

Francisco Ramón de Lucas fue investigado en la Operación Zeta, centrada en el fraude de subvenciones a cursos de formación. La investigación lo señaló como uno de los “conseguidores” de la trama, actuando como enlace entre empresarios y responsables políticos. Según la instrucción judicial, Lucas habría realizado gestiones ante la dirección del PP para captar ayudas y contratos públicos, participando incluso en reuniones con miembros del Gobierno gallego y visitando Monte Pío muy a menudo. Era el “abrepuertas”, como lo había nombrado Gerardo Crespo.

La jueza de instrucción investigaba si Lucas usó su amistad directa con Feijóo y otros altos cargos del PP para actuar como enlace entre los promotores del fraude y la administración autonómica y lo imputó por tráfico de influencias. El principal acusado, Gerardo Crespo, afirmó reiteradamente que pagaba a Pachi Lucas asignaciones mensuales para que facilitara gestiones, reuniones y la adjudicación de fondos públicos para la red.

Aunque la jueza instructora ordenó su imputación basándose en los informes policiales y en los mensajes intervenidos entre los cabecillas, la situación procesal de Pachi Lucas dio un vuelco repentino en los tribunales. Primero ella, sorprendentemente, cambió de parecer. En un auto, fechado el 30 de marzo de 2017, la jueza argumentó que no había "datos objetivos" para concretar los indicios o sospechas que en su día motivaron la condición de investigado del empresario. "Más allá de que existan indicios de que se le encargara la realización de gestiones relativas a los expedientes administrativos que interesaban a Gerardo Crespo", recoge el contenido del auto.

La 'Operación Zeta' nunca desembocó en una sentencia global que resuelva el conjunto de los hechos inicialmente investigados

En junio de 2017, la Audiencia Provincial de A Coruña estimó los recursos presentados al considerar que no existían indicios delictivos con el peso ni la concreción legal suficientes para mantenerlo investigado por tráfico de influencias, obligando a la jueza a acotar la causa y separar las piezas porque "se investigan hechos, no personas". Se libraban así, primero Feijóo y, después, su íntimo amigo, de ser juzgados. 

Cómo ha cambiado desde entonces la forma de entender la justicia. Parece que hoy en día lo que se investigan son las personas más allá de los hechos. 

Todo el procedimiento fue claramente irregular. La Operación Zeta tuvo una tramitación especialmente compleja. La causa, que llegó a afectar a decenas de investigados, fue fragmentada por orden de la Audiencia Provincial, sufre años de retrasos y sobreseimientos respecto a algunos investigados y nunca desembocó en una sentencia global que resuelva el conjunto de los hechos inicialmente investigados.

Feijóo negó tajantemente tener un mediador y rechazó que Lucas actuara en su nombre. La controversia no solo se centró en la responsabilidad penal, sino también en la necesidad de transparencia y control sobre la influencia de personas sin cargo público y el registro de sus reuniones y correos con responsables institucionales. No hay sentencia absolutoria sobre Pachi Lucas. El sobreseimiento no es libre, es provisional. La fase de instrucción está suspendida a la espera de informes clave de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) para determinar la cuantía real del fraude en las subvenciones. Conforme pasan los años sin que se abra juicio oral ni haya sentencias firmes, el proceso se desgasta. En la práctica, el paso del tiempo suele derivar en atenuantes por dilaciones indebidas o en el archivo directo de piezas por prescripción de delitos o falta de acusación sólida.

Dado que la “desimputación” de Pachi Lucas fue un sobreseimiento provisional, en teoría cabía reabrir su pieza si aparecían pruebas determinantes. Pero en la práctica, con una causa principal paralizada y diluida durante años, las probabilidades de que se reactiven diligencias contra él son prácticamente nulas.  

El estancamiento judicial benefició a la narrativa de Feijóo. Al prolongarse el trámite en los juzgados sin novedades ni juicio, el foco mediático se apagó, lo que permitió al Gobierno gallego cerrar el debate parlamentario argumentando que “la justicia ya había hablado” al “desimputar” a su amigo y que la causa no avanzaba por falta de sustancia.

Es sorprendente que cuando Feijóo fue preguntado por las declaraciones que constan en el sumario del caso, que lo señalan como "clave" en la trama, el entonces presidente de la Xunta señaló que, por lo que le habían contado —ya que afirmó "no tengo tiempo para andar leyendo el sumario"—, ese fragmento podría estar "manipulado", y aseguró que en el sumario faltan folios intermedios. Es decir, Alberto Núñez Feijóo, señalado en la investigación judicial, ¿considera que la UDEF ha manipulado pruebas? Esas declaraciones son verdaderamente graves.

Con la judicialización de la Operación Zeta, la estrecha amistad que unía a Feijóo y a Pachi Lucas se evaporó ante las cámaras. El empresario madrileño, que durante 15 años frecuentó el entorno personal del presidente e incluso cruzó las puertas de la residencia oficial, pasó a convertirse en una suerte de “desconocido" en las comparecencias públicas del Ejecutivo gallego. Se evaporó. No vaya a ser que si anda cerca vuelvan a aparecer pruebas o tenga intención de declarar. No le conviene a Feijóo.

Pachi Lucas, el “abrepuertas”, optó por un repliegue absoluto: desapareció por completo del foco público, de las fotos de verano en los toros y de la vida del Feijóo. Desapareció del mapa. Si no había nada ilegal, resulta un poco raro, ¿no creen?

El borrado de Pachi Lucas de la agenda de Feijóo no borra la falta de transparencia sobre el uso de los recursos públicos ni de la delgada línea que separó lo privado de lo institucional en Monte Pío. Hoy en día siguen sin dar una explicación clara. Lo que sí está claro es que Alberto Núñez Feijóo siempre ha tenido “amistades peligrosas” con las que ha compartido negocios, fines de semana, llamadas, mails, barcos, toros y desayunos."

(Cristina Papin Marcote , InfoLibre, 08/08/26) 

El incendio político del ático, que Isabel Díaz Ayuso ordenó comprar a un equipo fiel a sus caprichos... la operación de compra del ático de la calle Martínez Campos, en el barrio de Chamberí, fueron autorizados por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid el 12 de noviembre de 2025. La cantidad ascendía a 9.052.666,86 euros... Los más de nueve millones presupuestados en 2025 superan ampliamente los 6,3 millones finalmente pagados... Parece difícil que la Comunidad de Madrid aprobara esos fondos en 2025, a menos que ya conociera con información privilegiada la intención de vender el inmueble... las cuentas de Planifica Madrid no reflejan ninguna nota posterior a las presentadas a finales de febrero de 2026 ni, por supuesto, existe rastro alguno en la auditoría... Se ha tratado, pues, de una operación secreta de Estado... todo secretismo obedece a algún propósito. Y, sobre todo, delatan los objetivos inconfesables de la operación, las falsedades difundidas al ser descubierta. Pero en la mentira puede estar la maquinación de Isabel Díaz Ayuso. A saber: lo usamos para determinadas reuniones y vamos creando una situación de hecho hasta que en cierto momento el ático será utilizado como la vivienda de Díaz Ayuso. La primera instrucción: no perder el ático de Martínez Campos (Ernesto Ekaizer)

"El 12 de noviembre de 2025 el Consejo de Gobierno de la Comunidad acordó autorizar la modificación del presupuesto de explotación y de capital de la empresa Planifica Madrid, Proyectos y Obras M.P., S.A., con un incremento de su importe global en 9.052.666,86 euros. ¿Para qué? No se ha explicado ni reflejado en las cuentas, ni en la auditoría.

«No, todavía no», contestó la diputada del Partido Popular, Cayetana Álvarez de Toledo, cuando el pasado sábado le preguntaron si entendía «lo de Isabel Díaz Ayuso y el ático» que ha comprado la Comunidad de Madrid en el barrio de Chamberí por 6,3 millones de euros.

Uno suele decir que «no entiende» algo cuando, por ejemplo, quien se explica resulta confuso.

Pero también se utiliza la expresión en sentido moral o de reproche: «¡No entiendo cómo se puede hacer algo así!».

No parece que la diputada, a quien le sobran recursos ante la prensa, quisiera evitar un titular que perjudica a una presidenta de la Comunidad acostumbrada a exigir una lealtad incondicional.

Según el economista Carlos Sánchez Mato, exdelegado del Área de Gobierno de Economía y Hacienda y exconcejal del Ayuntamiento de Madrid, los fondos para la operación de compra del ático de la calle Martínez Campos, en el barrio de Chamberí, fueron autorizados por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid el 12 de noviembre de 2025. La cantidad ascendía a 9.052.666,86 euros.

Hasta ahora se asumía que la compra del ático, formalizada el 14 de abril de 2026 por 6,3 millones de euros, no se incluyó en el presupuesto de 2026.

A la pregunta de cómo sabe que precisamente esos fueron los fondos presupuestados, el economista responde que dos fuentes así se lo han asegurado.

Los más de nueve millones presupuestados en 2025 superan ampliamente los 6,3 millones finalmente pagados.

La inmobiliaria Promora, que vendió el ático de la escritora Astrid Gil-Casares, exesposa del presidente de Ferrovial, Rafael del Pino, ha informado de que la operación de venta comenzó en enero de 2026.

