Los obradores compartidos se han consolidado como una alternativa para que pequeños productores agroalimentarios puedan elaborar, transformar y comercializar productos de valor añadido sin tener que asumir grandes inversiones iniciales. Compartiendo maquinaria, instalaciones y conocimiento, estos espacios permiten profesionalizar proyectos artesanos, generar sinergias entre productores y mantener vivo un modelo arraigado en el territorio... el obrador es propiedad de Tres Cadires Cooperativa y, mediante el pago de una cuota en función de la actividad, los proyectos externos pueden acceder a maquinaria —en su caso, centrada en bebidas como licores y vermuts— para hacer sus productos y venderlos en su totalidad. Esto permite evitar una inversión inicial que, a menudo, sería inasumible para un productor individual... Uno de los problemas más graves es la rigidez legislativa: los pequeños obradores deben cumplir las mismas exigencias sanitarias y burocráticas que una gran industria... "Hemos sobrevivido porque hemos sabido encontrar aquellas tiendas que valoran este producto y lo explican al cliente", pero "estas pequeñas tiendas también están en peligro de extinción"... de cara a un futuro "todo el mundo debe poder acceder a los obradores compartidos" y "deben especializarse" para evitar el estancamiento. "No es lo mismo un obrador lácteo, que cárnico, que vegetal"... su labor ha permitido que emprendedores tuvieran una oportunidad para sacar adelante sus proyectos, y se han creado sinergias y una red de trabajo entre productores "para poder sobrevivir todos juntos" (Aleix Camprubí)

" El uso compartido de maquinaria, espacios y experiencias permite a los pequeños productores esquivar las grandes inversiones, profesionalizar la actividad artesana y crear sinergias... los obradores que plantan cara a la producción a gran escala... 

 En un mercado agroalimentario dominado por las grandes cadenas y la producción a gran escala, los obradores compartidos se han consolidado como una alternativa para que pequeños productores agroalimentarios puedan elaborar, transformar y comercializar productos de valor añadido sin tener que asumir grandes inversiones iniciales. Compartiendo maquinaria, instalaciones y conocimiento, estos espacios permiten profesionalizar proyectos artesanos, generar sinergias entre productores y mantener vivo un modelo arraigado en el territorio. Cada vez son más las propuestas que reivindican este modelo cooperativo mientras luchan por hacerlo viable en un mercado y una legislación pensados, a menudo, para las grandes empresas.

Parte de la culpa de este auge que ha llevado decenas de propuestas en todo el territorio catalán radica en la cooperativa Tres Cadires, ubicada en Arbeca (Lleida), que elabora licores y vermuts artesanales de calidad con materias primas de proximidad, ecológicas y de recolección propia. El año 2018, el proyecto dio un paso adelante abriendo las puertas de su obrador a terceros. El miembro de la entidad Quim Pérez detalla que el motivo fue doble: por un lado, una necesidad práctica de ayudar a productores afines - Los Corremarges - que buscaban espacio para elaborar mermeladas; por otro, una voluntad política de transformación social del territorio de Ponent: "Era una gran herramienta", dice al diario Públic.

Lo que entonces era una anécdota ahora se ha estabilizado en todo el territorio: "Nos juntamos para rebajar costes y ser más competitivos", resume Pérez. En este caso, el funcionamiento es claro: el obrador es propiedad de Tres Cadires Cooperativa y, mediante el pago de una cuota en función de la actividad, los proyectos externos pueden acceder a maquinaria —en su caso, centrada en bebidas como licores y vermuts— para hacer sus productos y venderlos en su totalidad. Esto permite evitar una inversión inicial que, a menudo, sería inasumible para un productor individual. "Cuando son productos transformados, la gracia del obrador es que puedas poner los pies y hacer el proceso de maceración, filtrado...", explica el responsable, detallando que descartan el maquila, un sistema que consiste en producir para terceros.

Actualmente, hay unos cinco productores trabajando con el obrador compartido de Tres Cadires, donde también hace una especie de filtrado y "no entra todo el mundo": "Si alguien quiere venir a hacer un proyecto con naranjas de China, este no es su lugar", dice Pérez, reivindicando la "vocación de servicio al territorio" de su iniciativa. Además, en los casos de bebidas alcohólicas tienen que "supervisar un poco", a raíz de los controles sanitarios y "el hándicap que tiene que pasar por Hisenda".

Un caso diferente es el de La obradora – Espai Agroalimentari Compartit de la Catalunya Central, que nace hace unos cuatro años nace de una propuesta pública, entre el Ayuntamiento de Manresa (Bages), la Asociación de Iniciativas Rurales y Marítimas de Cataluña (Arca) y la Xarxa per la Sobirania Alimentària de Catalunya Central (XaSACC). En este caso, hicieron un estudio que confirmó que era necesario un obrador de huerta, así como de derivados de la carne como el caldo de pollo. La coordinadora Xell Saus recuerda que en las sesiones de gobernanza, con participación de los agricultores y los ganaderos, se vio que el modelo cooperativo era el ideal para la decena de socios variados. "Todos tienen su modelo y ya estaban establecidos", destaca, remarcando que querían "una infraestructura" y "otra salida al mercado" para su producto, más allá de un rédito económico directo.

Por el camino se han encontrado "muchos problemas", especialmente en un momento en que no había prácticamente obradores compartidos, más allá de algunas iniciativas privadas: "Éramos como la primera concesión pública en gestión privada cooperativa", sostiene. Destaca que los principales obstáculos fueron en el local, la adaptación del espacio y el registro sanitario porque "el modelo de obrador compartido les cuesta todavía entender". "Hemos ido aprendiendo", admite Saus en palabras a Públic.

