El inspector Morocho tumba la estrategia de Rajoy y su cúpula al evidenciar que el Gobierno del PP espió a Bárcenas fuera de la ley... Morocho lo ha dicho claramente, la llamada operación Kitchen fue una operación al margen del control judicial, es decir, al margen de la ley, desmoronando así la tesis esgrimida por el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, cuando dijo: "Estoy convencido de que esa operación policial se adecuó a la legalidad"... Kitchen fue una trama "contra" el caso Gürtel y sus investigadores... Morocho ha referido que padeció "presiones" de la escala de mandos de la Policía para que no se denominara como "contabilidad b" o "contabilidad extracontable" lo que mostraban los papeles de Bárcenas, y para que no se citaran en el cuerpo de sus informes a dirigentes del PP. Se ha referido en concreto a Dolores de Cospedal, exsecretaria general del PP, y a la exministra Ana Mato. A la pregunta sobre si recibió presiones o indicaciones para que no incluyera a Mariano Rajoy [que aparecía como M. Rajoy], Morocho ha contestado que "era una persona singular y se individualizó expresamente que esa persona no saliera"... Entonces "alguien asumía el rol de decirme 'Esto no se toca'. Y ha especificado que en el caso de Rajoy fue el comisario general de Policía Judicial el que le dio la instrucción (Ana María Pascual)

 "Portando su clásico maletín, el inspector jefe Manuel Morocho ha llegado a la Audiencia Nacional este miércoles con ganas de hablar, aunque la presidenta del tribunal, Teresa Palacios, le ha frenado en seco desde el principio. Primero le ha advertido, cuando el policía ha abierto su pórtatil, que intentara tirar de memoria para ser todo lo espontáneo que requiere una declaración testifical en un juicio oral; y después le ha instado a que contestara únicamente a la pregunta, sin dar más explicaciones, a lo que el testigo ha replicado que quería dar contexto.

Pero incluso sin todo el contexto que hubiera preferido Morocho y las acusaciones, ha quedado claro en la sesión de este miércoles que la llamada operación Kitchen fue una operación al margen del control judicial, es decir, al margen de la ley. Lo atestigua Morocho, que fue el inspector jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que investigó el caso Gürtel y la pieza de los Papeles de Bárcenas; causas sobre las que los acusados querían intervenir a favor del PP, sustrayendo pruebas al extesorero Bárcenas sobre la contabilidad paralela del partido.

Morocho lo ha dicho claramente: la operación Kitchen fue "una operación policial sin autorización judicial", desmoronando así la tesis esgrimida por el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy en el juicio hace unos días cuando afirmó que se produjo una operación policial y no política para "cogerle el dinero a Bárcenas" y buscar sus testaferros, es decir, que, según Rajoy, Kitchen fue un operativo policial para complementar la investigación en curso sobre Gürtel. 

"Estoy convencido de que esa operación policial se adecuó a la legalidad", dijo Rajoy en el juicio, mostrando la estrategia tanto propia como del resto de la que fue su cúpula en el Gobierno (2011-2018), para negar unos movimientos políticos en el seno del partido primero y después a través del Ministerio del Interior encaminados a robar a Bárcenas sus pruebas sobre el dinero negro que se repartía entre los dirigentes del PP.

Morocho ha desmentido a Rajoy. Ni su unidad pidió apoyo a ninguna otra dentro de la Policía ni fue consciente del desarrollo de una operación policial coetánea sobre Bárcenas mientras él y su equipo investigaban Gürtel y sus derivadas. Ni él lo supo ni tampoco el Juzgado central de instrucción 6 que investigaba aquel caso de corrupción. Kitchen fue una trama "contra" el caso Gürtel y sus investigadores, ha venido a decir Morocho.

Indicios de Morocho

El inspector Morocho ha explicado que intuía que sus superiores iban a desplegar alguna acción contra Bárcenas porque uno de ellos, el comisario Olivera, acusado en esta causa, le pidió el teléfono de Rosalía Iglesias, la esposa del extesorero, pero él no lo facilitó porque intuyó que lo iban a "utilizar para indagar técnicamente sobre el mismo", en el sentido de intervenirlo. 

Por eso cuando años después, en agosto de 2015, le saltó una alerta en la base de datos policial Gatti por coincidencia en la investigación de cuatro personas, entre ellas, Luis Bárcenas, Morocho ató cabos. "Para mí eso fue constatar una serie de indicios sobre una operación policial sin control judicial sobre Bárcenas". 

La operación Kitchen ya había acabado, en enero de 2015, y en mayo la trama quiso darle apareciencia de legalidad al operativo iniciado en 2013. Fue a través de un parte informativo introducido extemporánemante en la base policial Gatti. La información aportada allí "no era nada nuevo, todo conocido, salvo algunos datos que procedían de las vigilancias", ha matizado Morocho; vigilancias que la investigación oficial no precisaba, ha sostenido, como la que se realizó en Kitchen a Rosalia Iglesias o a su hijo Guillermo Bárcenas.

También imaginaba Morocho que podía ocurrir una operación de este tipo por toda la hostilidad y las presiones que había recibido para desvirtuar los apuntes contables de Bárcenas y despojar la investigación sobre Gürtel de los nombres de los cargos públicos y dirigentes del PP que se habían podido beneficiar de ese sistema opaco. 

Sacar a Rajoy y Cospedal

Ha referido que padeció "presiones" de la escala de mandos de la Policía para que no se denominara como "contabilidad b" o "contabilidad extracontable" lo que mostraban los papeles de Bárcenas, y para que no se citaran en el cuerpo de sus informes a dirigentes del PP. Se ha referido en concreto a Dolores de Cospedal, exsecretaria general del PP, y a la exministra Ana Mato. A la pregunta por parte de la letrada del PSOE sobre si recibió presiones o indicaciones para que no incluyera a Mariano Rajoy [que aparecía como M. Rajoy], Morocho ha contestado que "era una persona singular y se individualizó expresamente que esa persona no saliera". 

Morocho ha nombrado a sus superiores, que se reunían previamente para dilucidar qué puntos había que abordar después con él, según ha explicado. Entonces "alguien asumía el rol de decirme 'Esto no se toca'. Y ha especificado que en el caso de Rajoy fue el comisario general de Policía Judicial el que le dio la instrucción. Ha citado a algunos de aquellos superiores, como , el inspector jefe José Manuel Álvarez Luna; el jefe de la UDEF, Manuel Vázquez; el comisario general de Policia Judicial José García Losada; y el jefe de brigada, José Luis Gudiña. Vázquez declaró hace unos días y negó que Morocho hubiera recibido presiones; dijo que en todo caso sería "autopresión" por no hacer las cosas mal y le describió como una persona empecinada. 

Este miércoles se ha podido ver a un policía comprometido. Ha explicado que en junio de 2013 el comisario Olivera le citó para hacerle una oferta, darle un puesto en Lisboa, "económicamente bien retribuido". Le dijo que no. "Mi padre estaba enfermo y me dijo Olivera que podía venir los fines de semana, pero le dije que no, que tenía un compromiso con el magistrado, la instrucción, con el cuerpo de Policía y la sociedad, porque he prometido defender a la comunidad y cumplir los principios democráticos de corresponsabilizarme de la unidad de auxilio judicial en ese momento", ha manifestado en uno de los momentos más emocionantes de la sesión. 

Disparidad de medios

No solo otros destinos le ofrecieron a Morocho, también otras investigaciones para entorpecer la que realizó hasta 2021 en el caso Gürtel. Así ocurrió en 2015 cuando le trasladaron temporalmentecon a la Dirección Operativa Adjunta (DAO) y recibió el encargo de investigar al exministro socialista José Blanco. 

A preguntas de la acusación popular de Podemos, Morocho ha explicado que en el curso de aquella investigación aparecieron unos audios que no estaban transcritos y que vinculaban indiciariamente con Oriol Pujol, en lo que fue el llamado caso  ITV. Según ha relatado Morocho, en ese caso le pusieron "todos los recursos posibles" para que actuara con premura, en contraste al caso Gürtel, en el que sus informes sufrieron retrasos para llegar al juzgado, según ha contado, porque estuvieron dando vueltas "por lugares donde no tenían que estar, ni en la DAO ni en ninguna formación política", en clara alusión al Partido Popular." 

(Ana María Pascual , Público, 29/04/26)  

M. Rajoy: todo falso (salvo alguna cosa)... entre gracieta y gracieta conviene no olvidar que, bajo la presidencia de Rajoy, todo un ministerio del Interior dedicó (presuntamente, de momento) recursos y esfuerzos a eliminar cualquier prueba que Luis Bárcenas pudiera emplear para salpicar a dirigentes del Partido Popular y del Ejecutivo, y Montoro se dedicaba (presuntamente, de momento) a legislar al dictado de empresas privadas a cambio de mordidas millonarias. Todo graciosísimo. Muy típico de gobiernos de repúblicas bananeras donde política y mafia se dan la mano... es más que evidente quién era el beneficiario de toda la Operación Kitchen: se llama Partido Popular y se apellida Rajoy, Cospedal, etcétera, etcétera. La pregunta es quién ordenó ponerla en marcha y la mantuvo, utilizando hasta setenta agentes de policía para espiar a Luis Bárcenas, extesorero del partido... en la misma sala del juicio, Bárcenas señaló directamente a Rajoy al contar cómo la trama hizo desaparecer un audio en el que se escuchaba al también presidente del PP meter en la trituradora la última página de la “contabilidad extracontable” (o sea, ilegal, en negro) en presencia del tesorero... todo esto no ayuda en absoluto a otorgar alguna credibilidad al teatro judicial emitido en directo... ¿Y lo de Montoro? Pasito a pasito, con mucha calma y gracias al esfuerzo muy personal de una fiscal rigurosa y un juez de provincias sin apenas recursos. Claro que debería decretarse una “prioridad nacional”: garantizar, de verdad, una justicia igual para todos (Jesús Maraña)

 "Rajoy, como en la canción de Sabina, lo niega todo, incluso la verdad. Lo cual no es ninguna sorpresa. Pero merece la pena explorar un poco lo que esconde esa natural desgana, esa retranca del personaje que al parecer produce cierta empatía aunque le sirva a la persona para esquivar responsabilidades gravísimas. Porque entre gracieta y gracieta conviene no olvidar que, bajo la presidencia de Rajoy, todo un ministerio del Interior dedicó (presuntamente, de momento) recursos y esfuerzos a eliminar cualquier prueba que Luis Bárcenas pudiera emplear para salpicar a dirigentes del Partido Popular y del Ejecutivo en las múltiples irregularidades ya sentenciadas por el Supremo en el caso Gürtel. Como tampoco olvidamos que en esos mismos años, y bajo la misma presidencia del Gobierno, en el ministerio de Hacienda de Cristóbal Montoro se dedicaban (presuntamente, de momento) a legislar al dictado de empresas privadas a cambio de mordidas millonarias. Todo graciosísimo. Muy típico de gobiernos de repúblicas bananeras donde política y mafia se dan la mano.

Lo que Mariano Rajoy hizo el jueves durante la media hora que pasó por la Audiencia Nacional fue defender a su amigo y subordinado durante muchos años Jorge Fernández Díaz y al número dos de este, su secretario de Estado en Interior, Francisco Martínez. Y, de paso, defenderse a sí mismo aunque formalmente nunca haya sido acusado. Por eso sostiene Rajoy que la Kitchen “no fue una operación política”, sino “una operación policial” cuyo objetivo fundamental era “coger el dinero del señor Bárcenas y averiguar quiénes eran sus testaferros”. Y, por supuesto, todo “se ajustó a la legalidad” (ver aquí). Y los elefantes vuelan y los caballitos ladran. A estas alturas es más que evidente quién era el beneficiario de toda la Operación Kitchen: se llama Partido Popular y se apellida Rajoy, Cospedal, etcétera, etcétera. La pregunta es quién ordenó ponerla en marcha y la mantuvo, utilizando hasta setenta agentes de policía para espiar a Luis Bárcenas, extesorero del partido. 

El pasado lunes, en la misma sala del juicio, Bárcenas señaló directamente a Rajoy al contar cómo la trama hizo desaparecer un audio en el que se escuchaba al también presidente del PP meter en la trituradora la última página de la “contabilidad extracontable” (o sea, ilegal, en negro) en presencia del tesorero que él mismo había nombrado (ver aquí). Rajoy asegura que eso es “absolutamente falso”. Y es la palabra de uno contra la del otro, puesto que ya se encargó precisamente la Kitchen de destruir cualquier prueba documental (o no, quién sabe si en las profundas alcantarillas de Villarejo existe alguna copia) que pudiera aclarar el enigma.

