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7.7.26

Giorgio Agamben: Los turistas, al igual que los peregrinos, son peregrinos, es decir, según el significado del término latino, extranjeros en la tierra. El turismo es el signo de un cambio trascendental en la relación entre los hombres y la tierra que habitan: estén donde estén, son forasteros, están fuera (extra), ante todo en la misma ciudad en la que viven. Recuerdo perfectamente el asombro con el que, hace ya muchos años, cuando vivía en Venecia, me di cuenta de que ya no era posible distinguir a los venecianos de los turistas... no solo ha cambiado la relación de los ciudadanos con su ciudad, sino que también ha cambiado la propia ciudad: los hombres se han convertido en turistas, es decir, en extranjeros, en la misma medida en que ahora les resulta extraña y ajena la tierra que habitan (o, mejor dicho, que habitaban en otro tiempo). Si se lee la extraordinaria descripción que Joseph Roth hace de Marsella en el otoño de 1925, con sus callejuelas densas y aventureras, donde en una superficie de pocos kilómetros se agolpaban vivas todas las épocas de la historia y nadie era forastero, es difícil escapar a la amarga e implacable constatación de que las ciudades ya no existen hoy en día: el turismo ha podido destruirlas porque ya habían dejado de estar vivas... Habitar es una forma intensiva del verbo tener (habeo) y significa una cierta manera de morar y de vivir, de tener hábitos y costumbres... El hecho de habernos convertido en turistas, de haber perdido la capacidad de habitar, de ser peregrinos y forasteros en todas partes, nos obliga entonces a imaginar de nuevo una ética posible, a reinventar de arriba abajo la capacidad de habitar. Una tarea ciertamente nada fácil, pero que quizá nos ofrezca la única vía para salir del turismo, para volver a hacer habitables nuestra tierra y nuestras ciudades

"La palabra «turista» aparece por primera vez en italiano en 1837 (mientras que «turismo» no lo hace hasta 1907). La etimología es clara: el «tour» (el «grand tour») es el viaje de formación que los aristócratas e intelectuales europeos realizaban a partir del siglo XVIII, sobre todo en Italia, para conocer su historia del arte, sus modos de vida y su cultura. Como suele ocurrir, lo que al principio era propio de una élite se ha transformado con el tiempo en un fenómeno de masas.

Es significativo que su antecedente sean, sin duda, las peregrinaciones que los creyentes emprendían para visitar los lugares sagrados de su religión: también los turistas, al igual que los peregrinos, son peregrinos, es decir, según el significado del término latino, extranjeros en la tierra. El turismo es el signo de un cambio trascendental en la relación entre los hombres y la tierra que habitan: estén donde estén, son forasteros, están fuera (extra), ante todo en la misma ciudad en la que viven. Recuerdo perfectamente el asombro con el que, hace ya muchos años, cuando vivía en Venecia, me di cuenta de que ya no era posible distinguir a los venecianos de los turistas.

 Sin embargo, no solo ha cambiado la relación de los ciudadanos con su ciudad, sino que también ha cambiado la propia ciudad: los hombres se han convertido en turistas, es decir, en extranjeros, en la misma medida en que ahora les resulta extraña y ajena la tierra que habitan (o, mejor dicho, que habitaban en otro tiempo). Si se lee, como me ha ocurrido estos días, la extraordinaria descripción que Joseph Roth hace de Marsella en el otoño de 1925, con sus callejuelas densas y aventureras, donde en una superficie de pocos kilómetros se agolpaban vivas todas las épocas de la historia y nadie era forastero, es difícil escapar a la amarga e implacable constatación de que las ciudades ya no existen hoy en día: el turismo ha podido destruirlas porque ya habían dejado de estar vivas. 

El «overtourism» no viene de fuera, ha comenzado dentro de nosotros, dentro de los barrios y las zonas familiares, que ya no somos capaces de habitar. Habitar es una forma intensiva del verbo tener (habeo) y significa una cierta manera de morar y de vivir, de tener hábitos y costumbres. Y si ethos en griego designa la morada habitual, entonces la vivienda es la forma primordial de la ética. El hecho de habernos convertido en turistas, de haber perdido la capacidad de habitar, de ser peregrinos y forasteros en todas partes, nos obliga entonces a imaginar de nuevo una ética posible, a reinventar de arriba abajo la capacidad de habitar. Una tarea ciertamente nada fácil, pero que quizá nos ofrezca la única vía para salir del turismo, para volver a hacer habitables nuestra tierra y nuestras ciudades."

(Giorgio Agamben, blog, 01/07/26, traducción DEEPL)

 

27.5.24

Pescadores gallegos anuncian una querella contra la mujer de Feijóo por su “mansión ilegal” en la playa... “Una vez comprobado que dicha vivienda carecía de la seguridad jurídica que le corresponde al estar construida encima de las rocas y con una bajada privada el mar nos hemos interesado ante el Ayuntamiento de Moaña para localizar toda la documentación que le correspondiese legalmente... a día de hoy no hemos logrado nada a pesar de tener resoluciones favorables de la comisión de transparencia de Galicia... A día de hoy continúa sin entregarse la documentación que nos corresponde”

 "Preparan una querella contra la mujer de Alberto Núñez Feijóo, Eva Cárdenas, por una de las últimas viviendas que ésta ha adquirido. Se trata de la que se sitúa en Moaña (Pontevedra), una casa de piedra de 150 metros cuadrados, a la que acompaña una gran parcela de 700 metros. Tiene acceso directo al mar, varias alturas y su coste en el momento de la adquisición superó los 600.000 euros.

Ubicación y obras "ilegales"

La Plataforma en Defensa del Sector Marítimo Pesquero en Galicia (PLADESEMAPESGA) prepara una denuncia contra la “mansión” de Eva Cárdenas, de carácter “ilegal” en cuanto a ubicación y obras. Así las cosas, el colectivo pesquero apunta a ElPlural.com que la localización es “contraria a la Ley de Costas y al planteamiento urbanístico del Concello de Moaña”.

Para la organización, el punto en el que se encuentra también va en contra de lo estipulado en el Plan General de Ordenación Urbana de la Xunta de Galicia y de los acuerdos de la Ley 4/2023, de 6 de julio, de ordenación y gestión integrada del litoral gallego, que establecen, menciona Pladesemapesga, que las nuevas construcciones “se instalarían en terrenos más alejados del litoral, dejando esos espacios libres para los usos públicos que les son propios”. La plataforma se refiere asimismo a las obras, de manera que parece "no estar conectada al alcantarillado, carecer de depuradora o fosas sépticas legales”.

Pladesmapesga expone a este periódico que solicitó al Ayuntamiento de la localidad de Pontevedra que declarase la nulidad de las obras, petición sobre la que todavía no ha recibido respuesta. Por este motivo, explican, “no descartamos solicitar la nulidad de la licencia en los tribunales, toda vez que no ha podido comprobarse su tramitación con arreglo a la ley, cuando entendemos que la respuesta ha sido negativa al cumplirse los plazos legales establecidos”. Asimismo, se dirigieron a la Axencia de protección da legalidade urbanística (APLU), la Comisión de Transparencia de Galicia y la Valedora do Pobo. Ahora el colectivo anuncia que va a dar un paso más y presentar denuncia “ante todos los organismos implicados”.

El presidente de la plataforma, Miguel Delgado, cuenta a ElPlural.com que se encuentran investigando todo lo relativo al inmueble desde hace “al menos cinco años” y asegura que las gestiones a día de hoy alrededor de ella “han sido infructuosas”. “Una vez comprobado que dicha vivienda carecía de la seguridad jurídica que le corresponde al estar construida encima de las rocas y con una bajada privada el mar nos hemos interesado ante el Ayuntamiento de Moaña para localizar toda la documentación que le correspondiese legalmente”, apostilla, recalcando que “a día de hoy no hemos logrado nada a pesar de tener resoluciones favorables de la comisión de transparencia de Galicia”, mientras que la APLU “cuando presidía Feijóo la Xunta se ha negado a responder”. “Lo mismo que la Valedora do Pobo (…) A día de hoy continúa sin entregarse la documentación que nos corresponde”, incide.

Varias propiedades nada desdeñables

Eva Cárdenas dispone de varias propiedades, siendo una de las últimas adquiridas la que se localiza en Moaña, pero a ella hay que sumar otros inmuebles. La pareja del líder del PP compró un piso de 256 metros cuadrados de un edificio señorial en A Coruña después de pedir una hipoteca de 800.000 euros, mientras que poco antes se había hecho con un edificio entero en la misma localidad que contenía cuatro apartamentos.

Adquirió otra vivienda, por ejemplo, en la urbanización Icaria, en Oleiros. Se trata de un chalé de casi 400 metros cuadrados que le obligó a pedir un crédito de 600.000 euros. Dentro de su patrimonio hay que tener en cuenta otro terreno de más de 3.000 metros.

Tal y como se desprende de una información de la revista Semana, Eva Cárdenas disfruta de alrededor de 4 millones de euros en cuanto a activos y montó una inmobiliaria junto a su hija Gabriela con el nombre Niebla Azul. En otro orden de cosas, trabajó en Zara Home entre 2003 y 2018, y en Sargadelos, una compañía gallega de cerámica muy conocida en la que también tuvo importancia.