Parece difícil que la Comunidad de Madrid aprobara esos fondos el 12 de noviembre de 2025, a menos que ya conociera con información privilegiada la intención de vender el inmueble.

Pero, si la operación se cerró el 14 de abril, como parece aceptarse, tampoco se ha informado de cuándo dotó la Comunidad de Madrid a Planifica Madrid de los fondos para que efectuara la compra.

El acuerdo de gobierno brilla por su ausencia.

Además, antes del cierre del trato debieron de producirse las negociaciones habituales: reserva, arras, contrato de compraventa y comisión de la agencia.

Nada de esto se conoce. Tampoco las cuentas de Planifica Madrid reflejan ninguna nota posterior a las presentadas a finales de febrero de 2026 ni, por supuesto, existe rastro alguno en la auditoría.

El presidente de la Cámara de Cuentas de la CAM, el economista Joaquín Leguina, quizá debería abrir una rendija de luz sobre todo esto ¿no?

Se ha tratado, pues, de una operación secreta de Estado.

Por ello, como ha respondido Cayetana Álvarez de Toledo, no se entiende.

Si no se quiere, claro, entender.

Lo que sí se entiende, en cambio, es que todo secretismo obedece a algún propósito. Y, sobre todo, delatan los objetivos inconfesables de la operación las falsedades difundidas al ser descubierta. Primero la campaña contra la prensa, segundo la defensa de la compra y tercero, la intención de pasar página con el anuncio de que el ático se pone a la venta para reunir dinero destinado a los afectados por los incendios. Muerto el perro se acabó la rabia.

¿Ante qué estamos?

Vamos a ver cómo unimos los cabos.

Isabel Díaz Ayuso y su pareja, Alberto González Amador, han puesto a la venta su piso y su ático en el barrio de Chamberí. Están a la espera de obtener una importante plusvalía.

Aparece el ático de Astrid Gil-Casares. La escritora se niega a hablar del asunto porque ha firmado un acuerdo de confidencialidad.

Díaz Ayuso ha sostenido desde hace tiempo que a diferencia de otros presidentes de Comunidades Autónomas, la Comunidad de Madrid no destina una vivienda para quien ejerce la presidencia.

Una primera explicación oficial -tras atacar a la prensa- fue que el ático tendría un uso temporal como oficina para reuniones mientras se desarrollan obras previstas de rehabilitación en la sede de la CAM de Puerta del Sol.

Eso no es posible porque se trata de un edificio en la que la actividad de oficina solo sería factible en la planta baja y primera planta.

Pero en la mentira puede estar la maquinación de Isabel Díaz Ayuso.

A saber: lo usamos para determinadas reuniones y vamos creando una situación de hecho hasta que en cierto momento el ático será utilizado como la vivienda que según Díaz Ayuso sería necesaria para la presidencia de la CAM.

La primera instrucción: no perder el ático de Martínez Campos.

Ya se vería después qué hacer.

De momento, se aparca el ático.

Y, en eso, en plenos incendios: ¡bum!

Ahora es el incendio político del ático soñado de Díaz Ayuso."

 (Ernesto Ekaizer  ,  blog, 05/08/26)

¿Qué pretendía Ayuso con la compra del ático? La Comunidad de Madrid compra el ático, gana las elecciones el año que viene y aprueban una norma para que la lideresa suprema tenga una vivienda oficial... ella esto lo ha repetido hasta la saciedad... Ese ático era un sueño suyo desde jovencita, vivía enfrente... la CAM aprobó el estatuto de los expresidentes, podría vivir en ella 4 años después de ser presidenta. Pasado ese tiempo, podría acceder a su compra por un módico precio... es la versión de Manuel Rico (José Vico)

José Vico  @josevico4

Bajo mi punto de vista, esta versión de Manuel Rico sobre lo que pretendía Ayuso con el ático es la más acertada que he escuchado, él la conoce muy bien y sabe de sus ambiciones. Veamos: La CAM compra el ático, gana las elecciones el año que viene y aprueban una norma para que la lideresa suprema tenga una vivienda oficial, como tiene Pedro Sánchez y los ministros, ella esto lo ha repetido hasta la saciedad. Pero yo apunto más allá, ese ático era un sueño suyo desde jovencita, vivía enfrente, el año pasado la CAM aprobó el estatuto de los expresidentes, podría vivir en ella 4 años después de ser presidenta. Pasado ese tiempo, podría acceder a su compra por un módico precio. Venga, madrileños que la votáis, para quien gobierna, ¿Para vosotros o para sus ambiciones personales? Esta os la sabéis, otra cosa es que no queráis verlo. Caerá por su ambición desmesurada, es muy bestia hasta para ella.

vídeo: https://x.com/josevico4/status/2084291596363653275/video/1

4:53 p. m. · 3 ago. 2026 ·131,7 mil Visualizaciones

José María Aznar otorgó el indulto a Daniel Baúlo Carballo, considerado como uno de los mayores narcotraficantes de Europa... Siempre en el aire las sospechas de financiación ilegal del PP, a través del PP de Galicia, por las mafias del contrabando, primero las antiguas del tabaco, con Fraga, y luego por la siguiente generación, reconvertida al narcotráfico... después, en el marco de la operación Tul, la policía, en colaboración con los servicios antidroga británicos, incautaron un alijo de más de 3 toneladas de cocaína a bordo del pesquero Atlantic Warner. Fue en ese momento cuando la policía le consideró como “el traficante más importante a nivel nacional”... la Audiencia Nacional le impuso una condena de 17 años por delito de narcotráfico, la cual se encontraba cumpliendo cuando Rajoy subió al barco de su hermano (ℂ𝕣𝕚𝕤𝕥𝕚𝕟𝕒 ℙ. 𝕄𝕒𝕣𝕔𝕠𝕥𝕖)

ℂ𝕣𝕚𝕤𝕥𝕚𝕟𝕒 ℙ. 𝕄𝕒𝕣𝕔𝕠𝕥𝕖 @crispmarcote

José María Aznar otorgó el indulto a Daniel Baúlo Carballo, considerado como uno de los mayores narcotraficantes de Europa. Pertenecía a “Os Caneos”, uno de los principales clanes del narcotráfico en Galicia. 

 Calificado por la policía como el mayor traficante español y uno de los más prolíficos de Europa. En 1995, había sido condenado a 12 años de cárcel y fue liberado, con apenas cumplida una cuarta parte de la pena.

 No se saben las razones que inspiraron el indulto de tan señalado capo del tráfico de drogas. Siempre en el aire las sospechas de financiación ilegal del PP, a través del PP de Galicia, por las mafias del contrabando, primero las antiguas del tabaco, con Fraga, y luego por la siguiente generación, reconvertida al narcotráfico.

 Las fotografías de sus delfines, como Feijóo, con amistades peligrosas remachan esas sospechas. José María Aznar llegó a cifras históricas: sumó una media de 900 indultos al año desde 1996, con un acelerón de 1.744 en el año 2000.

 José María Aznar, indultó a un narcotraficante, eximiéndole de “la pena privativa de libertad pendiente de cumplimiento, a condición de que no vuelva a cometer delito doloso durante el tiempo de normal cumplimiento de la condena”.

 De un plumazo, la entonces ministra de Justicia, Margarita Mariscal de Gante y Miró, permitió a Baulo Carballo no tener que concluir su condena.

 Lejos de resolver sus problemas con la justicia, Daniel Baulo fue detenido en 2003 en una operación antidroga en la que también fueron arrestadas otras cuatro personas más, a las que se les incautaron 12 kilos de heroína pura.

 Dos años después, en el marco de la operación Tul, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en colaboración con los servicios antidroga británicos, incautaron un alijo de más de 3 toneladas de cocaína a bordo del pesquero Atlantic Warner. Fue en ese momento cuando la policía le consideró como “el traficante más importante a nivel nacional”.

 Por ello, la Audiencia Nacional le impuso una condena de 17 años y medio de cárcel por delito de narcotráfico, la cual se encontraba cumpliendo cuando Rajoy subió al barco de su hermano.

 9:20 a. m. · 13 sept. 2023 ·667,2 mil Visualizaciones

"Una agenda climática que se convierte en “una gran estafa”. Una “ola internacional” que impone unas costumbres que “están favoreciendo también pobreza a manos llenas”. “Desde que la Tierra existe ha habido cambio climático, ha habido ciclos”. Son palabras de Isabel Díaz Ayuso en la Asamblea de Madrid en 2022 y forman parte de su discurso habitual sobre el cambio climático (para negarlo o relativizarlo)... Ahora le toca llorar y llamar a la UME. Ponerse un chaleco de emergencias al que además le pone una tarjeta que dice “presidenta”, no sea que la gente se equivoque y piense que es una turista... Los incendios que castigan estos días a las comunidades de Madrid, Castilla y León y Castilla La Mancha forman parte de esta nueva normalidad que nos acompañará todos los veranos... No hace mucho tiempo, los dirigentes del PP madrileño se burlaban de los que se quejaban de la última ola de calor a causa de la falta de aire acondicionado en las escuelas. “Ahora se llama emergencia climática a que en julio haga calor en Madrid”, dijo uno de ellos creyendo que hacía un chiste. Afirman que la lucha contra el cambio climático es una gran estafa, lo que suena muy parecido a lo que dicen sus socios de Vox que denuncian el “fanatismo climático”. Están ciegos y son unos ignorantes, y todos pagamos las consecuencias (Iñigo Sáenz de Ugarte)

"Una agenda climática que se convierte en “una gran estafa”. Una “ola internacional” que impone unas costumbres que “están favoreciendo también pobreza a manos llenas”. “Desde que la Tierra existe ha habido cambio climático, ha habido ciclos”. Son palabras de Isabel Díaz Ayuso en la Asamblea de Madrid en 2022 y forman parte de su discurso habitual sobre el cambio climático (para negarlo o relativizarlo). Como hizo en esa ocasión, le gusta responder a las críticas de los que la acusan de no tomarse en serio el problema con el argumento de que lo que ellos están buscando es “el comunismo”. 