Pero lean: “Es claro que el origen de la Operación Kitchen ni estuvo relacionado ni afectaba al ministerio del Interior. Y es obvio que el señor Bárcenas era el tesorero del Partido Popular, no del ministerio del Interior y no dependía ni estaba vinculado con dicho ministerio”. Esto escribía, negro sobre blanco, la defensa del exministro Fernández Díaz en julio de 2021. Por entonces los principales acusados iban lanzando dardos para que en las alturas del PP tuvieran claro que no se iban a “comer el marrón” de unos cuantos años de cárcel por unas prácticas mafiosas cuyo único interés era de partido, no policial. De hecho, no se conoce que durante todo ese periodo la trama llevara ninguna de sus pesquisas o acciones a la autoridad judicial correspondiente. 

Y además, a Rajoy le traiciona la cronología. El mensaje de “Luis, sé fuerte” lo envía el 18 de enero de 2013, dos días después de conocerse que Luis Bárcenas oculta una fortuna millonaria en Suiza. Dice ahora que la Kitchen, que se puso en marcha en verano del mismo año, perseguía la recuperación del dinero de Bárcenas, cosa que, a la luz de ese mensaje enviado, tenía sin dormir a Rajoy, más ocupado por esas fechas en recortar servicios públicos y subir impuestos.

Por último, sostiene Rajoy –también en su día responsable de Interior–, que ni los ministros ni los secretarios de Estado ni, por supuesto, los presidentes “están en las operaciones policiales” ni en “los fondos reservados”. Ahora va a resultar que Rajoy defiende la inocencia de José Barrionuevo y Rafael Vera, condenados por el Supremo en los años noventa por una operación parapolicial ilegal realizada con dinero público.

La amnesia selectiva de Rajoy, casi tan aguda como la de María Dolores de Cospedal, y las clamorosas mentiras de ambos fueron celebradas por las defensas de Fernández Díaz y Francisco Martínez con unas pocas preguntas cómplices. Y, si cabe aún más llamativo, el silencio de la fiscalía y de la abogacía del Estado. Siempre hay una explicación técnico-jurídica o procesal que lo justifica todo. Y en este caso todo está condicionado, como ya hemos advertido alguna otra vez, por la instrucción del juez Manuel García-Castellón, que se esforzó muchísimo en delimitar toda la investigación de la Kitchen al ministerio del Interior, evitando explorar a fondo la vertiente política que conducía a las alturas del PP y del Gobierno. Incluso se han dejado fuera de este juicio de la Kitchen audios que todos hemos escuchado y que ponen en evidencia la declaración que este mismo jueves hizo Cospedal. “Yo a Villarejo le hacía preguntas, no encargos”, aseveró tan pancha, y añadió además que nunca había hablado por teléfono, “ni fijo ni móvil”, con el comisario, como si no hubiera escuchado media España su voz indicándole que lo de “la libretita” donde Bárcenas apuntaba sus pagos “sería mejor lograrlo parar”. Pero resulta que Cospedal puede mentir sin consecuencias, precisamente por su estatus peculiar de testigo que fue imputada con un archivo provisional de la causa (ver aquí).

Por mucho que la presidenta del tribunal, Teresa Palacios, justifique su actitud en los interrogatorios de estos días como consecuencia de que sólo cabe en este juicio lo que figura en los escritos de acusación, se agradecería un mínimo esfuerzo por lo que debería ser el objetivo prioritario de una causa judicial: conocer los hechos presuntamente delictivos, identificar a sus responsables y, por último, castigarlos si se demuestra su culpabilidad. Ni la retranca de Rajoy ni el sonriente cuajo de Cospedal, tan cómodos ambos con la permanente asistencia de Palacios cortando todo intento de evidenciar que es imposible juzgar la Kitchen sin conectarla con la Gürtel, ayudan en absoluto a otorgar alguna credibilidad al teatro judicial emitido en directo. Y respecto al fiscal y la abogacía del Estado, resulta asombrosa su renuncia a poner en aprieto alguno a Rajoy o a Cospedal mientras hay que leer tropecientas columnas en la prensa diestra denunciando la permanente “injerencia” del Gobierno en la acción de la justicia. A la vista está la eficacia de las “presiones” del malévolo Bolaños: Begoña Gómez, camino del banquillo con una petición de cárcel que casi dobla a la de Fernández Díaz; el hermano de Sánchez, también pendiente de juicio oral; el ex fiscal general, condenado sin prueba alguna; la Kitchen, juzgándose como si hubiera sido una ocurrencia de Villarejo y de otro policía cuya salud mental le impide declarar; y Ábalos y Koldo al borde de la trena (sobran los motivos) mientras el ínclito Aldama se pasea tan campante y el novio de Ayuso sigue comprando áticos en Chamberí. ¿Lo de Montoro? Pasito a pasito, con mucha calma y gracias al esfuerzo muy personal de una fiscal rigurosa y un juez de provincias sin apenas recursos.

Claro que debería decretarse una “prioridad nacional”: garantizar, de verdad, una justicia igual para todos."

( Jesús Maraña , InfoLibre, 25/04/26)

Se confirma que este Partido Popular es una ganga para Vox... Justo cuando el tiempo empezaba a correr a favor de los populares y el miedo a una repetición electoral cambiaba de bando... Justo cuando el votante de derechas empezaba a cansarse de tanto desorden y el sangrado de las encuestas permitía a los populares sentarse a esperar a que Vox concediera el empate antes de las elecciones andaluzas, los altos mandos de Génova deciden hacerle otro regalo a Vox y permitirles cantar victoria... Unas horas antes del plazo límite para ir a la repetición electoral habrían firmado por bastante menos... Moreno Bonilla tiene que estar encantado. Toda su campaña basada en pedir el voto para evitar el lío de tener que pactar con Vox y desde Génova le demuestran que de lío nada y que está chupado: solo hay que darles lo que piden. Toda la campaña tratando de evitar el asunto de la inmigración y los tuyos se tiran de cabeza al pozo con la retórica ultra de tus competidores. Dos por el precio de uno; una ganga (Antón Losada)

"Feijóo asume en Extremadura su dependencia de Vox con un acuerdo de vocación “nacional”

Santiago Abascal y su directiva, “que en su vida han tenido dos euros juntos”, en la brillante y acertada definición de su antiguo camarada Ortega Smith, aún lo deben estar celebrando entre incrédulos y eufóricos. Por si quedaba alguna duda tras los catastróficos pactos de junio del 2023, se confirma que este Partido Popular es un chollo entre un millón para Vox; una ganga que no debería dejar escapar y ese choped que cualquiera sueña encontrar. Solo le pido a Dios que en todas las negociaciones que me queden en esta vida me toque en frente alguien como Alberto Núñez Feijóo y su Partido Popular. El acuerdo de Extremadura no es un pacto, es un saldo.

Justo cuando el tiempo empezaba a correr a favor de los populares y el miedo a una repetición electoral cambiaba de bando. Justo cuando la marca internacional ultra empieza a dar síntomas de gripado y todo cuanto no parecía hacerle daño a Vox empieza a hacérselo; como suele acontecer en todas las franquicias. Justo cuando la marca Trump se ha vuelto tóxica y le abría una autopista por la derecha para internarse envuelto en la bandera de España en el espacio de Vox. Justo cuando las guerras internas, deserciones, purgas y denuncias por corrupción estaban convirtiendo a Vox en el capítulo más violento y tedioso de los Peaky Blinders. Justo cuando el votante de derechas empezaba a cansarse de tanto desorden y el sangrado de las encuestas permitía a los populares sentarse a esperar a que Vox concediera el empate antes de las elecciones andaluzas, los altos mandos de Génova deciden hacerle otro regalo a Vox y permitirles cantar victoria. 

Una vicepresidencia y dos consejerías en las áreas que Vox demandaba más un pacto programático marcado por las prioridades y los relatos de la ultraderecha a cambio de algo tan obvio como aprobar cuatro presupuestos no es un acuerdo; es un negocio redondo para Santiago Abascal y los suyos. Unas horas antes del plazo límite para ir a la repetición electoral habrían firmado por bastante menos. El miedo habría guardado la viña y un acuerdo ventajoso para Feijóo. Es la consecuencia de una estrategia de oposición basada en la idea de que todo vale: te las meten dobladas por todas partes. 

Que María Guardiola lo envuelva en la épica de una Targaryen que ha logrado, por fin, reunir a los siete reinos para enfrentar al ejército de los caminantes rojos únicamente incrementa su ridículo y la ganancia del otro. 

Moreno Bonilla tiene que estar encantado. Toda su campaña basada en pedir el voto para evitar el lío de tener que pactar con Vox y desde Génova le demuestran que de lío nada y que está chupado: solo hay que darles lo que piden. Toda la campaña tratando de evitar el asunto de la inmigración y los tuyos se tiran de cabeza al pozo con la retórica ultra de tus competidores. Dos por el precio de uno; una ganga."

(Antón Losada, eldiario.es, 19/04/26)

Ernesto Ekaizer: El juez Peinado se ha convertido en un juez estrella, jaleado por una judicatura ávida de sangre para ajustar cuentas contra la corte de Sánchez/Fernando VII, y Begoña Gómez/María Cristina... la sección 23 respalda aspectos esenciales de su instrucción... No ha visto ninguna anomalía en su manera de limitar el ejercicio del derecho de defensa, algo que en cualquier otro procedimiento sería considerado una salvajada... como no consiguió lo que deseaba sonsacar a Güemes, lo imputó. ¿Qué quería? Que dijera: se ha contratado a Begoña Gómez por ser la esposa del Presidente del Gobierno. Y Güemes pagó con su propia imputación su rechazo a esa versión que quería Peinado... la sección 23 dijo que era incorrecto. ¿Es solo incorrecto fabricar una declaración de un testigo para coaccionar a otro? La referencia gratuita y forzada a Fernando VII ha sido incorporada a autos, como el del 11 de abril, el paso previo a la apertura de juicio oral... además, aunque el juez Peinado ha instruido la causa por procedimiento abreviado, ha rizado el rizo, que sea el pueblo el que juzgue a nuestro Fernando VII en la persona de su consorte Begoña Gómez... "huelga decir que en una sociedad tan polarizada como la madrileña, la suerte puede estar echada antes de comenzar el juicio”, señala un abogado penalista

 "(...) el foco para Peinado no es Begoña Gómez. Es Pedro Sánchez/Fernando VII.

Si se hace un flash back de la instrucción del juez Peinado, es decir, si a partir de esta confesión sobre Fernando VII se proyecta el retrovisor, se comprenden mejor los hitos de su método.

Se presenta el juez en el Palacio de la Moncloa para que Pedro Sánchez comparezca como testigo; vuelve a hacerlo, aunque esta vez con una tarima, para tomar declaración al ministro de Gracia, perdón (así se llamaba en época de Fernando VII, ministro de Gracia y Justicia), al de Justicia del gobierno de coalición, Félix Bolaños) y cita a declarar a varios cargos del Palacio de la Moncloa.

Toda su instrucción proyecta una sombra palaciega hasta que, finalmente, en su auto del 11 de abril, será él mismo quien lo confiese.

Periodistas, políticos y juristas, que han visto cómo los magistrados de la sección 23 de la Audiencia de Madrid, los “superiores”, por así decir de Peinado -resuelven los recursos de apelación contra sus resoluciones- se preguntan por qué, después de haber tumbado un número considerable de sus errores procesales -usar providencias, que no requieren motivación, cuando están en juego derechos fundamentales, o imputar a personas basándose en una invención, como el caso de Juan José Güemes, para citar solamente dos ejemplos entre muchos- no han anulado esta investigación.

Y la respuesta es simple: porque la sección 23 respalda aspectos esenciales de su instrucción.

No ha visto ninguna anomalía en su manera de limitar el ejercicio del derecho de defensa, algo que en cualquier otro procedimiento sería considerado una salvajada.

El juez, por ejemplo, resuelve los recursos de reforma -el que las partes presentan ante resoluciones del propio juez antes de ir en apelación a la sección 23- con una parsimonia extraordinaria.

En su resolución del 8 de enero de 2025, por ejemplo, ya acumulaba 16 recursos pendientes. Y los despachó de un plumazo, es decir, los desestimó todos.

He aquí su filosofía:“En fase de instrucción no sería admisible el recurso de apelación, y ni siquiera el de reforma, pero en cualquier caso la determinación de las diligencias de investigación decididas por el juez instructor debe entenderse que las ha considerado pertinentes”. Y punto.