El presidente del PP, por su parte, disfruta también de una gran fortuna personal que queda amparada, entre otras cosas, por su finca de O Cairo -en la que se construyó una vivienda-, una finca rústica en Ames (A Coruña), un piso en Vigo y otro en Madrid, así como una plaza de garaje. Entre la pareja suman nada más y nada menos que once propiedades."           (Rubén Rozas, El Plural, 25/05/24)

12.5.24

Barcelona ha sido deglutida por el turismo. Muere de éxito y, en el camino, la ciudad ha perdido la amabilidad para sus ciudadanos y es un ejemplo claro de turistificación que ya no tiene vuelta atrás... Un parque temático... el visitante gasta una media diaria inferior a los 100 euros. La parte del león del coste del viaje va a compañías aéreas, grupos hoteleros y plataformas de intermediación. El turismo, como sector, es una apuesta de país pobre que lo que hace es dilapidar su capital natural o urbano para beneficio de terceros. Turistificación, significa desposesión y una destrucción de lo propio y genuino que ya jamás se va a recuperar... La ciudad es prisionera de un modelo de desarrollo sobre el que no tienen casi ningún control y escaso futuro. A medio plazo, una oferta perdedora. En este punto, la turismomofobía no es para nada, una pulsión xenófoba, sino una forma de autodefensa ante el lobby turístico público-privado que despoja la ciudad a sus habitantes (Josep Burgaya)

 "Barcelona ha sido deglutida por el turismo. Muere de éxito y, en el camino, la ciudad ha perdido la amabilidad para sus ciudadanos y es un ejemplo claro de turistificación que ya no tiene vuelta atrás. Un parque temático para aquellos que pretenden, a la vez, el clima mediterráneo, el diseño, el buen comer y la modernidad. Fue con las alcaldías democráticas ochenteras dónde se construyó una imagen de marca “cool”. La gran excusa fueron los Juegos Olímpicos de 1992. Después vinieron las facilidades de las plataformas de internet, los vuelos baratos y Airbnb. Para el 92, se movilizaron ingentes capitales públicos y privados para rehacer la ciudad, repensarla, consiguiendo una implicación fervorosa de sus ciudadanos. A todo esto, se asocia la imagen de Pasqual Maragall como el hombre capaz de visualizar una Barcelona diferente, progresista y abierta al mundo. Maragall conocía el modelo Baltimore de regeneración urbana. Con declinación industrial esta ciudad del estado de Maryland rehabilitó su decaído frente marítimo y transformó el modelo productivo. Antes de la pandemia, Baltimore recibía unos 25 millones de visitantes anuales.

Los Juegos fueron un éxito inmenso y un gran aparador, su acto inaugural el mayor spot publicitario nunca imaginado. Pero el perfil cosmopolita de la ciudad había que reforzarlo con actividades de impacto global. Ahora se abría al mundo. El Sónar, el Primavera Sound o el Mobile sirvieron, y aún lo hacen, reforzar la imagen de ciudad global. El contrapunto, es que la ciudad se ha convertido en un aparador, un artefacto pensado para visitantes y no tanto para sus habitantes. Una ciudad que tenía unos cuatro millones de pernoctaciones al año pasó a tener, en 2019, 33 millones. Por el camino, la ciudad adoptó la dinámica de las ciudades globales del neoliberalismo, solo aptas para clases medias y acomodadas, además de visitantes y residentes temporales. Esto siempre desplazando los sectores populares hacia la periferia y detentando algunos núcleos de miseria que resulta imposible de expulsar. La creación de la ciudad clasista y excluyente.

Las cifras resultan demoledoras. Su negocio turístico se aproxima al 14% del PIB y hay al menos 12.000 empresas en la ciudad que dependen de él. Esto significa un empleo directo de más de 150.000 personas. A pesar de la moratoria hotelera, hay unas 80.000 plazas (100.000 si contamos las poblaciones limítrofes), unas 20.000 plazas en hostels y albergues y, muy especialmente, una ingente capacidad de oferta de pisos turísticos a la que las normativas restrictivas no han conseguido poner coto y que actúan de manera devastadora hacia el precio de los alquileres. Hay unas 60.000 viviendas de uso turístico legales, mientras la ciudad ha perdido la última década más de 100.000 habitantes. Desde el año 2000, la ciudad ha multiplicado por cuatro la oferta de alojamiento. Barcelona recibe más de 30 millones de visitantes anuales, de los cuales más de 20 millones son extranjeros. En las visitas, se combinan vacaciones y estancias motivadas por el trabajo en una proporción de 2 a 1. Dos aspectos estos que nunca están del todo delimitados. De estos 30 millones de visitantes, casi 25 llegan a través del aeropuerto y, cerca de 3 millones, por medio de los cruceros cada vez más numerosos. Hace 30 años, para comparar, llegaban 1,7 millones de turistas a Barcelona y los cruceristas escasamente rebasaban los 100.000.

Pero en realidad y para combatir el teórico “efecto balsámico” que se le atribuye en la economía, el visitante gasta una media diaria inferior a los 100 euros. La parte del león del coste del viaje va a compañías aéreas, grupos hoteleros y plataformas de intermediación. El turismo, como sector, es una apuesta de país pobre que lo que hace es dilapidar su capital natural o urbano para beneficio de terceros. Turistificación, significa desposesión y una destrucción de lo propio y genuino que ya jamás se va a recuperar. La creación de ocupación es otro de los tópicos al uso. Gran parte de los trabajadores del sector, tienen salarios que son la mitad de los trabajadores industriales (18.000 euros anuales frente a 40.000). El 80% de los contratos son temporales. Un mundo de precariedad con muchos efectos sociales colaterales. Escasea el “espacio” para los autóctonos y para los migrantes, los cuales son otro tipo de extranjeros, venidos, la mayoría, para servir a los otros extranjeros.

En el caso de Barcelona, el lobby turístico ha sido y es muy importante. La sintonía entre hoteleros y gestores municipales es grande. No se cuestiona el modelo turístico, acaso se interviene en atraer turismo de ferias y congresos internacionales y de más poder adquisitivo. Al menos de momento, el tema de los pisos turísticos y el prohibitivo precio de los alquileres queda pendiente de políticas activas. No se asume que el modelo Barcelona, especialmente desde el punto de vista de sus ciudadanos, está en absoluta crisis y resulta poco prorrogable y, aún menos, ampliable. La ciudad es prisionera de un modelo de desarrollo sobre el que no tienen casi ningún control y escaso futuro. A medio plazo, una oferta perdedora. En este punto, la turismomofobía no es para nada, una pulsión xenófoba, sino una forma de autodefensa ante el lobby turístico público-privado que despoja la ciudad a sus habitantes. Parques temáticos, construcción de “no-lugares” y privatizar y mercantilizar lo que es público."            (Josep Burgaya, Metropoli, 04/05/24)

22.4.24

Elena E. heredó un apartamento en Gran Canaria. Decidió ponerlo en alquiler ella misma. No tardó en toparse con la intrincada legislación autonómica: está prohibido tanto residir en una zona turística como que un particular alquile su apartamento por su cuenta... la corporación insular le incoó un expediente. “Me explicaron que la comercialización ha de llevarse a cabo a través de una empresa explotadora”. Para hacerlo, esta sociedad ha de tener el 50% más uno de toda la propiedad... La Plataforma de Afectados por la Ley Turística asegura tener detectadas hasta 70.000 familias potencialmente afectadas... La ley que impide vivir en pisos turísticos tensiona el sur de Canarias. “Es una expropiación encubierta”

 Plataforma de afectados por la Ley Turística: El PGO además ofrece un marco de actuación a otras leyes, planes y decretos sin precedentes, permitiéndoles imponer multas importantes que oscilan entre los 30.000 y los 300.000 euros a aquellos que residan en sus viviendas en las zonas afectadas.

 -Testimonios

- Noticias

"Elena E. heredó el año pasado un apartamento de 63 metros cuadrados en Playa del Inglés (sur de Gran Canaria)

Decidió sacarle rentabilidad y ponerlo en alquiler ella misma. No tardó en toparse con la intrincada legislación autonómica: está prohibido tanto residir en una zona turística como que un particular alquile su apartamento por su cuenta. Tanto el de Elena E. como el del resto de nombres de afectados que aparecen en este reportaje son ficticios; también se han ocultado los de los complejos turísticos, dado que la Administración considera una atenuante que los casos no aparezcan en prensa.

Presenté declaración responsable en el Patronato de Turismo del Cabildo y me di de alta en el IGIC [el impuesto regional que sustituye al IVA] en la Hacienda de Canarias”, relata Elena E. por teléfono, “Quería hacerlo de forma legal, y pagar todos los impuestos”. Al mes, sin embargo, la corporación insular le incoó un expediente. “Me explicaron que la comercialización ha de llevarse a cabo a través de una empresa explotadora”. Para hacerlo, esta sociedad ha de tener el 50% más uno de toda la propiedad. “Quité el anuncio y mi expediente quedó archivado”.

La cosa no quedó ahí: una posterior inspección del Cabildo al inmueble en abril de 2022 derivó en un expediente contra la propia comunidad de propietarios, dado que algunos apartamentos estaban habitados, y otros se alquilaban por su cuenta. El resultado, una sanción de 9.000 euros por incumplimiento grave. El del complejo de Elena E. no es el único caso. Durante esta legislatura, la Administración ha tramitado seis multas que van desde los 2.200 a los 9.000 euros. La Plataforma de Afectados por la Ley Turística asegura tener detectadas hasta 70.000 familias potencialmente afectadas. Fuentes del Ejecutivo (actualmente gobernado por PSOE, junto a Unidas Podemos, Nueva Canarias y Agrupación Socialista Gomera) rehusaron comentar la situación.

En 2013, el Gobierno de Canarias, entonces en manos de Coalición Canaria, aprobó la Ley de Renovación y Modernización Turística de Canarias. En ella, se obligaba a los propietarios a destinarlos al alquiler turístico, lo que les impide residir en ellos. En 2017, otra norma añadió una salvedad para quienes pudiesen demostrar que ya residían ahí desde antes de ese año. Además, se estableció el requisito de contar con la misma empresa explotadora durante, al menos, diez años (o constituirse la propia comunidad en empresa).

Esta legislación persigue, sobre todo, evitar la llamada residencialización. Es decir, que se conviertan en ciudades las zonas donde turistas se alojan por cortos espacios de tiempo. Son usuarios con necesidades y apetencias diferenciadas (y, en algunos casos, incompatibles): los turistas exigen fundamentalmente ocio; los residentes reclaman equipamientos e infraestructuras. Así, según el Gobierno de Canarias, la residencialización es la principal culpable de que las plazas extrahoteleras (las que no están en hoteles) hayan pasado de 172.110 en 2015 a 98.042 en 2020. El catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Carmelo León, sostiene que este es un fenómeno que provocan las crisis turísticas, lo que empuja a los propietarios a vender las unidades alojativas a posibles residentes. “Constituye una forma fácil de obtener una rentabilidad a corto plazo”.