Además, destaca que se han tenido que diversificar. El servicio inicialmente nació ofreciendo alquiler de espacio para producir comidas y también maquila, es decir, que los productores llevan los productos a los obradores y desde allí una persona los transforma y los deja listos para salir a la venta. Pero enseguida se dieron cuenta de que sería una buena idea juntar producciones, por lo que crearon la marca La obradora y ahora producen sofritos, cremas o mermeladas. "Nuestras socias han dejado de hacer su sofrito propio y particular, y nos hemos juntado", destaca, admitiendo que lo que necesitan ahora es mejorar la distribución y comercialización.

Llegados aquí, se dieron cuenta de que el proyecto redefinido no era viable económicamente. Por eso, ahora han abierto varias patas y están desarrollando dos líneas más: talleres de sensibilización a escuelas o público en general sobre el despilfarro y el producto de temporada y proximidad; Y los caterings con productos del territorio que los socios hacen conjuntamente. "Uno de los principales problemas es ser viable ofreciendo un precio justo a nuestros proveedores, a los clientes y a las socias. Dependemos de subvenciones para sobrevivir", admite.

Un reto estructural: la legislación y el mercado

A pesar del auge de estos espacios, la realidad de los pequeños productores es dura en general, más allá de los obradores compartidos. "Desgraciadamente, no nos podemos enfrentar a la gran industria. Son dos modelos bastante incompatibles, siempre seremos un nicho de mercado aguantando el barco como podemos", admite Pérez. Uno de los problemas más graves es la rigidez legislativa: los pequeños obradores deben cumplir las mismas exigencias sanitarias y burocráticas que una gran industria, a pesar de contar con volúmenes de producción radicalmente diferentes y un presupuesto mucho más bajo. "El reto más importante es encontrar cuota de mercado sin tener las herramientas de la agroindustria, la legislación es más favorable a la gente que hace grandes volúmenes", relata. "Nos queremos ganar la vida bien, nos autoexplotamos, pero intentamos tener un sueldo digno, y pagamos mejor de lo que paga la industria", añade.

El reto más importante es encontrar cuota de mercado sin tener las herramientas de la agroindustria

Esta desigualdad de condiciones se extiende al marketing. Mientras las grandes empresas utilizan técnicas de venta agresivas para convencer al consumidor, el pequeño productor debe hacer pedagogía. En este contexto, la comercialización se convierte en el gran reto. Según Pérez, el papel del pequeño comercio es poner en valor la calidad organoléptica del producto artesano, ya que, a menudo, el consumidor no tiene acceso a esta información en los lineales de los supermercados convencionales. "Tienes un producto de más calidad, que repercute positivamente en las personas que lo hacen y en el territorio... No tiene color. Compra un queso artesano o uno del súper, no tiene color", insiste. Así, lamenta que la agroindustria "juega en su marco que es el capitalismo y con técnicas de marketing puede hacer creer al consumidor que aquello es más bueno".

Con todo, admite que "cada vez hay más conciencia" del valor de estos productos artesanales, de proximidad y con historias detrás, pero sigue siendo "un nicho muy pequeño". En este sentido, destaca la importancia de los canales de venta: "Hemos sobrevivido porque hemos sabido encontrar aquellas tiendas que valoran este producto y lo explican al cliente", dice. Destacando así el papel de las tiendas pequeñas que hacen un trabajo más allá del packaging del producto, que es la única herramienta que tienen una vez el producto está en el supermercado, pero alerta que "estas pequeñas tiendas también están en peligro de extinción". Pérez también destaca la venta directa, sea en sus espacios o a través de las ferias, y el "trabajo constante de comercial".

Ante los problemas para competir con la gran industria, Saus también apuesta por la pedagogía. "No vendemos un producto o un servicio, nosotros vendemos un producto. Si compras en L'obradora estás ayudando a los payeses del territorio", reivindica. Ve "imposible" competir con la industria por los volúmenes y su propuesta artesanal, pero destaca que sus productos están más cuidados y personalizados. "Nos dirigimos a un público objetivo que puede ser medio afín, que ya no compra por precio sino por militancia", celebra la coordinadora de L'Obradora de la Catalunya Central.

"La industria agroalimentaria es un monstruo muy grande con el señor Joan Roig que te manda y dice qué tiene que comer todo el mundo, y la mayoría de gente le hace caso, es un drama muy importante", lamenta, señalando también otros supermercados, más allá de Mercadona. "Estoy hablando de Casa Ametller, que tienen los productos súper bien metidos y bonitos, que parece que sean de aquí cuando no son de aquí. Tienen marketing muy bueno y el pequeño productor lo tiene jodido", lamenta. Así Saus insiste también en la venta directa y crear redes.

Mientras a la gente "sólo le importe comida barata y no le importe de dónde es", cree que la administración tiene que hacer "mucha pedagogía" en las escuelas y en todas partes para dar importancia "a lo que comemos y de dónde es lo que comemos". En este sentido, pone sobre la mesa ideas como la compra pública o los propios obradores compartidos: "Han surgido para que el pequeño productor tenga una vida más de negocio" y para "pequeños emprendedores que quieren crear un negocio y no tienen la capacidad económica". Por ello, reivindica que los obradores compartan entre ellos para crear solidez a sus proyectos.