Ahora le toca llorar y llamar a la UME. Ponerse un chaleco de emergencias –que no falte un responsable político disfrazándose para la ocasión– al que además le pone una tarjeta que dice “presidenta”, no sea que la gente se equivoque y piense que es una turista. Los incendios que castigan estos días a las comunidades de Madrid, Castilla y León y Castilla La Mancha forman parte de esta nueva normalidad que nos acompañará todos los veranos. No necesariamente habrá más incendios cada año, pero cada uno de ellos será más destructor y abarcará más superficie. Algunos se producirán en cotas tan altas que acceder a ellos será extraordinariamente difícil.

El Gobierno de Ayuso pidió al Gobierno central que asumiera el control directo de la emergencia. Su presidenta decidió que no quería aceptar la responsabilidad. Eso no quiere decir que con ese nivel 3 de respuesta se destinen más medios, sino que su gestión depende directamente de la Administración central. A partir de ahí, la colaboración entre gobiernos diferentes, incluidos los ayuntamientos, es fundamental. Excepto la guerra que montó el PP desde el día siguiente de la dana de Valencia, esa coordinación suele producirse sin problemas y así está ocurriendo ahora.

“El área quemada va a seguir aumentando en los próximos años si no se toman medidas, porque la intensidad de los incendios está aumentando. Las zonas en las que previsiblemente veremos mayores aumentos en el área quemada son montañosas, de gran altitud, que tradicionalmente no se quemaban porque estaban muy húmedas”, explica Víctor Resco de Dios, profesor de Ingeniería Forestal. 

Cuando el fuego, como está ocurriendo ahora, amenaza a zonas habitadas, los servicios de extinción deben darle prioridad. Es más importante salvar vidas que árboles. Pero eso hace que se tarde más en atacar la cabeza del incendio, que se extiende imparable. En el momento en que las llamas cubren miles de hectáreas, ya llegamos tarde. Debemos cambiar la mentalidad de las autoridades y obligarles a que se gaste dinero todo el año en prevención de incendios para que nadie se vea arrollado por el fuego en los meses de verano. 

Lo que ocurre es que se regatea el dinero en ese apartado para gastarlo en otras cosas. Los bomberos forestales de Madrid llevan mucho tiempo en huelga reclamando mejores salarios. Las condiciones económicas en que trabajan son insuficientes. Algunos cobran solo 1.300 euros al mes. “Nos jugamos la vida, trabajamos con un alto riesgo en condiciones de penosidad y toxicidad, y lo que nos pagan apenas supera el salario mínimo. Solo hemos desbrozado y quemado la mitad de la superficie que se debería”, dice uno de ellos. 

Para ahorrar dinero, no les contratan todo el año, sino solo para la campaña de verano, de mayo a octubre. Es un ahorro miserable. Los daños económicos que sufren las zonas aquejadas por los fuegos superan con mucho esas cantidades. Algunas comunidades, como la de Madrid, no reconocen los derechos que aparecen en la ley 5/2024 sobre bomberos forestales.

Son las CCAA las que tienen la gestión exclusiva en estas emergencias. Si se produce una catástrofe, ya hay tiempo de pedir que intervenga la UME o de recibir la solidaridad de otras comunidades o de países europeos. Es lógico que aparezca la UME. No se va a dedicar a participar en labores de extinción en Hungría o Bulgaria. Está para intervenir en cualquier punto del territorio español que lo requiera. Para eso se puso en marcha (con el rechazo del PP, que lo llamó “capricho faraónico” de Zapatero). Pero las CCAA tienen la obligación de intervenir antes de que empiece a arder el monte.

Esa labor de prevención no puede hacer milagros. No puedes convertir los montes en un parque ajardinado. Sin embargo, después de dos meses de lluvias intensas este año, se sabía que el exceso de vegetación era un factor de riesgo de cara a los incendios del verano. Estaban avisados y no hicieron lo suficiente. Con suerte, le tocará a otro, pensarían algunos.

Un editorial de ABC sostiene que se está utilizando el cambio climático como “chivo expiatorio” de los incendios –que se supone que es algo que hace la izquierda–, porque la clave es una “gestión forestal constante y tradicional”. En ningún momento del artículo, se recuerda que la responsabilidad de la gestión forestal corresponde a los gobiernos autonómicos, que en el caso de los incendios más graves de estos días se referiría a los gobiernos del PP en Madrid y Castilla y León. Así se puede culpar a la izquierda, el Gobierno central, los ecologistas y hasta los “urbanitas”, pero no a los responsables directos.

Frente a lo que dice la extrema derecha, la Ley de Montes de 2003, reformada en 2015, no prohíbe limpiar los montes. En realidad, es lo contrario. Impone a los propietarios de los terrenos forestales la obligación de hacerlo. Cada comunidad autónoma establece la forma en que debe realizarse a través de autorizaciones que se solicitan a la Administración, y si la burocracia es un obstáculo, deberían responder esos gobiernos. No hay ninguna ley ni Agenda 2030 que obligue a dejar la naturaleza en estado salvaje. Tanto la ley de 2003 como su reforma posterior fueron aprobadas con gobiernos del PP que contaban con mayoría absoluta.

No puedes planificar las temperaturas ni el viento. Es difícil impedir que haya personas negligentes que trabajen con maquinaria pesada en zonas agrícolas de alto riesgo o sencillamente prohibidas. Para impedirlo, las administraciones locales y autonómicas deben actuar en todas las tareas de prevención que están dentro de sus competencias. 

La Comunidad de Madrid ha gastado este año 52,7 millones en prevención y extinción de incendios, según sus propios datos sobre sus presupuestos anuales de 30.000 millones. Es un 3,5% más que el año anterior. Para este año, el presupuesto para asuntos taurinos subió un 60% (hasta siete millones). Pero no se soluciona simplemente con gastar menos en toros y más en incendios, sino en elevar los fondos para responder a una nueva amenaza climática que tiene una traducción directa en los incendios forestales.

No hace mucho tiempo, los dirigentes del PP madrileño se burlaban de los que se quejaban de la última ola de calor a causa de la falta de aire acondicionado en las escuelas. “Ahora se llama emergencia climática a que en julio haga calor en Madrid”, dijo uno de ellos creyendo que hacía un chiste. Afirman que la lucha contra el cambio climático es una gran estafa, lo que suena muy parecido a lo que dicen sus socios de Vox que denuncian el “fanatismo climático”. Están ciegos y son unos ignorantes, y todos pagamos las consecuencias."

(Iñigo Sáenz de Ugarte , eldiario.es, 26/07/26)

POLITICO: El mayor incendio de España arriesga a quemar a los conservadores de cara a un año electoral clave... El Partido Popular controla la mayoría de los gobiernos regionales y enfrenta críticas por no haber preparado la respuesta ante la catástrofe... las autoridades regionales tienen responsabilidad legal en muchos de los sectores de primera línea como los servicios de rescate y la gestión forestal. El PP, que controla 11 de las 17 regiones del país, enfrenta ahora reacciones políticas adversas por lo que se perciben como fracasos estratégicos... Los conservadores no solo son criticados por no invertir en bomberos, sino que también corren el riesgo de parecer desfasados ante la gravedad del desafío que plantea el cambio climático... La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sentido el impacto de la ira pública por sus prioridades políticas. El domingo, afirmó que había recibido críticas de los ciudadanos que la acusaban de priorizar la inversión en la tauromaquia por encima de los bomberos... Los españoles se sitúan sistemáticamente entre los europeos más preocupados por el cambio climático y entre los que más apoyan la acción gubernamental para abordarlo, según sucesivas encuestas del Eurobarómetro. Y esta desconexión se ha convertido en un lastre político recurrente cada vez que España se ve golpeada por catástrofes climáticas

"El mayor incendio de España arriesga a quemar a los conservadores de cara a un año electoral clave

El Partido Popular controla la mayoría de los gobiernos regionales y enfrenta críticas por no haber preparado la respuesta ante la catástrofe.

El mayor incendio forestal de la historia de España corre el riesgo de convertirse en un lastre político para el Partido Popular de centro-derecha de cara a las elecciones decisivas del próximo año.

En los últimos cinco días, más de 100.000 personas se han visto obligadas a huir de sus hogares mientras enormes llamas arrasaban las regiones de Madrid, Ávila, Toledo y Castellón. Con temperaturas que se prevé que rocen los 40 grados centígrados, el pronóstico para una devastación aún mayor a finales de esta semana es sombrío.

