Artículo 129 de la Constitución española: Los poderes públicos... establecerán los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción - Implantar la democracia económica en España es constitucional
Las personas trabajando en España aumentaron en en
486.000 personas respecto al trimestre anterior y se situó en
22.779.000, un incremento del 2,18%. De forma anual, el empleo creció en
510.200 personas en este último periodo. “Esta cifra significa que
estamos dejando atrás la España de los 20 millones de ocupados”, ha
declarado la ministra de Trabajo Yolanda Díaz, en referencia a las
famosas intenciones, nunca conseguidas, de Mariano Rajoy al frente del
Gobierno. “Esa España, que era un sueño, ya se nos ha quedado pequeña”,
ha apuntado.
Por sexo, el empleo
creció este trimestre en 236.300 hombres y en 249.700 mujeres. Por
nacionalidad, subió en 246.000 personas en los españoles -incluye doble
nacionalidad- y en 240.000 en los extranjeros. Por sectores, como suele
ser normal en este trimestre que arranca la temporada veraniega y suele
empezar con la Semana Santa, la ocupación aumentó en los Servicios con
394.000 empleos nuevos. La construcción también ha dado un fuerte
empujón con 60.000 nuevos puestos de trabajo y la industria ha crecido
en 38.200 empleos. Bajó en la Agricultura, donde se han perdido 6.200
puestos. El empleo privado creció este trimestre en 501.600 personas,
hasta 19.132.100, mientras que el empleo público disminuyó en 15.600,
hasta 3.646.900.
Pero si hay una barrera psicológica que se ha
roto con estas nuevas y positivas cifras ha sido esa barrera del paro de
los dos dígitos. Según los datos publicados por el INE, el paro ha
caído por debajo del 10%, una cifra que no se alcanzaba desde el último
año de la burbuja inmobiliaria, en 2008. Según la EPA, la tasa de paro
descendió 96 centésimas y se situó en el 9,87%. El número de personas
sin empleo bajó en 213.300 personas, “la cifra de desempleados baja por
fin de los 2,5 millones”, ha afirmado la ministra, “lo que significa una
magnífica noticia para nuestro país”."
"El pasado 2 de febrero, el Ministerio de Trabajo recibió de la
Comisión Internacional de expertos de alto nivel sobre democracia en el
trabajo un documento de 497 páginas que está llamado a sacudir los cimientos de nuestro modelo laboral. Este informe
no es un diagnóstico más, es una enmienda a la totalidad a la forma en
que entendemos la empresa en España. Su conclusión es tan nítida como
preocupante: el acceso de las personas trabajadoras a su participación
en el desarrollo de sus reconocidos o potenciales derechos es aún
«tímido» y el mandato constitucional sobre el acceso a la propiedad de
los medios de producción es, hoy por hoy, una promesa vacía.
No hablamos de una carencia coyuntural, sino de un déficit
estructural. Nuestra arquitectura empresarial sigue anclada en una
jerarquía del siglo pasado que choca frontalmente con los desafíos del
siglo XXI: la gobernanza de la inteligencia artificial, la
digitalización, la competitividad, la desigualdad y la globalización.
Una de las aportaciones más relevantes del informe es la calificación de las “entidades políticas”.
Son espacios de poder donde se toman decisiones que condicionan la vida
de las personas y el futuro de la sociedad. Si aceptamos esta premisa,
la conclusión es inevitable: como cualquier entidad política en una
democracia, la empresa debe organizarse bajo una arquitectura
democrática.
En consecuencia, el trabajador deja de ser un mero recurso para convertirse en un “inversor de trabajo”.
Al igual que el accionista aporta capital, el trabajador aporta su
vida, su tiempo, su conocimiento, su capacidad de trabajo y los
resultados de éste. Sin embargo, mientras el primero ostenta el control
absoluto a través de la entidad “empresa”, el segundo permanece a menudo
en la periferia de las decisiones estratégicas.
A menudo se etiqueta la participación laboral como una aspiración utópica o radical. Nada más lejos de la realidad. Se trata sencillamente de cumplir la Constitución Española. El artículo 129.2 es taxativo: “los
poderes públicos promoverán eficazmente la participación de los
trabajadores en la empresa y facilitarán su acceso a la propiedad de los
medios de producción”. No es una sugerencia ni un “si conviene”,
es un mandato constitucional que lleva cuarenta y siete años en el
«congelador» legislativo.
España se sitúa hoy a la cola de Europa en participación real.
Mientras países como Alemania, Austria o los Estados del Norte de Europa
han integrado la codecisión en sus modelos productivos —no por
ideología, sino por eficiencia y cohesión—, en España a los comités de
empresa y a las secciones sindicales se les informa y consulta, pero
rara vez participan en la toma de decisiones. En nuestro país, la
participación real sigue siendo un espejismo en la inmensa mayoría de
las empresas.
Debemos reconocer que en el sindicalismo del sur de Europa han
primado durante décadas ciertas reticencias, en contraste con el
sindicalismo del centro y norte del continente. Siempre planeaba la
duda: ¿participar no significa integrarse en el sistema del capital?,
¿no diluye esto la defensa de los intereses de clase?
Estas reticencias están hoy superadas por un sindicalismo español que
defiende que la participación no niega el conflicto entre capital y
trabajo, sino que lo regula, lo institucionaliza y lo hace productivo.
La cooperación y el conflicto no se excluyen, establecen entre sí, una
frontera móvil. El conflicto sin capacidad de decisión compartida puede
ser estéril, y la cooperación sin sindicato es una trampa. Por ello, la
negociación colectiva debe evolucionar hacia una gestión conjunta de
materias críticas: desde la organización del trabajo hasta la formación
continua o la gestión ética de los algoritmos.
Es necesario además desmitificar la idea de que democratizar la
empresa consiste únicamente en sentar a un representante en el consejo
de administración. De hecho, esa silla puede ser una figura decorativa
—una coartada para la empresa— si no existe una participación real en el
día a día. La democracia empieza en la organización del trabajo y en el
reconocimiento del conocimiento técnico de la plantilla. Existe una
diferencia abismal entre el trabajador que siente que solo «rompe piedras» y aquel que entiende que está «construyendo una catedral».
Esa diferencia no reside solo en el salario, sino en el sentido, la
información y la capacidad de influir. Ahí, y no en los despachos
cerrados, es donde nace la innovación real.
El informe propone medidas concretas: derechos de codecisión
en IA, participación en el capital e incentivos públicos para empresas
democráticas. Pero esto requiere también una autocrítica
honesta: durante demasiado tiempo el sindicalismo no priorizó la
conquista de estos derechos y su ejercicio, permitiendo que muchos
convenios sigan consagrando el viejo «ordeno y mando».
El anuncio de la iniciativa del Gobierno para legislar en esta materia debe ser la palanca constitucional definitiva para democratizar la empresa.
Porque la empresa es un espacio de poder y donde el poder no se
democratiza reina el autoritarismo. Es hora de que el artículo 129.2
pase del papel a la realidad de los centros de trabajo y que la
participación sea, por fin, una protagonista central de la negociación
colectiva."
"El papel de la inmigración en el actual ciclo expansivo ha
sido más significativo, pero también menos automático, de lo que es
comúnmente admitido. No es solo que, año tras año, los extranjeros estén
aportando cerca de dos de cada tres nuevas incorporaciones al mercado
laboral: la clave está en que esta fuerza laboral sustenta la actividad
de sectores que se enfrentan a una demanda desbocada, aliviando la
situación de escasez o de desmovilización de la mano de obra española,
habida cuenta del nivel de los salarios en vigor.
La especificidad del shock demográfico español,
y su corolario de elevación de la oferta laboral, es que ha coincido
con una fuerte demanda latente. El 75% de los empleos generados durante
en el último año por la hostelería y otras actividades asociadas al
turismo están ocupados por inmigrantes. En otras palabras, la
inmigración ha servido de palanca para batir un nuevo récord de ingresos
por turismo internacional. Pero si el aumento de la población activa ha
ejercido un impacto tan potente e inmediato —la pronta integración de
los inmigrantes es igualmente sorprendente—es porque se ha simultaneado con una demanda potente, alentada por un deseo de viajar que había sido reprimido durante la pandemia.