De la anécdota a la institucionalización

El escenario ha cambiado radicalmente en menos de una década. Lo que antes era una actividad casi testimonial con "dos o tres obradores compartidos públicos", ha pasado a estar en el radar de las administraciones, especialmente el Arca y la Generalitat de Catalunya. Así, la creación de mapas, la pedagogía y redes de obradores compartidos que Tres Cadires reivindica que asumió inicialmente, ahora es una tarea que ha sido asumida y coordinada por organismos oficiales. "Por nuestro impulso se empezó a trabajar el tema, hicimos una formación que trajimos del País Valencià y funcionó. Se creó el grupo de Telegram y el mapa obradorscompartits.cat, que ahora la Generalitat nos ha copiado", explica el responsable, destacando que han dado un "paso al lado".

Sin embargo, Pérez se muestra crítico con algunos aspectos: "Las administraciones juegan a dos velocidades. Cuando sacan ayudas, parecen mucho dinero, pero están dando más a la agroindustria; a ellos les ponen la alfombra roja". Pese a ello, valora positivamente que existan líneas de subvención específicas, también para privados sin ánimos de lucro, ya que, antes, el sector estaba desamparado. "Ha cambiado muchísimo el panorama", celebra. 

Por su parte, Saus admite que la administración ha sido "muy necesaria" para L'obradora, en este caso desde su impulso. "Tiene que estar para potenciarlo, ayudar a que crezca y se consolide. Es un modelo frágil, le falta tiempo de experiencia y que se vean los resultados, que la gente crea más", insiste tras los cerca de cuatro años de vida de su iniciativa.

La administración tiene que estar ahí para potenciarlo, ayudar a que crezca y se consolide. Es un modelo frágil

El futuro: especialización y colectividad

En este sentido, cree que de cara a un futuro "todo el mundo debe poder acceder a los obradores compartidos" y "deben especializarse" para evitar el estancamiento. "No es lo mismo un obrador lácteo, que cárnico, que vegetal. A veces, no se pueden compartir. Habría que tener muy presente esto, tanto por zonas como por sectores", dice la coordinadora de la iniciativa de la Catalunya Central. "Encuentro necesario una buena representación de obradores y que la administración lo tenga presente y lo esté potenciando", añade.

Pérez descarta que se haya llegado a un tope de obradores compartidos: "La cuota sólo estará completa cuando una persona que quiera elaborar tenga uno a menos de 40 minutos de su casa. Podríamos tener uno en cada comarca y aún no llegaríamos a la cuota. Hay margen", sostiene. No obstante, cree que los obradores compartidos tienen un "poder de transformación limitado" porque, si el proyecto crece, "se queda pequeño". "Si son por pocos proyectos que están en un momento estable, perfecto. Pero si no, no pueden apoyar siempre lo mismo, y lo normal es que después de unos cuantos años vuelen solos", argumenta, destacando el problema de conseguir que la gente dé el salto a su obrador propio y no se estanque por el camino.

En este sentido, el responsable de Tres Cadires cree que hace falta una reflexión pues hay "una obsolescencia en el modelo": "Seguramente la especialización funciona un poco mejor que estos obradores multiproducto con una autoclave pequeña", aunque esto suponga que la gente tenga que ir más lejos para encontrar lo que corresponde a su actividad. Descarta que esto supusiera muchos obradores en Barcelona ciudad, pero sí en las coronas metropolitanas, en "un punto intermedio entre encontrar la leche o los tomates". 

Al mismo tiempo, plantea otra reflexión necesaria ante este modelo que "se puede estancar un poco". "Hay que pensar más en colectivo y recuperar fórmulas como las de las cooperativas agrarias de antes. Los obradores compartidos deben ser un modelo de servicio colectivo en el territorio, y eso las cooperativas lo sabían mucho. Un nuevo modelo que coja lo mejor de los obradores compartidos y los mejores de las cooperativas agrarias", dice sobre este "nuevo camino para los obradores compartidos".  

Es necesario que consigamos pensar más en colectivo y recuperar fórmulas como las de las cooperativas de antes

A su vez, Saus es también optimista sobre el futuro del modelo de los obradores compartidos. "Espero y deseo que la gente ponga cada vez más valor a qué compra. Que haya infraestructuras que permitan que el pequeño campesinado pueda elaborar productos de aquí, lo veo de una manera muy positiva", dice, insistiendo en el hecho de que hace falta un acompañamiento y ayudas de la administración para hacerlo viable: "Nadie saca beneficio, es para dar respuesta a las necesidades del territorio". La coordinadora de La obradora remarca que su labor ha permitido que emprendedores tuvieran una oportunidad para sacar adelante sus proyectos, y se han creado sinergias y una red de trabajo entre productores "para poder sobrevivir todos juntos".

Para aquellos que se plantean dar el salto, el consejo de Pérez es  salir adelante con el apoyo de un equipo, con una estructura cooperativa para hacerse fuertes y ahorrar la inversión inicial y, sobre todo, con una visión comercial clara que permita sacar el producto a la calle y hacer valer el trabajo bien hecho. "Los de la cooperativa La Sobirana empezaron en nuestra casa y ahora ya están haciendo su segundo obrador: sin Tres Cadires les habría costado más", recuerda. Saus reivindica que los obradores compartidos son unos lugares perfectos para "hacer un testaje" y ver la viabilidad económica de un proyecto. "Tienes gente alrededor con quien puedes hacer aprendizajes, líneas de negocio conjunta y se crea red. Es un buen espacio de encuentro y de inicio de proyectos", remacha."