Para combatirlo, los hoteleros plantean el principio de unidad de explotación: es decir, que no convivan residentes y visitantes en un mismo inmueble. “Las necesidades y horarios de ambos usos a menudo se contraponen y se estorban”, explica la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo (FEHT). “Además, las obligaciones legales y de mantenimiento para un establecimiento turístico son muy superiores, lo que a menudo supone una carga que los residentes no están dispuestos a soportar”. Según la Universidad de La Laguna, el 30% de la población empadronada en San Bartolomé de Tirajana —donde están Maspalomas o la propia Playa del Inglés—, así como el 54% en Arona (en Tenerife, municipio que alberga a Playa de Las Américas o Los Cristianos) residen en las zonas turísticas.

La vivienda constituye un problema en Canarias, una región que presenta la segunda tasa más alta de población en riesgo de exclusión (36,2%, según el índice Arope). La región registró en 2022 el segundo mayor encarecimiento en el precio de la venta —datos del Instituto Nacional de Estadística— y el tercero mayor del precio del alquiler —según Idealista—. San Bartolomé de Tirajana, en concreto, es el 22º municipio de toda España con más demanda de alquiler, según los datos del portal inmobiliario. En Playa del Inglés, la situación es aún más grave, con la presión por encontrar alojamiento de los trabajadores en la industria turística.

Derecho a la propiedad privada

Los intereses de la industria —de la cual depende el 33% del PIB canario— chocan, sin embargo, con los de buena parte de la población de las islas. Sobre todo en Gran Canaria, en la que se dio la participación de muchos pequeños inversores particulares, que en los sesenta y setenta pusieron en promociones urbanísticas parte de los ahorros ganados en la agricultura.

Estas pequeñas inversiones minoristas constituyen el principal motivo por el cual en la isla ha habido tradicionalmente más oferta de apartamentos que de hoteles (al contrario, por ejemplo, de la vecina Tenerife). “En los sesenta, una hermana de mi padre compró cuatro apartamentos en el sur”, rememora Elena E. “Primero los disfrutó, y luego los explotó”. Su caso ejemplifica la situación de buena parte de los perjudicados. “El derecho a la propiedad privada es inherente al derecho a su uso”, manifiesta la presidenta de la Plataforma de Afectados por la Ley Turística, Maribe Betancor, quien califica la normativa de “inconstitucional”. La organización ha presentado una iniciativa legislativa popular (ILP) ante el Parlamento para que se modifique esta ley, y también ha acudido a los tribunales. “Ha de entenderse que los propietarios adquirieron un inmueble, sí, pero con la calificación de apartamento turístico”, matiza por su parte Javier Rodríguez-Batllori, socio del bufete San Telmo Abogados y Economistas, “y nuestra legislación no contempla una compatibilidad del uso turístico y residencial (a excepción de ciertas zonas)”.

El Defensor del Pueblo, en cambio, dio la razón a los afectados en una contundente recomendación en 2019. En su dictamen, Francisco Fernández Marugán admite que “es jurídicamente admisible” que haya un suelo especializado turístico donde no esté permitido el uso residencial. Sin embargo, sostiene que este “a día de hoy no existe en Canarias, al haberse anulado por sentencia de 18 de mayo de 2018 del TSJ de Canarias”. Y va más allá. En su opinión, recalca a su vez que la “imposición de la unidad de explotación es otra limitación al derecho de propiedad, y además a la libertad de empresa”. Desde su recomendación, sin embargo, todo sigue igual.

Escasez de vivienda

La obligación de tener que recurrir a un comercializador también solivianta a los propietarios. “¿Me vas a decir que no solo no puedo disfrutar de mi apartamento cuando quiera, sino que, además, se lo tengo que ceder a una empresa por la cara y por dos duros?”, asegura Andrés A., propietario de un inmueble en la playa de San Agustín (Gran Canaria). Este es otro problema del que se quejan Elena E. y Betancor (y muchos otros propietarios): las abusivas condiciones. “El precio lo pone el explotador y casi siempre son cantidades ridículas”, se queja la primera. Su apartamento lo comercializó una empresa hasta noviembre del 2016. Le abonaba, asegura, apenas 300 euros mensuales (“y eso cuando pagaba”). El mes escaso que lo alquiló por su cuenta ingresó una cantidad muy superior.

El precio medio de compra por metro cuadrado asciende a 4.182 euros, según Idealista, lo que eleva el valor del apartamento de Elena E. hasta 263.466 euros. Con la retribución de la empresa explotadora, tardaría 73 años solo en recuperar la inversión. O más tiempo: “Además, es el propietario el que debe mantener todo en condiciones; afrontar las derramas, pagar el IBI, la basura o la comunidad. Sufrimos una inseguridad jurídica brutal ante los abusos del explorador”. “Estas empresas son como una mafia de la que no te puedes salir”, recalca Andrés A. “Esto es una expropiación encubierta”, completa Betancor, y acusa a la consejería: “Tiene un objetivo trazado, que es favorecer al lobby hotelero”."             (Guillermo Vega, El País, 07/05/23)

- Defensor del pueblo: Inmuebles residenciales de uso turístico en Canarias.

- Ley 2/2013, de 29 de mayo, de renovación y modernización turística de Canarias, BOE

21.4.24

Una región plegada a la industria turística desde hace décadas se agota. Y su gente ha dicho basta... Canarias se rebela contra el modelo turístico: «Solo tienen ojos para la especulación y un crecimiento infinito imposible»... El motivo: mostrar el rechazo hacia el actual turismo de masas desaforado y la precariedad laboral imperante. El lema: Canarias tiene un límite... “El 80% de los beneficios del turismo canario no se quedan aquí, pero a los gobernantes no les importa. Tenemos un Gobierno que actúa como lobista del sector y de los negocios turísticos”... entre sus principales reivindicaciones está la independencia energética para las islas, la soberanía alimentaria, un fortalecimiento de la cultura del agua, la diversificación de la economía y la desclasificación de los planes turísticos todavía por ejecutar... es un movimiento eminentemente de clase trabajadora... “Hemos escuchado al Gobierno decir que quería traer trabajadores de Europa del Este, mano de obra barata, porque aquí no queríamos trabajar. Eso es mentira. Lo que pasa es que hay unos salarios bajísimos y las condiciones a las que se enfrentan las camareras de piso, por poner un ejemplo, son pésimas”... "tenemos que irnos de nuestras viviendas situadas en zonas turísticas, dárselas a un gestor único, y ya él las pondrá en alquiler para que luego nos pague una miseria. Y esto no solo pasa en el caso de las segundas viviendas, también ocurre con las primeras... “Las sanciones pueden ir desde los 2.000 euros hasta los 30.000, pero si reincides la multa puede llegar a los 300.000 euros e iniciarse un procedimiento de sustitución de propietario”

 "Una región plegada a la industria turística desde hace décadas se agota. Y su gente ha dicho basta. Como suele cantar el artista tinerfeño Cruz Cafuné: de las 8 pa’ las 8. Este sábado, 20 de abril, hay convocadas manifestaciones en cada una de las ocho islas Canarias, un hecho histórico. También saldrán a la calle en varias ciudades de la Península y Europa. El motivo: mostrar el rechazo hacia el actual turismo de masas desaforado y la precariedad laboral imperante. El lema: Canarias tiene un límite.

 Cada persona asistente tendrá en mente mil y un motivos para tomar las calles, pero los colectivos organizadores han querido destacar tres reivindicaciones que consideran prioritarias. La primera es una moratoria turística y vacacional: “No podemos seguir creciendo”, se quejan. La segunda es una regulación efectiva de la vivienda, poniendo freno al “descontrol” del alquiler vacacional y limitando la compra de vivienda a personas que no residan en las islas. Y la tercera es el cobro de una ecotasa a las personas que visitan las islas con el objetivo de reinvertir lo recaudado en el cuidado y mantenimiento de los espacios naturales o en la creación de empleos verdes.

Alfonso Boullón, portavoz de la asociación ecologista Salvar La Tejita y miembro de Canarias Se Agota –la plataforma convocante–, resume así la realidad del archipiélago: “Canarias ha llegado a esta situación porque tiene un modelo turístico totalmente insostenible basado en el uso irracional de los recursos, lo que lleva al colapso de las islas”. Desde su punto de vista, las alarmas ya están sonando. “Estamos en una emergencia hídrica, climática y energética, incluso alimentaria, y el encarecimiento de la vivienda es otro de los grandes problemas”, dice.

En los dos primeros meses del año (los únicos con datos oficiales disponibles), Canarias ha recibido 2.729.056 de turistas extranjeros, más que ninguna otra comunidad autónoma. Según el INE, con datos de 2021, en el archipiélago viven 2.172.944 personas.

El paso de los años en los que este modelo turístico ha campado a sus anchas ha provocado que la ciudadanía canaria se rebele contra la administración pública, tanto por el respeto al medioambiente como por conseguir unas condiciones de vida dignas. “Los gobiernos solo tienen ojos para la especulación, un crecimiento infinito imposible y la codicia sin límites. El turismo es un sector que precariza la economía y, aunque somos una de las regiones de España que más turistas recibe, también somos una de las comunidades con mayor índice de pobreza”, se explaya el activista.

No es casualidad que los municipios más turísticos tengan las rentas medias más bajas de todas las islas. “El 80% de los beneficios del turismo canario no se quedan aquí, pero a los gobernantes no les importa. Tenemos un Gobierno que actúa como lobista del sector y de los negocios turísticos”, critica Boullón, quien también reclama que se deje de “regalar dinero público a un turismo que no lo necesita”.

Canarias, epicentro del ‘urbanismo criminal’

Irma Ferrer es abogada del colectivo Transparencia Urbanística, una entidad que se dedica a la persecución de los delitos urbanísticos y ambientales: “Canarias es un laboratorio perfecto por su dimensión y población para analizar lo que se considera como urbanismo criminal”, inicia su discurso. ¿Qué es el urbanismo criminal? Así lo explica: “Se trata del desarrollo urbano del archipiélago, muy goloso porque es un paraíso natural, pero con unas deficiencias en torno al Estado de derecho aprovechadas claramente por aquellos que quieren explotar y exprimir los recursos naturales en beneficio propio”.