De
manera más contundente, la recuperación en marcha de la edificación de
viviendas sería inconcebible sin el recurso a la mano de obra
extranjera. Prueba de esta dependencia: el 68% de las nuevas
contrataciones del sector de la construcción en el último año han sido
para inmigrantes. Ahora bien, es probable que esas mismas personas no
hubieran encontrado empleo en un contexto recesivo, como el que
prevalecía tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, provocando una
oleada de retornos de inmigrantes a sus países de origen. Esta
circunstancia explica también las dificultades de integración de los extranjeros en economías en fase de ajuste estructural como Alemania, o que adolecen un déficit de competitividad como Francia.
Es
más, la inmigración ha complementado, cuando no impulsado, la nacional.
Sectores intensivos en mano de obra extranjera como la logística y los
servicios a empresas con salarios inferiores a la media, forman parte de
la cadena de suministros, siendo, por tanto, cruciales para el buen
funcionamiento del conjunto de la economía. Todo ello ha facilitado el
crecimiento en los sectores que originan la mayoría de las
contrataciones de trabajadores españoles. Por ejemplo, las actividades
profesionales, la educación y la sanidad aportan cerca del 60% de los
nuevos puestos de trabajo ocupados por los españoles en el periodo
reciente.
Sería temerario, sin embargo, anticipar la
perpetuación de semejante círculo virtuoso. Los beneficios del
crecimiento poblacional no se producen automáticamente, ya que el plus
de oferta laboral podría no coincidir en el futuro cercano con la
demanda (o al menos no de manera inmediata). La moderación del turismo
augura una inflexión en el mercado laboral, independientemente de la
entrada de inmigrantes que busquen empleos en el sector.
Además de la existencia de una demanda solvente, otro condicionante de la integración de la fuerza laboral, ya sea nacional o extranjera,
es la disponibilidad de una capacidad productiva suficiente para
sostener la actividad. A este respecto, es preocupante la debilidad de
la inversión empresarial, sobre todo en los sectores que funcionan ya a
plena capacidad, y que, por tanto, carecen de equipamiento ocioso para
ampliar la plantilla.
En definitiva, la inmigración
ensancha el margen de acción de la política económica, pero no la
sustituye. Sigue siendo necesario incentivar el retorno al empleo de los
parados, nacionales o extranjeros —no se entiende que, en plena
bonanza, 173.000 desempleados que proceden de la construcción no
encuentren un puesto de trabajo—. Y el fenómeno migratorio hace más
prioritario abordar los obstáculos a la inversión y a la productividad,
como sustento del bienestar general." (Raymond Torres , El País, 09/11/25)
"Más de 16 días, un acuerdo firmado a espaldas de los trabajadores por parte del sindicato UGT con la patronal, una campaña de desprestigio en medios de comunicación e intervenciones públicas y 23 detenidos han desembocado en que los miles de trabajadores del metal en Cádiz que seguían con la huelga empujada por los sindicatos CGT y CTM hayan finalizado con los parones y vuelto a las fábricas. La decisión la tomaban el martes 8 de julio durante una de las asambleas diarias que desde hace tres semanas han realidado los huelguistas. Hoy miércoles los empleados han vuelto a sus puestos de trabajo con total normalidad. Desde el sindicato CGT, una de las organizaciones que junto con CTM ha liderado la huelga, explican que la decisión de detener los paros no responde a haber logrado lo que las plantillas merecen, sino al agotamiento físico y psicológico tras semanas de presión, amenazas, expedientes disciplinarios y detenciones. “Sabemos que hay un límite humano que se ha sobrepasado”, afirman.
Desde ambas agrupaciones de trabajadores han denunciado en los últimos días medidas ejemplarizantes y presiones por parte de las empresas a los trabajadores en huelga: “Es ilegal y denunciable decirle a los trabajadores cosas como que la huelga es ilegal”, explican desde la Coordinadora de Trabajadores del Metal Bahía de Cádiz. “No es fácil resistir cuando sobre la mesa empiezan a colocarse medidas ejemplarizantes, cuando la estrategia de la patronal, de las fuerzas represoras y sus adláteres sindicales es quemar a compañeros en la plaza del pueblo como medidas ejemplarizantes para que nadie más se atreva”, añaden desde CGT.
La huelga ha concluido con 23 detenciones, muchas de ellas cuando los trabajadores ya habían vuelto a sus puestos. “Cuando han empezado a trabajar a la gente es cuando están empezando a detener a compañeros algunos que solo han participado el 18 de junio; es una clara represión. Esta vez no nos han enviado tanquetas, pero están reprimiendo más que en la huelga de 2021”, comenta a El Salto una fuente de la Coordinadora de Trabajadores. El martes, la Policía Nacional detuvo a un trabajador gaditano mientras se disponía a coger un vuelo en el Aeropuerto de Madrid. Ese mismo día se produjeron otras tres detenciones en Cádiz. Con anterioridad y desde el pasado 1 de julio, se habían puesto en disposición judicial seis huelguistas. El resto de detenciones se realizaron a finales de junio tras las primeras jornadas de acciones sindicales. Las acusaciones a los trabajadores son desórdenes públicos y atentado contra la autoridad.
La vuelta a la normalidad en las más de 5.000 empresas que componen el sector del metal en Cádiz se ha hecho para miles de trabajadores con un sentimiento de “traición” por la firma el pasado 27 de junio de un preacuerdo entre UGT y la patronal del metal, FEMCA, considerado como “el peor convenio de la historia” por gran parte del gremio. El texto, que aún no se ha redactado de forma oficial, recoge la creación de nuevos contratos “formativos” con salarios menores a los estipulados, así como la obligatoriedad de que dure al menos ocho años sin cambios. Una de las grandes justificaciones al acuerdo que hacen desde UGT es la recuperación del plus tóxico penoso, que los trabajadores perdieron en 2012, pero su recuperación no se hará efectiva hasta 2030. CCOO se ha negado a firmar el acuerdo alegando que “será un convenio con el que malvivir ocho años”.
Desde CGT y CTM han denunciado el preacuerdo y consideran que no soluciona, sino que agrava los problemas que atraviesan los trabajadores del sector. “La traición no se olvida; los sindicatos que firmaron un preacuerdo de ocho años de miseria y sumisión han elegido su trinchera, no habrá olvido ni perdón para quienes se alinean con la patronal y venden a las plantillas por prebendas particulares y a saber qué más”, anuncian desde la agrupación sindical CGT. Ambos colectivos de trabajadores han insistido en que estarán atentos a la ratificación del nuevo convenio y que están dispuestos a volver a salir a la calle hasta alcanzar la dignidad para más de 25.000 trabajadores."
"Los polígonos industriales del área metropolitana se vieron inundados o aislados cuando la mayoría de empresas seguía funcionando.
Miles de trabajadores se quedaron atrapados en sus puestos de trabajo por la negativa de sus empleadores a que salieran antes de la hora prevista. Tuvieron que pasar la noche ahí mientras que el agua iba anegando las instalaciones. “Cuando llegó la alerta a los móviles, el agua ya había empezado a entrar en la nave en la que trabajo”, relata una trabajadora. Su empresa está en el Polígono El Oliveral, en Riba-roja, pero la trabajadora explica que “prefiero no identificarla, porque no me gustaría recibir represalías por esto”.
“Tuvimos que subirnos a la oficina de la nave, porque el agua anegaba todo, y nos quedamos sin luz eléctrica ni cobertura sobre las nueve de la noche. No podíamos avisar a nuestros familiares de que estábamos atrapados, tampoco sabíamos si los servicios de emergencias conocían nuestra situación”, relata esta trabajadora. No es un caso aislado. En la noche del martes, a través de las redes sociales, empezaron a circular mensajes de familiares y amigos de trabajadores, angustiados por que no podían contactarles e ignoraban su paradero. Hicieron noche allí y no fueron rescatados hasta el día siguiente, bien entrada la mañana, ya que el acceso al polígono continuaba bloqueado. “Nuestros coches fueron arrastrados por el agua, en estos momentos, no se ni dónde está el mío”, relata esta trabajadora.
El propio alcalde de la localidad, Robert Raga, explicó ayer, un día después de la crecida, que sacaron a los trabajadores de estas empresas llenando autobuses en cada viaje y calcula que se tuvieron que realizar unos 30 viajes para rescatarlos: “Hemos conseguido rescatar a todos los trabajadores que se habían quedado atrapados en El Oliveral. Habremos rescatado a más de mil, pero había más que han salido por otros medios. Si queda alguno a estas horas es porque ha tenido que quedarse de forma voluntaria, ya sea por trabajo o cualquier otra situación”, ha explicado en declaraciones a los medios.