Es decir, aquello que Balzac, basándose en la atribución a Napoleón Bonaparte, señala Esplendores y miserias de las cortesanas (1847)“El juez instructor es el hombre más poderoso de Francia”.

El patrón de conducta del juez es que no resuelve los recursos de reforma. Y, para más inri, de acuerdo con su conducta en otros procedimientos aunque la defensa del imputado/investigado acude a la Audiencia de Madrid directamente en apelación como es el juez quien lo debe elevar ya se encarga de retrasar los tiempos.

El juez Peinado necesita que nadie pueda revisar en tiempo real -como ha sido después de cinco meses el caso de la entrada y registro en el registro en el domicilio y empresa de Juan Carlos Barrabés por parte de la Audiencia- sus actuaciones.

En el de Juan José Güemes le imputó por un delito de falso testimonio que no podía instruir y le dejó cinco meses en dicha situación. El juez fabricó un testimonio atribuyéndolo a una testigo, Blanca Gil de Antuñano, y con ello, como no consiguió lo que deseaba sonsacar a Güemes, lo imputó. ¿Qué quería? Que dijera: se ha contratado a Begoña Gómez por ser la esposa del Presidente del Gobierno.

Y Güemes pagó con su propia imputación durante cinco meses su rechazo a esa versión que quería Peinado

Y ni siquiera anuló, con los videos en la causa, esa imputación. Fue decisión de la sección 23. Dijo que era incorrecto.

¿Es solo incorrecto fabricar una declaración de un testigo para coaccionar a otro?

Pero es que sí, la sección 23, incluso, al guiar a Peinado para que investigue a Cristina Álvarez, asistente de Begoña Gómez, también ha practicado invenciones.

“Resulta dudoso -sostiene un auto de la sección 23- y puede ser el primer indicio que sustente el delito de malversación, que el nombramiento de la asistente de la esposa del presidente de Gobierno, haya recaído en una amiga íntima de Begoña Gómez, pues sería la primera vez, en este tipo de nombramientos, que no se hace recaer en un funcionario experto en protocolo, para el mejor ejercicio de la función, sino que se hace recaer en una persona de su máxima confianza”.

Sostienen, pues, que el “primer indicio” que sustentaría la posible malversación sería que Cristina Álvarez es amiga íntima de Begoña Gómez.

Y, que, también, sería la “primera vez” que este tipo de nombramientos no recae en un “funcionario experto en protocolo”.

¿Es esto cierto?

No consta en la causa que esas personas nombradas al amparo de la ley sobre el personal de libre designación y personal eventual, que precisamente se hace sobre la base del concepto de confianza, tengan formación como expertos o expertas en protocolo.

Por tanto, la pregunta es: ¿por qué sostiene la Sala lo que es a todas luces un hecho falso?

Porque ya lo dejó claro esta sección 23 en junio de 2025 en lo que podemos denominar la virtual “guía” realizada en su auto del 12 de junio de 2025 sobre los pasos que debía dar Peinado.

“En concreto, respecto de la investigada Cristina Álvarez, ¿qué indicios de responsabilidad se le pueden imputar? La investigación tendrá que centrarse en si se sobrepasó en el desempeño de las funciones públicas que le fueron encomendadas para favorecer el plan delictivo de la investigada [Begoña Gómez] en el delito de tráfico de influencias, mediante la desviación de medios públicos puestos indebidamente al servicio de intereses particulares o estrictamente privado. “[La conducta de Cristina Álvarez, asistenta de Gómez] podría suponer una desviación de recursos públicos en favor de intereses privados y lo que es más importante ofrecidos dentro de una estructura institucionalizada de poder que sirve para reforzar una indudable influencia como es la presidencia del Gobierno”.

Ya el Palacio de la Moncloa o la investigación sobre el Palacio aparecía proyectada.

“ [La citada estructura de poder] “Podría permitir inferir la solidaridad con la actuación de la principal investigada [Begoña Gómez], al tiempo que refuerza frente a terceros el carácter prevalente de la conducta de la principal investigada [Begoña Gómez], apuntalando el aura de indudable influencia que como esposa del presidente del Gobierno y ejerciendo sus funciones desde ese entramado del Palacio de la Moncloa podía tener toda su actividad privada”.

Hemos avanzado.

La referencia gratuita y forzada a Fernando VII ha sido incorporada a autos, como el del 11 de abril, el paso previo a la apertura de juicio oral.

Pero, además, aunque el juez Peinado ha instruido la causa por procedimiento abreviado, en cierto momento, en 2025, ha rizado el rizo: que sea el pueblo el que juzgue a nuestro Fernando VII en la persona de su consorte Begoña Gómez.

Es decir: que un jurado popular de Madrid juzgue los presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida.

“Los delitos de malversación y tráfico de influencias exigen una valoración previa, o sea, no son delitos de los que podríamos llamar de derecho natural. Son delitos que exigen una valoración jurídica que un jurado no está en condiciones de hacer. Un abogado, por ejemplo, no puede ser miembro del jurado. Un jurado puede decirte si un señor disparó la pistola o no disparó, si está probado que el arma era de esta persona o no vale. Y huelga está decir que en una sociedad tan polarizada como la madrileña, la suerte puede estar echada antes de comenzar el juicio”, señala un abogado penalista consultado por El Periódico.

El juez Peinado se ha convertido en un juez estrella al final de su carrera. Se jubila en septiembre próximo al cumplir 72 años.

Y lo hará en olor de multitudes, jaleado por una judicatura ávida de sangre para ajustar cuentas contra la corte de Fernando VII (Sánchez) y María Cristina (Begoña Gómez)"

(Ernesto Ekaizer, , blog, 19/04/26) 

Carlos Jiiménez Villarejo, ex-fiscal: El conocimiento del Pacto que ha favorecido el gobierno de dicha CA es más que preocupante para la Democracia... la ley dispone dispone como causa de disolución o suspensión de partidos políticos, la "exclusión o persecución de personas por razón de su ideología, religión, creencias, nacionalidad, raza, sexo u orientación sexual"... y atribuye al Ministerio Fiscal velar "por el ajuste (de los partidos) a los principios democráticos"... y la ley exige la aplicación de una política para lograr "un marco de convivencia de identidades y culturas"... Ante este marco normativo, el acuerdo entre Vox y un PP sumiso, represente una violación del marco constitucional. Basta una cita. La que parece más significativa, la de "prioridad nacional", con restricciones de derechos para los inmigrantes en todos los ámbitos, especialmente en la sanidad y prestaciones públicas, más el régimen impuesto a los menores no acompañados, que, sin más, serán expulsados de España... Espero que los recursos que se interpongan ante tantos abusos de derecho, reparen, ya, tanta injusticia

 "Extremadura: el ppsumis@9o ante Vox

 El conocimiento del Pacto que ha favorecido el gobierno de dicha CA, como ahora veremos, es más que preocupante para la Democracia.

Por ello resulta necesario tener presente la Ley de Partidos, LO 6/2002. Ley que marca y fija el marco democrático de los mismos. La htttp://Exp.de Motivos dispone que dicha ley "garantiza el funcionamiento del sistema democrático...". Dicha Ley dispone que el fundamento de la actividad de los partidos es el "respeto a los valores constitucionales, expresado en los principios democráticos y en los derechos humanos". Y, coherentemente, dispone como causa de disolución o suspensión, la "exclusión o persecución de personas por razón de su ideología, religión, creencias, nacionalidad, raza, sexo u orientación sexual". Y atribuye al M. Fiscal velar "por el ajuste (de los partidos) a los principios democráticos". Con el complemento del art. 510 C. Penal, que define y persigue las conductas de "odio, hostilidad, discriminación, o violencia contra los migrantes". Y la Ley 2/2009, exige la aplicación de una política para lograr "un marco de convivencia de identidades y culturas".

Ante este marco normativo, el acuerdo entre Vox y un PP sumiso, represente una violación del marco constitucional. Basta unas citas. La que parece más significativa es el de prioridad de las políticas del gobierno autonómico de lo que llaman "prioridad nacional". Lo que se refleja en las restricciones de derechos para los inmigrantes en todos los ámbitos, especialmente en la sanidad y prestaciones públicas, más el régimen impuesto a los menores no acompañados, que, sin más, serán expulsados de España. 

Espero que los recursos que se interpongan ante tantos abusos de derecho, reparen, ya, tanta injusticia.

Carlos Jiménez Villarejo"

(En Salvador López Arnal, 18/04/26)     

Los traslados forzosos acordados por la nueva presidenta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) de cuatro magistrados de la Sección Terceira —la que resuelve los recursos sobre parques eólicos y contratos públicos como el del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo— puede comprometer las garantías constitucionales de independencia e inamovilidad judicial... Jueces para la Democracia relaciona la expulsión de Villares con "presiones políticas y empresariales". La asociación denuncia que apartar a la mitad de la Sección Terceira sin consulta previa ni motivación suficiente pone en riesgo la inamovilidad e independencia judicial garantizadas por la Constitución... El comunicado recuerda que la Sección Terceira ha sido objeto de una presión mediática y política "constante" durante los últimos años... La Sección Terceira venía paralizando decenas de parques eólicos en Galicia —79 proyectos están actualmente detenidos por decisiones judiciales— en un sector que mueve miles de millones de euros y miles de puestos de trabajo. Los fallos judiciales llegaron a ser recurridos ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que en su momento dio la razón a la Xunta y a las promotoras. La presión sobre la sala era, por tanto, enorme y venía de múltiples frentes (Manuel Vilas López)

"La sección territorial gallega de Xuíces e Xuízas para a Democracia ha publicado un contundente comunicado en el que expresa su "profunda preocupación" por los traslados forzosos acordados el 12 de marzo por la nueva presidenta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). La asociación considera que la medida, que afecta a cuatro magistrados de la Sección Terceira —la que resuelve los recursos sobre parques eólicos y contratos públicos como el del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo— puede comprometer las garantías constitucionales de independencia e inamovilidad judicial, y advierte de que "no es descartable que la ciudadanía piense que las reiteradas presiones políticas y empresariales finalmente consiguieron el resultado perseguido".

 Jueces y Jueces por la Democracia (JJpD) es una de las cinco asociaciones profesionales de jueces y magistrados de España. Fundada en 1984, se define como una organización civil progresista surgida tras la escisión de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM). A pesar de ser la tercera asociación en número de miembros (aproximadamente entre el 8% y el 10% de la carrera judicial), cuenta con una importante representación en órganos como el Consejo General de la Magistratura (CGPJ).

 El colectivo subraya que lo ocurrido es inusual tanto en su forma como en su alcance. El procedimiento habitual cuando se reorganizan secciones es el concurso interno voluntario entre magistrados, con consultas previas a los presidentes de sección y a los propios afectados. En este caso, sin embargo, cuatro magistrados han sido reubicados de golpe, sin audiencia previa y sin que ninguno de ellos cuente con experiencia en las materias que deberán asumir. "Ninguno de los cuatro trasladados tiene experiencia previa en esta sala en las concretas materias que les son encomendadas", señala el comunicado, augurando una "evidente disfuncionalidad" en ambas secciones durante los primeros meses.

 MOTIVACIONES QUE NO CONVENCEN

Xuíces e Xuízas para a Democracia pone también el foco en la debilidad de los argumentos esgrimidos por la presidencia de la sala para justificar los traslados. Las resoluciones apelan a facultades gubernativas de carácter organizativo, pero la ley exige que ese tipo de decisiones se apoyen en criterios aprobados anualmente por la Sala de Gobierno. El comunicado señala que no consta que tales criterios hayan sido aprobados ni publicados. A falta de esa base, los acuerdos recurren a fórmulas genéricas como "crecimiento profesional" u "oportunidades en la carrera" de los magistrados afectados, argumentos que la asociación considera incompatibles con el efecto real que la medida va a producir.

 En el caso concreto del magistrado Luis Villares —el más mediático de los trasladados, por su pasado como líder de En Marea y diputado en el Parlamento galego— la presidenta añade como motivo la necesidad de "salvaguardar la imagen de imparcialidad" de la sala, en referencia a varias recusaciones que el Tribunal Supremo acogió en causas relacionadas con el Cunqueiro. Para Xuíces e Xuízas para a Democracia, extender a toda una sección lo que se analizó respecto a un asunto concreto carece de justificación.