Este círculo vicioso engrasa una maquinaria demasiado peligrosa a ojos de Ferrer: “El motor económico es el turismo, y todos los partidos políticos subvencionan a los empresarios de este sector y de la construcción, quienes les riegan de dinero y parasitan las instituciones”. Esta abogada, que ha llegado a sentar en el banquillo de los acusados a grandes constructores, subraya además una coyuntura de singular importancia: “Llegamos tarde para la emergencia climática que vive Canarias, que sufrirá los estragos del cambio climático al ser un archipiélago del Atlántico con un monocultivo económico tan endeble y débil como el turismo”.

Por eso, entre sus principales reivindicaciones está la independencia energética para las islas, la soberanía alimentaria, un fortalecimiento de la cultura del agua, la diversificación de la economía y la desclasificación de los planes turísticos todavía por ejecutar. “Porque el problema no es solo lo que se construyó –explica–, sino lo que queda por construir”.

La clase trabajadora, relegada al turismo

La activista canaria María González, de 26 años, está afincada en Madrid precisamente por la inviabilidad de hacerlo en el archipiélago. También ella califica de “insostenible” que los 2,2 millones de residentes canarios tengan que dar cobertura a los más de 14 millones de turistas que llegan cada año.

Además de las movilizaciones del próximo sábado, seis personas llevan desde el 10 de abril en huelga de hambre. Están en San Cristóbal de La Laguna, en Tenerife, un municipio célebre por su movilización social. Para González, todo está relacionado. Si el sector turístico crea puestos laborales precarios, los trabajadores difícilmente tienen acceso a una vivienda mientras que el medioambiente se destruye para aumentar la oferta turística. “Reivindicamos que nosotros, los residentes de las islas, no vemos la riqueza que generamos con nuestros trabajos”, resume.

Las dos demandas principales detrás de la huelga de hambre son la paralización de los proyectos urbanísticos de lujo en el sur de Tenerife, en concreto el de Cuna del Alma y el de La Tejita –ambos frenados durante la pasada legislatura por varias irregularidades–, y una moratoria turística que insufle algo de aire en la región.

En la noche del pasado martes, una ambulancia tuvo que acudir a la zona ocupada por los huelguistas para asistir a una persona con una hipoglucemia grave tras estar seis días sin comer. Desde el Ejecutivo canario, liderado por el nacionalista Fernando Clavijo, no han dado ninguna señal de respuesta a las peticiones de las personas acampadas.

Sobre la cuestión laboral, María González se reafirma cuando dice que Canarias Se Agota –plataforma a la que pertenece– es un movimiento eminentemente de clase trabajadora. “Hemos escuchado al Gobierno decir que quería traer trabajadores de Europa del Este, mano de obra barata, porque aquí no queríamos trabajar. Eso es mentira. Lo que pasa es que hay unos salarios bajísimos y las condiciones a las que se enfrentan las camareras de piso, por poner un ejemplo, son pésimas”, responde.

Ceder tu vivienda al turismo

El asunto de la vivienda también resuena en sus demandas. “El tema ya está mal en toda España, pero es que en Canarias tenemos que competir con personas con un nivel adquisitivo del norte de Europa”, incide esta activista. Y no se queda ahí la cosa, pues sí existe cierta regulación al respecto, aunque totalmente perjudicial para los residentes. En virtud de la Ley de renovación y modernización turística de Canarias, aprobada en 2013, el Gobierno regional está multando y expulsando a los propietarios de sus viviendas para que sea un turoperador el que las explote.

“Esta ley viene a decir que tenemos que irnos de nuestras viviendas situadas en zonas turísticas, dárselas a un gestor único, y ya él las pondrá en alquiler para que luego nos pague una miseria. Y esto no solo pasa en el caso de las segundas viviendas, también ocurre con las primeras”, relata Maribe Doreste, presidenta de la plataforma de afectados por una ley que ni les permite vivir en sus casas, ni les permite alquilarlas a otras personas a menos que lo haga un tercero, lo que consideran inconstitucional.

La problemática ha ido a más desde noviembre del año pasado, cuando empezaron a llegar las primeras multas a los propietarios que no habían cedido su vivienda al explotador turístico. “Las sanciones pueden ir desde los 2.000 euros hasta los 30.000, pero si reincides la multa puede llegar a los 300.000 euros e iniciarse un procedimiento de sustitución de propietario”, denuncia la propia Doreste. Por el momento, hay unas 800 personas con expedientes sancionadores iniciados, aunque la normativa puede afectar potencialmente a 70.000 personas.

La mayoría de la gente afectada por esta normativa se concentra en el sur de la isla de Gran Canaria. Esto se debe a que, a diferencia de otras islas (como pasa en la vecina Tenerife), en la isla redonda se apostó más durante el boom turístico por apartamentos y bungalós en vez de por hoteles.

Josefa Sarmiento es una de estas afectadas y lidera la batalla judicial. Cuando recibió la multa de 2.250 euros en noviembre de 2023, recurrió ante la administración, aunque después de negarle el primer recurso, le obligaron a acudir directamente al juzgado de lo contencioso-administrativo. “Mi multa fue la única que la consejera de Turismo ratificó con su firma. Gracias a la presión social, todas las demás están paralizadas a la espera de lo que pase en mi juicio”, comenta. La vista oral del juicio está fechada para febrero de 2025. Ella lucha por mantener el piso que su familia compró hace 55 años.

Una “expropiación encubierta” masiva

Por su parte, Juan Ramón Reyes va algo más lejos y afirma que esta operación se trata de “una expropiación encubierta”. Él tiene un apartamento en el sur de Gran Canaria desde 2005. Con este símil explica la realidad que sufre: “Es como si me compro un coche y no me dejan conducirlo, se lo tengo que ceder a un tercero, pero la gasolina y el mantenimiento lo tengo que seguir pagando yo”.

Desde su punto de vista, “los explotadores turísticos son el verdadero cáncer de Canarias”, sobre todo por su manera de actuar. “Te acaban pagando lo que ellos quieren. Yo he trabajado con alguno y me han llegado a dar 172 euros al mes, aunque él sacara 2.000 euros. Si les viene mal, incluso llegan a decirte directamente que ese mes no te van a pagar”.

Detrás de este movimiento político-empresarial, Reyes cree que podría esconderse algo mayor: “¿Quién va a querer un apartamento que no puede utilizar y por el que apenas le pagan? Lo que quieren es que nos cansemos de luchar y se los vendamos a ellos para que los exploten sin límites de ningún tipo. La industria del turismo te roba las casas”, afirma tajante.

La comunidad científica habla 

La distinción entre zonas turísticas y zonas teóricamente residenciales es cada vez menor. Poco a poco, el todo-al-turismo va ganando espacio a costa de los residentes locales, que se sienten parte de un decorado, de un espectáculo mayor del que son meros figurantes.

Con el objetivo de desacreditar las demandas ciudadanas y la manifestación de este 20 de abril, el sector turístico y determinados políticos llevan meses hablando de una supuesta “turismofobia”. Sin embargo, la organización, activistas y especialistas han insistido siempre en que no se está en contra del turismo, sino del actual modelo de turismo masivo. Así lo defienden también 450 personas que forman parte del personal docente e investigador de diversas universidades y centros de estudios, tanto de Canarias como del extranjero. A través de un manifiesto, que recoge firmas de especialistas de todas las universidades canarias y de unas 30 universidades de fuera de las islas, entre ellas Harvard, hacen un llamamiento para sumarse “masivamente” a la convocatoria.

La carta sirve también como respuesta al presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo, quien declaraba que hacía falta una conversación “científica” a la hora de valorar las demandas ciudadanas. “Pues aquí llega la respuesta: unas 450 voces, especializadas en distintas áreas del conocimiento, convergen en el diagnóstico de que el actual modelo de desarrollo es fallido y en que existen alternativas fundamentadas a él”, se recoge en el manifiesto."                 (Guillermo Martínez y Eduardo Robaina , La Marea, 18/04/24)

10.4.24

El suelo urbano de las ciudades es el activo en el que se refugian dos tercios de toda la riqueza mundial, una que se ha triplicado en estos últimos 20 años, pero sólo por la apreciación de los inmuebles... cada euro que se destina a la vivienda se deja de destinar a la economía productiva... El dinero a los rentistas les llega de todas partes y les llega en cantidades cada vez mayores. Dinero que vuelve a un casino urbanístico donde es imposible perder por lo amañado de las reglas. Una inversión que nada tiene que ver con la tradicional compra de una segunda vivienda, el “por si acaso” de la clase media, sino con la acción coordinada de fondos buitre que utilizan incluso algoritmos para controlar de manera coordinada las subidas de las rentas... El absurdo precio que está alcanzando no es una consecuencia indeseada del sistema, es el sistema funcionando, uno que está pensando para crear mucha riqueza para unos pocos mediante la desposesión de muchos. Sabemos también que ese gran rentismo es la guardia pretoriana para la reacción más furibunda que hay en este país. En medio, unos pequeños propietarios de clase media secuestrados emocionalmente, que reaccionan de manera histérica ante cualquier tímida medida que pretenda atajar el problema... la vivienda es un problema que está pasando de ser estructural a trágico (Daniel Bernabé)

 "El número de nacimientos en España en el año 2008 se situó por encima del medio millón. En 2023 fue de 322.075. En este lapso de quince años, salvo un inapreciable repunte en 2014, la curva ha sido descendente. Es cierto que en las sociedades desarrolladas la natalidad disminuye por diferentes factores que van desde las expectativas sociológicas hasta la mayor inclusión de la mujer en el trabajo asalariado. Lo que también parece innegable es que la Gran Recesión marca un declive demográfico que el repunte de la economía no ha conseguido mejorar.

En nuestro presente hemos superado la barrera de los 21 millones de cotizantes a la seguridad social, en los últimos años se ha subido el salario mínimo un 54%, se han implementado medidas de protección de la producción como los ERTE y estamos superando la crisis inflacionaria interviniendo de manera exitosa el mercado de la energía. Hemos salido de las sucesivas crisis a las que nos hemos enfrentado desde 2020 de manera muy diferente a como salimos de la Gran Recesión, es decir, con un impulso legislativo que ha apostado por la redistribución en vez de por la precarización

En España hay muchos menos nacimientos de los que había antes de 2008. Para tener niños hay que tener ganas. También un trabajo más o menos estable con el que mantenerlos. Pero, desde luego, un lugar para criarlos. Y resulta que el precio de la vivienda en España vuelve a ser un problema, esta vez, además, también en el alquiler, opción que servía de refugio a todos aquellos a los que no les daban una hipoteca, aquella parte de la clase trabajadora con menos estabilidad e ingresos.