Otro de los polígonos industriales en donde las personas empleadas tuvieron que pasar la noche fue el de Almussafes, donde unos 400 se quedaron bloqueados en la fábrica de la Ford. Los empleados del turno de tarde tanto de la compañía automovilística como de las empresas subcontratadas por esta, no pudieron salir cuando terminaba su turno.
La compañía tampoco avisó al turno de noche para que no acudiese. Por lo que se vieron obligados a refugiarse en los comedores de la factoría, y eso a pesar de que en esa zona no se produjeron inundaciones. Pero el colapso de las carreteras de acceso les impidió abandonar las instalaciones durante la noche.
Aunque la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, establece que el trabajador “tendrá derecho a interrumpir su actividad y abandonar el lugar de trabajo, en caso necesario, cuando considere que dicha actividad entraña un riesgo grave e inminente para su vida o su salud”, la realidad es que las presiones por parte de encargados y empresarios provocaron que se quedasen aislados en sus lugares de trabajo.
Ejemplo de estas presiones son las que ha relatado Bárbara Jiménez, trabajadora en un restaurante del centro Centro Comercial Bonaire, en Valencia, que tuvo que pasar la noche del martes refugiada en los cines de este centro junto a otras 200 personas. “Nos hemos jugado el pellejo por vender cuatro menús”, declaró en el Canal 24 Horas de TVE. Esta trabajadora explicó que su supervisor “no les dejó irse a casa porque no lo veían suficientemente grave”. Bonaire se encuentra en Aldaia, en el área metropolitana de València, en una zona que ni siquiera fue la peor parada por la avenida de aguas. En su caso les afectó el desbordamiento del Barranc de la Saleta, que fue más leve que el acaecido en la periferia sur.
La trabajadora se queja de que los encargados de Cinesa, no les permitieron coger alimentos de los que comercializa la empresa, a pesar de que tuvieron que hacer noche ahí. Según denuncia en su twitter Jiménez, cuando preguntaron si podían acceder a la comida allí disponible, incluso pagando, los encargados tomaron la decisión de decirles que no y guardar en un sitio fuera de la vista de las personas refugiadas los snacks.
No muy lejos de allí, en Alfafar, los trabajadores del IKEA se vieron atrapados en el establecimiento, que se acabó convirtiendo en refugio durante toda la noche para unas 700 personas, entre clientes y trabajadores. Las imágenes muestran varios rescates realizados por los mismos empleados. Según han narrado trabajadores del centro, la empresa no contempló ni dispensarles de los turnos ni cerrar las puertas del establecimiento, a pesar de las alertas metereológicas. Durante la noche, el personal de la compañía se dedicó a ayudar a las personas que tenían refugiadas en el establecimiento, aunque explican que pudieron descansar por turnos.
Según denuncia la portavoz de la Intersindical Valenciana, Beatriu Cardona, trabajadoras de las tiendas de Inditex no pudieron salir a tiempo de sus establecimientos porque no se enteraron de la alerta roja, ya que, según ha explicado “tienen prohibido llevar su móvil personal consigo”. La portavoz sindical denuncia que tampoco les avisaron las encargadas de estas tiendas, que sí tienen acceso a sus terminales. Atrapados en la carretera
Entre los cientos de vehículos que se quedaron atrapados durante la tarde del martes en la A-3, es fácil identificar camionetas de reparto de conocidas marcas como Amazon. Por la mañana, el consorcio de Bomberos de València, difundió un rescate en helicóptero al conductor de una camioneta de Mercadona que se había quedado atrapado por la riada. La empresa no alertó a los trabajadores y siguieron trabajando a pesar del peligro. Sin embargo, al día siguiente mostraba sus condolencias por las personas fallecidas añadiendo un lazo negro a su logo como denunciaba la periodista Ana Polo en la red X.
La situación no fue mejor para los repartidores de comida a domicilio. Durante buena parte del temporal, empresas de reparto como Glovo y Uber Eats continuaron operando. Los repartidores, muchos de ellos en motocicleta o bicicleta, se enfrentaron a intensas lluvias, carreteras anegadas y fuertes ráfagas de viento. Los trabajadores denuncian la falta de medidas preventivas y la ausencia de protocolos de suspensión de actividades en circunstancias de emergencia climática.
Por otro lado, muchas de las miles de personas que se vieron bloqueadas en las carreteras, se encontraban realizando el desplazamiento de vuelta hacia su casa tras terminar su jornada. La Guardia Civil explicó, la noche del miércoles, un día después de la tragedia, que aún seguían bloqueadas más de mil personas en las carreteras. Entre ellas, cientos de transportistas que se vieron atrapados por el bloqueo masivo de las carreteras. Denuncias en redes sociales y sindicales
Tras la indignación generalizada por la actitud de la mayoría de empresas, que decidieron no dispensar de sus jornadas a sus trabajadores, ha surgido una iniciativa (Denuncies Dana) para exponer denuncias anónimas sobre comportamientos abusivos de las empresas. Por otro lado, sindicatos como CNT València, han expresado su malestar por la poca consciencia de las empresas obligando a presentarse a los trabajadores en sus puestos, a pesar de las alertas. “Esto es un claro síntoma de la presión que ejercen muchas direcciones de empresa y la vulneración que existe en muchos centros de trabajo. Este episodio de DANA está sacando a la luz problemas contra los que desde CNT luchamos a diario. La seguridad y la salud en el trabajo es un derecho fundamental”, expresan en un comunicado.
Por su parte, CCOO ha expresado en un comunicado “que se debe reflexionar sobre las consecuencias de este acontecimiento en términos de seguridad y salud en el trabajo, porque muchas de las personas que han fallecido o que se han visto afectadas lo han hecho mientras trabajaban, por lo que en caso de sufrir daños tendrán la consideración de accidente de trabajo”.
Desde CGT, en otro comunicado, han señalado a “la clase empresarial que obligó a muchos trabajadoras y trabajadores a acudir a sus puestos de trabajo a pesar de que desde hace días se venían avisando de un fenómeno meteorológico de grandes dimensiones, como así ha sido. Esa “alerta roja” se banalizo en importancia y habrá que ver cuántos fallecidos han sido por acudir a sus puestos de trabajo a pesar de las advertencias”." (Tomás Muñoz, El Salto, 31/10/24)
Las exportaciones de servicios de España son una historia de éxito, y no solo gracias a la recuperación de los viajes desde el peor momento de la pandemia. Los servicios de alto valor añadido han contribuido más al crecimiento de los servicios como porcentaje del PIB, lo que refleja la abundante y bien formada fuerza laboral de España.
(Spain's services exports are a success story and not just thanks to the
turnaround in travel since the depths of the pandemic. High value add
services have contributed more to the growth of services as a share of
GDP, reflecting Spain's abundant and well educated labour force.)
"El estrés laboral es un fenómeno creciente en Europa, afectando a un
número significativo de empleados en diversos sectores. Según un estudio
de Claims.co.uk, que utiliza datos del regulador nacional británico de
salud y seguridad en el trabajo (HSE), se han identificado algunos de
los trabajos más estresantes en el Reino Unido. Este análisis revela que
los agentes de policía, los trabajadores sociales, los profesionales
del bienestar y la vivienda, los empleos de enfermería, así como los
profesionales de la educación y el personal de recursos humanos y
administrativos del Gobierno nacional, se encuentran entre los más
afectados por el estrés.
El problema del estrés
laboral no es exclusivo del Reino Unido. A nivel europeo, se estima que
dos tercios de los empleados se sienten estresados en su trabajo. Los
sectores más afectados incluyen la educación y la atención sanitaria,
donde las exigencias y responsabilidades son especialmente altas.
En
cuanto a los porcentajes de estrés laboral por países, se observa que
el Reino Unido presenta un 70% de empleados estresados, seguido de
Alemania con un 71%, Bélgica con un 67% y los Países Bajos con un 56%.
En Alemania, los sectores más estresantes son la educación, la
fabricación de automóviles, la sanidad, los servicios públicos y las
finanzas. Por su parte, en los Países Bajos, la sanidad, la educación,
los servicios públicos, la restauración y la información y comunicación
son los más estresantes.