 PRESIÓN POLÍTICA SOSTENIDA EN EL TIEMPO

El comunicado recuerda que la Sección Terceira ha sido objeto de una presión mediática y política "constante" durante los últimos años. Responsables políticos y empresariales cuestionaron públicamente no solo las resoluciones de la sala, sino la profesionalidad de sus integrantes, al margen de los canales legalmente previstos para recurrir las sentencias. Tanto la propia Sección Territorial de Xuíces e Xuízas para a Democracia como la Sala de Gobierno del TSXG tuvieron que salir en más de una ocasión a reclamar respeto hacia el trabajo de esos magistrados.

 Ese contexto es clave para entender la polémica que genera ahora el traslado. La Sección Terceira venía paralizando decenas de parques eólicos en Galicia —79 proyectos están actualmente detenidos por decisiones judiciales— en un sector que mueve miles de millones de euros y miles de puestos de trabajo. Los fallos judiciales llegaron a ser recurridos ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que en su momento dio la razón a la Xunta y a las promotoras. La presión sobre la sala era, por tanto, enorme y venía de múltiples frentes.

 INAMOVILIDAD E INDEPENDENCIA, EN JUEGO

La asociación sostiene que el traslado forzoso y colectivo de la mitad de los miembros de la Sección Terceira puede vulnerar dos derechos fundamentales recogidos en la Constitución: el derecho al juez ordinario predeterminado por la ley, consagrado en el artículo 24.2, y la inamovilidad e independencia judicial del artículo 117.1. "Este movimiento puede socavar la actuación independiente de los miembros del tribunal, al resultar intimidados por la amenaza de traslados forzosos y otras represalias por el ejercicio de la función que tienen encomendada constitucionalmente", advierte el texto.

 El comunicado concluye con un doble llamamiento: a los órganos gubernativos del poder judicial, para que ejerzan sus facultades "con cuidado y prudencia"; y a la ciudadanía y a la comunidad jurídica, trasladándoles el apoyo explícito a los magistrados que desempeñaron su labor "en circunstancias especialmente complicadas y en un contexto de reiteradas presiones". 

 La nueva presidenta de la sala, María Azucena Recio González, que tomó posesión el 6 de marzo tras imponerse al propio Villares en la competición por el cargo, no ha hecho declaraciones públicas más allá de lo recogido en las resoluciones. La Xunta de Galicia y la patronal eólica tampoco se han pronunciado oficialmente sobre la reorganización."

(Manuel Vilas López , Galicia Press, 25/03/26)

Elecciones en Castilla y León: la pequeña burguesía empresarial, un bloque terrateniente propietario y una capa social urbana más o menos acomodada netamente dependiente del rentismo y funcionariado, dan forma a un armazón granítico capaz de levantar tras décadas una visión para entender, ser y ordenar el mundo tanto en Castilla como en León. Un entramado clientelar donde los antiguos regímenes caciquiles operan, pero que para ser entendida debemos observarla esencialmente como un engranaje político e ideológico. Donde lo institucional, lo empresarial y lo religioso se entremezclan infiltrándose por los intersticios sociales de la región... Se identifica ya un claro patrón en el interior peninsular que puede reconocerse recientemente en las elecciones de Extremadura y Aragón. Vox se afirma como el partido de los pequeños terratenientes de las pequeñas ciudades marcadas por la agroindustria. Grandes superficies de cultivo intensivo tan dependientes de mano de obra migrante como de las ayudas europeas y los mercados internacionales, en los que la descomposición de las comunidades tradicionales avanza ( Víctor de la Fuente)

"León y especialmente Castilla han vuelto a hacer lo que mejor saben, como remarcaba Azorín en sus versos sobre esta tierra, busca frenar el tiempo, perpetuar lo momentáneo. “Del pasado dichoso sólo podemos conservar el recuerdo; es decir, la fragancia del vaso”. El bipartidismo sale reforzado en todas sus expresiones, zonas rurales y urbanas, renta y edad apenas permiten distinguir entre los dos grandes partidos que dominan en todas las franjas. Tras estas elecciones el Partido Popular cumplirá más de cuarenta años gobernando ininterrumpidamente.

Es una demostración vigente de eso que llamamos hegemonía. Que no es sino la capacidad de una clase social para generar consenso en torno a sus propias ideas e intereses. Haciendo de sus intereses particulares un marco común para gran parte de la sociedad que los asume como propios. La conjugación armada entre la pequeña burguesía empresarial, un bloque terrateniente propietario y una capa social urbana más o menos acomodada netamente dependiente del rentismo y funcionariado, dan forma a un armazón granítico capaz de levantar tras décadas una visión para entender, ser y ordenar el mundo tanto en Castilla como en León. Un entramado clientelar donde los antiguos regímenes caciquiles operan, pero que para ser entendida debemos observarla esencialmente como un engranaje político e ideológico. Donde lo institucional, lo empresarial y lo religioso se entremezclan infiltrándose por los intersticios sociales de la región más extensa de todo el Estado español y la tercera de Europa.

Sobre estos pilares sociales se levantará un nuevo gobierno del Partido Popular y Vox. Un terreno en disputa donde Vox ha encontrado un anclaje fuerte. Se identifica ya un claro patrón en el interior peninsular que puede reconocerse recientemente en las elecciones de Extremadura y Aragón. Vox se afirma como el partido de los pequeños terratenientes de las pequeñas ciudades marcadas por la agroindustria. Grandes superficies de cultivo intensivo tan dependientes de mano de obra migrante como de las ayudas europeas y los mercados internacionales, en los que la descomposición de las comunidades tradicionales avanza. Municipios que concentran una parte importante de población y donde la disputa con el PP es más abierta que en los municipios muy pequeños, los de menos de 500 habitantes que son la mayoría (1.800 de 2.246) en toda la comunidad.
El alcalde de Soria sale triunfante

A pesar de la victoria de la derecha, uno de los grandes triunfadores de la noche ha sido el cuatro veces alcalde de Soria, Carlos Martínez. Este ha conseguido romper la tendencia de caída abrupta que venía sufriendo el PSOE. Acercándose a uno de los mejores resultados de los socialistas en Castilla y León. Si bien la diferencia de votos del PSOE respecto al PP se amplía comparado con las anteriores elecciones de 2022, la buena campaña de los socialistas, el papel de su candidato y la absorción de las candidaturas de IU y de Podemos a su izquierda, le han permitido alcanzar un buen resultado.

Posiblemente el “No a la guerra” de Sánchez y la ayuda siempre inestimable del leonés José Luis Rodríguez Zapatero, han ayudado a los socialistas. Pero haríamos mal en exagerar y sacar conclusiones apresuradas de los efectos de estos movimientos, más aún en una región profundamente viciada por la dinámica social y política propia, una tierra obsesionada con que los tiempos no corran demasiado rápido.

El leonesismo sigue vivo, sin embargo no se cumplieron las expectativas marcadas por las encuestas. Unión del Pueblo Leonés (UPL) se asienta como tercera fuerza en la provincia de León tras un empate casi perfecto del PSOE y el PP. Reafirma así una realidad que a pesar de los esfuerzos propagandísticos de la Junta no deja de salir a la luz, la inoperancia de una identidad autonómica artificial que no es reconocida por una parte importante de la sociedad.
No basta con que todo arda

Una de las paradojas de esta jornada electoral la reflejan las cenizas de los incendios del pasado verano. Una oleada de llamas histórica que arrasó parajes naturales únicos, bosques y pueblos reducidos a cenizas tras días de llamas como expresión más visible del cambio climático. Sin embargo, este desastre que arrasa en horas lo que tardó décadas e incluso siglos en levantarse, no es suficiente para remover la hegemonía conservadora que entierra sus raíces a gran profundidad. La realidad es mucho más compleja que esperar a que cuando se posen las cenizas es suficiente con llegar y esperar recoger los restos del desastre bajo los cabreos y la indignación del vecindario.

Zamora es posiblemente el mejor ejemplo de ello. Es la provincia más afectada por los incendios en los últimos años y una de las regiones que más sufre la despoblación y la pobreza estructural en toda Europa. Sin embargo, el Partido Popular continúa siendo la fuerza política dominante en la provincia. Mañueco no es querido, pero garantiza un mínimo suficiente como para no arriesgarse a cualquier tipo de cambio. El PSOE no recoge en la mayor parte de estas comarcas el impacto de los incendios. Mucho menos se benefician las opciones a su izquierda, quienes han insistido en el desmantelamiento de unos servicios públicos casi inexistentes en las zonas rurales, quienes vienen denunciando la destrucción de los servicios de extinción de incendios y hablando de ecologismo y cambio climático, desaparecen completamente de Castilla y León.

Para una tierra como esta diez años no son nada. Un tiempo demasiado corto para un lugar donde el tiempo pasa tan despacio. Sin embargo, esta década ha sido suficiente para que Podemos pierda 150.000 votos, que son la diferencia entre su resultado en 2015 y los recientes comicios. Lo mínimo exigible sería una reflexión profunda sobre el principal hito de la izquierda parlamentaria en esta franja de tiempo. ¿Qué ha mejorado la presencia de Podemos e Izquierda Unida en un gobierno supeditado al PSOE? Lo cierto es que la respuesta a las dos grandes disyuntivas de esta pregunta tienen un mismo resultado: en nada.


Ni los grandes problemas que asolan a la clase trabajadora han vivido algún viso de mejora, principalmente en el terreno de la asequibilidad (el aumento de la pobreza, la escalada especulativa de la vivienda y la degradación de los servicios públicos). Ni la izquierda se ha visto reforzada política y socialmente por su participación en el cogobierno. Los resultados electorales son una prueba nítida de ello. El desastre electoral sólo refleja la descomposición política de un proyecto cuya única propuesta es replicar el cogobierno estatal, asentado sobre el miedo a la extrema derecha e incapaz de afrontar al menos las consecuencias, no digamos ya las causas, de los grandes conflictos estructurales que atravesamos.

El problema central no es de simple aritmética electoral, ni lo resolverá la demoscopia, sino de claridad política. Es necesario abrir un debate entre todas aquellas personas, colectivos sociales, sindicales y políticos que se sitúen a este lado de la necesidad de una ruptura con el capitalismo. Romper con la vorágine de derrota y descomposición provincia a provincia, comarca a comarca, tanto en León como en Castilla para superar la tendencia al folclorismo y la resignación. Una vía que nacerá inevitablemente como pequeña pero que sitúe al menos la necesidad y posibilidad de una alternativa política a un progresismo en descomposición. Un debate que debemos alimentar, que sitúe la iniciativa como una posibilidad real en el marco de la lucha de clases que se desarrolla cotidianamente tanto en Castilla, como en León y que reconozca el derecho democrático a articularse. Será sin prisa, no hay otra forma, pero marcando un horizonte claro en esta tierra tan ancha."

(Víctor de la Fuente , El Salto, 16/03/26)

Si te sientan en el banquillo sin indicios, ¿quién puede asegurarte que no te van a condenar sin pruebas? Esta es la dramática situación en el caso de la exvicepresidenta valenciana Mónica Oltra y otros 12 acusados... Dos jueces -el titular, que fue durante varios años instructor de la causa, y su sustituta durante su permiso de paternidad- se han negado a dictar la apertura de juicio oral por falta de indicios de criminalidad. Pero deben hacerlo... Es un caso de ordeno y mando inédito en un sistema como el español que ya da una idea de su evolución claramente inquisitorial... para la magistrada Bayarri, de la sección cuarta de la Audiencia de Valencia el derecho penal es un cálculo de probabilidades, manifiesta innovación en el derecho español... "No se precisan, en la sociedad actual, órdenes , instrucciones, consignas ni indicación alguna para ejercer el dominio”... En apoyo de su afirmación, Bayarri cita al premio Príncipe de Asturias 2025, el filósofo coreano Byung Chul... "una nueva técnica de poder, que dá acceso a la esfera de la psique, convirtiéndola en su mayor fuerza de producción y de explotación, sin dejar de ser, por ello, un sistema de dominación. Sutil, pero no por ello menos antagónico a la libertad individual. Dominación efectiva, aunque sin dominio aparente”... La magistrada concluye: "Estos 'no hechos' declarados como indiciariamente acreditados, pugnan con el tenor literal de los hechos descritos por el propio Instructor en su relato fáctico" (Ernesto Ekaizer)

 "Si te sientan en el banquillo sin indicios, ¿quién puede asegurarte que no te van a condenar sin pruebas?

Esta es la dramática situación en el caso de la exvicepresidenta valenciana Mónica Oltra y otros 12 acusados por un presunto delito de encubrimiento de abuso sexual contra una menor.

Dos jueces -el titular, que fue durante varios años instructor de la causa, y su sustituta durante su permiso de paternidad- se han negado a dictar la apertura de juicio oral por falta de indicios de criminalidad.