 (Aleix Camprubí , Público, 21/08/26) 

Dos propuestas que hace apenas unos años parecían extravagantes: supermercados públicos y/o seguridad social alimentaria... la propuesta de supermercados públicos del alcalde de Nueva York, Mandani, busca garantizar que todo el mundo tiene acceso a los alimentos que necesita... en Francia se debatió la creación de una seguridad social de la alimentación. Si la sanidad, la educación y las pensiones son —en Europa— derechos consagrados en la constitución y garantizados mediante provisión pública, ¿por qué no podría serlo también la alimentación? Consistiría en un programa de unos 100-150 euros al mes a toda la población, para gastar en establecimientos asociados... establece incentivos para que los patrones de consumo cambien progresivamente... pues el programa solo funciona para ciertos productos que han sido declarados “producto agroecológico”, y porque el productor encuentra una demanda estable que le da garantías para convertir su producción en agroecológica. El reciente estudio de la cooperativa El Pa Sencer, por ejemplo, calcula que la propuesta costaría 76.800 millones de euros (un 5,7% del PIB español)... En España hace ya se cuenta con un proyecto piloto en Getafe... y Podemos ya propuso la creación de un supermercado público... En la medida en que el sector primario se está convirtiendo, cada vez más rápido, en un sector crítico y vulnerable, queda justificada la intervención directa por parte del Estado para planificar su reorientación. Algo similar a lo que está sucediendo en el sector industrial... pero aplicado al sistema que nos da de comer. Esto conllevaría la necesidad de programas específicos que pueden incorporar la compra de tierras, ayudas y subsidios suficientes a la producción agroecológica, creación y reforzamiento de nuevas infraestructuras públicas (entre ellas, los supermercados), etc. Todo ello destinado a que más temprano que tarde cualquier país, por ejemplo, España, disponga de un sistema agroalimentario ecológico con el que producir alimentos saludables (Alberto Garzón Espinosa)

"La disyuntiva entre supermercados públicos o seguridad social alimentaria está mal formulada. Las dos son necesarias y, al mismo tiempo, insuficientes: la primera actúa sobre la distribución; la segunda, sobre la demanda, pero ninguna puede transformar por sí sola la forma en que producimos los alimentos. Y ese es uno de los elementos críticos del siglo XXI

En pocos meses, dos propuestas que hace apenas unos años parecían extravagantes han entrado en el debate político internacional. Por un lado, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdami, ha dado un nuevo paso en su proyecto para crear cinco supermercados públicos en la ciudad, con el objetivo declarado de reducir los precios de la cesta de consumo de la clase trabajadora. La iniciativa es eco del socialismo municipal de Milwaukee, ciudad estadounidense que tuvo alcaldes del Partido Socialista durante la mayoría del período entre 1910 y 1960, y que municipalizó muchos servicios otrora privados. Como ha recordado recientemente el sociólogo del trabajo Eric Blanc, aquella experiencia histórica es hoy una lección para construir una alternativa al neoliberalismo demócrata y el autoritarismo trumpista en los Estados Unidos. En este caso, la propuesta de supermercados públicos busca garantizar que todo el mundo tiene acceso a los alimentos que necesita.

Por otro lado, en Francia se debatió el año pasado en la Asamblea nacional otra propuesta con espíritu similar: la creación de una seguridad social de la alimentación. Si la sanidad, la educación y las pensiones son —en Europa— derechos consagrados en la constitución y garantizados mediante provisión pública, ¿por qué no podría serlo también la alimentación? La propuesta no llegó a aprobarse por el boicot de los diputados conservadores, pero consiste en un programa de unos 100-150 euros al mes a toda la población para gastar en establecimientos asociados. En Francia, hay varias decenas de proyectos piloto, siendo el más destacado el de Montpellier. Aunque a primera vista parezca una propuesta asistencialista, el programa va mucho más allá de la necesidad de combatir el hambre entre las familias con menos recursos. En España hace poco tuvo lugar un debate, promovido por la Fundación Carasso, en el que además de debatir la experiencia francesa se presentó una propuesta para España (que ya cuenta con un proyecto piloto en Getafe).

Esta renovada preocupación por el derecho a la alimentación coincide con la resaca del proceso inflacionario desencadenado en 2022 tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia y también con la guerra en Irán iniciada este febrero de 2026. Como se ve en el siguiente gráfico, los precios de los alimentos a nivel mundial se mantuvieron relativamente estables durante la década de los noventa y principios de siglo, pero han mostrado una gran volatilidad y una tendencia alcista desde la crisis de 2007-08. Además, en la mayoría de países los precios de los alimentos han subido mucho más que los salarios, provocando un deterioro preocupante en los presupuestos familiares, especialmente entre las clases trabajadoras (que dedican más recursos a la alimentación).

En el debate público, sin embargo, rara vez se menciona que la inflación alimentaria no es sólo el resultado de episodios coyunturales provocados por guerras, tensiones geopolíticas o especulación financiera. Es también el síntoma de un sistema agroalimentario extremadamente dependiente de combustibles fósiles, cadenas logísticas globales y recursos naturales cada vez más escasos, todo ello en tiempos de nemercantilismo y proteccionismo. En este sentido, a la pregunta de cómo conseguimos abaratar los alimentos debe sumarse la idea de cómo garantizar que puedan seguir produciéndose.