Los factores que contribuyen
al estrés laboral son variados e incluyen horarios laborales extensos,
altas responsabilidades, roles de cara al público y la difuminación de
límites entre la vida personal y laboral, especialmente con el aumento
del trabajo a distancia. Una encuesta realizada por YouGov también
indica que para algunas personas, especialmente en pequeñas empresas,
desconectarse del trabajo no es una opción viable.
Respecto a la responsabilidad sobre el estrés
laboral, las opiniones varían entre los países europeos. Un 29% de los
neerlandeses cree que es su responsabilidad prevenir el estrés, mientras
que el porcentaje aumenta al 47% en Bélgica, al 49% en el Reino Unido y
al 51% en Alemania. Sin embargo, el deseo de apoyo laboral es alto: el
57% de los neerlandeses y alemanes, el 67% de los belgas y el 65% de los
británicos desean recibir más apoyo de sus empleadores.
Londres
se destaca como la ciudad más afectada por el 'burn-out' en Europa, con
un alarmante 91% de los trabajadores experimentando niveles "altos o
extremos" de estrés. Las búsquedas relacionadas con el agotamiento
laboral en Google reflejan esta preocupación, con 2.240 búsquedas
mensuales en Londres, frente a 520 en Ámsterdam y 420 en Berlín.
Las
razones detrás del estrés laboral son múltiples e incluyen una gran
carga de trabajo, el aumento de tareas no remuneradas, horas extras sin
compensación, sensación de aislamiento, ansiedad por la seguridad
laboral y el acoso por parte de compañeros. Entre los signos de
agotamiento se encuentran la dificultad para concentrarse, la pérdida de
visión de los objetivos, menor orgullo por el trabajo, pérdida de
motivación, fatiga, frustración, dolores de cabeza inexplicables y
cambios en el apetito o hábitos de sueño.
La situación
actual demanda una atención urgente para abordar el estrés laboral en
Europa, ya que afecta no solo la productividad de los empleados, sino
también su bienestar general."
"Alba Herrera no podía creer su suerte cuando, con 22 años, consiguió trabajo en la planta de Acerinox en Los Barrios (Cádiz). Todo eran enhorabuenas de su familia y amigos: “Parecía la panacea, el pelotazo”, rememora la joven sobre aquella alegría vivida hace seis años. Pero la felicidad duró poco. Al poco tiempo, “comenzaron a echar gente” en un ERE. Luego, llegaron los ERTE tras la pandemia o por la crisis de suministros debida a la guerra de Ucrania. “Y mira ahora cómo estamos”, suspira Herrera mientras prepara los lotes de comida comprados con la caja de resistencia para ayudar a algunas de las familias de los 1.876 trabajadores que, este martes, cumplen 100 días de huelga y ya están al límite económico de sus fuerzas. Aunque rendirse no parece una opción.
Hace ya más de tres meses que la carretera que va a la entrada principal de la planta de Acerinox en el polígono de Palmones es un escenario impracticable de guerra. Tres enormes ruedas de tractor resaltan entre el batiburrillo de objetos tirados a modo de barricada. Los quitamiedos se mezclan con metales retorcidos y restos de contenedores achicharrados. En la que fue la primera fábrica integral de acero inoxidable del mundo en 1970, hace ya casi 100 días que no entra ni sale un camión. La huelga que paraliza la planta y que, según la multinacional, ha provocado pérdidas de 31 millones de euros —sumados a la situación del mercado— ya ha superado el récord local de ser la más larga de la planta —el límite estaba en los 96 días que duró otra en 1977— y no tiene visos de acabar.
Comité de empresa y dirección constataron el pasado jueves que las posturas siguen alejadas en la última ronda de negociaciones, de las más de 30 que llevan, que realizaron en Sevilla con la mediación del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales (CARL). Sobre la mesa, los trabajadores llevan todo este tiempo exigiendo una batería de mejoras en materia salarial, social y de inversiones en maquinaria en las negociaciones del IV convenio. Piden ligar las subidas salariales al IPC —en lugar del 2% actual— y actualizar las primas de producción de los 300 euros actuales a los 650 euros —que han rebajado a 550 en distintas negociaciones—. “Esas primas suponen el 30% o 33% de nuestro salario. Deberían ser un incentivo, pero lo usan como un equilibrador porque lo ligan a los programas de producción”, explica Alberto Padilla, miembro del comité de huelga.
Aunque Rubén Gómez, presidente del comité, asegura que el verdadero caballo de batalla de los trabajadores son los problemas de conciliación que les generan los turnos rotatorios, compuestos por seis días de trabajo y cuatro de descanso, de los que dos proceden de sus jornadas de vacaciones. “Con esos turnos ya llevamos perdidos demasiados cumpleaños en nuestras familias”, apunta el presidente, del sindicato independiente ATA. Las distintas rondas de negociación han llevado a Acerinox a aceptar la subida del IPC y a estudiar el incremento de las primas a más de 400 euros y ligar subidas de hasta 600 a materiales de alto valor añadido. Pero la compañía, que a preguntas de EL PAÍS se ha remitido a comunicados ya realizados sobre su postura, ha mantenido su propuesta de implantar una nueva flexibilidad horaria voluntaria con la idea de disponer de un grupo de trabajadores dispuestos a trabajar en sus días de descansos a cambio de un plus.
Con las posturas encalladas, la compañía llegó a amenazar a la plantilla este mismo jueves con la posibilidad de realizar un ERE y otro nuevo ERTE, según han explicado fuentes del comité. Pero ni la posibilidad de esa medida de presión amilanaba a los trabajadores en huelga, conocedores ya desde el día antes de esa posibilidad y quejosos del uso “habitual” que la compañía hace de los ERTE desde la pandemia, como denuncia un empleado que prefiere no dar su nombre. “Hemos cedido muchos años, pero ya no aguantamos más”, tercia Sergio Ortega, vocal de la asociación Familias del Metal, creada para gestionar las ayudas de la caja de resistencia, que ya asiste a más de 40 familias. “Estos dos años de ERTE constantes a mí me han causado una merma de más 400 euros al mes. He pasado de ganar 2.100 a 1.600″, apunta el operario. El único avance que salió del último encuentro hasta ahora es que ambas partes aceptaron que el CARL redacte una propuesta de convenio, compuesto por propuestas de ambas partes que el comité asegura que elevará a consulta de los trabajadores en huelga, algo que no había sucedido hasta ahora.
Hacía ya tiempo que en Acerinox soplaban vientos de huelga, como asegura Padilla. Tanto que “ha habido compañeros que se han preparado y han podido ahorrar para esto, porque veían cómo la empresa no se estaba portando bien”, añade el miembro del comité. Pero difícilmente podían imaginarse que iban a alcanzar la barrera de los 100 días que les ha obligado a habilitar una caja de resistencia con comida y establecimientos asociados. “Con tanto recorte no me he podido preparar tanto para la huelga. De mi salario comen mi mujer, mi hija y yo. Si no fuese por mi madre que nos ayuda…”, explica Ortega.
Una tapia recorre el lateral izquierdo que lleva a la entrada de la fábrica. Hace ya meses que se ha convertido en una suerte de “muro de las lamentaciones”, como bromea Gómez, donde escribir consignas contra la empresa. En la margen derecha, el parking ya es un campamento improvisado donde los trabajadores acuden vestidos con su ropa de trabajo amarilla fosforita a cumplir con el turno de trabajo que les habría tocado. Más allá, el presidente de Familias del Metal, Antonio Torrejón, entrega bolsas con leche y alimentos de primera necesidad. Él, que lleva desde 2007 compaginando su trabajo en Acerinox con el voluntariado en Cáritas de su parroquia de Nuestra Señora de la Luz, se ve ahora repartiendo comida entre sus propios compañeros: “Este perfil nunca lo había visto. Son personas de poder adquisitivo bueno que se han quedado sin dinero y con vergüenza para pedir”.