Aunque el gobierno central ha intervenido para supervisar esta crisis nacional, las autoridades regionales tienen responsabilidad legal en muchos de los sectores de primera línea que son el núcleo de la emergencia, como los servicios de rescate y la gestión forestal. El PP de centro-derecha, que controla 11 de las 17 regiones del país, enfrenta ahora reacciones políticas adversas por lo que se perciben como fracasos estratégicos.

A nivel nacional, el PP sigue liderando los sondeos y está en camino de tomar el poder en 2027, beneficiándose de la red de escándalos de corrupción que envuelve al Partido Socialista del presidente del gobierno, Pedro Sánchez.

Pero los incendios amenazan con exponer sus vulnerabilidades. Los conservadores no solo son criticados por no invertir en bomberos, sino que también corren el riesgo de parecer desfasados ante la gravedad del desafío que plantea el cambio climático, en parte debido a las alianzas regionales con la ultraderechista Vox, que están llevando al PP hacia posiciones cada vez más antiecológicas.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, una figura destacada de la derecha, ha sentido el impacto de la ira pública por sus prioridades políticas. El domingo, afirmó que había recibido críticas de los ciudadanos que la acusaban de priorizar la inversión en la tauromaquia —un tema que atrae votos entre la base de derecha— por encima de los bomberos.

"En dos o tres municipios, hablaban de toreros", se quejó Ayuso, visiblemente irritada. "¿Qué tienen que ver los toreros con todo esto?"

La presidenta populista madrileña acusó a sus oponentes políticos de avivar los agravios para "dividir" a sus votantes, y añadió que el sector taurino se había visto especialmente afectado por los incendios. "Hay que recordar que ellos son los primeros que han perdido ganado y tierras", agregó.

Pero oponentes políticos como Manuela Bergerot, portavoz del partido de izquierdas Más Madrid, sostuvieron que, una vez extinguidos los incendios, llegaría el momento de investigar "la situación precaria de los bomberos, los recortes en prevención y la negación del cambio climático".

Los críticos de Ayuso contrastan esas supuestas carencias con la disposición de su administración a subvencionar los toros, en los que la Comunidad de Madrid prevé gastar este año un récord de 7,2 millones de euros.

**Responsabilidades regionales**

Jordi Vendrell, director de la Fundación Pau Costa, una organización sin ánimo de lucro centrada en la gestión de incendios forestales, explicó que las administraciones regionales tienen responsabilidad legal en la prevención de desastres y la gestión de crisis.

"España es un país descentralizado, y los gobiernos regionales tienen competencias en gestión forestal y extinción de incendios", afirmó. "El gobierno central proporciona un marco común a través de la ley de montes, pero son las regiones las que deciden cómo se gestionan los bosques y otros paisajes y qué estrategias de extinción se siguen".

Esa responsabilidad está siendo objeto de un mayor escrutinio debido a los pactos de gobierno que el PP firmó con la ultraderechista Vox en regiones como Valencia, Aragón y Andalucía. A cambio del poder, los líderes regionales conservadores se han visto obligados a rechazar el Pacto Verde de la UE y a adoptar un discurso que cuestiona hasta qué punto la actividad humana está provocando el cambio climático.

Esas posturas han ido distanciando cada vez más al PP de la opinión pública. Los españoles se sitúan sistemáticamente entre los europeos más preocupados por el cambio climático y entre los que más apoyan la acción gubernamental para abordarlo, según sucesivas encuestas del Eurobarómetro. Y esta desconexión se ha convertido en un lastre político recurrente cada vez que España se ve golpeada por catástrofes climáticas, desde las mortíferas inundaciones que mataron a 237 personas en Valencia en 2024 hasta los devastadores incendios de este verano.

"Los acuerdos con Vox son obviamente incómodos para el PP en estas situaciones", afirmó Pablo Simón, politólogo de la Universidad Carlos III de Madrid. "Pero también hay que distinguir entre el discurso y las políticas públicas: Estos acuerdos no han dado lugar a cambios significativos en las políticas".

Vendrell señaló que las administraciones regionales gobernadas por la derecha no son las únicas que tienen dificultades para hacer frente a los incendios forestales. En toda España, adaptar la gestión forestal y la planificación de emergencias a un clima que cambia rápidamente requiere inversiones sostenidas y reformas estructurales en una escala que pocas administraciones han estado dispuestas a emprender.

"Las posturas de negación del clima son absurdas, porque intentan negar lo evidente", añadió. "Además de la plétora de pruebas científicas, no se puede fingir que no estamos viendo períodos más largos e intensos de riesgo extremo de incendio. Ignorarlo es simplemente intentar avanzar con una venda en los ojos".

**Consecuencias inciertas**

En medio de la crisis actual, el PP ha intentado redirigir el debate hacia problemas estructurales más amplios, en particular la despoblación de la España rural y el abandono de tierras agrícolas, que contribuyen a la propagación de incendios forestales cada vez más destructivos.

Ester Muñoz, portavoz parlamentaria del PP, también restó importancia a la necesidad de abordar las causas profundas del destructivo cambio climático.

"El cambio climático es algo que ha ocurrido a lo largo de la historia de la humanidad y de la Tierra", declaró a EsRadio el lunes. "La cuestión es preguntarnos cómo actuamos los seres humanos ante estos cambios".

Los conservadores también han intentado culpar de la deficiente respuesta regional a la insuficiente financiación del gobierno central español. La coordinadora de política rural del PP, la eurodiputada Carmen Crespo, acusó el lunes al gobierno de Sánchez de priorizar su "ideología" sobre las necesidades de las zonas rurales, y de no asignar suficientes fondos de la UE a la prevención de incendios.

La portavoz del Partido Socialista, Montse Mínguez, rechazó las acusaciones de recursos insuficientes, afirmando que "en lugar de quejarse, todo el mundo tiene que aprender a gobernar".

El politólogo Simón afirmó que el PP ha hecho poco por reprimir "la nube de bulos problemáticos" y narrativas falsas sobre los incendios que se han extendido en los últimos días.

Durante un debate de fin de semana en TeleMadrid, el ente público controlado por el gobierno regional de Ayuso, el periodista conservador Carlos Dávila afirmó sin pruebas que los incendios habían sido causados por "fanáticos ecologistas" que, según dijo, habían impedido a los trabajadores forestales desbrozar la maleza.

"No hay cambio climático, lo que hay es irresponsabilidad", insistió.

Para Simón, la estrategia recuerda a la respuesta del PP tras las inundaciones de Valencia. Tras aquella catástrofe, el partido trabajó para desviar la responsabilidad hacia otros actores, incluido Sánchez y su entonces ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ahora vicepresidenta de la Comisión Europea. El gobierno central fue finalmente exonerado por los tribunales españoles, y los conservadores acabaron asumiendo la responsabilidad de la catástrofe.

Pero el politólogo cuestionó si los incendios actuales infligirán daños electorales duraderos a los conservadores.

"Es cierto que el Partido Socialista de Sánchez ha obtenido en el pasado cierto impulso en los sondeos tras calamidades similares", afirmó Simón. "Pero eso solo ocurre cuando ha habido una respuesta claramente fallida por parte de alguno de los gobiernos regionales del PP, y en este momento lo que vemos, en cambio, es una colaboración fluida entre administraciones de todos los niveles".

De hecho, la magnitud del incendio en España y la previsión de un tiempo abrasador han obligado a los rivales políticos a dejar de lado las guerras partidistas —al menos durante el período de emergencia— y unirse para salvar vidas y propiedades.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido durante años la dimisión de Sánchez, pero desde el inicio de la crisis actual ha optado por un tono más conciliador. "Todo el mundo está haciendo todo lo que puede... desde el gobierno central hasta el ayuntamiento más pequeño", declaró en una rueda de prensa el domingo. "Nadie debería generar más tensión que la que ya causa el fuego".

Simón señaló que la dinámica de colaboración ha dado lugar a una especie de punto muerto en el que los intentos de sacar rédito político podrían resultar contraproducentes.

"A largo plazo, no creo que este sea un tema clave en las elecciones nacionales", añadió. "Estoy seguro de que los socialistas lo sacarán a relucir para intentar vincular al PP con Vox, pero los españoles tienen una memoria notablemente corta en lo que respecta a este asunto"." 