Pero deben hacerlo. En realidad es el titular, ya de vuelta en el juzgado número 15, el magistrado Vicente Ríos, quien debe hacerlo.

Según el auto difundido por la sección cuarta de la Audiencia de Valencia este martes 24 de febrero de 2026 "procede el dictado de auto de apertura de juicio oral conforme a lo interesado y al dictado por el magistrado instructor la resolución debida, que deberá verificarse en el tiempo procesal pertinente, sin dilación, el contenido previsto igualmente en la norma, es decir, con la fundamentación jurídica ordinaria que debe acompañar a los antecedentes de hecho”

Es un caso de ordeno y mando inédito en un sistema como el español que ya da una idea de su evolución claramente inquisitorial.

La ponente del auto que resuelve las apelaciones contra la denegación de abrir juicio oral y acuerda abrirlo instando al juez Ríos a hacerlo es la magistrada Clara Bayarri.

El pasado 10 de febrero de 2026, la magistrada Bayarri, de la sección cuarta de la Audiencia de Valencia, todavía no conocía si habían llegado los recursos de apelación a su sala. Cuando llegan esos recursos se incoa, es decir, se designa ponente y tribunal (o miembros) de cada recurso.

En teoría, las ponencias de las apelaciones van por riguroso turno, según su número de reparto.

Así que Bayarri tenía en su sala una posibilidad entre cinco de que le tocase ser ponente frente a cuatro contra uno de que no.

Ella cruzaba los dedos y le ponía una vela a Dios y otra al Diablo para que fuera que no.

Es decir, que no le tocase.

En todo caso, ella tenía en cuenta que cuando se turnase la apelación contra la negativa a abrir juicio oral contra Oltra se señalaría fecha de votación y fallo para dentro de unos meses.

Ese 10 de febrero de 2026 se estaban señalando apelaciones para junio en lo que era un “señalamiento rápido”.

La magistrada ya había sido la ponente a mediados de mayo de 2025 en los recursos contra el auto de procedimiento abreviado. Y había ordenado su confirmación.

“Es suficiente con la existencia de indicios que establezcan la probabilidad de implicación, lo que no excluye la posibilidad de que tal implicación no exista”, escribió Bayarri en el auto de mayo de 2025.

El 12 de febrero pasado se recibieron las apelaciones y mira por dónde sus ruegos a Dios y al Diablo para que no volviera a ser ponente carecieron de eficacia.

Salió ella.

Ahora bien, teóricamente el señalamiento de fecha, según ella contemplaba, debía ser aproximadamente en junio. O después.

Pues, no. Diez días después de hacer esos cálculos -repetimos el 10 de febrero de 2026- resulta que ella, Bayarri, ya tenía la ponencia de 70 páginas y la sala la aprobaba.

El departamento de prensa de la Audiencia de Valencia tenía tanta prisa este martes 24 de de febrero que lanzó --antes de dar traslado del auto a las partes del procedimiento-- un mensaje en X en el que decía: “La Audiencia ordena abrir juicio oral contra la exvicepresidenta de la Generalitat y otros nueve acusados por el presunto encubrimiento de los abusos sexuales a una menor cometidos por el exmarido de ella”.

No eran nueve acusados sino 12. Tanta prisa llevó a interpretar erróneamente las 70 páginas del auto. Y se rectificó con una nota.

El juez Ríos, según apuntamos, dijo que no advertía indicios de criminalidad para sentar a los acusados en el banquillo.

Se supone que es el juez que realizó la inmediación, esto es, investigó y tomó declaración a los acusados y testigos.

Pero lo que es el derecho penal esencial, puro y duro, para Bayarri, que hace el trabajo de la sección cuarta que preside el juez Pedro Castellano, es un cálculo de probabilidades.

En su auto señala: "Pero, tal improbabilidad debe ser cierta y objetivamente constatable en un cálculo de probabilidad que no sea aberrante, en términos de probabilidad gaussiana [La distribución gaussiana, también conocida como distribución normal, es un concepto estadístico que describe cómo se distribuyen los datos alrededor de un valor promedio], esto es, en una apreciación "normal" de lo probable. Si existe una probabilidad,( mayor o menor) , dentro del rango de distribución normal de la misma y no aberrante o inexistente, es que dicha probabilidad existe y es razonablemente probable" (página 61).

Bayarri señala, además, “que se afirme, in abstracto, en el auto, con posterioridad que no se aprecia que existieran órdenes, ni consignas, ni directrices en el caso, a la vista de los propios hechos que el magistrado consigna en su relato fáctico como indiciariamente acreditado, es incongruente y contradictorio”.

Ese relato en el auto de procesamiento, también obligado por la Sala, fue hecho por el juez Ríos “por imperativo legal”, es decir, obligado, algo que parecía excepcional pero que ya a la luz de las resoluciones posteriores se ha “normalizado”.

Bayarri “ahorca” al juez Ríos con su propia “soga”

Y ahora la magistrada Bayarri “ahorca” al juez Ríos con su propia “soga”. Es decir con el auto que hizo porque la Sala se lo ordenó. Y que ya en mayo de 2025, según hemos señalado, Bayarri confirmó frente a los recursos contrarios de las defensas.

E de gran está manifiesta innovación en el derecho español.

“Respecto a la inexistencia de acreditación de órdenes directas [para el presunto encubrimiento], es innecesario verificar mayor comentario. No solo porque el propio relato de hechos del magistrado instructor es una constante sucesión de hechos donde se describen indicaciones, consignas, y directrices expresas sobre el modo de actuar, sino que inclusive, en alguno de tales hechos, expresamente se pone en los hechos justiciables, la palabra ‘orden’ , - como por ejemplo la orden de abrir el “expediente- informe reservado para acreditar la credibilidad de la niña”, a una jurista, por cierto, una vez ya judicializada la investigación- sino, porque, aunque no las hubiera habido (que otra cosa dice el propio Instructor a lo largo de su relato) , o en los casos en que éstas no están claramente formalizadas, no era necesario. No se precisan, en la sociedad actual, órdenes , instrucciones, consignas ni indicación alguna para ejercer el dominio”.

En apoyo de su afirmación, Bayarri cita al premio Príncipe de Asturias 2025, el filósofo coreano Byung Chul (’La sociedad del cansancio’; ‘Psicopolitica: neoliberalismo y nuevas técnicas de poder’, ‘Topología de la violencia’ , ‘En el enjambre’, en que se analiza cómo la sociedad actual está marcada por el exceso de positividad y la autoexplotación en busca de la excelencia ( la ambición de la eficiencia) , que constituye una coacción sistémica : una nueva técnica de poder, que dá acceso a la esfera de la psique, convirtiéndola en su mayor fuerza de producción y de explotación, sin dejar de ser, por ello, un sistema de dominación. Sutil, pero no por ello menos antagónico a la libertad individual. Dominación efectiva, aunque sin dominio aparente”.

La magistrada concluye: "Estos 'no hechos' declarados como indiciariamente acreditados, pugnan con el tenor literal de los hechos descritos por el propio Instructor en su relato fáctico. Incongruencia que, así, los invalida".

Clara Bayarri, pues, ha escrito una sentencia.

Mónica Oltra no podía salir de 'El Proceso' kafkiano.

Y terminamos allí donde comenzamos.

Si te sientan en el banquillo sin indicios, ¿quién puede asegurarte que no te van a condenar sin pruebas?                      (Ernesto Ekaizer , blog, 25/02/26)  

El espejo argentino puede ser útil para saber lo que nos espera si triunfan las opciones que lo defienden... la reducción del gasto público en coyunturas de crisis y el recorte de prestaciones salariales y sociales, conforman un binomio clave en la política económica argentina actual... en ese aspecto, las propuestas de Milei son extremas: elevar la jornada laboral a 12 horas; establecer un “salario dinámico” –que puede también ser devengado en especie– y que, a su vez, se pueda bajar si la empresa considera que se ha reducido la productividad; no abonar las horas extras; facilitar al máximo el despido sin indemnización; que las empresas puedan elegir las vacaciones de sus trabajadores; y que, en fin, las bajas laborales se costeen en un mínimo del 50% entre trabajadores y empresarios... con un claro desenlace: el aumento de la explotación. Y con otra derivada: el retroceso de las conquistas sociales y laborales históricas. Este es el modelo que un gran elenco de economistas neoliberales tiene en la cabeza... Esto es entender la economía como una disciplina desprovista de las consecuencias sociales que acarrean unas orientaciones drásticas, muy ideologizadas, sin atender a los resultados socioeconómicos. Éstos están ya dibujando un país con mayor desocupación, más vulnerabilidad, menos auxilios sociales y económicos, reducciones salariales y de pensiones y despidos indiscriminados en el sector público... ese modelo argentino en España se observa con interés por parte de la extrema derecha y de gobiernos autonómicos, el de Madrid sería el más representativo (Carles Manera)

 "Uno de los paraísos del capitalismo en su estado extremo tiene su sede: Argentina. No es el único emplazamiento, pero sin duda constituye una muestra muy elocuente de este neocapitalismo, bautizado como anarcocapitalismo, en el que se critica la intervención del Estado en economía, pero se recurre a ese Estado para todo lo que se adscriba a negociaciones de carácter privado. Lo estamos viendo también en Estados Unidos, con la administración Trump. El planteamiento económico de Javier Milei es claro: él ha manifestado reiteradamente su admiración por los economistas austríacos y por sus concepciones de la política económica, básicamente monetaria, si bien Milei no ha entendido nada de la visión que esos economistas tenían en relación con el ciclo económico. Lo que está desplegando Milei ofrece recordatorios de las tesis más acendradas de esa Escuela Austríaca en Economía y, en particular, de uno de sus principales próceres, Friedrich Hayek. En un estudio publicado en 1931 (Precios y producción, este es el título), Hayek seguía defendiendo los preceptos básicos del patrón-oro, cuyas reglas, aplicadas a una economía en depresión a raíz del crac de 1929, demostraban un fracaso estrepitoso. En ese contexto, la tesis de Hayek descansaba en no bajar los tipos de interés, toda vez que eso infería un mensaje engañoso al mercado, habida cuenta que las empresas podían alargar la estructura de la producción, pero sin ahorro efectivo. Éste, para el austríaco, solo proviene del ahorro real, mientras el crédito bancario excesivo va a conducir a ajustes bruscos y a crisis económicas. La intervención pública no se contempla, y debe ser un mercado sin cortapisas lo que facilite el crecimiento de la economía, bajo la única vigilancia de la autoridad monetaria. En tal sentido, no ha lugar a una inversión pública que pueda generar déficit público, al tiempo que se contempla el salario como un precio más con el que “jugar”.

Ambos elementos derivados de los preceptos de Hayek, la reducción del gasto público en coyunturas de crisis y el recorte de prestaciones salariales y sociales, conforman un binomio clave en la política económica argentina actual. De hecho, el salario se convierte para Milei en un precio relativo más del sistema y se determina por la productividad marginal del trabajo. Este axioma, curiosamente, es siempre invocado; pero no cuando la productividad del trabajo es más elevada y los salarios se pretende mantenerlos estáticos: aplicando ese baremo, éstos deberían subir acorde a la productividad. Pero la regla no funciona siempre, y el componente político y de posición en la estructura productiva –la fuerza empresarial frente a la debilidad sindical, por ejemplo– es determinante. 

En esas coordenadas, la filosofía económica de Hayek se desliza hacia estas conclusiones: si los salarios son rígidos por la acción de los sindicatos y por la intervención estatal, el ajuste que debe imputarse a la economía se dificulta. Son cortapisas a una economía con la radicalidad del libre mercado en sus manifestaciones más extremas. La posibilidad política de limitar al máximo los costes laborales unitarios y, especialmente, los salarios, se viste con el planteamiento de avanzar en la competitividad empresarial. Cuanto menor sea el salario en el coste de producción, mucho mejor. Sin que se vincule esto con la capacidad de consumo y, por tanto, con efectos sobre la demanda. Si las empresas ganan más, el objetivo se cubre, a pesar de los costes sociales.

En tal aspecto, las propuestas de Milei son extremas: elevar la jornada laboral a 12 horas; establecer un “salario dinámico” –que puede también ser devengado en especie– y que, a su vez, se pueda bajar si la empresa considera que se ha reducido la productividad; no abonar las horas extras; facilitar al máximo el despido sin indemnización; que las empresas puedan elegir las vacaciones de sus trabajadores; y que, en fin, las bajas laborales se costeen en un mínimo del 50% entre trabajadores y empresarios, conforman un paquete de factores de carácter regresivo, con un claro desenlace: el aumento de la explotación. Y con otra derivada: el retroceso de las conquistas sociales y laborales históricas. Este es el modelo que un gran elenco de economistas neoliberales tiene en la cabeza, con la promesa de mejores desempeños económicos.