Torrejón, noqueado por lo que ve cada día, asegura haber dejado de entender la postura de la empresa: “Aseguran que esto le ha generado 31 millones de pérdidas, pero lo que le pedíamos iba a tener un coste de dos millones en los cuatro años del convenio. No lo entiendo”. Por eso, entre la plantilla de Acerinox aseguran que, llegados a este punto, rendirse no parece una opción, según apuntan desde su comité, donde prometen que las filas siguen prietas. El colectivo ya ha llevado su situación al Parlamento de Andalucía y al Congreso de los Diputados, donde se llegaron a reunir con la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Pero el bloqueo, por ahora, sigue ahí. “Esto es duro. No esperábamos que fuese tan largo y que todo estuviese tan bloqueado. Está creando un precedente peligroso porque se ha ido de las manos y la desesperación es grande”, zanja un trabajador que pide anonimato por miedo a posteriores represalias." ( Jesús A. Cañas , El País, 14/05/24)
"La
vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social en
funciones, Yolanda Díaz, destacó este viernes la necesidad de avanzar
hacia una mayor democracia en el mundo laboral y denunció que “en
cuestión de horas se puede deslocalizar una empresa sin la participación
democrática de los trabajadores”.
Díaz
se expresó en estos términos en la apertura de la cumbre ‘El futuro del
trabajo y el diálogo social’, que se celebra en Santiago de Compostela
en el marco de la presidencia española de la Unión Europea, con la
participación de los ministros de Empleo de la UE.
“Los
fondos de inversión, en cuestión de horas , entran y salen por la misma
puerta de una empresa y es absolutamente ajeno que las personas
trabajadoras, que hacen posible la vida de las empresas, no puedan decir
nada”, lamentó Díaz, quien criticó que se pueda aprobar una
deslocalización “en cuestión de horas” sin la “participación
democrática” de los empleados.
Díaz
expresó esta idea en consonancia con su postura crítica, por ejemplo,
cuando Ferrovial decidió trasladar su sede social a Países Bajos o con
el hecho de que la primera teleco de Arabia Saudí, STC, anunciara la
adquisición del 9,9% de Telefónica. “Esta es una de las grandes
desafecciones que tiene la empresa y el trabajo actual”, manifestó.
En
este contexto, la titular de Trabajo apuntó que se deben “cambiar los
derechos de información” de los empleados y avanzar “en el sentido de
que si estos derechos de información no se cumplen” debe haber “alguna
consecuencia de sanción”, puesto que, “de lo contrario” no van a servir
“para nada” las modificaciones que se implementen.
Al
respecto, Díaz puso como ejemplo de democracia en el trabajo a la
economía social y señaló que demuestra que “no se pone en riesgo la
competitividad por las diferentes formas de cogestión”. De hecho,
sostuvo que este tipo de empresas son las que generan “más estabilidad
en el empleo” y las que “despiden menos” en situaciones de crisis.
NO ES QUE SEA BONITA
Por
su parte, el presidente del Comité Económico Social Europeo (CESE),
Oliver Rópke, defendió que “la democracia en el trabajo no es que sea
bonita, sino que tiene que ser parte del sistema y ya está” y debe ser
“obligatoria”.
En
consonancia, indicó que debe haber “normas vinculantes” y explicó que si
la representación “responsable” de los trabajadores participa en la
toma de decisiones “todo va mejor”. También destacó que es clave que los
empleados puedan “hacer oír su voz” y remarcó que ello no afecta a la
competitividad ni a la productividad de las compañías.
Esta
tesis fue reforzada por Reiner Hoffman, miembro del CESE y moderador de
la mesa, quien avisó de que la democracia está “en riesgo” en Europa y
en otros lugares del mundo y sentenció que “la democracia en el trabajo
puede contribuir a estabilizar la democracia política”.
Por
último, el director de Asuntos Sociales de la patronal Business Europe,
Maxime Cerutti, comentó que un estudio reciente apunta que en torno al
70% de los directivos aseguran que la democracia en el trabajo es algo
positivo, aunque precisó que es importante salvaguardar la
“competitividad industrial”. (La Vanguadia, Servimedia, 22/09/23)
"Díaz ha convocado a expertos, autoridades europeas, interlocutores
sociales de la UE y miembros de organizaciones internacionales para
plantear y estudiar propuestas que mejoren la vida de las personas
trabajadoras.
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social en
funciones, Yolanda Díaz, ha instado a la Unión Europea a avanzar en la
democracia en el trabajo, a crear un marco legal para regular la
incidencia de los algoritmos y la inteligencia artificial en el mundo
laboral, así como a incluir la negociación colectiva verde.
La ministra ha hecho estas declaraciones en Santiago de Compostela, donde ha convocado, en el marco de la Presidencia española del Consejo de la Unión Europea,
un encuentro internacional para analizar 'El futuro del trabajo y el
diálogo social'. Esta cita ha reunido a más de un centenar de personas
entre autoridades europeas, interlocutores sociales del continente,
organizaciones internacionales y expertos.
"La Unión Europea,
estoy convencida, puede y debe ser un referente global en derechos
humanos, climáticos, laborales y sociales", ha asegurado al cierre del
encuentro la ministra, que ha reclamado una Unión que sea "modelo de
derechos feministas y laborales, que impulse un nuevo paradigma de
justicia social y de género".
Democratización en el trabajo
En
su primera intervención de la jornada, la ministra ha abogado por
ampliar la democracia en el trabajo, siguiendo experiencias exitosas que
ya conocen algunas naciones europeas como Alemania o Suecia, entre
otros. "Cuando las personas tienen la posibilidad de participar en las
decisiones que les afectan, mejoran la productividad, la innovación y la
organización del trabajo, así como el bienestar y las condiciones de
trabajo", ha argumentado la vicepresidenta.
El
comisario de Empleo y Derechos Sociales, Nicolas Schmit, ha manifestado
su apoyo a esta propuesta española, abogando por que sea asumida por la
Comisión.
Díaz ha planteado
actualizar la Directiva sobre la información y la consulta a los
trabajadores en la UE y la Directiva sobre los comités de empresa
europeos para las empresas transnacionales, que se remontan a hace 20
años. El mundo del trabajo ha cambiado mucho desde entonces y, en su
opinión, conviene abrir los consejos de administración a las personas
trabajadores no por ideología, sino por la eficiencia económica y social
de la medida. A favor de dar este paso, ha recordado la vicepresidenta,
se ha manifestado el Consejo Económico y Social Europeo (CESE).
"Si
nos tomamos en serio el desafío de democratizar Europa, debemos
comenzar por que las personas trabajadoras europeas adquieran el derecho
a participar de las decisiones que afectan a su día a día", ha
insistido la ministra, quien ha avanzado que espera que en Consejo de
Empleo y Política Social (EPSCO) se aprueben unas conclusiones para
impulsar la democratización del trabajo y la negociación colectiva verde
en los 28 países de la Unión.
Negociación colectiva verde
Otro
de los debates de la jornada se ha centrado en cómo involucrar a los
agentes sociales a la hora de abordar soluciones y políticas
medioambientales que tienen una incidencia en el mundo laboral.
Siguiendo
la Recomendación del Consejo de junio de 2022, que reconoce el
potencial de la negociación colectiva, se analizará cómo la
participación de las empresas y los sindicatos puede contribuir de
manera eficaz a desarrollar propuestas con impacto positivo en el medio
ambiente.
Para la
vicepresidenta el mundo laboral y el medio ambiente no pueden ser
realidades que se enfrenten entre sí. Es por ello que el diálogo social
emerge como la llave para consensuar políticas que sean beneficiosas
tanto para las personas trabajadoras como para el medio ambiente. Una
muestra de ello es la adaptación de la legislación laboral y de
prevención de riesgos laborales al cambio climático como ha ocurrido en
España, donde se han prohibido actividades profesionales cuando la
Agencia Estatal de Meteorología decrete la alerta roja o naranja.
La
adopción de medidas relacionadas, por ejemplo, con la movilidad en las
ciudades para desplazarse al lugar de trabajo, así como la eficiencia
energética, por ejemplo, son asuntos en los que se precisa un enfoque
medioambiental.
En ese
sentido, la negociación colectiva verde adquiere relevancia y resulta
clave como un instrumento dinámico que favorece la adaptación de la
realidad de las empresas y del trabajo a los retos que plantea la
transición verde. "Las empresas y los sindicatos, a todos los niveles,
son los mejor posicionados para que la transición ecológica se haga de
forma justa e inclusiva", ha explicado la ministra.
Inteligencia Artificial, algoritmos y trabajo
El
tercer debate de la jornada se ha fijado en las consecuencias de la
acelerada incursión de la inteligencia artificial y los algoritmos en el
mundo del trabajo, en concreto cómo todos esos procesos de toma de
decisiones afectan al desempeño laboral de millones de personas y en
cómo se puede reforzar el control humano sobre ellos.