La ecuación parece sencilla: sin casas no hay niños ni niñas. No hay futuro, no hay capacidad de trazar un proyecto de vida en el que quepa la construcción de una familia. Y esto es innegable. Podemos, repito, tirar de análisis sociológicos y convertir este problema en una cuestión de querencias, de que ahora en vez de descendencia se prefiere viajar al sudeste asiático, un gato, el hedonismo y no sé qué. O podemos dejarnos de tanta zarandaja –el nombre que en español deberían recibir las guerras culturales– y afirmar que nos encontramos ante un problema de reparto del capital.

Un problema de reparto del capital diferente al que teníamos en la segunda mitad del siglo XX, donde, en Europa occidental, existía explotación del trabajo asalariado pero también una cierta estabilidad y bastante intervención pública para lograr el reparto de la riqueza. Había casas, había niños. ¿Qué es lo que nos ha sucedido desde el inicio del siglo XXI? Que la semilla que plantaron Reagan y Thatcher dio sus frutos y, hubiera quien hubiese al timón del Gobierno, la economía desbridada pasó de llevar el capital de negocios productivos a otros puramente especulativos. Gana mucho, gana rápido y no mires atrás.

La empresaria María Álvarez analiza este fenómeno en su artículo La vivienda y el nuevo feudalismo, donde explica que el suelo urbano de las ciudades es el activo en el que se refugian dos tercios de toda la riqueza mundial, una que se ha triplicado en estos últimos 20 años, pero sólo por la apreciación de los inmuebles. Desde que el gigantesco casino de las finanzas mundiales puso sus garras en la vivienda se han multiplicado por diez los recursos que un hogar destina a la vivienda, siendo en 1985 de un 4% y de un 40% en 2024. No hay medida redistributiva sobre los sueldos que compense este brutal incremento.

El problema no es sólo de inequidad, no es sólo de crisis de nacimientos o de pérdida de las más mínimas perspectivas vitales. Lo es, también, de que cada euro que se destina a la vivienda se deja de destinar a la economía productiva. Los trabajadores, que son también consumidores, han pasado de gastar un 85% en bienes y servicios en 1985 a un 70% en estos últimos años. Eso sin contar con los miles de millones de dinero público que el Estado ha dejado de ingresar con exenciones fiscales en vivienda o subvenciones directas a la hipoteca o el alquiler que, pudiendo paliar en un momento determinado el problema, lo han empeorado a medio plazo. 

El dinero a los rentistas les llega de todas partes y les llega en cantidades cada vez mayores. Dinero que vuelve a un casino urbanístico donde es imposible perder por lo amañado de las reglas. Una inversión que nada tiene que ver con la tradicional compra de una segunda vivienda, el “por si acaso” de la clase media, sino con la acción coordinada de fondos buitre que utilizan incluso algoritmos para controlar de manera coordinada las subidas de las rentas o con profesionales que están empobreciendo nuestras ciudades transformando barrios enteros en zonas de alojamiento vacacional. 

Sabemos que la vivienda es un problema que está pasando de ser estructural a trágico. El absurdo precio que está alcanzando no es una consecuencia indeseada del sistema, es el sistema funcionando, uno que está pensando para crear mucha riqueza para unos pocos mediante la desposesión de muchos. Sabemos también que ese gran rentismo es la guardia pretoriana para la reacción más furibunda que hay en este país. En medio, unos pequeños propietarios de clase media secuestrados emocionalmente que, aun viendo que sus hijos sufren el problema de igual manera que el resto, reaccionan de manera histérica ante cualquier tímida medida que pretenda atajar el problema. 

También millones de jóvenes de clase trabajadora que esperan que todo vuelva a ser como antes. La cuestión es que esto no es una etapa, sino un expolio calculado que, repetimos, tiene que ver con el desigual reparto de capital en nuestro país, con cómo ese capital se apuesta en la economía especulativa en vez de en la economía productiva. Algunos de ellos, al parecer, silbaron a Pedro Sánchez y le llamaron “perro” mientras que el presidente anunciaba el fin del visado de oro, una medida que sólo ha valido para que unos cuantos miles de ricos puedan especular de manera cómoda con la vivienda en nuestro país.

Así funcionan las zarandajas."                   (Daniel Bernabé, InfoLibre, 09/04/24)

4.4.24

¿Qué hacer con la vivienda? La oferta que hace falta es de vivienda pública y protegida de calidad; la demanda que necesitamos es para vivir... Hacen falta más viviendas, pero viviendas que estén protegidas de los precios de mercado... Tener un parque de vivienda mayoritariamente privado implica que las familias destinan un alto porcentaje de sus ingresos al pago de la vivienda... A la sociedad le cuesta en baja emancipación, en tener menos dinero en el bolsillo, en lastre productivo, en estancamiento vital, en no poder tener hijos... la sociedad gana cuando el acceso a la vivienda es un acceso no mediado por la lógica del mercado: se gana en libertad, tranquilidad y salud mental, en más dinero en el bolsillo, en ahorro de gasto público... En materia de vivienda protegida se tienen que impulsar las asociaciones de lucro limitado que, a cambio de proveer vivienda, reciban ayuda de las instituciones (fiscales, créditos blandos, suelo, asesoría) para que la promoción sea viable. Estas asociaciones están obligadas a reinvertir sus beneficios en mantener los inmuebles y en seguir aumentando el parque de vivienda asequible (Jorge Moruno)

 "El modelo de vivienda es siempre una operación de Estado. Históricamente en España, a diferencia de otros países europeos, se ha orientado la intervención del Estado para impulsar la vivienda de mercado en régimen de propiedad. El peso de la propiedad, aunque ha descendido, es de los más altos de Europa, solo por detrás de países como Rumania y muy por encima de países como Alemania, Austria o Francia. El subdesarrollo de las políticas de bienestar asociadas a la vivienda, junto con un modelo productivo intensivo en sectores que generan mucha precariedad, son efecto y causa de nuestro modelo de vivienda. Un modelo que genera una profecía autocumplida cuando, de facto, alquilar se convierte en tirar el dinero y hacerse mayor sin una vivienda en propiedad aumenta la vulnerabilidad. Sin embargo, que la riqueza de los españoles esté mayoritariamente invertida en ladrillo nos hace ser un país más pobre, salvo que pensemos que por tener un porcentaje más alto de propietarios el ciudadano medio español es más rico que el ciudadano medio austríaco.  

El principal problema de la vivienda es aquello vivido como algo evidente y que ni se piensa ni se problematiza: que la garantía de un derecho fundamental como la vivienda sea principalmente proveída por el mercado y sea guiada por la rentabilidad. ¿Pensamos así la sanidad? ¿Alguien se imagina que el acceso a la sanidad se fundamente y dependa de que unos se lucren con el trabajo de otros? El Estado debe cambiar su política de vivienda para garantizar la seguridad residencial y facilitar la transición a un modelo económico más productivo. Para ello, el Estado debe dejar de hacer lo que ha venido haciendo hasta ahora, a saber, debe dejar de orientar su política y su intervención en promover la vivienda de mercado: deducción por compra, ausencia de leyes de vivienda y mucha liberalización de suelo, vivienda protegida que puede descalificarse, venta de suelo público, enajenación de vivienda pública, avales a la compra y un largo etcétera de políticas que buscan perpetuar la vivienda como bien de mercado en detrimento de la vivienda como un derecho. Donde la vivienda es más un derecho que un bien de mercado, funciona mejor.

Un modelo en el que no hay otra alternativa que la vivienda de mercado es un modelo totalmente disfuncional y por eso es urgente aumentar considerablemente la oferta (pública y social) y también regular el precio de mercado. Se trata de hacer realidad la libertad de elección, porque lo que no funciona y no ha funcionado en ningún sitio es imponer un modelo que obliga a la gente a tener que elegir entre quedarse en casa de los padres, dejarse el sueldo en un alquiler o, si tiene suerte, hipotecarse con el banco durante 30 años. Lo importante es garantizar la seguridad residencial frente al poder del banco y la amenaza de no poder pagar la hipoteca, o de tener que vivir de un alquiler, a precio y condiciones de mercado, que es una fuente de incertidumbre e inestabilidad.

El modelo de vivienda de mercado es un modelo diseñado por el Estado centrado en blindar el negocio privado, que tiene un enorme coste social, económico y supone un lastre para el conjunto del modelo productivo. Y, al contrario, la vivienda segura y asequible es un elemento fundamental para el desarrollo vital, social y económico de un país. Lo importante nunca es fijarse en las medidas de manera aislada, ni en el coste de una política sin tener en cuenta la secuencia entera de impactos, sean estos negativos o positivos. Por ejemplo, es bueno generar deuda para invertir en vivienda pública porque tiene un retorno social y económico, y no tiene sentido endeudarse para pagar gastos corrientes mientras se indulta fiscalmente a los más ricos.

La política de vivienda no es únicamente una cuestión de cantidad, es sobre todo una cuestión de modelo y de definición política del objetivo a lograr. Si lo que se pretende es garantizar la accesibilidad, la asequibilidad y la seguridad residencial, hay que impulsar la vivienda protegida, la vivienda pública, regular (bien) los precios del alquiler privado y ofrecer ayudas en los casos necesarios. La oferta que hace falta es de vivienda pública y protegida de calidad; la demanda que necesitamos es para vivir. Suele decirse: “Hay que sacar más viviendas al mercado”, cuando lo que hace falta es sacar más viviendas del mercado. Hacen falta más viviendas, por supuesto, pero viviendas que estén protegidas de los precios de mercado.