Pero este tipo de política económica se puede aplicar de una manera efectiva si se vive en un régimen dictatorial, con censuras políticas, limitaciones de movimientos, laminación de la libertad de expresión y prohibición de sindicatos y partidos políticos. De hecho, muchas de las medidas adoptadas en el régimen del dictador chileno Augusto Pinochet por parte de economistas formados bajo la tutela de Milton Friedman, se inspiraron en la obra de Hayek que hemos citado, junto a la más filosófica Camino de servidumbre. Milei trata de seguir esa senda, que proporcionó para Chile datos macroeconómicos transitoriamente positivos, con un elevadísimo coste social y una represión terrible. 

El gobierno de Milei puede tener problemas para hacer efectivas esas líneas de actuación, si tenemos en cuenta las protestas callejeras que ya se están generando. Veremos las respuestas sindicales. Esto es entender la economía como una disciplina desprovista de las consecuencias sociales que acarrean unas orientaciones drásticas, muy ideologizadas, sin atender a los resultados socioeconómicos. Éstos están ya dibujando un país con mayor desocupación, más vulnerabilidad, menos auxilios sociales y económicos, reducciones salariales y de pensiones y despidos indiscriminados en el sector público. El relativo control de la inflación se ha conseguido a partir de una contracción brutal de la demanda agregada, y una pérdida de la calidad de vida.

La base de ese modelo argentino, que en España se observa con interés por parte de la extrema derecha y de gobiernos autonómicos –el de Madrid sería el más representativo–, promueve la destrucción gradual pero inexorable de la economía pública, la privatización de los servicios esenciales –sanidad y educación– y el apoyo a las iniciativas privadas con capital público que se detrae de asignaciones presupuestarias que deberían canalizarse hacia hospitales, universidades, escuelas y servicios sociales. Todo invocando la libertad. El Estado –fijémonos de nuevo en Argentina– es abyecto; pero ese Estado se pliega a las instituciones económicas internacionales –y en gobiernos extranjeros, como el de Estados Unidos– para poder subsistir. 

Las premisas del mercado libre, sin ataduras, solo sirven para una sociedad general a la que se dice defender; el Estado, por el contrario, es útil para esos mismos dirigentes si tras sus puertas se hallan contratos, subvenciones y descargas fiscales. Sería muy positivo que la población supiera qué se esconde tras soflamas como el enaltecimiento de una libertad sin que se cualifique, o sobre encendidas diatribas a favor de una patria cuyo contenido real debe rellenarse, más allá de las banderas u otros utensilios. El espejo argentino puede ser útil para saber lo que nos espera si triunfan las opciones que lo defienden."

(Carles Manera , Economistas frente a la crisis, 15/02/26)  

En el siniestro del metro de Valencia, en julio de 2006, en el que murieron 43 personas y 47 resultaron heridas, la Generalitat que presidía Francisco Camps ordenó el silencio administrativo mediático. Lo que entonces se llamaba Canal Nou ni cambió la programación ese día, y ninguneó a la Asociación de Víctimas durante años... “La culpa fue del barco” dijo Ana Botella, sobre la marea negra del Prestige... Cuando el del Alvia de Angrois, con 80 víctimas, Rajoy no hizo ninguna comparecencia, ni en plasma... el entonces presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, los expulsó manu militari de los actos oficiales de homenaje... En comparación con los antecedentes, la gestión de Óscar Puente parece decente. Ha ofrecido la información que tenía (o al menos la que decía tener), no ha especulado con hipótesis posibles o no, y no ha echado mano del comodín de la fatalidad o de que los designios divinos son inescrutables. Las causas de la tragedia de Adamuz se conocerán después de una investigación compleja (Xosé Manuel Pereiro)

 "La mañana del 24 de julio de 2013, A.C. esperaba en la estación de Santiago de Compostela a una compañera de trabajo, y sin embargo muy amiga. Tanto que venía a pasar unos días en su casa. A ella, como al resto de los allí presentes, en vez del tren les llegó un estruendo no muy lejano. Venía de Angrois, la aldea por la que pasa la vía tres kilómetros antes de la parada. A.C. y yo, nos vimos, horas después, en el edificio donde habían sido convocados los familiares de los viajeros que habían llegado allí después de una búsqueda en vano por los hospitales. A.C. estaba destrozada y yo creo que nunca en mi vida profesional estuve rodeado de tanta angustia y tanto dolor. A cada nombre proferido en voz alta (el de un cadáver que había sido identificado), una o varias de las numerosas personas que estaban en vilo, oscilando entre la resignación y unos últimos restos de esperanza, prorrumpían en sollozos convulsivos. Uno de aquellos nombres, de las 80 personas muertas, era el de la compañera de A.C.

Cuando se conoció lo de Adamuz, la madre de la fallecida llamó a mi amiga A.C. “Lo he vuelto a revivir todo”. Mi amiga también, aunque han pasado más de una docena de años. Pero no sólo eso. Mientras todavía recontaban los muertos del AVE en Córdoba, se dio a conocer la sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña que absolvía al único responsable de la seguridad ferroviaria que estaba encausado y centraba toda la responsabilidad en el maquinista. (Yo coincidí con él, con el maquinista, pocos meses después del accidente en casa de un amigo común, y puedo asegurar que las únicas consecuencias de lo que había pasado que le daban lo mismo eran las judiciales). La justicia se supone que es ciega, pero lo que está claro es que quienes la gestionan carecen de la más mínima empatía y del más elemental don de la oportunidad. Lo de dar a conocer la sentencia del fiscal García Ortiz en el 50 aniversario de la muerte de Franco podría ser una humorada. Exonerar (con todos los fundamentos de derecho que quieran y que no cuestiono) a quienes no implementaron las medidas de seguridad que habrían podido evitar la muerte de 80 personas, en la estela de otras 46 en circunstancias similares revela, en el mejor de los casos, que su reino no es de este mundo. Para los supervivientes del Alvia fue ahondar en la herida recién abierta.

Para los supervivientes del Alvia, la publicación de la sentencia poco después del accidente de Adamuz ahondó en la herida

“Al principio de las catástrofes, y cuando han terminado, se hace siempre algo de retórica. En el primer caso, aún no se ha perdido la costumbre; en el segundo, se ha recuperado. Es en el mismo momento de la desgracia cuando uno se acostumbra a la verdad”, se suele echar mano en estas circunstancias de esta frase de Albert Camus, que en realidad no está acreditado que la dijese o la escribiese nunca. Tampoco tiene demasiada importancia porque no acabo de entenderla. Supongo que quiere significar que se habla mucho, antes y después, pero que la verdad es la pérdida en el momento en que se produce. Sí es cierto que hay retórica –antes, después y durante las catástrofes– pero el dolor de la desgracia permanece. Y, de vez en cuando rebrota.

En esa retórica de los primeros momentos a la que alude el Camus apócrifo, los manuales de comunicación institucional aseguran que las declaraciones públicas –además de los habituales mensajes de condolencia– conforman el modo en que la sociedad va a interpretar ese hecho, y reforzarán o corregirán el arquetipo mental que cada persona se ha construido en base a experiencias anteriores o a creencias. El error más común, dicen, es pretender pasar página lo antes posible, echando la culpa al azar, al elemento humano, a la providencia o al rival político que corresponda. Es decir, cerrando la crisis en falso, sin que lo sucedido ayude a tomar medidas para que no se repita.

En el siniestro del metro de Valencia, en julio de 2006, en el que murieron 43 personas y 47 resultaron heridas, la Generalitat que presidía Francisco Camps (que ahora, tal y como está el listón, se postula para presidirla de nuevo) ordenó el silencio administrativo mediático. Lo que entonces se llamaba Canal Nou ni cambió la programación ese día, y ninguneó a la Asociación de Víctimas durante años (cuando la Generalitat cerró la cadena, los trabajadores hicieron entrar por una ventana a la presidenta para entrevistarla y pedirle públicamente perdón). Y la mayoría de los medios ignoraron igualmente sus movilizaciones.

Cuando lo del Alvia, el presidente en ejercicio, Mariano Rajoy, no hizo ningún tipo de comparecencia, ni siquiera en plasma. Un periódico madrileño, buceando en el Facebook del maquinista, publicó con alarde un post de cuando hacía sus prácticas con el AVE en el que se enorgullecía de la velocidad a la que iba (como si no fuese precisamente eso para lo que se estaba preparando, lo que le exigirían después y lo que la empresa ofrecía a los clientes).

Cuando se pasa página en falso, en esos momentos de desgracia, lo que aflora para no agostarse no es la verdad, sino su búsqueda. Los afectados por el accidente de Angrois y los familiares de los fallecidos recorrieron un largo camino para encontrarla. No se conformaron con la inculpación del maquinista ni con el informe de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (que no es un organismo independiente, sino que está adscrito al Ministerio de Fomento). Pelearon entrevistas con políticos de distinto signo. Unos les ayudaron, como la eurodiputada del BNG, Ana Miranda, que llevó el asunto y a los afectados a Bruselas y forzó una resolución de la Agencia Ferroviaria Europea, que criticó la investigación española; o el diputado socialista Odón Elorza, que se enfrentó a la posición oficial del partido e intentó, en un primer momento, que el PSOE apoyase la creación de una comisión de investigación en el Congreso. En cambio, el entonces presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, los expulsó manu militari de los actos oficiales de homenaje.

También lograron entrevistarse con los responsables últimos de los ministerios implicados (por orden cronológico de responsabilidades, el socialista José Blanco y a la popular Ana Pastor), que les dieron condolencias, pero no respuestas. Los dos fueron convocados a la comisión de investigación en el Congreso, que también lograron arrancar, pero que murió con el fin de la legislatura. Consiguieron testimonios de trabajadores de Adif y Renfe que escogieron decir la verdad a riesgo de perder su puesto de trabajo. Comprobaron, como se sospechaba, que las prisas por las inauguraciones y los resultados primaron sobre la seguridad del servicio. Todo ello para que, casi trece años después, quedase certificado en papel de oficio que la culpa fue exclusivamente de un maquinista que se despistó.

Lo mismo les aconteció a las víctimas del metro de Valencia. La culpa se la llevó en solitario, según la primera sentencia, el maquinista (uno de los fallecidos) por exceso de velocidad. A pesar de que, como en el caso del Alvia, había denuncias por escrito de la peligrosidad de ese punto (e incluso un descarrilamiento tres años antes). Sólo la lucha de los afectados consiguió que ocho años después se reabriese el caso, que supuso que fuesen inculpados ocho cargos de Ferrocarriles de la Generalitat de Valencia, de los que finalmente –mediante un acuerdo que redujo la pena a 22 meses– cuatro fueron condenados por 43 delitos de homicidio por imprudencia profesional grave, otros 37 delitos por lesiones y otro de omisión o cooperación necesaria contra el derecho de los trabajadores.

En comparación con los antecedentes (sin retrotraernos al franquismo, cuando las víctimas de los siniestros los contabilizaba el ministro de turno según su real parecer), la gestión de Óscar Puente parece decente. Ha ofrecido la información que tenía (o al menos la que decía tener), no ha especulado con hipótesis posibles o no, y no ha echado mano del comodín de la fatalidad o de que los designios divinos son inescrutables. Las causas de la tragedia de Adamuz se conocerán después de una investigación compleja (aunque el CIAM siga dependiendo del ministerio), y toda cuanta declaración catastrofista (“miles de españoles viajan en tren sin saber que su vida corre peligro” es una de mis preferidas) o información falsa se difunda lo que provoca es ansiedad y dolor en los afectados por la tragedia, intranquilidad social y no poder aprovechar la experiencia para no tener que sufrirla de nuevo. 

Porque es cierto que los accidentes ocurren de improviso. Es su naturaleza, por lo menos la semántica: son sucesos eventuales que alteran el orden regular de las cosas, o acciones, también eventuales (es decir, fortuitas, ocasionales) de las que resulta un daño involuntario para alguien o algo, según la RAE. Pero no ocurren porque sí. Sin llegar al extremo de lo que decía Madeleine Albright, que no creía que las cosas sucediesen por accidente, que uno se las ganaba (no creo que se refiriese a este tipo de accidentes), lo cierto es que no son inexplicables, extraños o misteriosos, sino el resultado de la concurrencia de múltiples factores preexistentes.