Los
expertos han coincidido en reclamar un marco regulatorio para evitar
que el sesgo algorítmico y la falta de transparencia que existe en los
sistemas automatizados que amenazan los derechos de las personas
trabajadoras.
"El uso de la
inteligencia artificial y de los algoritmos en el mundo del trabajo debe
respetar los derechos individuales y colectivos de las personas
trabajadoras y someterse al control humano, de forma que la
digitalización se ponga al servicio de las personas", ha asegurado la
vicepresidenta, quien ha adelantado que en octubre firmará en octubre
con Estados Unidos una declaración conjunta sobre el sesgo algorítmico
en el mundo del trabajo en la que se hace un llamamiento a colaborar con
los interlocutores sociales para brindar a las personas una mejor
protección.
"Está en nuestras
manos transformar el proyecto europeo, imaginar y construir vías
alternativas y caminos diferentes que avancen hacia la Europa social",
ha concluido Díaz." (La Moncloa, 22/09/23)
"Éxito rotundo y gran aceptación por parte de las empresarios del mayor ensayo de la semana laboral de cuatro días. El estudio piloto ha sido realizado en el Reino Unido y los resultados
muestran cómo la gran mayoría de las empresas y los trabajadores que
han participado en él pretenden continuar con la jornada laboral
reducida por los enormes beneficios obtenidos, tanto para empresarios
como para trabajadores.
En el estudio participaron 61 organizaciones y unos 2.900
trabajadores que adoptaron voluntariamente semanas laborales de cuatro
días con el mismo salario de junio a diciembre de 2022. Es decir, los
empleados obtuvieron el 100% de su salario por el 80% de la jornada que
hacían normalmente. La gran mayoría de ellas optó por la opción de
reducir la jornada a cuatro días, aunque un pequeño porcentaje prefirió
reducir la jornada diaria pero seguir trabajando los cinco días.
De este total de empresas que participaron, el 92%, un
total de 56, han anunciado que pretenden continuar con la jornada
reducida. El 30%, lo que supone 18 empresas, de ellas ya han introducido
la política de reducción de jornada en la empresa de forma permanente.
Tan solo el 5% de ellas tuvieron problemas y se vieron obligadas a
pausar el programa piloto y el 3% todavía se encuentra en algunas de las
fases del piloto, aunque estas dos empresas siguen considerando la
posiblidad de reducir el horario de forma permanente.
El resto de empresas lo tienen claro y los beneficios que se han
observado convencen a empresas y trabajadores. Aumento de ingresos,
descenso de la rotación y los menores niveles de agotamiento de los
trabajadores son algunas de las ventajas observadas tras este
experimento. Todo ello en medio de una recesión económica, incrementos
de la inflación y una fuerte inestabilidad política que ha azotado el
Gobierno británico y sus cambios de primer ministro en los últimos
meses.
Según los datos del estudio publicados esta semana, el
agotamiento de los empleados en sus jornadas laborales se ha disminuido
en un 71%. Los días que estos 2.900 trabajadores han pedido bajas
laborales también se ha visto reducida en un 65%. Además, los
trabajadores fueron preguntados si tenían dificultades para dormir, que
pueden ser un síntoma de estrés laboral, y hasta un 40% de los
encuestados contestaron que sus dificultades para dormir se habían
reducido, frente a un 45% que contestó que no habían cambiado nada y un
15% que contestó que habían aumentado en esos últimos meses. Ninguno de
los 2.900 participantes preguntados dijo querer abandonar el horario de
cuatro días y el 15% afirmó que no volverían a los cinco días ni aunque
les aumentaran el salario.
Las empresas también ganan
Pero no fueron los empresarios los
únicos que salieron beneficiados ni tampoco ha sido el menor número de
bajas laborales el beneficio que obtuvieron las empresas. Según el
estudio, las compañías que han participado en el experimento de la
reducción de jornada han incrementado sus beneficios en dicho periodo
respecto al año anterior en un 1,4% de media.
Los
resultados del Reino Unido son la segunda publicación importante de
datos de una serie en curso de pruebas de la jornada de cuatro días
coordinadas por la organización internacional 4-Day Week Global,
que se centra en promover campañas y experimentos para promover la
reducción de jornada. Los autores del informe que recoge los datos del
experimento han defendido que, pese a que las empresas que lo han
llevado a cabo se ofrecieron voluntariamente a participar y, por lo
tanto, tenían más probabilidades de que funcionaria, los resultados
muestran un fuerte argumento sobre la reducción de la jornada laboral y
sus efectos positivos sobre empresas, proactividad y trabajadores. “No
sabemos exactamente qué ocurrió con la productividad”, afirmó en unas
declaraciones recogidas por la BBC Juliet Schor, del Boston College,
que, junto con las universidades de Oxford y Cambridge, fue una de las
instituciones académicas responsables del ensayo. “Pero sí sabemos que
en otras métricas, como los ingresos, el abandono, la productividad, el
bienestar de los empleados y los costes, obtuvimos muy buenos
resultados”, concluyó Schor.
En el Estado español se ha conocido
hace poco las bases para los dos proyectos para la reducción de jornada
laboral que se han puesto en marcha. Uno ha sido impulsado por Compromís
en el País Valencià y el otro a nivel nacional de la mano de Más País.
De igual forma que con el experimento británico, estos dos proyectos
financiarán que un número de empresas prueben la reducción de jornada
laboral a cuatro días o menos horas durante los cinco, siempre sin
reducir el salario, para luego poder analizar los resultados y poder
comprobar sus efectos tal y como se ha hecho en Reino Unido." (Redacción El Salto , El Salto, 21/02/23)
"Raro es un Black Friday que no ocurra algo:
denuncias de subida de precios para luego bajarlos, gente herida por las
turbas que se lanzan en busca de una oferta. Pero estos días en la
provincia de La Coruña nos hemos encontrado con un hecho inusual. Las
dependientas de Inditex (Zara, Berska, Stadivarius, etc.) han realizado
los días 24 y 25 una huelga donde han paralizado la casi totalidad de
tiendas filiales de Inditex en Coruña, Ferrol y Santiago. Un duro golpe
en una semana donde las grandes multinacionales suelen frotarse las
manos a la espera de embolsarse un buen pellizco en beneficios.
Hablamos con Carmiña Naveiro, portavoz de la CIGA de Inditex en Coruña..
Una
de vuestras principales exigencias es la equiparación salarial con
compañeros que están en una categoría similar, ¿hasta cuánto puede
ascender esa diferencia?
La diferencia está en que hay
una parte, por ejemplo, Logística, que teniendo la misma tabla salarial y
un mismo convenio. Ellos cobran 2.011 euros al mes y nosotras en torno a
1.058 euros. Siempre y cuando, teniendo en cuenta a la gente que
tenemos a jornada completa, que no es el 100% de la plantilla. Hay gente
que lleva 14-15 años trabajando 12-15 horas y no llegan ni por asomo a
la mitad de este salario.
La empresa os regatean 200
euros de los 440 euros mensuales que pedís, mientras que Amancio Ortega,
y su hija, son la 1º y la 3º persona más rica de España según la
revista Forbes (tienen lo mismo que 14 millones de personas), imagino
que este abismo os parecerá completamente inmoral.
Totalmente,
también se comenta que quiere comprar un equipo de fútbol. A nosotras
nos parece estupendo, cada uno puede hacer lo que quiera con su dinero.
Pero como se dice en mi tierra, “primero tendrán que comer los de casa”.
Porque tras cada trabajador hay detrás una familia, que tiene que
comer.
Es sangrante que con los millones de beneficios que tiene a
nivel mundial (no olvidemos que es una multinacional), que apenas cuide
a sus trabajadoras. Y de entre ellos a su cara más visible, cuando
entras en una tienda somos las dependientas las primeras que damos la
cara y las últimas porque si nosotros no vendemos, Inditex no factura ni
obtiene beneficios.
Imagino que también los horarios impedirán completamente la
conciliación familiar, ¿Que alternativas consideráis que deberían daros
la empresa?
Nosotros entendemos que Inditex no solo
puede cuidar solo a una parte de la empresa, como puede ser Central o
las Subcontratas. Porque estás cobran 300 euros más que nosotros. No
estamos pidiendo solo una equiparación, sino que se nos valore.
En
la negociación habíamos comenzado con una subida de 500 euros y una
serie de ayudas sociales, a las cuales la empresa se negó tajantemente.