El principal proveedor de vivienda no tiene que ser el mercado, sino operadores sociales que promuevan tanto la vivienda pública y la vivienda protegida como las impulsadas por asociaciones de lucro limitado, lo que en inglés se denomina Housing associations, o las empresas públicas o mixtas de vivienda. Luego, quien quiera y pueda, que compre vivienda de mercado, pero no se puede forzar a la población a tener que comprar o alquilar en el mercado para acceder a una vivienda, y las instituciones tienen la obligación de ofrecer otras alternativas. Tener un parque de vivienda mayoritariamente privado implica que las familias destinan un alto porcentaje de sus ingresos al pago de la vivienda. A la sociedad le cuesta mucho mantener este modelo de vivienda. Le cuesta en baja emancipación, en tener menos dinero en el bolsillo, en lastre productivo, en estancamiento vital, en términos ecológicos, en gasto sanitario, en bonificaciones, en no poder tener hijos, en estrés y salud mental, etc. Y, al revés, la sociedad gana cuando el acceso a la vivienda es mayoritariamente un acceso no mediado por la lógica del mercado: se gana en libertad, tranquilidad y salud mental, seguridad residencial, en más dinero en el bolsillo, en ahorro de gasto público y en mejorar el modo productivo.

En materia de vivienda protegida se tienen que impulsar las asociaciones de lucro limitado que, a cambio de proveer vivienda, reciban ayuda de las instituciones (fiscales, créditos blandos, suelo, asesoría) para que la promoción sea viable. Estas asociaciones están obligadas a reinvertir sus beneficios en mantener los inmuebles y en seguir aumentando el parque de vivienda asequible. Un modelo de vivienda protegida que tienda a la universalidad al que puedan acceder amplios rangos de renta, que sea autofinanciable a través de la financiación cruzada, donde los inquilinos que más tienen más aportan. Un estudio realizado para Canadá indica que el incremento de la vivienda protegida también afecta a la productividad y la economía: “incrementar la vivienda pública y asequible al 7% del total para 2030: aumenta la productividad entre un 5,7% y un 9,3% y tiene un impacto positivo para la economía de entre 67 y 136 billones de dólares.” En otra investigación realizada en el Reino Unido se estima que la construcción de 90.000 viviendas sociales obtendría un retorno económico de 50.000 millones de libras.

En materia de vivienda pública es de sobra conocido que España se encuentra a la cola de Europa. El Gobierno de España, en la parte que le toca porque recordemos que las competencias en vivienda son de las CCAA, ha anunciado su intención de incrementar el parque público de vivienda hasta el 20% del total. Desgraciadamente, ese propósito no cuenta ni con plazos ni con presupuesto: España debería invertir el 1%-2% del PIB en vivienda durante décadas para alcanzar ese propósito.

En un modelo de vivienda donde el acceso no depende del mercado, no solo hay más seguridad residencial y tranquilidad, sino que también es más eficaz. ¿Cómo empezar a transitar hacia ese cambio partiendo de la realidad concreta de nuestro actual modelo? Con normas, presupuesto e instrumentos. Hay que pensar las políticas de vivienda de manera integral y en conjunto, no de manera aislada, acorde a un objetivo que siempre es fruto de una posición política. Hay que hacer muchas cosas al mismo tiempo. 

Normas que, al igual que en el resto de Europa, doten de instrumentos a las instituciones para regular precios, movilizar vivienda vacía, reservar suelo, frenar operaciones especulativas y un largo etcétera de acciones. Presupuesto creciente y sostenido en el tiempo que se invierta en aumentar el parque público y el parque asequible de vivienda. Instrumentos que, más allá del presupuesto, permitan ampliar ese parque de vivienda, ya sea creando operadores que orienten la inversión privada, ya sea creando un banco público de inversión similar al Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) alemán, a través del cual obtener financiación y canalizar los recursos necesarios para costear el parque público de vivienda. Otro instrumento fundamental pasa por dotar de reconocimiento a la sociedad civil organizada a través de los sindicatos de inquilinos.

Se trata, en definitiva, de buscar por todos los medios recursos y de contar con las leyes que permitan operar y aumentar la oferta de vivienda protegida del mercado. ¿Y cómo se aumenta ese parque de vivienda? Por todas las vías, esto es, comprando mucha vivienda privada, rehabilitando vivienda, movilizando la vivienda vacía y construyendo vivienda nueva. Tenemos que iniciar, de una vez por todas, la transición más importante, necesaria, urgente y estructural que exige nuestro país: la de la vivienda. Tenemos que ser capaces de jugar en la liga de los mejores modelos de vivienda del mundo y que la gente pueda elegir libremente cómo vivir. Para que eso sea real, tienen que existir diferentes opciones donde poder decidir y abandonar el actual “vive como puedas” para abrazar el “vive como quieras”. 

(Jorge Moruno es sociólogo por la UCM y diputado de Más Madrid. InfoLibre, 02/04/24)

8.8.23

Piketty: Francia y sus divisiones territoriales... Los suburbios que se incendian actualmente tienen mucho más en común con los pueblos abandonados y las ciudades medianas de lo que a veces se imagina... existen desigualdades considerables entre los municipios de todo el país, tanto dentro de las grandes conurbaciones como entre las ciudades y pueblos medianos... Las distintas zonas desfavorecidas se caracterizan también por su integración específica en la estructura productiva. Los suburbios más pobres incluyen a un gran número de trabajadores de los servicios (comercio minorista, restauración, limpieza, sanidad, etc.) que siguen votando a la izquierda. Por el contrario, en las ciudades y pueblos más pobres hay más obreros expuestos a la competencia internacional.Muchos de ellos se han sentido abandonados por los gobiernos de izquierda y de derecha de las últimas décadas (acusados de haber apostado todo a la integración comercial europea y mundial, sin límites ni reglas) y se han unido al FN-RN.Pero contrariamente a lo que imaginan los dirigentes políticos del bloque nacionalista, estos electores esperan ante todo respuestas socioeconómicas a sus problemas, y no una estrategia de confrontación identitaria, que no corresponde en absoluto al estado real de la sociedad francesa, como demuestran los elevadísimos niveles de mestizaje y de matrimonios mixtos... en lo que se refiere al acceso a los servicios públicos y a los presupuestos municipales, las autoridades locales dependen ante todo de las bases impositivas locales, y las medidas nacionales supuestamente puestas en marcha para atajar estas desigualdades abismales sólo han reducido una pequeña parte de las mismas... y el bloque liberal sigue explicando hoy que no es concebible una mayor redistribución... corresponde ahora al bloque de izquierdas reunir a los territorios desfavorecidos en torno a una plataforma común

 "Francia y sus divisiones territoriales

Para analizar los disturbios urbanos de 2023 -con mucho, los más graves desde los de 2005- y los malentendidos políticos a los que dan lugar, es esencial remontarse a las raíces del malestar territorial de Francia. Los suburbios que se incendian actualmente tienen mucho más en común con los pueblos abandonados y las ciudades medianas de lo que a veces se imagina. La única manera de salir de las contradicciones actuales es unir políticamente estas diferentes zonas desfavorecidas.

 Echemos la vista atrás. Entre 1900-1910 y 1980-1990, las desigualdades territoriales disminuyeron en Francia, tanto en términos de diferencias de producto interior bruto per cápita entre departamentos como de desigualdades de riqueza inmobiliaria o de renta media entre municipios y departamentos. Desde 1980-1990 ocurre lo contrario (J. Cagé et T. Piketty, Une histoire du conflit politique, Seuil, 2023). La relación entre el PIB per cápita de los 5 departamentos más ricos y más pobres, que había bajado de 3,5 en 1900 a 2,5 en 1985, ha pasado a 3,4 en 2022. Estamos asistiendo a una concentración sin precedentes del PIB en unos pocos departamentos de la región de Île-de-France (sobre todo París y Hauts-de-Seine), vinculada a la expansión sin precedentes del sector financiero y de las sedes de grandes empresas, y en detrimento de los centros industriales provinciales. Esta espectacular evolución se ha visto agravada por la desregulación financiera y la liberalización del comercio, así como por las inversiones públicas en beneficio de la región capital y las grandes ciudades (TGV frente a trenes regionales).

 Se observan tendencias similares en las desigualdades entre municipios. La relación entre la riqueza inmobiliaria media del 1% de los municipios más ricos y más pobres ha pasado de 10 en 1985 a 16 en 2022. En Vierzon, Aubusson y Château-Chinon, el valor inmobiliario medio es de apenas 60.000 euros. Supera los 1,2 millones de euros en el distrito 7 de París, así como en Marne-la-Coquette, Saint-Jean-Cap-Ferrat y Saint-Marc-Jaumegarde. La relación entre la renta media del 1% de los municipios más ricos y más pobres ha pasado de 5 en 1990 a más de 8 en 2022. La renta media en Creil, Grigny, Grande-Synthe y Roubaix es de apenas 8.000-9.000 euros por habitante y año. Alcanza los 70.000-80.000 euros en Neuilly-sur-Seine, Le Vésinet o Le Touquet. Incluso supera los 100.000 euros por habitante (¡incluidos los niños!) en los distritos 7 y 8 de la capital.

 El punto central es que existen desigualdades considerables entre los municipios de todo el país, tanto dentro de las grandes conurbaciones como entre las ciudades y pueblos medianos.
 
En la cúspide de la jerarquía territorial se encuentran los suburbios más ricos de las grandes metrópolis, algunos de los centros urbanos y varias ciudades y pueblos ricos.En la base de la pirámide, los suburbios más pobres se han visto duramente afectados por la desindustrialización.Ahora son tan pobres como las ciudades y pueblos más pobres, lo que no era el caso históricamente.Estas diferentes zonas desfavorecidas se enfrentan sin duda a retos específicos.Los suburbios pobres tienen mucha más experiencia de diversidad de origen y discriminación probada en las prácticas policiales y el acceso a la vivienda y el empleo.Es urgente que las autoridades públicas se doten por fin de los medios necesarios para objetivar y medir con rigor la evolución de esta discriminación, cuya existencia ha sido demostrada por multitud de estudios de investigación.

 Las distintas zonas desfavorecidas se caracterizan también por su integración específica en la estructura productiva.

 Los suburbios más pobres incluyen a un gran número de trabajadores de los servicios (comercio minorista, restauración, limpieza, sanidad, etc.) que siguen votando a la izquierda.
 