Uno que se me ocurre quizá sea que en España hemos pasado en pocos años de unas conexiones ferroviarias propias de una colonia británica del siglo XIX a una de las redes de alta velocidad mayores de Europa. Una red que se construyó detrayendo recursos e inversiones de los trenes de cercanías y media distancia, y en muchos casos inhabilitando el trazado de las propias líneas que daban prestaciones de proximidad. Se diseñó con criterios de demanda electoral y no de eficacia funcional o de servicio público, y en la práctica sirve para que los usuarios viajen cómodamente desde Madrid a cualquier sitio, o lleguen rápidamente a Madrid o a cualquier otro destino, siempre que pase por Madrid. Un modelo que viene de los primeros Borbones y que, por lo que se ve, les sobrevivirá. Eso provoca, además de una alta intensidad de tráfico en líneas concretas, que los recursos de tiempo y de dinero para supervisarlas y mantenerlas quizá no estén a la altura de lo inaugurado.

Pero prometer parece que da votos, y estrenar lo prometido no digamos, así sea una rotonda con fuente. Después ya se verá si hay agua. Como reconoció alguien que no tenía problemas electorales, Nikita Jruschov, los políticos siempre prometen construir un puente, aunque no haya río."

(Xosé Manuel Pereiro , CTXT, 6/02/2026 )

Pedro Sánchez y las enseñanzas extremeñas: el desgaste de Sánchez no beneficia fundamentalmente al PP, cuanto más se combate al sanchismo, más crece Vox... Vox puede recoger el descontento porque no encabeza ningún gobierno y porque su ideología favorece el desafío. Los de Abascal están ensanchando el campo porque trasladan la sensación de que son algo diferente... Los distintos partidos de la izquierda entienden que alejarse de los socialistas es una necesidad política y que, además, permitirá captar votantes de un PSOE agotado... Queda por saber cómo se articulará el espacio de la izquierda, todavía en el aire, y quién lo liderará... Sánchez debe afrontar un problema, que es cada vez más serio: la pérdida de la esperanza. Su posición político-electoral se fundamenta en la capacidad de resistencia al bloque de las derechas. Necesita llegar a las generales transmitiendo la idea de que es posible ganar, aunque sea en el último minuto... Sánchez intentará cambiar el paso en enero con el anuncio de nuevas medidas, con las que tratará de retomar la iniciativa, pero es probable que necesite algo más. Estos son tiempos en los que la política importa, y las medidas deben tener bastante altura si quiere cambiar el humor social (Esteban Hernández)

 "Las elecciones extremeñas han dejado un retrato inequívoco de las tendencias del momento. El PP se mantiene firme como primer partido de la oposición, pero no logra dar un salto que le despegue de Abascal; el PSOE siente el desgaste de manera nítida; Vox es la fuerza en auge; las izquierdas se benefician del deterioro de Sánchez, pero no lo suficiente. Sin embargo, los comicios del pasado domingo también han servido para constatar unas cuantas realidades de la política española.

1. Acertar a medias

El PP hizo un buen diagnóstico de la situación, pero solo acertó en la mitad. La convocatoria de Extremadura tenía un propósito principal, sin el cual no se habrían convocado elecciones: golpear al PSOE. La lectura de Génova concluía que los socialistas estaban muy débiles después de una época en la que los escándalos judiciales y las investigaciones abiertas habían minado su credibilidad de manera muy profunda. Y además estaba el hermanísimo.

Era evidente que el desgaste les pasaría factura en las urnas. Dado que Extremadura es una región en la que, tradicionalmente, el trasvase de voto iba a parar sobre todo al principal partido opositor, con el adelanto se podían matar dos pájaros de un tiro: hacer visible que el sanchismo estaba herido de muerte y conseguir la mayoría absoluta. Además, si se lograba el segundo objetivo, el PP quedaría reafirmado como el partido confiable de la derecha. Hay quienes todavía tienen esperanza en que un buen resultado en las generales permita a los de Feijóo no depender de Vox.

El problema del PP es que cuanto más insiste en los ataques a la figura del presidente, más reforzado sale Abascal

Los estrategas del PP acertaron en que el PSOE estaba muy débil y el candidato extremeño distaba mucho de ser el mejor. Pero se equivocaron en la otra parte del razonamiento: el desgaste de Sánchez no beneficia fundamentalmente al PP. Ni en Extremadura ni en el resto de España. El problema para Génova consiste en que, cuanto más se combate al sanchismo, más crece Vox; cuanto más se insisten en el descrédito del presidente, más se alimenta a Abascal. Tiene su lógica. Si se utilizan términos y actitudes que aceleran el pulso, se favorece a las opciones más frontales. Cuando la animadversión personal es el centro del asunto, hay quien la puede canalizar mejor porque eleva más el tono. La excepción, la que mejor resiste a Vox, es Díaz Ayuso, pero eso es también eventual. Depende, en buena medida, del acierto del programa de Vox para Madrid. Carlos H. Quero emerge por el horizonte.

En segundo lugar, el PP tiene la ventaja de ser el partido mayoritario de la oposición, pero también es, de los dos de la derecha, el que representa al establishment. Vox puede recoger el descontento porque no encabeza ningún gobierno y porque su ideología favorece el desafío. Los de Abascal están ensanchando el campo porque trasladan la sensación de que son algo diferente.

Ambos elementos ayudan a que el desgaste de Sánchez no vaya a parar principalmente al PP, sino a Vox. Más confrontación, más Vox, algo que deberá ratificarse en el resto del ciclo electoral autonómico.

2. Los dos cambios en las izquierdas

Extremadura tiene consecuencias para las izquierdas. Algo se ha roto en su articulación táctica, y lo ha hecho en dos sentidos, los dos relevantes. Por una parte, ha existido un choque en la campaña, no muy violento, pero choque al fin y al cabo, entre Unidas por Extremadura y el PSOE. Irene de Miguel adoptó una postura bastante crítica con Gallardo. Hasta ahora, los partidos de la izquierda, salvo Podemos, mantenían un equilibrio entre el apoyo a Sánchez y la distancia con él. Dado que el programa común era la lucha contra la extrema derecha, había que dar sensación de bloque, aunque se insistiera en que las deficiencias del programa socialistas debían ser solucionadas con una mayor presencia de las izquierdas.

Esa posición se había acabado antes de las elecciones extremeñas, porque todos intuían que era el instante de confrontar con Sánchez al que perciben sin iniciativa, pero se ha ratificado en los comicios del domingo. Los distintos partidos del espacio entienden que alejarse de los socialistas es una necesidad política y que, además, permitirá captar votantes de un PSOE agotado.

Las izquierdas necesitan alejarse del PSOE. Díaz no parece la figura idónea para ello. Y más cuando flaquean los apoyos internos

El segundo aspecto en el que se producen cambios es en el liderazgo. Yolanda Díaz sufrió un gran desgaste después de las elecciones generales, y en el espacio existía la conciencia de que no podía encabezar unas listas futuras. Díaz es una de las valedoras de ese equilibrio entre defensa del Gobierno y distancia del PSOE que fue habitual en los últimos tiempos. Una vez que esa visión ya no es la dominante, resulta complicado que sea ella quien encabece la rebelión contra el PSOE. La pérdida de apoyos internos y de reconocimiento social harán el resto. Queda por saber cómo se articulará el espacio de la izquierda, todavía en el aire, y quién lo liderará. Josep Martí ofrece hoy alguna visión al respecto.

3. El momento clave para el PSOE

El foco principal tras Extremadura está puesto en el PSOE. No solo por lo que estas elecciones suponen de aumento de la autoestima de los rivales, sino por el mensaje que trasladan al interior del partido socialista.

Sánchez debe afrontar un problema, que es cada vez más serio: la pérdida de la esperanza. Su posición político-electoral se fundamenta en la capacidad de resistencia al bloque de las derechas. Necesita llegar a las generales transmitiendo la idea de que es posible ganar, aunque sea en el último minuto y por un golpe de azar. Si esa creencia se desvanece, todo el mundo comenzará a mirar por sí mismo: los partidos de la izquierda golpearán al PSOE, los dirigentes locales socialistas tratarán de alejarse de Sánchez, su equipo cercano comenzará a pensar en el futuro personal y en Ferraz se moverán piezas de cara a la sucesión.

Incluso él mismo comenzará a pensar en su legado más que en una posible repetición de la victoria del 23-J. Eso está ocurriendo ya, y si el presidente no logra pararlo, el PSOE vivirá en un declive incesante. Sánchez necesita una reacción para recuperar impulso, y más aún cuando lo que viene en los próximos meses no parece muy positivo. Las únicas noticias que le pueden favorecer son el juicio de la Kitchen y el caso Montoro, pero hay que cruzar varios puentes para llegar ahí y, lo más importante, serán más un instrumento para minar al PP que para hacer crecer al PSOE.

La posición electoral de Sánchez es clavada a la de Biden/Kamala. Es una opción que ha demostrado su ineficacia para ganar elecciones

La elección de Elma Saiz como portavoz es un síntoma de que Sánchez quiere persistir en su hoja de ruta. Nombrar a una persona oscurecida por la sombra de la duda en el caso Cerdán señala que el presidente no tiene miedo al enfrentamiento, pero también deja mensajes de otro orden: transmite que habrá continuidad y que se perseverará en la línea fijada hasta ahora. Sin embargo, esta perseverancia no soluciona su problema electoral. Sánchez ha apostado por una posición definida, en la que, además de intentar hacer valer la gestión realizada y confiar en las mujeres y los jóvenes como fuerza electoral, se apoya sobre un mensaje central, la defensa de la democracia frente a la extrema derecha y su desinformación.

Además, Sánchez apuesta por la inmigración y por una visión plurinacional de España. En este último punto, Sánchez coincide con un Trump que quiere menos atribuciones para el gobierno federal y más competencias para cada estado, pero en todo lo demás su programa es clavado al de Biden/Kamala. Y es una opción que ha demostrado ya su ineficacia para ganar elecciones en estos tiempos occidentales. Persistir en él como única baza no es buena señal.

Sánchez intentará cambiar el paso en enero con el anuncio de nuevas medidas, con las que tratará de retomar la iniciativa, pero es probable que necesite algo más. Estos son tiempos en los que la política importa, y las medidas deben tener bastante altura si quiere cambiar el humor social."                 

(Esteban Hernández , El Confidencial, 23/12/25)

¿Se ha condenado al ex fiscal general del Estado sin pruebas? Sí... la sentencia contra García Ortiz incluye expresiones como “habría obtenido” y otras fórmulas de suposición como “tuvo que ser” o “se infiere de”. El voto particular tacha los argumentos esgrimidos para la condena de “mera sospecha”... esa forma de redactar, la elucubración, no es propia de una sentencia. Inferir es presumir y aquí no hay base fáctica. Tampoco puedes decir que tuvo que ser él o un colaborador porque entonces el colaborador tendría que estar identificado y encausado. Y si hay dudas, distintas opciones, no puedes elegir la más perjudicial, y en este caso, artificiosa, como señalan las magistradas en su voto particular, para el acusado. Los periodistas dijeron: ‘No ha sido el fiscal general’. Y si no te los crees, tienes que deducirles testimonio. ¿Qué contrapeso hay que anule lo que declararon? La sentencia tiene lagunas muy graves, como esa... la sentencia invierte la carga de la prueba. Llega a decirle al acusado que tenía que haber guardado los mensajes de su móvil. La justicia es al revés. Y si en la cabeza de los magistrados estaba ya utilizar la nota de prensa, desde el inicio del juicio tenían que haberse referido como hechos punibles tanto al correo como a la nota, porque introducirla al final produce indefensión... La causa generatriz de toda esta historia la pone en marcha el jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid al falsear el contenido de ese correo con la intención de calumniar o injuriar al Ministerio Fiscal. El bulo de Miguel Ángel Rodríguez era una calumnia y no entiendo por qué no se persiguió de oficio ese delito. El fiscal tenía la obligación de informar (Baltasar Garzón)

 "Hace 13 años fue condenado a 11 de inhabilitación por las escuchas del caso Gürtel; hace cuatro, el Comité de Derechos Humanos de la ONU dictaminó que aquella condena del Tribunal Supremo fue “arbitraria”. Hoy, Baltasar Garzón (Torres, Jaén, 70 años) afirma sobre el exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz: “Imagino cómo se siente. Su proceso me recuerda al mío”. El exmagistrado de la Audiencia Nacional ejerce ahora como abogado. Entre sus clientes, Julian Assange, fundador de Wikileaks, con quien tiene una causa abierta por el presunto espionaje de un exmilitar español para el que la Fiscalía pide 13 años de cárcel.