Lo único que hizo fue ofrecernos 183 euros, teniendo aquí la negociación
en Coruña con la mayor central sindical (CIG). Como vio que nosotros no
aceptamos pactó al margen sin tener en cuenta las necesidades de los
trabajadores de la provincia.
Es increíble que la presidenta de la
empresa (que es una mujer) haya obligado a que las trabajadoras
tengamos que ir al juzgado para poder acogernos a una concreción horaria
concreta para poder hacernos cargos de nuestros hijos. Teniendo en
cuenta que el 99,99% de las trabajadoras de tienda somos mujeres, y
siendo ella mujer no entiendo su falta de empatía.
Porque no es
por falta de beneficios, ha subido todo, los precios de la ropa han
subido paulatinamente y ahora está cobrando los envíos (antes no se
hacía). Esta situación no solo pasa a nivel de Coruña, sino a nivel de
España y no sería descabellado que también pasara a nivel mundial. Pero
salta en la provincia de La Coruña porque es donde tenemos la sede de
Inditex. Se trata de que hay unos beneficios que no se reparten de forma
equitativa con toda la empresa.
¿Veis a Inditex dispuestos a negociar?
La
huelga fue el día 24 y 25, eso sí que fue histórico, porque lo
secundaron casi el 100% de las trabajadoras de las tiendas. Las pocas
que estaban abiertas funcionaban con trabajadores temporales. Aún así no
hemos tenido ningún acercamiento con Inditex, ni hay voluntad por su
parte de negociar. Si que tuvimos una serie de reuniones antes de la
huelga donde nos recordaban lo que nos iban a descontar los días de
huelga.
El otro día salisteis por las calles de Santiago con
pancartas y carteles ¿Cómo valoráis la respuesta que está teniendo la
población ante vuestra huelga?
Aparte de Santiago, hubo
manifestaciones en Ferrol y en Coruña. La gente nos respondió muy bien,
pero lo primero que pasaba es que no conocían las condiciones en las que
estábamos trabajando. Se pensaban que todos los trabajadores de Inditex
teníamos los mismos beneficios, no se imaginaban a que nivel estábamos
siendo discriminadas.
Ahora que estamos cerca de las navidades, ¿Tenéis pensado realizar más acciones de aquí en adelante?
Si
no hay respuesta ninguna, ni ningún tipo de acuerdo volveremos a
realizar asambleas con los trabajadores y convocaremos acciones. No
descartamos hacer otra huelga en periodo de las rebajas." (Adrián Ramírez, De Verdad Digital, 02/12/22)
"La recuperación del empleo pospandemia ha logrado un hito que ha pasado
desapercibido para muchos: España ha alcanzado el mínimo histórico de
jóvenes que ni estudian ni trabajan, que cayó al 11,25% en el segundo
trimestre del año, destaca Fedea a través de los microdatos de la EPA.
En la pasada crisis financiera su número se disparó y se les calificó
como ninis, un apelativo contra el que se revuelven. “Era una
forma de culpar a los jóvenes, que estaban viviendo una de las peores
crisis de la historia”, destaca Juan Enrique Gallo, del Consejo de la
Juventud de España. Este 2022, su número se ha reducido de manera
notable gracias sobre todo a un gran aumento del empleo joven, que ha ganado en estabilidad y que en patronal y sindicatos ligan a la reforma laboral.
La buena noticia protagoniza uno de los destacados del Observatorio
trimestral del mercado de trabajo de Fedea, correspondiente a la última
Encuesta de Población Activa (EPA). “Las tasas nini se encuentran en
niveles mínimos”, subraya el informe, ya que su cifra no había bajado
del 13,3% de 2006 antes de que estallase la Gran Recesión. Entonces, con
el paro disparado y elevadas cifras de abandono escolar, el porcentaje
alcanzó al 24,4%de los jóvenes entre 18 a 24 años. Casi uno de cada cuatro no se formaba ni tampoco tenía un empleo.
“La situación era tan mala que los jóvenes se cansaban de buscar
empleo. Había muchísimo paro, más del 50%, y la gente sentía que no
tenía forma de acceder al mercado laboral, no había oportunidades”,
sostiene Gallo. Desde 2014, en los años de recuperación económica
previos a la COVID, la cifra se fue reduciendo poco a poco, pero no
había logrado alcanzar el mínimo previo. Tras el bache de la pandemia,
que interrumpió por primera vez su descenso, la tasa de jóvenes que no
estudian ni trabajan se ha reducido con intensidad y mayor rapidez en
2022, hasta superar esta barrera.
La economista Raquel Sebastián, investigadora en la Universidad
Complutense de Madrid, destaca la relevancia del descenso para España,
que tradicionalmente es “el segundo país europeo con más jóvenes que ni
estudian ni trabajan”, tras Italia, recordó en la presentación de Fedea.
“Es un dato malísimo para nuestra sociedad, porque estas
personas no están acumulando capital humano”, advirtió. Es decir, valor
económico a sus habilidades profesionales, ya sea por una suma de
experiencia laboral como por un enriquecimiento de su formación a través
de los estudios. Un lastre que luego les acompaña durante su vida
laboral en forma de peores condiciones y también un peor punto de
partida para sus hijos, “con menos movilidad intergeneracional”, añadió
la economista.
Raquel Sebastián señaló además otro elemento relevante en un
país con importantes diferencias territoriales. “Las comunidades que han
mejorado más son las que estaban peor”, entre las que destacó Murcia,
Baleares, Canarias y las ciudades de Ceuta y Melilla. Una minoría de
territorios en cambio han empeorado sus registros desde 2019, (...)
¿Qué explica este descenso de 'ninis'? Florentino Felgueroso apunta que uno de los motivos radica en el descenso del abandono escolar,
otra tarea pendiente en España. Aunque de nuevo es una de las más
elevadas de la UE, su tasa se ha reducido mucho desde el 31,7% de 2008
hasta el 13,3% de 2021, según los datos del Ministerio de Educación.
Parte de la responsabilidad de este descenso hay que unirlo al
auge de la Formación Profesional, destacan desde los sindicatos y el
CJE. “La Formación Profesional se ha desestigmatizado”, indican y cada
vez más se ve como “una salida digna”, algo que no ocurría en el pasado.
El alumnado matriculado en Formación Profesional en el curso
2020-21 aumentó un 28,7% respecto a cinco años anteriores, hasta los
985.431 alumnos y alumnas, según los datos del Ministerio de Educación y
Formación Profesional. El alza en FP de grado superior es superior: del
43% en ese periodo. “Todavía hay mucho por hacer, sobre todo para
garantizar una oferta de FP con plazas públicas en lugares como la Comunidad de Madrid, pero hay un avance”, reconoce Adrià Junyent, responsable de Jóvenes de CCOO.
En segundo lugar, el investigador de Fedea subraya otro elemento
determinante para mermar la cantidad de jóvenes sin estudiar ni
trabajar: “La reactivación del empleo postpandemia, con el empleo de los
jóvenes mejorando mucho”. Tras el descalabro laboral por la COVID,
España ha alcanzado el máximo de personas trabajando, por encima de los 20 millones de afiliados a la Seguridad Social.
Entre los jóvenes, destaca un gran aumento de las personas
afiliadas a la Seguridad Social y también el descenso del paro
registrado. En agosto, aunque subió, el paro alcanzaba a 197.486
personas menores de 25 años, “su segundo mejor registro de toda la serie
histórica”, destacaba el Ministerio de Trabajo.
El empuje de la reforma laboral
En este punto, tanto patronal como sindicatos subrayan la
importancia de la reforma laboral para el empuje del empleo joven, que
arrancó en enero de 2021, aunque desplegó sus nuevos contratos a partir
del mes de abril. Contratos que jóvenes como Lorena, Ismael y Raquel firmaban por primera vez con un apellido: indefinido.
“Para CEOE, esto es un reflejo de la apuesta de las empresas
españolas por la formación adaptada a las necesidades reales del tejido
productivo, además de una consecuencia de la reforma laboral que ha
aportado flexibilidad en el mercado de trabajo con unos contratos de
formación orientados a la situación real de las empresas y del contrato
fijo-discontinuo. Hecho que se ve reflejado en el mantenimiento del
empleo que estamos viviendo en nuestro país, a pesar del contexto de
incertidumbre económica”, argumentan desde la organización de
empresarios.