(Aitor Hernández-Morales ,  POLITICO, 28/07/26, traducción Deep Seek, enlaces en el original) 

Ayuso te quema la casa y llora... Los incendios han provocado que Ayuso tenga un nuevo 'book' de fotos fingiendo dolor y preocupación con el que sepultar su responsabilidad... La estrategia se repite. Pobre mujer apesadumbrada, ¡Cómo sufre la presidenta! Una rueda de prensa llorando cuando habla del Valle del Tiétar y todos corriendo a difundir lo buena que es la lideresa que tanto sufre por sus vasallos... ese dolor se le olvida cuando tiene que poner pasta para los servicios públicos que eviten el drama... porque hay más dinero de los presupuestos madrileños destinados a pagar a pseudomedios turbofachas que a apagar incendios... no hace más que llorar cada vez que su penosa gestión cuesta vidas, patrimonios y dolor a los madrileños. No llora porque no siente de verdad lo que hace, solo usa las lágrimas como parapeto cuando tiene un problema político de primera dimensión... Si hay un incendio y no ha dotado de medios suficientes para afrontarlo y tiene que pedir a Pedro Sánchez que salve a los madrileños pues hacemos una rueda de prensa donde se priva un poco y entrecorta su discurso inconexo de siempre bajando la mirada con pesadumbre para que todos vean lo afectada que está y que ella no tiene culpa de nada (Antonio Maestre)... "Con la sarta de tonterías que difunden a través de redes sociales y medios de comunicación afines, no dejan espacio para que hablemos de lo concreto: cómo es posible que haya bomberos y agentes forestales en Madrid que hayan denunciado en las últimas semanas que no podían salir a trabajar o que están trabajado sin contrato, en situación irregular algunos de ellos... me gustaría saber qué hubiese pasado si Ayuso hubiese dedicado a sentarse con los bomberos y los agentes forestales un 10 o un 15% del tiempo que ha dedicado a hablar de begoña gómez" (Monrosi)

"Ayuso te quema la casa y llora como una plañidera.

Los incendios han provocado que Ayuso tenga un nuevo 'book' de fotos fingiendo dolor y preocupación con el que sepultar su responsabilidad. Donde todos vemos una tragedia ella ve una oportunidad para hacer lo único que sabe; posar con su outfit de dolorosa haciendo poses de afligida para que sus medios de propaganda lo difundan y hagan grandes hagiografías pagadas con dinero de los impuestos de los madrileños que van destinados a comprar voluntades cuando podían pagar salarios de bomberos forestales. Hay más dinero de los presupuestos madrileños destinados a pagar a pseudomedios turbofachas que a apagar incendios. Hay que exprimir esa inversión cuando la novia del comisionista lo tiene jodido.

La estrategia se repite. Pobre mujer apesadumbrada, ¡Cómo sufre la presidenta! Una rueda de prensa llorando cuando habla del Valle del Tiétar y todos corriendo a difundir lo buena que es la lideresa que tanto sufre por sus vasallos. Es verdad que ese dolor se le olvida cuando tiene que poner pasta para los servicios públicos que eviten el drama, pero se trata de activar la emoción, la razón es para los marxistas. Muchos ciudadanos madrileños habrán perdido todo lo que tienen, sus recuerdos, su patrimonio y toda su vida, pero la víctima es Ayuso a pesar de ser la máxima responsable que hay en Madrid para evitar que haya incendios y apagarlos cuando se produzcan. La pobre Ayuso ha tenido que irse a recoger los shorts que hagan conjunto con el chalequito de emergencias personalizado y algunas sandalias que tiene en su casa de veraneo en Sotillo de la Adrada. Pobre presi desamparada, los medios comprados por Miguel Ángel Rodríguez siempre dispuestos a pintar a la 'Quironesa' como una dolorosa martirizada y apaleada.

El victimario se convierte en víctima con asiduidad y en eso Isabel Díaz Ayuso es la máxima especialista ayudada por toda esa prensa que vive de la teta pública. Según la propia presidenta en su lacrimógena rueda de prensa hay 40 familias que han perdido sus casas y más de 300 han visto como han sufrido daños de diversa índole en las primeras estimaciones. Pero la víctima es ella, es ella la llorosa, es ella la que tiene que recoger las bragas de su casa por si se le queman, y no se le han quemado. Su política es siempre la de hacerse la víctima y salir quejumbrosa y lastimera para convertir en alguien desalmado a quien considera que sus lágrimas son una pose. Finge lágrimas para evitarse la crítica. No cuela. Nadie con un poco de respeto por sí mismo cree que esa emoción es real. Le importan una mierda los madrileños.

En nuestras sociedades, la víctima es el valor político máximo porque te hace intocable. Siempre que puedo para hablar de la presidenta de la Comunidad de Madrid hablo del ensayo, breve pero certero, de Daniel Giglioli sobre la crítica de la víctima que despedaza con acierto a los líderes políticos que, como Ayuso, se envuelven en ese papel para inmunizarse con sus lloros ante la asunción de responsabilidades. Es imposible leer ese libro y no estar pensando todo el tiempo en cómo con el nivel de charca intelectual que tiene la máxima responsable de Madrid le habría sido imposible sobrevivir políticamente sin estar todo el tiempo victimizándose y arropándose en su corte de siervos mediáticos para transmitir esa imagen de quejica sensiblera.

Ayuso, la que tiene que como lema que a la política se viene llorado de casa, no hace más que llorar cada vez que su penosa gestión cuesta vidas, patrimonios y dolor a los madrileños. No llora porque no siente de verdad lo que hace, solo usa las lágrimas como parapeto cuando tiene un problema político de primera dimensión. Si su gestión acaba con la vida de 7291 ancianos en las residencias pues se hace una foto en la Almudena llorando y con el rímel corriéndose para que los siervos de El Mundo lo lleven a portada. Si hay un incendio y no ha dotado de medios suficientes para afrontarlo y tiene que pedir a Pedro Sánchez que salve a los madrileños pues hacemos una rueda de prensa donde se priva un poco y entrecorta su discurso inconexo de siempre bajando la mirada con pesadumbre para que todos vean lo afectada que está y que ella no tiene culpa de nada.

Hay un patrón documentado, cuando Ayuso es responsable y competente sobre algún drama, tragedia o muerte, se pondrá a llorar para convertirse en víctima trucha por encima de las víctimas que sí provoca su gestión. "No empiecen con guerras, la gente no se lo merece". Es lo que dice como plañidera cuando ella es la responsable de la tragedia." 

(Antonio Maestre blog, 27/07/26) 

 

"Monrosi: "Ayuso podría haber dedicado un 10% de su tiempo a hablar con agentes forestales en vez de hablar de Begoña Gómez".

 José Enrique Monrosi ha sido muy crítico con el papel de Isabel Díaz Ayuso durante la crisis provocada por el incendio que lleva varios días asolando zonas forestales de Madrid y Ávila y que ha afectado a más de 90.000 personas evacuadas o confinadas.

En El Abierto de Hoy por Hoy, el periodista ha señalado que el comportamiento de la presidenta de la Comunidad de Madrid responde "a una estrategia muy bien definida" con el objetivo de "convertir una administración pública en una oportunidad de negocio para los ricos y los poderosos".

Monrosi ha comenzado su reflexión advirtiendo de que el clima de tensión política que se vive en Madrid no es algo azaroso, sino fruto de una estrategia. "No podemos ser ingenuos: esta polarización extrema, esta viralización del analfabetismo, esta premeditación a la hora de intentar engañar permanentemente a la ciudadanía con informaciones falsas, es una estrategia perfectamente definida que tiene detrás grandes cantidades de dinero y grandes focos de poder", ha apuntado.

"A tenor de los resultados", ha añadido, "al Partido Popular de Madrid, y a la presidenta de la Comunidad de Madrid le está funcionando, porque consigue que mucha gente se olvide de que la política, ante todo, va de la gestión del espacio público cuando esto es seguramente a lo que menos tiempo dedica Isabel Díaz Ayuso como presidenta de la Comunidad de Madrid".

Monrosi ha lamentado que "mucha gente se olvida de que los representantes públicos tienen unas obligaciones porque los ciudadanos les damos un sueldo y un encargo: administrar lo común, especialmente lo que resulta trascendental para nuestra vidas, como por ejemplo, la lucha contra el fuego".

"Con la sarta de tonterías que difunden a través de redes sociales y medios de comunicación afines", ha señalado, "no dejan espacio para que hablemos de lo concreto: cómo es posible que haya bomberos y agentes forestales en Madrid que hayan denunciado en las últimas semanas que no podían salir a trabajar o que están trabajado sin contrato, en situación irregular algunos de ellos".

Monrosi ha lamentado que la gestión quede en un segundo plano a causa de esta estrategia que, a su juicio, "tiene el objetivo claro de convertir una administración pública en una oportunidad de negocio para los poderosos y para los ricos".

"Me gustaría saber", se ha preguntado el analista, "qué hubiese pasado si la presidenta de la Comunidad de Madrid hubiese dedicado a sentarse con los bomberos y los agentes forestales un 10 o un 15% del tiempo que ha dedicado a hablar de Venezuela, a liarla con las relaciones internacionales con México, a hablar de las okupaciones o a hablar de la pareja del presidente del Gobierno".                  (SER, 27/07/26) 

El abrazo a la ideología conduce al delirio de inteligencia... el «profético» artículo fallido de Arcadi Espada sobre la derrota de España frente a Argentina en la final del campeonato mundial de Fúbol: "Nunca es solo fútbol. La magnitud de la decepción española en el Mundial obliga a algo más que a un análisis táctico. No es difícil ver en este equipo -en su devoción litúrgica por el sistema, en su miedo al desequilibrio individual, en la sumisión del talento a la coreografía- un reflejo de lo que es y de lo que amenaza seguir siendo este país en el siglo XXI: una sociedad que ha hecho de la desconfianza ante la excelencia una forma de cortesía (...) La selección había sido patrocinada como símbolo de una España trans: mestiza, igualitaria y risueña. Anoche descubrimos su cara b. El mestizaje sin fusión es yuxtaposición. La igualdad entre desiguales, nivelación. Y los equipos serios no sonríen mientras suena el himno, sino cuando recogen la Copa. (...) Nunca es solo fútbol. La eliminación deja lecciones urgentes de cara a 2030, cuando España organizará el Mundial junto a Portugal y Marruecos. Ninguna selección fracasa sola: fracasa el país que se proyectaba en ella. Y esos once hombres, perfectamente organizados para la mediocridad, pixelan una imagen que España debe atreverse a contemplar, sosteniendo largamente la mirada sobre sí misma" (Arcadi Espada)

Antonio Papell @Apapell

El «profético» artículo fallido de Arcadi Espada sobre la derrota de España frente a Argentina en la final del campeonato mundial de Fúbol, que «El Mundo» tuvo que levantar de sus páginas por razones obvias pero que ha circulado profusamente por las redacciones, es un error de tal calibre que justificaría la retirada del artista para una larga temporada de meditación.