Por el contrario, en las ciudades y pueblos más pobres hay más obreros expuestos a la competencia internacional.Muchos de ellos se han sentido abandonados por los gobiernos de izquierda y de derecha de las últimas décadas (acusados de haber apostado todo a la integración comercial europea y mundial, sin límites ni reglas) y se han unido al FN-RN.Pero contrariamente a lo que imaginan los dirigentes políticos del bloque nacionalista, estos electores esperan ante todo respuestas socioeconómicas a sus problemas, y no una estrategia de confrontación identitaria, que no corresponde en absoluto al estado real de la sociedad francesa, como demuestran los elevadísimos niveles de mestizaje y de matrimonios mixtos.

 La verdad es que los suburbios pobres y las ciudades y pueblos pobres tienen mucho en común con las zonas más ricas, sobre todo en lo que se refiere al acceso a los servicios públicos y a los presupuestos municipales.

 La razón es sencilla: los recursos de que disponen las autoridades locales dependen ante todo de las bases impositivas locales, y las medidas nacionales supuestamente puestas en marcha para atajar estas desigualdades abismales sólo han reducido una pequeña parte de las mismas.
 
Al final, el presupuesto per cápita es mayor en los municipios más ricos que en los más pobres, de modo que el dinero público agrava las desigualdades de partida en lugar de corregirlas, a conciencia. Las propuestas realizadas en 2018 por el informe Borloo para objetivar esta realidad y acabar con ella han sido abandonadas, y el bloque liberal sigue explicando hoy que no es concebible una mayor redistribución.Ante el callejón sin salida de los otros dos bloques, corresponde ahora al bloque de izquierdas reunir a los territorios desfavorecidos en torno a una plataforma común."                      (

14.7.23

La profunda fractura territorial que se está cimentando entre lo urbano y lo rural... Las dos grandes transformaciones por las que está pasando el mundo son la tecnología y la sostenibilidad ambiental. Y ambas cuestiones son percibidas de forma distinta en el mundo urbano y el mundo rural. Desde el punto de vista de la sostenibilidad, la España menos poblada percibe que su papel va a ser secundario. Actividades como la caza, la ganadería o la agricultura están siendo puestas en cuestión, contribuyendo a una mayor despoblación de esta parte del territorio... Hay una agenda política y un electorado progresista que difiere en las grandes ciudades respecto del resto del país. Esto está condicionado por las bases de apoyo y por la agenda programática. De cómo demos respuesta a esta fractura, depende mucho el futuro de la izquierda

 "(...) hay dos izquierdas que están pasando desapercibidas y que no sólo fueron relevantes en las elecciones del 28 de mayo, sino que además pueden marcar el devenir de los progresistas en España. Me estoy refiriendo a la profunda factura territorial que se está cimentando dentro de la izquierda: la urbana y la rural.

 En los 50 municipios de mayor población de nuestro país tenemos al 35% de los españoles y en los 8.043 restantes está el 65% de la población. Muy pocas ciudades concentran a más de un tercio de toda la ciudadanía. El pasado 28 de mayo, el PSOE obtuvo un 25,7% de apoyo en estas 50 ciudades, mientras que en el resto de España su porcentaje de voto fue ligeramente superior: un 29,1%. En cambio, las diferentes marcas que adoptó todo lo que está a su izquierda, mostraron una fractura territorial mayor. En la España profundamente urbana, esta izquierda alcanzó el 14% de los votos, mientras que en el resto del país el porcentaje de apoyo fue del 4,3%. Es decir, casi 10 puntos de diferencia.

No es la primera vez que observamos esta brecha territorial. Usando como referencia estas 50 ciudades, en 2019 pasó algo parecido. El PSOE consiguió cinco puntos más de apoyo en la España menos poblada, mientras que en las marcas a la izquierda del PSOE la diferencia fue de un 18,1% es las ciudades más pobladas frente a un 10,4% en el resto del país (casi ocho puntos de diferencia). Pero, quizás, la fractura más llamativa fue en 2015. Entonces, el Partido Socialista sumó el 20% de los votos en las 50 ciudades más pobladas, frente al 27,2% en el resto del país (7,2 puntos de diferencia). Las marcas a la izquierda del PSOE lograron superarlo en la España más urbana, 25% de los votos, frente a la España menos poblada, donde consiguieron casi 15 puntos menos de apoyo.

¿Pero siempre fue así? En 2007, antes de la Gran Recesión y el 15-M, la izquierda no mostraba tal fractura. En las elecciones municipales de ese año, el Partido Socialista obtuvo el mismo porcentaje de votos en las dos Españas que acabamos de describir: el 34%. Y lo que había a su izquierda (Izquierda Unida, Iniciativa per Catalunya, el Bloc…), lograron también el mismo porcentaje de apoyos en las 50 grandes ciudades y en el resto de las poblaciones: el 7%.

Hay dos posibles argumentos para lo que está sucediendo. Por el lado de la sociedad, estamos asistiendo a una crisis política de la que no acabamos de salir. Desde la Gran Recesión, la gente está muy interesada por la política, pero siente un gran desapego hacia ella. La ciudadanía padece una profunda desafección hacia los actores políticos: no comparten ni el fondo ni las formas. De hecho, rechaza la polarización en la que vive el país. Además, sienten que no son representados de forma correcta. En otras palabras, lo que caracterizó al 15-M sigue de alguna forma entre nosotros, especialmente en las grandes ciudades, que es donde surgió este movimiento de protesta.

Por el lado de los partidos de izquierdas, existe un problema de agenda. Las dos grandes transformaciones por las que está pasando el mundo son la tecnología y la sostenibilidad ambiental. Y ambas cuestiones son percibidas de forma distinta en el mundo urbano y el mundo rural. Desde el punto de vista de la sostenibilidad, la España menos poblada percibe que su papel va a ser secundario. Actividades como la caza, la ganadería o la agricultura están siendo puestas en cuestión, contribuyendo a una mayor despoblación de esta parte del territorio. Además, lo único que parece atribuirse a la España rural es la de generadores de energía renovable, actividad que generan riqueza, pero pocos empleos.

 En el desafío tecnológico pasa algo parecido. Nuestros hábitos de consumo cambian y, además, en las pequeñas poblaciones no existen las mismas posibilidades que en el mundo urbano. Por lo tanto, actividades como el comercio local están en riesgo. Pero esto afecta mucho más a las pequeñas poblaciones que a las grandes ciudades. Una tienda o un bar, si cierra en un pueblo, tiene un mayor impacto social y económico que si lo hace en una gran ciudad.

En definitiva, los progresistas parecen fragmentarse territorialmente: urbano y rural. Hay una agenda política y un electorado progresista que difiere en las grandes ciudades respecto del resto del país. Esto está condicionado por las bases de apoyo y por la agenda programática. De cómo demos respuesta a esta fractura, depende mucho el futuro de la izquierda."           (Ignacio Urquizu , El País, 13/07/23)

15.3.23

Una parte de la progresía urbana, la más pendenciera, se resiste a salirse de sus privilegios de clase y se empeña en que los demás adopten su perspectiva (semana de cuatro días, ciudad de 15 minutos, teletrabajo, sostenibilidad... el caso de Rodríguez Pam negándose a aceptar que una mayoría de las mujeres prefieran la penetración a masturbarse)... no son malas ideas, pero a menudo se despliegan a costa de invisibilizar el problema de fondo, la desposesión que sufre la mayoría de la sociedad... En lugar de tejer proyectos que puedan ser atractivos para la mayoría de la gente, se revuelven cuando no se les concede la razón, lo que impide que la izquierda actual tenga recorrido... La política, hoy más que nunca, cuando estamos en un cambio de época, requiere pensar desde una perspectiva común los problemas que sufre la mayor parte de la sociedad. Con ese punto de partida es posible que los proyectos avancen (Esteban Hernández)

 "La izquierda no goza de buena salud en Europa. En Alemania, los socialdemócratas están flanqueados por el FDP en la vertiente económica y por los verdes en la geopolítica, lo que limita mucho su capacidad real de acción. En Francia, el papel central lo ejerce Macron, mientras que Mélenchon y su Nupes están cada vez más divididos. En Italia no parece haber fuerzas que puedan competir hoy con el bloque de las derechas. En España, además del PSOE, contamos con una izquierda menguante, la de Podemos, y otra que aún no ha salido a la arena política, la de Yolanda Díaz; y hay bastantes dudas de que, entre todas ellas, puedan conservar el gobierno.

Sin embargo, y más allá de los resultados electorales, lo que parece evidente es que la izquierda europea ha perdido la capacidad motora. La derecha populista está ejerciendo mucho más de fuerza de futuro, en distintos sentidos. Más allá del crecimiento en los países del sur, lo significativo es que gobiernos antes denostados, como el polaco, ahora se conviertan en el centro de Europa.

La falta de arraigo de las propuestas progresistas resulta paradójica, en la medida en que las condiciones estructurales de la época, las tensiones geopolíticas y las necesidades nacionales son muy favorables a programas tradicionales de la izquierda.

En esa pérdida de motor ideológico tiene mucho que ver la conversión de los partidos progresistas mayoritarios en partidos ESG, dedicados a impulsar la sostenibilidad y a cumplir con los criterios ambientales, sociales y de gobernanza. Pero también hay responsabilidad más allá de las formaciones tradicionales, porque los partidos más a la izquierda entraron en una deriva autorreferencial que les impedía proponer un futuro atractivo para el conjunto de la sociedad. Su escasa comprensión de la actual estructura de clases es una de las causas más evidentes de su declive, lo que se hace patente en sus propuestas estrella.

La ciudad de dos horas

La ciudad de 15 minutos es un buen ejemplo. Parte de una propuesta razonable, la de vivir en espacios donde todo esté a la mano: barrios en los que haya centros de salud, comercios, lugares de encuentro y servicios públicos a una distancia que pueda recorrerse a pie, o que, en su defecto, esté rápidamente conectada a través del transporte público. Es difícil oponerse a una visión de esta clase. El problema reside en que justo lo que hace imposible ese tipo de ciudad para buena parte de la población no está sujeto a la acción gubernamental o a la de consistorios locales: la gente trabaja allí donde puede, y eso supone muy a menudo desplazarse hasta lugares alejados de su hogar.