Pregunta. Bajo el epígrafe de “hechos probados”, la sentencia contra García Ortiz incluye lo que la Nueva Gramática llama “el condicional de conjetura”, expresiones como “habría obtenido” y otras fórmulas de suposición como “tuvo que ser” o “se infiere de”. El voto particular tacha los argumentos esgrimidos para la condena de “mera sospecha”. ¿Se ha condenado al ex fiscal general del Estado sin pruebas?

Respuesta. Sí. Esa forma de redactar, la elucubración, no es propia de una sentencia. Inferir es presumir y aquí no hay base fáctica. Tampoco puedes decir que tuvo que ser él o un colaborador porque entonces el colaborador tendría que estar identificado y encausado. Y si hay dudas, distintas opciones, no puedes elegir la más perjudicial, y en este caso, artificiosa, como señalan las magistradas en su voto particular, para el acusado. Acatando la sentencia, discrepo absolutamente de ella.

P. ¿Es normal ese grado de discrepancia absoluta en el Supremo en un caso penal de estas características?

R. La unanimidad no es exigible, pero es que en este caso hay dos visiones totalmente contrapuestas: una comprensible y otra inverosímil. El voto discrepante es coherente con lo que vimos en el juicio y la condena choca frontalmente con él. Los periodistas dijeron: ‘No ha sido el fiscal general’. Y si no te los crees, tienes que deducirles testimonio. ¿Qué contrapeso hay que anule lo que declararon? La sentencia tiene lagunas muy graves, como esa. Otra es el tema del bulo.

P. ¿El bulo admitido por Miguel Ángel Rodríguez sobre la Fiscalía, a la que acusó de frustrar un acuerdo con el novio de Isabel Díaz Ayuso, denunciado como defraudador fiscal, “por órdenes de arriba”, era una calumnia, es decir, un delito?

R. La causa generatriz de toda esta historia la pone en marcha el jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid al falsear el contenido de ese correo con la intención de calumniar o injuriar al Ministerio Fiscal. El bulo de Miguel Ángel Rodríguez era una calumnia y no entiendo por qué no se persiguió de oficio ese delito. El fiscal tenía la obligación de informar. Además, la sentencia invierte la carga de la prueba. Llega a decirle al acusado que tenía que haber guardado los mensajes de su móvil. La justicia es al revés. Y si en la cabeza de los magistrados estaba ya utilizar la nota de prensa, desde el inicio del juicio tenían que haberse referido como hechos punibles tanto al correo como a la nota, porque introducirla al final produce indefensión. Esa sentencia no tiene la condición de imparcialidad.

P. ¿Qué cree que supone para la imagen de la justicia dentro y fuera de España que la condena al fiscal haya sido tan controvertida, con exmagistrados del propio Tribunal Supremo, como Perfecto Andrés Ibáñez, señalando su “inconsistencia”?

R. Es absolutamente negativo. Hemos quedado en tela de juicio. El Supremo no es infalible, se equivoca, como en este caso. Me han llamado jueces y fiscales de Italia, Francia, Latinoamérica... para decirme que no entienden la condena.

P. Entre los magistrados que condenaron al fiscal figuran algunos de los que le condenaron a usted por las escuchas de la trama Gürtel. ¿Tienen algo en común ambos procesos?

R. Después del juicio al fiscal, me dije: ‘Lo van a absolver porque, si no, sería la muerte de la justicia en España y yo dejaría de confiar en el Tribunal Supremo’. Me salva que hay dos votos discrepantes que responden a la realidad, pero claro que me recordó a mi proceso. Imagino perfectamente cómo se siente Álvaro García Ortiz porque yo me sentí así. No comprendes que puedan condenarte sin pruebas o con pruebas dudosas.

P. El Comité de Derechos Humanos de la ONU dictaminó en 2021 que no se respetó su derecho a ser juzgado por “un tribunal independiente e imparcial” y que la condena fue “arbitraria”. Por ello, instaba a España a borrar sus antecedentes penales, proporcionarle una reparación integral y tomar medidas para que algo así no volviera a suceder. ¿Qué pasos y ante qué organismos ha dado desde entonces y con qué resultado?

R. El Comité de Derechos Humanos de la ONU dio un plazo para que el Estado cumpliera, pero nunca lo hizo, pese a que ha insistido varias veces. Los antecedentes siguen ahí. No han hecho nada. Acudí al Consejo General del Poder Judicial, a la Audiencia... Hay un desprecio total a los dictámenes del Comité.

P. ¿Ha hablado con el Gobierno de este asunto?

R. Le envié una carta al presidente cuando esto todavía estaba en tramitación, que no contestó. Después reclamé al Gobierno que cumpliera, pero nunca se dieron por aludidos.

P. ¿Ha cambiado su percepción sobre el funcionamiento de la justicia desde que ejerce de abogado?

R. Sí. Ahora veo la prepotencia en algunos jueces o fiscales, que no hablan con los abogados, cuando la justicia es esencialmente oral. Y ves que no es ágil, que, a veces, se toman decisiones que causan mucho daño, se destruyen vidas, empresas... por falta de resoluciones. Falta sensibilidad.

P. Cualquier poder tiende al abuso y precisa de mecanismos de control. Un magistrado de la cúpula judicial relató a EL PAÍS que se presentan pocas querellas contra jueces porque el sistema es demasiado corporativista y que la vía disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tampoco funciona porque incluso cuando hay sanciones por hechos acreditados hay casos que terminan absueltos por prescripción, como el de Juan de Dios Anguita. ¿Lo comparte?

R. Sí. La sala segunda del Supremo es el órgano con más poder en España, más que el presidente o que el Parlamento, y no tiene un sistema de contrapesos, no hay segunda instancia para poder valorar pruebas de un procedimiento. En la justicia española hay un componente de soberbia muy grande que genera desconfianza, y a eso hay que añadir asociaciones judiciales o fiscales que hacen política de confrontación con el Gobierno. El deterioro es evidente.

P. ¿Los jueces ocupan tanto espacio en el debate público porque se ha politizado la justicia o porque se ha judicializado la política?

R. Para mí, ese mix de instrumentalización se llama lawfare. Es importante detectar, evitar y sancionar la instrumentalización de la justicia. Ahí es donde hacen falta contrapesos. Los jueces tienen que juzgar con imparcialidad y no entrar en esta dinámica política. Ha habido hasta reuniones con jefes de la oposición [fiscales conservadores animaron al líder del PP a desmontar leyes del Gobierno]. Todo eso confluye en una desconfianza generalizada en el sistema.

P. El CGPJ —entonces con el mandato caducado— criticó la ley de amnistía antes incluso de conocer el texto legal a través de una “declaración institucional” que afirmaba que la norma supondría “la abolición del Estado de Derecho”. El abogado general de la Unión Europea acaba de avalar la norma. ¿En qué lugar deja esa decisión, pendiente aún del Tribunal de Justicia de la UE, al CGPJ español?

R. A la altura del betún. El órgano de gobierno jueces es de designación política, pero una vez designado no tiene que hacer valer ninguna adscripción ideológica. El bloque conservador es pétreo, siempre en la misma línea, y el progresista se desquebraja porque se acomoda a la función que tiene que tener el CGPJ. En esa época [la del mandato caducado] hicieron política de oposición, de acoso y derribo al Gobierno. La amnistía no esta prohibida en la Constitución, por mucho que diga el Supremo.

P. ¿A lo largo de su carrera judicial aplicó alguna ley que no le gustara?

R. Claro, muchas veces.

P. Usted pasó por la política. ¿Cómo recuerda esa experiencia? ¿Se arrepintió alguna vez?

R. Fue breve, pero intenso. No me arrepiento. Consideré que podía aportar mi experiencia, me atraía el servicio público, la idea de estar en contacto con las necesidades del ciudadano y poder cambiar las cosas. Cuando vi que no era posible, presenté mi dimisión. También le dije al presidente, Felipe González, ‘márchate’. No se puede mentir al ciudadano: si no puedes cumplir, lo explicas, y si te tienes que ir, te vas. Me respondió que eso no era tan fácil. Fue en 1994.

P. ¿Repetiría? ¿Se lo han propuesto?

R. Es un camino que ya recorrí. Participé luego con Actúa porque sigo creyendo que si los progresistas quieren hacer algo, la unión es fundamental, pero siguen pegándose tiros en el pie.

P. La reforma de la ley de enjuiciamiento criminal, que prevé dar la instrucción a los fiscales y desvincular el mandato del fiscal general del Estado de la legislatura o del Gobierno ha provocado huelgas de jueces y fiscales. ¿Qué opina de esas reformas?

R. Las huelgas de jueces no son legales. Me pareció alucinante que el Consejo General del Poder Judicial dijera que no la autorizaba, pero luego no hiciera nada. Es mentira que las reformas afecten a la independencia. Hace muchos años que los fiscales deberían haber asumido la instrucción, como ocurre en la mayoría de países. Tiene que haber un contrapeso, pero para eso está el juez de garantías. ¿Cuál es el problema? Al fiscal general del Estado lo propone el Gobierno, pero no depende del Gobierno. Y además se introduce un ámbito de más independencia al desvincularlo de la legislatura.

P. José Luis Ábalos, uno de los negociadores de la moción de censura contra Rajoy por la sentencia del caso Gürtel, está en prisión preventiva por otro caso de corrupción. Cambian las siglas, se repiten los escándalos. ¿Por qué?

R. Respetando la presunción de inocencia, fallan los controles internos de los partidos y dentro de la administración pública. Esto se puede evitar. Hace falta más transparencia, más prevención, más actuaciones inmediatas y exigencia de responsabilidades. Dicho todo eso, Gürtel es el paradigma de la corrupción sistémica: son más de 300 condenados, más de 20 procedimientos, y hay dos sentencias que dicen que el PP fue partícipe a título lucrativo. Pero ni uno ni otro caso son aceptables.

P. Acaba de ganar las elecciones en Chile José Antonio Kast, que respaldó públicamente al dictador Pinochet y llegó asegurar que votaría por él si siguiera vivo. ¿La impunidad repercute en el largo plazo?

R. Estoy seguro de que Pinochet habría votado por Kast. Reivindicar una dictadura como la suya es negar las barbaridades que se cometieron. Respeto la voluntad del pueblo chileno, pero también el nazismo llegó por vías democráticas al poder. Hay una tendencia en el mundo claramente autoritaria y patrocinada desde el norte: el modelo de Trump está prendiendo en muchos países. La ola ultraconservadora nos puede retrotraer a espacios que mejor olvidar.

P. Han pasado 27 años desde que ordenó la detención de Pinochet, que finalmente, no llegó a ser juzgado. Desde entonces se ha restringido la jurisdicción universal. ¿Qué ha puesto de acuerdo al PP y al PSOE para limitarla y qué consecuencias han tenido esas limitaciones?

R. Razones económicas, diplomáticas y políticas. Se limitó, además, con nocturnidad y alevosía porque en 2009 aprovecharon una enmienda en la ley de la oficina judicial para hacerlo. En 2014 se finiquitó prácticamente. Fue un gravísimo error y una crítica profunda que hago a este Gobierno es no haberla recuperado. Si la jurisdicción universal estuviera institucionalizada en España y otros países no habría margen para la impunidad. ¿Por qué no se hace? Por intereses económicos. Pero un Gobierno que se llama progresista debería haber tenido cinco minutos para llevar esto en el Congreso.

P. Este año también se ha cumplido medio siglo de la muerte de Franco. Una encuesta reciente de EL PAÍS reveló que una cuarta parte de los jóvenes ve preferible en determinadas circunstancias un régimen autoritario; casi la mitad desconocen cómo murió Lorca y en el electorado de Vox hay más simpatizantes que detractores del franquismo. ¿Qué problema ve más grave: la nostalgia o el desconocimiento? ¿Y a qué los atribuye?

R. La nostalgia llega al negacionismo y el desconocimiento te hace adoptar cualquier teoría distópica porque no sabes de lo que estás hablando. Ambas convergen en la necesidad de pedagogía y educación que muchos políticos niegan. ¿Qué problema hay en aceptar la historia como fue: que hubo un golpe de estado, una guerra, una represión...? 90 años después de la Guerra Civil me parece alucinante que todavía se siga discutiendo a las víctimas la posibilidad de recuperar a sus muertos y que algunos alardeen de que van a eliminar toda la legislación de memoria. Es de una impiedad tremebunda." 

(Natalia Junquera , El País, 22/12/25)