 Porque lo grave es que Arcadi se regodea en su visión de una España sórdida, sombría, perdedora, mestiza, mediocre, incapaz de grandes gestas, que la derechona percibe cuando gobierna la izquierda, y la exultante realidad le desborda con la mejor demostración posible: España no se ajusta a esta decadente descripción sino al contrario: la brillante victoria confirma los valores de la España moderna que está demostrando sus capacidades en todos los ámbitos. También en el futbolístico. 

Cállense, en fin, los augures de malas noticias y dedíquense a sus plegarias tétricas y a sus lamentos masoquistas mientras la España exultante, laica y trabajadora, escala hasta la cumbre su lugar bajo el sol.

De elmundo.es

11:22 a. m. · 22 jul. 2026 ·47,6 mil Visualizaciones

 

 "Nunca es solo fútbol, recordadlo siempre.

La selección había sido patrocinada como símbolo de una España trans: mestiza, igualitaria y risueña.

Nunca es solo fútbol. La magnitud de la decepción española en el Mundial obliga a algo más que a un análisis táctico. No es difícil ver en este equipo -en su devoción litúrgica por el sistema, en su miedo al desequilibrio individual, en la sumisión del talento a la coreografía- un reflejo de lo que es y de lo que amenaza seguir siendo este país en el siglo XXI: una sociedad que ha hecho de la desconfianza ante la excelencia una forma de cortesía.

Nunca es solo fútbol. Luis de la Fuente, que siempre fue un meritorio jugador de equipo, había convertido en credo la grave falsa modestia de Alfredo Di Stéfano: «Ningún jugador es tan bueno como somos todos juntos». España tenía a Lamine Yamal, acaso el mayor talento de su historia: solo hay que ver cuál ha sido el resultado de dos años instruyéndole en el pase hacia atrás. El tikitaka de 2010 era una cultura; el tiktok de 2026 es relax. La selección había sido patrocinada como símbolo de una España trans: mestiza, igualitaria y risueña. Anoche descubrimos su cara b. El mestizaje sin fusión es yuxtaposición. La igualdad entre desiguales, nivelación. Y los equipos serios no sonríen mientras suena el himno, sino cuando recogen la Copa.

Nunca es solo fútbol. La estrella disuelta en el grupo, el mérito prorrateado. Una parábola nacional. Nuestra escuela iguala hacia abajo, nuestra legislación recela del mérito y nuestra conversación pública dedica a demoler reputaciones el tiempo que otras dedican a construirlas. Pedirle a este vestuario que se atreva a la excelencia es pedirle que desobedezca a su país. Los jugadores no viven en una burbuja: son hijos de un tiempo en que el largo aliento cotiza menos que la viralidad instantánea, y en que los jóvenes, sin horizonte ni proyecto, no pueden emanciparse, sobre todo de sí mismos.

Nunca es solo fútbol. El desenlace tampoco puede sorprender al que observe el clima moral del país. Es lógico que una sociedad secuestrada por la polarización, donde las reglas se tuercen al servicio de la supervivencia de las élites y donde la palabra pública es ruido, solo pueda exportar la parálisis y hasta la infelicidad que se vieron en el césped.

Nunca es solo fútbol. La eliminación deja lecciones urgentes de cara a 2030, cuando España organizará el Mundial junto a Portugal y Marruecos. Ninguna selección fracasa sola: fracasa el país que se proyectaba en ella. Y esos once hombres, perfectamente organizados para la mediocridad, pixelan una imagen que España debe atreverse a contemplar, sosteniendo largamente la mirada sobre sí misma."

(Arcadi Espada, El Mundo, 23/07/26) 

POLITICO: «Política trumpiana»: Se intensifica la polémica sobre el aborto por una ley impulsada por Ayuso. La ampliación de las prestaciones sociales promovida por el Partido Popular español podría abrir la puerta a restricciones en el aborto... Según la nueva ley, los futuros padres en Madrid podrán solicitar ciertas ayudas vinculadas al tamaño de la familia antes del nacimiento de su bebé. Las ayudas para familias numerosas, que normalmente comienzan con el nacimiento del tercer hijo, también estarán disponibles para familias con dos hijos a partir de la semana 14 de gestación... Según Cristina Monge: “En el momento en que se otorgan derechos a un feto, se abre la puerta a la posible criminalización del aborto”

 "La iniciativa de los conservadores españoles para fomentar la natalidad ha vuelto a poner el aborto en el centro del debate político nacional.

En el centro de la polémica se encuentra una nueva ley impulsada por el gobierno regional del Partido Popular (PP) en Madrid, que permite a las familias acceder a ciertas ayudas vinculadas al tamaño de la familia antes del nacimiento del hijo. El PP afirma que la medida es una respuesta "sensata, útil y necesaria" a la baja tasa de natalidad en España —una de las más bajas de Europa— y ha prometido implementarla a nivel nacional si vuelve al poder el próximo año.

Sin embargo, la ley se ha convertido en un punto álgido de la guerra cultural: los políticos de derecha la tachan de ataque contra las políticas sociales progresistas, mientras que los críticos afirman que favorece a la extrema derecha y corre el riesgo de criminalizar el aborto. Ione Belarra, líder del partido populista de izquierdas Podemos, declaró que era "una idea copiada directamente de la política trumpista".

Según la nueva ley, los futuros padres en Madrid podrán solicitar ciertas ayudas vinculadas al tamaño de la familia antes del nacimiento de su bebé. Las ayudas para familias numerosas, que normalmente comienzan con el nacimiento del tercer hijo, también estarán disponibles para familias con dos hijos a partir de la semana 14 de gestación.

Alfonso Serrano, secretario general del PP en Madrid, afirmó que su partido «cree que cuantos más nacimientos haya, mejor, en España y en Madrid, y por eso los estamos incentivando» ofreciendo mayor apoyo financiero.

«Nuestros servicios sociales, nuestras pensiones, dependen de nuestra demografía nacional, y eso no se puede solucionar solo con inmigración», declaró.

Alberto Núñez Feijóo, líder nacional del PP, afirmó poco después de la aprobación de la ley el 2 de julio que la extendería a las 17 comunidades autónomas de España si llegaba a ser presidente del Gobierno. «Cuando una mujer está embarazada, eso debe reflejarse en el apoyo del sector público», declaró.

Sin embargo, organizaciones feministas y partidos de izquierda alegan que el PP está promoviendo una agenda antiaborto al tener en cuenta el embarazo para el acceso a las ayudas.

Yolanda Besteiro, presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas, afirmó que la medida “implica un intento de controlar el cuerpo de las mujeres y, bajo el pretexto de proteger al feto, reducir o eliminar los derechos vinculados al aborto”.

El partido de izquierdas Más Madrid calificó la legislación de “un espectáculo mediático para los negacionistas del aborto”.

Cristina Monge, politóloga de la Universidad Complutense, señaló que las preocupaciones de los críticos se basan principalmente en las posibles ramificaciones legales de la política: “En el momento en que se otorgan derechos a un feto, se abre la puerta a la posible criminalización del aborto”.

El aborto había sido relegado a un segundo plano en la política española en los últimos años. En 2010, el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero reformó la legislación para permitir el aborto durante las primeras 14 semanas de embarazo, y posteriormente en determinadas circunstancias que implicaran riesgo para la salud de la mujer embarazada y malformaciones fetales graves. Alberto Núñez Feijóo declaró poco después de la aprobación de la ley el 2 de julio que la extendería a las 17 comunidades autónomas de España si llegaba a ser presidente del Gobierno. | Thomas Coex/AFP vía Getty Images

El PP, tradicionalmente cercano a la Iglesia Católica, impugnó dicha legislación ante el Tribunal Constitucional, pero el aborto dejó de ser un tema político relevante. El Tribunal finalmente desestimó las objeciones del PP en 2023. Ese mismo año, el gobierno socialista de Pedro Sánchez introdujo reformas adicionales que facilitaron el acceso al aborto.

«Se daba por zanjado este debate», afirmó Monge. «Pero ahora se ha reabierto».

Serrano insistió en que la nueva ley de Madrid «no tiene nada que ver con el aborto», pero su jefa, la presidenta populista de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha presentado la polémica como parte de una guerra cultural más amplia.

Criticando la postura de la izquierda sobre el aborto y la política familiar, Ayuso declaró al portal de noticias de derecha El Debate que la iniciativa de prestaciones «enfurece a quienes imponen agendas ideológicas frívolas y desquiciadas, que en el fondo saben que tenemos razón».