En todo caso, el crecimiento de los precios de los alimentos ha provocado reacciones políticas también en España, donde en el año 2023 el partido Podemos ya propuso la creación de un supermercado público; en febrero de este año 2026, Más Madrid presentó en la Asamblea regional una propuesta para crear una red de supermercados públicos —fue rechazada por la derecha, pero tampoco la apoyó el Partido Socialista—; en junio, a propuesta de Sumar, el Congreso aprobó una proposición no de ley que insta al gobierno a crear “infraestructuras públicas que distribuyan productos saludables, ecológicos y de proximidad”; y hace unas semanas Adelante Andalucía anunció que propondrá la creación de supermercados públicos.

A primera vista, el debate parece reducirse a una elección entre dos instrumentos: crear supermercados públicos o implantar una seguridad social alimentaria. Pero, en realidad, como dice el economista político de la alimentación Raj Patel, ambas son más compatibles que antagónicas, y sólo tienen sentido si se entienden como piezas de una transformación mucho más profunda del sistema agroalimentario, que actualmente afronta límites económicos, ecológicos y geopolíticos cada vez más importantes.

Democratizar el acceso a los alimentos

La primera de las propuestas, la de Mamdani, consiste en crear un supermercado público. Debe recordarse que un supermercado es parte de la infraestructura necesaria para que los alimentos que se producen en el mundo agrario lleguen a los hogares —que se concentran generalmente en las ciudades—. La mayoría de esa infraestructura es hoy de naturaleza privada, por lo que las redes de producción, transporte, distribución y comercialización siguen la lógica de la rentabilidad a través de las señales del mercado. Esto es importante porque bajo el capitalismo los productores no producen alimentos para nutrir a las poblaciones, sino para ganar dinero. Y todos los agentes de la cadena siguen invariablemente esa lógica.

Lo que sucede es que la estructura de esa cadena es muy desigual, y muchísimos productores venden sus productos a un número muy reducido de grandes empresas de distribución y comercialización, que concentran un enorme poder de negociación. Por ejemplo, en España las cinco principales cadenas de distribución reúnen algo más de la mitad del mercado y una sola empresa, Mercadona, concentra en torno al 27 % del gasto en distribución alimentaria. Ese poder se ejerce en toda la cadena: condiciona los precios que reciben agricultores y ganaderos, determina las condiciones de suministro e incluso decide qué productos llegan finalmente a los lineales. Tal estructura atrapa a los productores entre la provisión industrial de inputs (semillas, fertilizantes, pesticidas, gasoil, etc.) y la compra de su producción por parte de grandes cadenas.

Esta estructura ayuda también a entender una parte importante de la inflación alimentaria reciente. Como ha señalado la economista Isabella Weber, cuando se produce un shock de oferta —como ocurrió tras la invasión de Ucrania o ante las tensiones en el estrecho de Ormuz— las empresas con poder de mercado pueden trasladar e incluso ampliar esos incrementos de costes para proteger o aumentar sus márgenes de beneficio. Y estos shocks de oferta están afectando al canal de la alimentación no solo a través de la energía sino también de los fertilizantes. Al final, el resultado son precios más elevados para los consumidores, mientras los salarios no crecen al mismo ritmo.

En este contexto, la propuesta de crear supermercados públicos pretende introducir un contrapeso a ese poder privado. Al no estar sometido a la lógica de maximizar beneficios, un operador público podría trabajar con márgenes menores y contribuir tanto a abaratar la cesta de la compra como a aumentar la competencia en un mercado muy concentrado. Ésa es la principal argumentación económica de la propuesta, que también es aplicable, por ejemplo, al defender una empresa pública de energía.

No obstante, las experiencias pasadas nos recuerdan que el proyecto no es en absoluto sencillo. Hay precedentes de supermercados públicos en lugares donde ya no llega la iniciativa privada —los llamados desiertos alimentarios—, o creados para competir directamente con ella; y muchos han fracasado. Entre los principales problemas está la escala, ya que contar con unos pocos supermercados no es suficiente para servir realmente de contrapeso al poder privado o para negociar precios mayoristas baratos con los productores y distribuidores; pero también está la problemática de la gestión profesionalizada, la financiación, la oferta de productos (los supermercados de Mamdani no ofrecerán carne ni comida caliente), y la viabilidad política a medio y largo plazo, entre otros. La idea es buena y necesaria, pero la mejor forma de conseguir que funcione un supermercado público es integrarlo dentro de un programa más amplio y ambicioso capaz de transformar realmente el sistema alimentario.

Pero antes de entrar en ello, conviene subrayar un elemento ciego en esta propuesta. Un supermercado público nace con un mandato muy claro: vender más barato. Ahora bien, para vender barato hay que comprar barato. ¿Y dónde se compra barato hoy? En la cadena industrial: producción intensiva, insumos importados de países con salarios y recursos baratos, grandes volúmenes y operaciones a escala, contratos con centrales de compra. Es decir, exactamente en el modelo agroalimentario convencional. En ese sentido, el supermercado público es una buena política de coste de la vida, si bien bajo el ropaje de política alimentaria, pero el objetivo debería ser más audaz.

La razón es que vivimos en el contexto de una crisis ecosocial. Usar este concepto significa aceptar que la degradación ecológica y el deterioro de las condiciones de vida de la mayoría no son dos crisis distintas que coinciden por casualidad en el tiempo, sino dos manifestaciones del mismo proceso de acumulación. Y, sobre todo, que no se pueden jerarquizar. La formulación habitual de la izquierda es “primero garanticemos que la gente coma, y ya después nos ocuparemos de la sostenibilidad”. Pero la realidad es que los dos plazos han acabado coincidiendo, como demuestran los episodios de Ucrania u Ormuz: la inflación que hoy erosiona el presupuesto de un hogar trabajador tiene entre sus causas el encarecimiento de la energía y los recursos naturales, y ese encarecimiento anticipa la restricción biofísica de mañana. No son dos problemas sino uno. De modo que la pregunta no puede ser sólo cómo facilitamos a la clase trabajadora el acceso a los alimentos, sino también a qué alimentos y cómo se producen.