“Creo que la reforma laboral es el principal factor que explica
el aumento del empleo de los jóvenes”, coincide Eduardo Magaldi,
portavoz de RUGE de UGT. “Cuando antes se hacían encuestas, con la
inestabilidad de los contratos podían entrevistar a un joven que
estuviera trabajando un día sí, pero al siguiente no y que no supiera
cuándo iba a volver a trabajar. Ahora, se ha dado más estabilidad al
mercado laboral”, destaca, por lo que es más fácil que los jóvenes
mantengan sus trabajos durante más tiempo y emerjan en las estadísticas.
Según las cifras de afiliados a la Seguridad Social, la tasa de
personas menores de 30 años con contratos indefinidos se ha disparado en
“32 puntos porcentuales”: del 37% de promedio de los septiembre de los
años 2017-2019 al 69% de septiembre de 2022, según los números
presentados a mediados de mes por el Ministerio.
“La reforma laboral está siendo muy importante y se ve en los
datos, pero también hay una sensación subjetiva que contribuye”, opina
Adrià Junyent. Al igual que durante la crisis la mala situación empujaba
a muchos jóvenes al desánimo, recuerda, porque parecía inútil apuntarse
a una oferta de empleo o echar un currículum con tasas de paro
aplastantes, ahora se genera un contexto de oportunidad que da ánimos al
iniciarse en el mercado laboral. “Lo veo en mi entorno, esa sensación
de que hay trabajo. La gente busca empleo y lo encuentra, y eso ayuda,
es muy importante también”, considera el responsable de Jóvenes de CCOO.(...)
Máximo de jóvenes que estudian y trabajan
Otra de las ideas que celebra el informe de Fedea es el aumento,
también hasta rebasar los registros de la serie histórica (en este caso
al alza), de la tasa de jóvenes que estudian y trabajan a la vez. En el
siguiente gráfico, muestran cómo el descenso en 'ninis' se debe sobre
todo al incremento de las personas jóvenes trabajando y el importante
alza de las que combinan estudios y un empleo.
Florentino Felgueroso, uno de los economistas responsables del
estudio de Fedea, valora el incremento de los jóvenes que estudian y
trabajan a la vez como un factor enriquecedor y positivo para su futuro
laboral, con mejores cifras de inserción en el mercado de trabajo a
posteriori y también ventajas en sus futuros salarios.
“Hay bastante literatura sobre esto”, afirma Felgueroso, que
explica que también ocurre aunque los trabajos no sean cualificados o
relacionados con los estudios de los jóvenes. Estas primeras incursiones
en el mercado laboral aportan experiencia en forma de capital humano,
por ejemplo respecto a “asumir responsabilidades y trabajar en equipo”
que les será de utilidad a lo largo de sus carreras profesionales,
argumenta el economista. (...)" (Laura Olías / Victòria Oliveres
"Son dos pasos de gigante”, resume el parlamentario de Unidas Podemos Roberto Uriarte sobre las dos enmiendas introducidas por su formación en el proyecto de la nueva Ley Concursal, votada ayer en el Pleno del Congreso y que enfila su tramitación en el Senado. Facilitan que los trabajadores recuperen una empresa que entra en concurso de acreedores mediante la capitalización del paro —sin necesidad de llegar a estar desempleado— y prioriza la candidatura de los trabajadores en la subasta de liquidación para que la plantilla forme una sociedad cooperativa, laboral o participada.
La modificación de la Ley Concursal es un requerimiento europeo para trasponer una directiva comunitaria “que intenta hacer justicia: proponer mecanismos eficientes para salvar el máximo número posible de empresas que están pasando por una situación de insolvencia”, explica el diputado. La Unión Europea impulsó a España a reformar lo que se conoce como “ley de segunda oportunidad”, empresas en apuros económicos pero con viabilidad a largo plazo.
La actualización de la Ley Concursal depende del Ministerio de Justicia, cartera que gestiona el partido socialista. El nudo de las negociaciones entre las formaciones parlamentarias se ha situado en el nivel de deuda pública que los organismos públicos —Seguridad Social y Hacienda— pueden condonar. El acuerdo final ha multiplicado por diez las cifras actuales: de 1.000 a 10.000 euros cada organismo. Además, Justicia ha añadido un relevante paquete de medidas que pretende agilizar los trámites para que la ley actúe de forma preventiva y las empresas con dificultades no lleguen a un punto de no retorno, con una elevada deuda e intereses imposibles de asumir para los trabajadores interesados en hacerse cargo de la empresa.
Para facilitar que los trabajadores recuperen una empresa, la nueva normativa incluye la enmienda que prioriza la propuesta de los trabajadores frente a candidatos externos para hacerse con la gestión de la empresa. El mantenimiento de los empleos es el objetivo de esta enmienda de la coalición de izquierdas, así como favorecer la economía social. Para poder ejecutar el rescate de la empresa, los trabajadores podrán capitalizar el tiempo que acumulaban de cotización al desempleo, sin esperar a que un juez liquide la empresa, los trabajadores se den de alta en el paro y, finalmente, puedan capitalizar el desempleo. Acelerar este proceso evitará que las empresas sigan generando deuda.
El diputado, y jurista, Roberto Uriarte considera que estas dos enmiendas atienden el mandato del artículo 129.2 de la Constitución, “que encomienda a los poderes públicos promover las diversas formas de participación en la empresa y sociedades cooperativas, como el acceso de los trabajadores a la propiedad”. Pero para ello, resalta Pello Igeregi, responsable de negociación colectiva del sindicato vasco ELA, es necesario que se refuerce el derecho a la información y consulta de los trabajadores: “Nos hubiera gustado que se tomaran también medidas para facilitar una transparencia real para que las trabajadoras tengan elementos de juicio para abordar una negociación”, añade.
Uriarte resalta la labor de este sindicato, señalando que la última sentencia conseguida este mes en el conflicto que actualmente se considera la huelga más larga de Europa —los trabajadores en huelga indefinida de la empresa Novaltia cumplen hoy 1.073 días consecutivos sin acudir a sus puestos de trabajo— construye jurisprudencia. Y Uriarte alerta de que si bien la Ley Concursal depende de Justicia, la redacción del futuro Estatuto del Trabajo corresponde al ministerio de Yolanda Díaz, la cual lleva meses defendiendo públicamente la necesidad de desarrollar legalmente el fomento de la participación de los trabajadores en la gestión de empresas. Por ello, no es descabellado esperar que el próximo estatuto recoja sentencias como las de Novaltia, que exigen que las empresas compartan con los empleados la situación económica real cuando estos realizan una consulta. Igeregi valora positivamente los avances del proyecto de la futura Ley Concursal, pero indica que su aplicación se limitará a empresas de servicios y, como mucho, a alguna industrial, “con poca maquinaria y de escaso valor”. Echa en falta una ley más atrevida que facilite la transformación ecológica y haga partícipe al Estado de la empresa a través de acciones o participaciones, en el caso de que los trabajadores no tengan músculo financiero suficiente con la capitalización del paro.
El sindicato ELA llevaba meses a la espera del borrador de esta ley. A lo largo de los últimos 40 años han participado en decenas de recuperaciones, pero son autocríticos con los procesos llevados a cabo: “Hemos recuperado empresas sin conseguir que funcionen de una manera diferente a la lógica capitalista, por eso estamos valorando qué medidas adoptar con Talaios Kooperatiba, para ver qué somos capaces de hacer en un futuro próximo”. Talaios es una cooperativa que asesora desde la economía social a otros proyectos.
El diario Diagonal, precursor de El Salto, entrevistó en 2014 a trabajadores de la navarra Muebles Salcedo. Tras la crisis financiera de 2008, la empresa atravesó problemas económicos. Reduciendo el volumen de la plantilla, siguiendo las directrices de una auditoría externa, 50 trabajadores recuperaron la empresa en quiebra en 2012. Juan Antonio Pascual era uno de ellos, tenía entonces 58 años y pocas perspectivas de encontrar otro empleo antes de su jubilación, al igual que muchos de sus compañeros, volvió a explicar ayer a El Salto. Consiguieron capitalizar 1,1 millón de euros y cooperativizar la empresa. Hoy sigue fabricando muebles. Pascual se jubiló a los 61 años de edad. “Por cada salida de un compañero, sigue entrando otro”, añade. " (Gessamí Forner , El Salto, 1 jul 2022 )