Su principal asesor, Miguel Ángel Rodríguez, escribió en X que la ley formaba parte de «la revolución contra la cultura woke y de izquierdas».

El apoyo del partido ultraderechista Vox a la legislación ha alimentado las afirmaciones de que forma parte de una estrategia a largo plazo para restringir el acceso al aborto. Vox describió la reforma como un «paso importante», aunque pretende ir más allá en la consagración de los derechos de los niños no nacidos.

En Madrid, Ayuso ha evitado depender de Vox compitiendo agresivamente por los votantes en su electorado y adoptando posturas intransigentes.

Recientemente desafió la obligación nacional de que los gobiernos regionales mantengan registros de los médicos que se niegan a practicar abortos por motivos de conciencia."

(Guy Hedgecoe  , POLITICO, 14/07/26, traducción google, enlaces en el original)

Las seis verdaderas causas del aumento de las bajas por enfermedad que el Partido Popular y la CEOE no quieren señalar porque apuntan hacia arriba... Feijóo llama absentismo a no ir a trabajar estando de baja médica. Es una manipulación deliberada... estar enfermo no es escaquearse: es estar enfermo... El absentismo injustificado apenas tiene peso estadístico en nuestro mercado laboral... En España se trabaja mucho, se trabaja durante muchas horas y, demasiadas veces, se trabaja en condiciones que enferman. Por eso resulta tan revelador que el PP haya decidido convertir un problema de salud colectiva una sospecha moral contra quienes caen enfermos... Sí, las personas trabajadoras enfermas han aumentado desde 2018. Pero no por el fraude, sino porque hemos salido de una pandemia, que no termina cuando baja la curva de contagios... En segundo lugar, el envejecimiento de la población laboralmente activa trae consigo una mayor fragilidad de la salud... además, hay más personas trabajando y, por tanto, más bajas... y porque las listas de espera en la sanidad pública prolongan muchas bajas laborales, mientras una persona siga esperando una prueba, una consulta hospitalaria, un tratamiento o una rehabilitación... Estas listas de espera tienen responsables políticos en las comunidades gobernadas por el PP y Vox... junto al colapso de los tribunales médicos y de los procedimientos de valoración. Eso dispara las bajas recurrentes y de larga duración, solo acceden a determinadas prestaciones quienes tienen tiempo, dinero y recursos para judicializar su caso... Por último, todavía muchos centros de trabajo siguen organizados como máquinas de desgaste. Hay ritmos imposibles, plantillas ajustadas al límite, presión constante, turnos que destrozan la vida y patronos que confunden productividad con exprimir cuerpos. Estas son las verdaderas etiologías y los principales patógenos sociales... La pregunta es por qué hay tantos trabajos, viviendas, precios, listas de espera y formas de vida que enferman. Feijóo no quiere responder a esa pregunta porque la respuesta apunta hacia arriba: hacia la organización del trabajo, hacia el deterioro de los servicios públicos, hacia los márgenes empresariales, hacia el rentismo y hacia las decisiones políticas de quienes conciben los derechos como costes (Carlos Martín Urriza, Rafa Cofiño)

"El señor Feijóo llama absentismo a no ir a trabajar estando de baja médica. Es una manipulación deliberada del lenguaje. Absentismo es ausentarse sin causa justificada de una obligación; una baja médica, en cambio, es una situación reconocida por un profesional sanitario, regulada por la ley y causada por una enfermedad. Absentismo fue, por ejemplo, no acudir a un debate decisivo en unas elecciones generales, como hizo él en 2023. Pero estar enfermo no es escaquearse: es estar enfermo.

El absentismo injustificado apenas tiene peso estadístico en nuestro mercado laboral. Los datos de la Encuesta Trimestral de Coste Laboral muestran, de forma persistente, que prácticamente nadie deja de acudir al trabajo sin una causa reconocida. En España se trabaja mucho, se trabaja durante muchas horas y, demasiadas veces, se trabaja en condiciones que enferman. Por eso resulta tan revelador que el PP y sus medios afines hayan decidido convertir un problema de salud colectiva organización del trabajo y protección social en una sospecha moral contra quienes caen enfermos.

La derecha y sus altavoces son especialistas en torcer las palabras para convertir a los débiles en culpables y a los poderosos en víctimas. Llaman absentismo a las bajas médicas; “inquiokupas” a las familias vulnerables que ya no pueden pagar el alquiler; “MENAs” a niños y niñas migrantes que han llegado solos; y “paguita” al Ingreso Mínimo Vital. Pero cuando el dinero público lo recibe un patrono, ya no es dependencia, es subvención. Cuando lo cobra una gran empresa, ya no es gasto, es colaboración público-privada. Acumular viviendas para exprimir con los alquileres no es acaparamiento ni especulación, es inversión y emprendimiento. Despedir para aumentar beneficios no es codicia, es flexibilidad. Y trasladar beneficios a un paraíso fiscal no es saqueo de lo común, es huir del infierno fiscal. El truco siempre es el mismo: cambiar las palabras para cambiar la culpa de sitio; cambiar las palabras para culpabilizar a la víctima.

Sí, las personas trabajadoras enfermas han aumentado desde 2018. Pero no por el fraude, como insinúa Feijóo con una afirmación sin sustento estadístico y con la que, de paso, coloca bajo sospecha a médicos y médicas que firman bajas conforme a criterios clínicos. El incremento se explica, en primer lugar, porque hemos salido de una pandemia: una emergencia sanitaria de primer orden que no termina cuando baja la curva de contagios. Después llega una segunda curva, más silenciosa y más larga: la de las secuelas persistentes, el deterioro del bienestar psicológico, la ansiedad, la depresión, la fatiga crónica, los problemas de salud que se arrastran durante meses o años y una debilidad progresiva de la Atención Primaria en muchas comunidades autónomas.

En segundo lugar, el envejecimiento de la población laboralmente activa trae consigo una mayor fragilidad de la salud: más enfermedades crónicas, más dolencias del aparato locomotor, más tratamientos prolongados y más episodios de incapacidad temporal. 

En tercer lugar, hay más personas trabajando y, por tanto, más bajas. La afiliación ha aumentado en 3,5 millones desde 2018 gracias a la fortaleza de la economía y a que muchas empresas están yendo muy bien. Pero la patronal siempre quiere más: beneficios privatizados cuando las cosas van bien y costes socializados cuando el trabajador enferma.

En cuarto lugar, las listas de espera en la sanidad pública prolongan muchas bajas laborales. Son las médicas y médicos de familia quienes tramitan y hacen seguimiento de la inmensa mayoría de estos procesos en Atención Primaria; y son procesos que se complejizan mientras una persona siga esperando una prueba, una consulta hospitalaria, un tratamiento o una rehabilitación. Es especialmente evidente en dos ámbitos donde se concentran muchos procesos de incapacidad temporal: las musculoesqueléticas y la salud mental. Dos áreas todavía infradotadas en nuestro sistema sanitario y donde la demora no solo retrasa la curación, sino que además cronifica el daño.

Estas listas de espera tienen responsables políticos en las comunidades gobernadas por el PP y Vox. Allí la sanidad pública cuenta con más recursos que nunca gracias a la buena marcha de la recaudación, pero no se han traducido en una reducción suficiente de las listas y demoras ni en reforzar personal, presupuesto, poder y prestigio en Atención Primaria. La razón es que una parte creciente de los nuevos ingresos se emplea en remunerar al capital privado resultante de las privatizaciones, es decir, se despilfarra.

En quinto lugar, está el colapso de los tribunales médicos y de los procedimientos de valoración. Eso dispara las bajas recurrentes y de larga duración, y además genera una desigualdad intolerable: solo acceden a determinadas prestaciones quienes tienen tiempo, dinero y recursos para judicializar su caso. Quien no puede litigar, espera; quien espera, empeora; y quien empeora, acaba siendo señalado como sospechoso por los mismos que han impedido una respuesta pública a tiempo.

Por último, aunque el mercado laboral ha mejorado en los últimos años, muchos centros de trabajo siguen organizados como máquinas de desgaste. Hay ritmos imposibles, plantillas ajustadas al límite, presión constante, turnos que destrozan la vida, salarios que no compensan el esfuerzo y patronos que confunden productividad con exprimir cuerpos. Estas son las verdaderas etiologías y los principales patógenos sociales: 2,5 millones de horas extra a la semana que no se pagan ni se compensan con descanso; salarios pactados en convenio que han perdido poder de compra entre 2019 y 2025 mientras la productividad real se disparaba; alquileres que en las grandes ciudades confiscan más de la mitad del salario; supermercados que han elevado precios por encima de los costes; y beneficios empresariales en máximos mientras la patronal y el PP piden recortar la protección de quienes enferman.

La pregunta, por tanto, no es por qué hay más bajas. La pregunta es por qué hay tantos trabajos, viviendas, precios, listas de espera y formas de vida que enferman. Feijóo no quiere responder a esa pregunta porque la respuesta apunta hacia arriba: hacia la organización del trabajo, hacia el deterioro de los servicios públicos, hacia los márgenes empresariales, hacia el rentismo y hacia las decisiones políticas de quienes conciben los derechos como costes.