Estamos comiendo petróleo

Cada vez que llenamos el carro de la compra creemos estar comprando alimentos, pero también estamos comprando petróleo, gas natural y una enorme cantidad de energía fósil incorporada en fertilizantes, pesticidas, transporte, refrigeración y envases. Decía con razón el ecólogo Howard Odum que una de las características centrales de las sociedades industriales era que habíamos aprendido a comer patatas hechas en parte de petróleo. El punto crítico es que, si consideramos toda la energía que gastamos para producir, distribuir y consumir alimentos, teniendo presente toda la cadena, resulta que es muy superior a la energía que obtenemos de esos mismos alimentos: un sistema completamente insostenible porque depende de lo que Joan Martínez Alier y Vaclav Smil llaman subsidio o dopaje fósil. Esto es parte de la anomalía de la era de los combustibles fósiles, ya que ninguna sociedad humana anterior pudo mantener durante mucho tiempo (antes de colapsar) rendimientos netos negativos de la energía.

Ese subsidio fósil sirve, sobre todo, para remendar una fractura. Marx, leyendo la química agrícola de su tiempo, describió una ruptura en el intercambio de materia entre el ser humano y la tierra: la ciudad consume los nutrientes que el campo produce y no los devuelve, de modo que el ciclo se rompe y hay que reponerlo desde fuera. John Bellamy Foster convirtió aquella intuición en concepto —la ruptura metabólica— y Kohei Saito la ha situado en el centro de la lectura ecológica del último Marx. Siglo y medio después la descripción sigue sirviendo, sólo que la fractura ha ido creciendo de escala: primero fue entre la ciudad y su campo, después entre unas comarcas y otras, y hoy es entre países enteros. En España se ve con toda claridad en la ganadería. Casi una cuarta parte de la biomasa que come nuestra cabaña se produce fuera, y con ese pienso entra también el nitrógeno que después se queda aquí. Como el animal está donde no está el cultivo, los nutrientes hacen un viaje de ida sin vuelta: allí donde se produce el pienso el suelo se empobrece, y donde se concentra el ganado el nitrógeno sobra hasta acabar en los acuíferos, contaminando ríos y suelos.

Todo esto tiene enormes implicaciones porque está afectado no sólo el consumo de una energía no renovable sino también porque se sostiene sobre relaciones ecológicas desiguales: por ejemplo, el nivel de consumo alimentario de los países del Norte global sería imposible si no fuera por la cantidad de alimentos importados en los países del Sur Global y que consumen allí los recursos naturales, destacadamente la tierra y el agua. Por ejemplo, la Unión Europea consume una superficie del tamaño de España en tierras agrícolas en otras partes del mundo. Como es evidente, dado que la disponibilidad de tierra en el planeta es finita, no es posible generalizar a todos los países este tipo de modelo de abastecimiento alimentario.

Por estas razones, en un mundo que aspira a vivir sin combustibles fósiles la producción alimentaria tiene que cambiar radicalmente. Por eso mismo, garantizar el acceso universal a los alimentos dentro de un sistema metabólicamente insostenible es garantizar el acceso a algo que va a dejar de existir en la forma en que hoy existe. En consecuencia, el objetivo debe ser transformar el modelo productivo agroalimentario y, como inmediatamente se verá, los patrones de consumo.

Transformar la demanda a través de la Seguridad Social Alimentaria

La segunda propuesta, la de Seguridad Social Alimentaria, es un instrumento de política pública que trata de modificar la demanda de alimentos a través de incentivos. El programa concede a cada ciudadano una cantidad determinada de dinero para que se gaste en establecimientos acreditados, lo que permite condicionar a qué tipo de gasto se destina. Por esa razón las diferentes formulaciones del programa postulan que el objetivo no es sólo inyectar recursos económicos para compra de alimentos, sino también estimular la compra de alimentos con características tales como su sostenibilidad ecológica y su impacto positivo en la salud de los consumidores.

El programa de la seguridad social alimentaria no obliga a los ciudadanos a consumir ciertos tipos de alimentos, sino que establece incentivos para que los patrones de consumo cambien progresivamente. Por un lado, porque el programa solo funciona para ciertos productos que han sido declarados previamente. Por otro lado, porque el productor encuentra una demanda estable que le da garantías para convertir su producción en agroecológica. Es una forma menos invasiva de orientar el sistema alimentario hacia un nivel sostenible y saludable, lo que quiere decir que es también una herramienta de transición ecológica. El reciente estudio de la cooperativa El Pa Sencer, por ejemplo, calcula que la propuesta costaría 76.800 millones de euros (un 5,7% del PIB español), pero asegura que los costes sanitarios ocultos con el patrón de consumo actual son de hasta 23.379 millones de euros anuales debido a las enfermedades asociadas.

La lógica de la propuesta es parecida a la que se usa actualmente con la compra pública alimentaria, que afecta a comedores escolares, hospitales, residencias, centros de día, cocinas centrales, etc. Cuando fui ministro de Consumo pusimos en marcha la redacción de nuevos criterios para esas compras, siguiendo guías científicas, y el ministerio actual, con Pablo Bustinduy al frente, ha continuado y culminado con éxito varios momentos críticos de esa hoja de ruta. Se trata de mover un volumen de demanda grande y planificable a varios años, que es justamente la señal que un agricultor necesita.