Esto tiene mucho que ver con la estructura de clase que determina tiempo y espacio en las ciudades más grandes. En la medida en que el coste de las viviendas, compradas o en alquiler, consume buena parte de las rentas, mucha gente, y en especial la que menos recursos tiene, se ve obligada a residir lejos si quiere mantener unas condiciones habitacionales dignas. Lo que no se paga en dinero, se paga en desplazamientos, es decir, en tiempo. Residir cerca del trabajo es posible para las personas que cuentan con recursos suficientes, o a las que sus demandadas titulaciones les permiten tener en cuenta la cercanía como elemento relevante a la hora de escoger entre diferentes ofertas. Pero esos estratos sociales no constituyen la mayoría de la población, más al contrario.

Si no se opera sobre este elemento, que constituye la mayor parte de los desplazamientos, la ciudad de 15 minutos no es más que rebranding: nos venden algo habitual mediante un término nuevo. Sin arreglar el problema de la distancia del centro de trabajo, la propuesta queda reducida a la necesidad de aumentar de todo tipo de dotaciones de los barrios. Y es buena idea, pero también es cierto que, en abstracto, es algo que la gran mayoría de las formaciones políticas proponen, unas con más voluntad real que otras.

A veces, estas propuestas encuentran aliados inesperados. Las conspiraciones alrededor de la ciudad de 15 minutos, de las que se ha llegado a afirmar que era una manera de encerrarnos en nuestros barrios, ayuda a la difusión de la idea. Sitúa a la izquierda en su marco preferido, el de seres infrapensantes que dan pábulo a todo tipo de noticias falsas y que se convierten en fuerzas de choque reaccionarias. A pesar de la polémica, que ha quedado encerrada en el circuito habitual, en especial el de Twitter, la ciudad de 15 minutos no es algo que haya penetrado en el imaginario colectivo como aspiración general. Por algo será.

Dimite quien puede

Esa misma falta de comprensión y de aceptación social se produjo con el debate sobre la gran dimisión, que fue celebrada por la izquierda como una contestación al sistema: la falta de satisfacción de la gente con sus trabajos, ya fuera por los salarios o por las condiciones laborales, llevaba al abandono en masa. Como era una tendencia de la que se estaba hablando en EEUU, los medios occidentales pecaron de provincianismo y se hicieron eco rápidamente de ella. No hubo gran dimisión: las pequeñas renuncias fueron limitadas y se terminaron cuando EEUU dejó de enviar los cheques pandémicos, pero se nos vendió como un fenómeno de grandes dimensiones.

La realidad es que normalmente abandona el trabajo quien puede, no quien quiere. La gente que opera en sectores demandados no tiene demasiado problema en marcharse, porque algo encontrará, mientras que los demás no pueden dejar de pagar las facturas. Cuando pasó la ola dimisionaria, se nos dijo que lo que estaba operativo era la dimisión silenciosa. Era una definición extraña, porque venía a decir que la gente iba a trabajar, pero sin ganas. Hubo quienes se sintieron reconocidos en esta expresión, ya que se percibían poco valorados en su trabajo o creían que merecían mucho más de lo que obtenían, y esa falta de entrega era una exteriorización rebelde de su malestar interior.

Sin embargo, el mero hecho de pensar de esa manera revelaba su posición social: trabajaban en puestos cualificados donde se suponía que la dedicación era relevante. La mayoría de la gente no vincula el empleo con las ganas: es complicado levantarte y sentirte pletórico porque vas a poner copas, o a sepultarte en un montón de papeles o a cargar en Mercamadrid.

Tras la desaparición de la dimisión silenciosa, nos han contado que la gran dimisión no había sido posible más que para ese grupo reducido de personas que contaban con recursos para dejar su empleo e irse de viaje por Asia o emplear el tiempo en hacer surf. Todo esto era evidente desde el principio, pero aun así, la expresión se convirtió en un tema habitual de debate. En determinadas clases sociales, claro, porque a la gente común este tipo de cosas les resultaban extemporáneas.

Trabajo o renta

La semana laboral de cuatro días se mueve en una contradicción similar. Mucha gente querría trabajar cinco días, ya que no tiene empleo o es contratada a tiempo parcial; mucha gente, también, querría trabajar cinco días, porque su semana es de seis, o porque su horario excede de las 8 horas diarias. Los cuatro días a la semana son posibles en sectores concretos, en empleos cualificados o en partes de la administración, pero el resto de la gente no lo ve como una opción, sino como alguno que le resulta completamente ajeno.

Y algo de esto hay también en el teletrabajo. Si bien es cierto que a muchas personas la posibilidad de realizar su tarea laboral en remoto le resulta una gran ventaja, y las medidas tomadas en ese sentido son muy útiles, también lo es que buena parte de los empleos no incluyen esa opción: ni al bombero, al camarero o al transportista, entre muchos otros sectores, les es posible teletrabajar. Podríamos continuar con otros ejemplos, como la renta básica, el rentismo para pobres. La mayoría de la gente prefiere tener un empleo, y mejor si está bien pagado, que depender de una ayuda. Hay quienes aspiran a otro tipo de vida, en la que el trabajo no determine su existencia: podrían ser cineastas o diseñadores, y dedicar su tiempo vital a aquello que les satisface interiormente. La renta básica ayudaría a realizar esos proyectos vitales: si alguien puede dejar el trabajo y marcharse a hacer surf o de viaje a Asia, por qué ellos no. Es una postura legítima, pero también hay que reconocer que hoy no es un proyecto social mayoritario.

El estado del autobienestar

El núcleo que recorre propuestas tan dispares, las que conforman el ideario de la izquierda más progresista, es que se trata de políticas pensadas en primer lugar para mejorar la vida de quienes las enuncian. Esto es llamativo, ya que cuando se preguntan acerca de cómo mejorar la vida de la gente, piensan que la mayoría de las personas tienen los mismos problemas que ellos. Un número elevado de fenómenos sociales son entendidos desde esta perspectiva, el último la fascinación con el ChatGPT, y la misma transición climática se ha desplegado mediante un discurso entroncado con esta mirada.

Por lo tanto, solo pueden conformar opciones políticas autocentradas, que son proyectos de una clase social, las de las capas urbanas, progresistas y formadas, que distan mucho de ser las mayoritarias en un país, y más aún en uno como el nuestro. Esa desconexión entre las visiones de la sociedad entre unas clases sociales y otros explica en buena medida por qué, en un instante en que la política es más necesaria que nunca existe un espacio vacío, que a veces es ocupado por las derechas populistas, otras por opciones regionalistas, y que en otras cae en la abstención.

Durante mucho tiempo, a la gente común le ha tocado perder: varias crisis han golpeado a poblaciones como la española de maneras muy distintas. La de 2008 supuso pérdida de empleo, después ha llegado la inflación y siempre la pérdida de recursos. El aumento del coste de los bienes esenciales, desde la vivienda hasta la energía, pasando por el transporte o por los alimentos, ha sido habitual, en unos sectores u otros, en los últimos 20 años, mientras que los salarios y las retribuciones no han crecido, ni mucho menos, en el mismo porcentaje. Se ha generado así un efecto de desposesión que continúa avanzando. Constatemos que la Sareb se formó con los activos inmobiliarios “malos” de los bancos, y ahora es el turno de las pymes quebradas. Es un paso más.

En ese escenario, la izquierda, más que en políticas del Estado del bienestar o en intentar crear prosperidad, se ha especializado, a menudo de manera autorreferente, en políticas del bienestar a secas: semana de cuatro días, ciudad de 15 minutos, teletrabajo, sostenibilidad. Y no son malas ideas, pero a menudo se despliegan a costa de invisibilizar el problema de fondo, la desposesión que sufre la mayoría de la sociedad.

En lugar de entender la sociedad de la que forman parte, se empeñan en que los demás adopten su perspectiva sin ofrecer nada a cambio

Dado que no son direcciones incompatibles, tampoco habría mucho problema en complementarlas. Pero hay parte de la progresía urbana, la más pendenciera, que se resiste a salirse de sus privilegios de clase, y en lugar de entender la sociedad de la que forman parte, se empeña en que los demás adopten su perspectiva sin ofrecer nada a cambio. Lo llamativo aquí es la agresividad que exhiben: quien pone el acento en la desposesión es necesariamente un reaccionario. A veces, esta defensa de preferencias privadas o grupales alcanza extremos satíricos, como en el caso de Rodríguez Pam negándose a aceptar que una mayoría de las mujeres prefieran la penetración a masturbarse. Muchos de los integrantes de la progresía actúan sistemáticamente con la misma soberbia y el mismo desprecio por las preferencias de los demás.

Todos estos elementos subrayan una mirada particular en las izquierdas europeas, y en las españolas como parte de ellas. Podemos representa una posición cada vez más melenchonista, pero está dedicado a combatir al estado profundo y al machismo, lo que le deja en un lugar muy secundario del espectro político, En su lugar, la ideología que está emergiendo es la ligada a una suerte de buena vida, a la propuesta de condiciones de bienestar, físico y emocional, que se sustentan en un cierto optimismo y en la confianza en el futuro. Es difícil que esto arraigue, y mucho más en esta época. No se trata sólo de que la buena vida, como la vida cara, no la tiene quien quiere, sino quien puede; se trata más bien del enredo mental de quienes, representando a una parte de la sociedad, en general bastante favorecida, creen que los problemas y las aspiraciones de los demás son los mismos que los suyos. Y que si no es así, deberían serlo.

Por tanto, lo que impide que la izquierda actual tenga recorrido es su génesis: sus ideas han surgido de una pequeña parte de lo sociedad que se percibe como la avanzadilla de la historia. En lugar de tejer proyectos que puedan ser atractivos para la mayoría de la gente, se revuelven cuando no se les concede la razón, ya que va de suyo que el resto de la sociedad debería respaldar sus posiciones de clase. Así es muy difícil ejercer de motor ideológico. La política, hoy más que nunca, cuando estamos en un cambio de época, requiere pensar desde una perspectiva común los problemas que sufre la mayor parte de la sociedad. Con ese punto de partida es posible que los proyectos avancen."             (Esteban Hernández , El Confidencial, 12/03/23)