Algo bueno hay detrás de todo esto: Feijóo se ha quitado la máscara. Ya no habla solo para embarrar el debate, habla para anunciar su programa. Y es esclarecedor, quiere que enfermar vuelva a ser sospechoso y recuperar el despido por enfermedad. Quiere recortar la compensación económica de las personas enfermas, aunque esa prestación exista precisamente para que a padecer una enfermedad no se añada la pobreza. Quiere debilitar la representación de los trabajadores en las empresas, elevando los umbrales para que miles de centros de trabajo queden sin comité. Y quiere destruir el diálogo social y la negociación colectiva decidiendo él el contenido de los convenios colectivos de trabajo. Esa es la vieja aspiración de la derecha cuando se le cae la máscara: trabajadores enfermos, pero en el tajo, aislados frente al empresario, con miedo a reclamar, baratos, dóciles y solos. En definitiva, trabajadores escurridos de derechos." 

(Carlos Martín Urriza, Rafa Cofiño, El Salto, 11/07/26)

El alquiler de los 250 metros cuadrados del ‘pisito’ de Feijóo, en lo que la jerga inmobiliaria denomina “la muy exclusiva” colonia de El Viso, según Idealistas, oscila entre los 5.000 y los 20.000 euros mensuales. Es decir, el presupuesto anual destinado a vivir bajo uno de esos techos va desde los 48.000 a los 240.000 euros... así que los ingresos netos (o sea, lo que le queda después de que la rapiña de la Hacienda sanchista lo desplume) necesarios para vivir al lado de la Koplowitz tienen que rozar los 150.000 euros en el más favorable de los casos y de 750.000 en el menor. Por mucho que la declaración de intereses en las instituciones españolas sean un género de ficción, los ingresos declarados de Alberto Núñez Feijóo no se acercan a cualquiera de esas cantidades... “Obviamente lo paga mi familia" dijo… y ciertamente, de lo que no hay duda es de la identidad del casero. El propietario es Abanca, por persona física o por sociedad participada, que a su manera no deja de ser “la familia”

"La dimensión del problema de la vivienda en España la describe perfectamente la situación del líder de la oposición y presidente del partido que la gente de antes llamaba “el de los ricos”. El piso se lo tiene que pagar “la familia”, según ha confesado, entre confuso y avergonzado. Una situación similar a la de tantos estudiantes universitarios que tienen que sufragar un piso compartido precariamente amueblado. 

El piso

Según fuentes varias, el alquiler de los 250 metros cuadrados de vivienda, en lo que la jerga inmobiliaria denomina “la muy exclusiva” colonia de El Viso, asciende a 4.000 euros mensuales. Eso es lo mismo que cuesta una casa en la Ciudad Jardín de A Coruña, así que consulto la web Idealista (que se llame así la web inmobiliaria de referencia ya da una idea de la confusión conceptual de la clase emprendedora española) y compruebo que las residencias de esas características en El Viso oscilan entre los 5.000 y los 20.000 euros mensuales. Es decir, el presupuesto anual destinado a vivir bajo uno de esos techos va desde los 48.000 a los 240.000 euros. El elevado porcentaje medio que una familia española destina a ese fin no baja del 30%, así que los ingresos netos (o sea, lo que le queda después de que la rapiña de la Hacienda sanchista lo desplume) necesarios para vivir al lado de la Koplowitz tienen que rozar los 150.000 euros en el más favorable de los casos y de 750.000 en el menor. Por mucho que la declaración de intereses en las instituciones españolas sean un género de ficción (menor, pero fértil), los ingresos declarados de Alberto Núñez Feijóo no se acercan a cualquiera de esas cantidades.

Cierto es que no carece de patrimonio (unos pisos aquí y allá, unas acciones de esto y lo otro) y que la dedicación a la política no le ha distraído de la gestión de lo suyo. Su patrimonio, en 2019, en su última toma de posesión en el parlamento de Galicia, era de 319.593 euros, que se convirtieron en 930.972 euros en 2023, según declaró –con año y medio de retraso, pero declaró– al arribar al Senado y la presidencia del PP.

Pero, como todo el mundo sabe, y particularmente los propietarios de viviendas en sitios sin crecimiento demográfico, una cosa es el patrimonio y otra el cash disponible.

La familia

A pesar de que no es el “niño campesino” que saca a relucir cuando le conviene, la familia de Feijóo no era una familia pudiente. Bien es cierto que, como dicen que se dice en la política mexicana, “yo no quiero que me den, sino que me pongan donde hay”. Mientras crecían las dudas sobre quién pagaba la vivienda, el inquilino arrojó luz sobre el asunto: “Obviamente lo paga mi familia… [pausa dramática] Y creo que dentro de mi familia estoy yo, es decir, mi pareja y yo”.

La pareja es Eva Cárdenas Botas, aunque quizás un sector considerable de los votantes conservadores no la consideren como tal, dada la inexistencia de un vínculo matrimonial, legal o religioso. Eva Cárdenas es la madre de Alberto Núñez Cárdenas, el hijo de nueve años de ambos (y que contra lo que argumenta su padre para defender la intimidad de su hogar, no vive allí, que se sepa, porque este año pasado estuvo escolarizado en A Coruña) y es además hija de Antonio Cárdenas, que fue director de personal en la extinta Caixa Galicia (como diría Guillem Martínez, quédense con el dato para después), y de Cristina Botas, una familia de raigambre falangista y farmacéutica, sin que una cosa quitase la otra, sino todo lo contrario: lo primero benefició económicamente lo segundo.

Eva Cárdenas, después de picotear en varias multinacionales de la alimentación y la perfumería, recaló en 2003 en Inditex, donde fue, con 38 años, directora de la filial más reciente, Zara Home. Una historia de éxito que finalizó en 2018, con un cese por motivos personales (y una indemnización, ni desmentida ni confirmada, de dos millones y medio de euros). Fue consultora externa de Sargadelos (hasta que las relaciones de la firma con la Xunta aconsejaron que dejase de serlo) y de Mango, pero su principal ocupación empresarial actual es Niebla Azul, una sociedad inmobiliaria que arroja unos beneficios anuales de unos 150.000 euros (lo que no está mal, con una administrativa como única empleada).

Eva Cárdenas es hermana de, entre otros, Ignacio Cárdenas, director comercial de Universal Support, una empresa de telemarketing, sin relación con el sector de la salud que, a pesar de presentar la oferta más cara, obtuvo 19,2 millones en contratos de la administración sanitaria gallega para atención telefónica y rastreo de casos de infección durante la pandemia de la covid.

Otro caso de estar en el sitio justo en el momento justo (“donde hay”) es el de la única hermana del líder de la oposición. Micaela Núñez Feijóo era delegada en Pontevedra de Eulen, pero acabó siendo la directora del área noroeste después. En los 13 años en los que su hermano presidió la Xunta, Eulen obtuvo contratos por valor de 37 millones de euros. Tan solo de 2018 a 2024, fueron 1.566 adjudicaciones de distintos órganos de la administración, la mayoría a dedo, fragmentados en partidas de menos de 30.000 euros. Y desde 2023, los sucesores de Feijóo le adjudicaron otros 17 millones. Desde que el hermano mayor de Micaela accedió al mando en la calle Génova, Eulen aumentó sustancialmente las contrataciones de administraciones como las comunidades de Andalucía y Madrid, o el ayuntamiento de la capital.

Volviendo a los Cárdenas, y a los Botas. Otro de los hermanos de Eva e Ignacio, Antonio Raimundo, ha ocupado varios cargos en Abanca, y forma parte del comité de control del fondo de pensiones del banco. Feijóo era presidente de la Xunta cuando el diktat del Banco de España determinó que las dos cajas gallegas –Caixa Galicia y Caixanova– se fusionaran primero y se privatizaran después. La nueva entidad, que sumaba más del cincuenta por ciento del mercado financiero gallego y la mayoría de los ahorros, se vendió por 700 millones de euros a un banquero venezolano entonces desconocido, llamado Juan Carlos Escotet (que los recuperó sin prácticamente haberlos desembolsado desprendiéndose de sociedades participadas).

El ganador de la pugna con rivales como Caixabank había metido el pie en el sector financiero gallego a través de un pequeño banco coruñés, Etcheverría (el Etcheverría y otra entidad coruñesa, el Banco Pastor, eran los únicos en España que manejaron en su día ducados y euros, antes de desaparecer). El entonces director general del Etcheverría y actual CEO de Abanca es Francisco Botas Ratera. Efectivamente, primo hermano de Eva Cárdenas.

El casero

Mientras Feijóo o el PP no desgranen los pormenores del inquilinato de El Viso con el mismo detalle que lo tuvo que hacer Pablo Iglesias sobre el casoplón de Galapagar, de lo que no hay duda es de la identidad del casero. El propietario es Abanca, por persona física o por sociedad participada, que a su manera no deja de ser “la familia”.

Y cuando se hagan públicos los detalles, que se repita el proceso con la mansión de su socio prioritario, Santiago Abascal, que tampoco se sabe, para no salirnos de Madrid y como decía el cuplé La chica del 17, “de dónde saca, pá tanto como destaca”."

(Xosé Manuel Pereiro  , CTXT, 03/07/26)