Sin embargo, la propuesta de seguridad social alimentaria no está exenta de dificultades. Desde la definición exacta de “producto agroecológico” hasta el diseño de sus instituciones de gobierno, que pretenden acercarse a una democracia participativa donde decide la comunidad implicada más que el Estado. Pero también ocurre que para que una propuesta como esta sea exitosa y vaya más allá de los canales cortos (donde el productor vende casi de forma directa) necesitará del apoyo de la infraestructura. Un agricultor puede producir estupendamente y no tener dónde almacenar, cómo enfriar, dónde transformar ni cómo llegar a un comprador grande. Es un problema de logística. Como en el caso de los supermercados públicos, en España podría utilizarse una infraestructura pública ya existente: la red de Mercas —los mercados mayoristas de titularidad mixta, estatal y municipal—, que junto con los mercados municipales de abastos constituyen un sistema de acopio, frío y distribución mayorista que ya está construido, ya está amortizado y ya está ubicado exactamente donde tiene que estar.

En resumen, si los supermercados públicos actúan sobre la distribución y la seguridad social alimentaria sobre la demanda, entonces falta necesariamente un tercer elemento: intervenir sobre la propia capacidad de producir alimentos.

Política Industrial para el sector primario

Ya he mencionado que el sistema alimentario actual es ecológicamente insostenible, así como internacionalmente desigual e injusto. Ello también implica que es vulnerable a los shocks geopolíticos o climáticos, en tanto puede quedar comprometida la capacidad de abastecimiento. Transformar este sistema en uno que proporcione alimento suficiente al tiempo que se reducen sus impactos ecológicos debe ser el objetivo principal.

El problema es que los combustibles fósiles son precisamente la varita mágica principal que ha permitido la multiplicación de los rendimientos de las explotaciones agrarias, produciendo muchos más alimentos por superficie. Sin ellos, la capacidad de producción queda comprometida. No obstante, hay un debate muy importante abierto al respecto, ya que hay formas de producción agroecológica que ofrecen rendimientos iguales o más elevados para ciertos productos. Sin embargo, hay otro tipo de productos alimentarios cuya producción no puede de ningún modo generalizarse, como es el caso de la carne procedente de grandes explotaciones industriales y altamente dependiente de inputs importados (conocidas como macrogranjas).

Por esta razón, no se trata tampoco sólo de transformar un sistema agroalimentario basado en combustibles fósiles en otro basado en prácticas agroecológicas. Para cumplir con los objetivos de sostenibilidad ese desplazamiento exige, además, un cambio en las dietas o patrones de consumo. Sé que aquí entramos en terreno minado, porque es el de la famosa polémica sobre el consumo de carne que tanto me persiguió —o que tanto perseguí, según se mire— durante mi etapa política. Pero conviene plantearlo bien, porque casi siempre se plantea mal.

Los costes de la dieta actual no se reparten al azar. Las enfermedades asociadas a malos hábitos alimentarios, como el alto consumo de ultraprocesados, presentan un gradiente social inverso a la renta: cuanto menos dinero tienes, más las sufres. Quien peor lo pasa con el patrón alimentario dominante es la clase trabajadora. De manera que la transición dietética consiste precisamente en la retirada de una carga que las familias más pobres vienen soportando de forma desproporcionada. Y debemos deshacer un malentendido sobre qué dieta estamos hablando. La que prescriben los sanitarios y dibujan los modelos biofísicos —con más peso de la legumbre, cereal, aceite de oliva, hortaliza de temporada y proteína animal ocasional y de calidad— no es un invento de nutricionistas urbanos. Es, básicamente, lo que llamamos dieta mediterránea, y que exportamos como marca país y celebramos como patrimonio de la humanidad, a pesar de que está en franco retroceso.

El problema es que el sistema alimentario actual está profundamente distorsionado, y transformarlo no es sencillo. Por ejemplo, como se ve en el siguiente gráfico, en España se importa una gran cantidad de grano para pienso, con el que se alimentan animales cuya carne se exportará luego: es el modelo típico de la ganadería intensiva, sostenida sobre desequilibrios ecológicos muy serios. Es una dinámica muy arraigada y de la que viven muchos actores económicos, lo que dificulta la transformación.

Sin embargo, el informe del think tank Alimentta, publicado a instancias de Greenpeace, sostiene que tal transformación es perfectamente viable para España. Según su modelización, España puede llegar a tener un modelo agroalimentario perfectamente sostenible para 2050. En la actualidad, el sistema español emite 107 megatoneladas de dióxido de carbono, contribuyendo a un cambio climático que, como recuerda el propio informe, «producirá una reducción mayor de la producción nacional» en el futuro. Esto no es en absoluto desconocido para el sector: hace unos años COAG presentó su informe “Empieza la cuenta atrás” en el que valoraba el impacto del cambio climático en la agricultura española. Según Alimentta, la modelización ecológica permite imaginar que en 2050 el sistema alimentario español podría convertirse en sumidero neto, es decir, no emitir dióxido de carbono, sino absorber 17 megatoneladas anuales. Las condiciones para lograrlo son una enorme transformación en el tipo de producción y consumo alimentario, acabando con modelos como la ganadería intensiva y promoviendo la producción de alimentos típicos de la dieta mediterránea.

Como se puede ver, todos estos elementos —supermercado público, seguridad social alimentaria, cambio del modelo— están profundamente interrelacionados. Piénsese en que pasaría si, siguiendo la política de reorientación de la demanda inducida por la seguridad social alimentaria, de repente entraran miles de millones de euros de nueva demanda de productos ecológicos. En España, actualmente sólo el 12% de la superficie cultivada se corresponde con estas características, un porcentaje del todo insuficiente para abastecer a la población. La consecuencia sería un proceso inflacionario tremendo en ese nicho de mercado, razón por la cual los programas de seguridad social alimentaria aconsejan el gradualismo a la hora de implantarse.

Sin embargo, hay otra opción: política industrial. En la medida en que el sector primario se está convirtiendo, cada vez más rápido, en un sector crítico y vulnerable, queda justificada la intervención directa por parte del Estado para planificar su reorientación. Algo similar a lo que está sucediendo en el sector industrial en los nuevos tiempos neomercantilistas, y particularmente en la transición energética, pero aplicado al sistema que nos da de comer. Esto conllevaría la necesidad de programas específicos que pueden incorporar la compra de tierras, ayudas y subsidios suficientes a la producción agroecológica, creación y reforzamiento de nuevas infraestructuras públicas (entre ellas, los supermercados), etc. Todo ello destinado a que más temprano que tarde cualquier país, por ejemplo, España, disponga de un sistema agroalimentario ecológico con el que producir alimentos saludables.

Conclusiones

Volvamos entonces a la pregunta del principio: ¿supermercados públicos o seguridad social alimentaria? La respuesta es que la pregunta está mal formulada. No porque ambas propuestas sean equivocadas, sino porque las dos son necesarias y, al mismo tiempo, insuficientes. Una actúa sobre la distribución; la otra, sobre la demanda, pero ninguna puede transformar por sí sola la forma en que producimos los alimentos. Y ese es uno de los elementos críticos del siglo XXI."

( Alberto Garzón Espinosa , Rebelión,  05/08/2026)

Los modelos de IA de China tendrán un mayor atractivo global... Los sistemas de bajo costo de China ya están moldeando silenciosamente cómo las sociedades globales comprenden e interactúan con la inteligencia artificial... Mientras la mayoría de las empresas estadounidenses de inteligencia artificial (IA) se centran en construir modelos cada vez más grandes y propietarios, encerrados en nubes corporativas, China está ejecutando un plan completamente diferente, el de entrelazar la inteligencia en el mismo tejido de la sociedad, no simplemente crear máquinas inteligentes... con planes para convertir la IA en un servicio público, tan asequible y omnipresente como la electricidad y la banda ancha... permeabilizará todos los aspectos de la sociedad china, desde la producción y los servicios hasta la gobernanza y el bienestar... Las empresas tecnológicas chinas ahora implementan IA en proyectos llave en mano, o soluciones completamente integradas que combinan software, hardware, datos y operaciones, entregadas a gobiernos o industrias como un sistema completo... La plataforma WeChat Health de Tencent integra verificadores de síntomas impulsados por IA y herramientas de triaje para guiar a los usuarios hacia la atención adecuada. Las ayudas diagnósticas de IA para leer tomografías computarizadas o imágenes de retina se están implementando en clínicas comunitarias y hospitales del condado. Esto extiende el alcance de la escasa experiencia especializada a las poblaciones desatendidas... En la agricultura, plataformas como Pinduoduo y las redes de comercio electrónico rural de Alibaba proporcionan a los agricultores herramientas impulsadas por IA. Incluyen aplicaciones para smartphones que diagnostican enfermedades de los cultivos a partir de una foto y modelos predictivos para el rendimiento y la fijación óptima de precios. Incluso los pequeños agricultores están integrados en cadenas de suministro inteligentes... El código abierto desempeña un papel estratégico, es un acelerador de desarrollo y un mecanismo de coordinación... Al liberar modelos como código abierto, las empresas e instituciones de investigación chinas permiten que miles de desarrolladores, startups, universidades y gobiernos locales construyan sobre bases compartidas... El código abierto se ajusta a la tradicional énfasis de China en la resolución colectiva de problemas y la estandarización, y tiene un atractivo particular en el Sur Global, la IA como infraestructura compartida, diseñada para un despliegue amplio en lugar de un uso exclusivo... Con iniciativas como la Ruta de la Seda Digital, las empresas chinas agrupan sistemas de IA con redes energéticas, redes 5G, centros de datos y programas de formación... A medida que el modelo chino se expande en el extranjero, la cosmovisión colectivista subyacente viaja con él, incrustada en la infraestructura y el código en lugar de en una ideología explícita (Jan Krikke)

 "Mientras la mayoría de las empresas estadounidenses de inteligencia artificial (IA) se centran en construir modelos cada vez más grandes y propietarios, encerrados en nubes corporativas, China está ejecutando un plan completamente diferente. Su ambición no es simplemente crear máquinas inteligentes, sino entrelazar la inteligencia en el mismo tejido de la sociedad.

El año pasado, el gobierno chino anunció planes para convertir la IA en un servicio público, tan asequible y omnipresente como la electricidad y la banda ancha. El país planea integrar profundamente la tecnología de IA en toda la sociedad para convertirse en la primera sociedad de IA del mundo para 2035.

La IA permeabilizará todos los aspectos de la sociedad china, desde la producción y los servicios hasta la gobernanza y el bienestar. El gobierno central proporciona el marco fundamental (dirección política, estándares nacionales de datos, etc.), mientras que las empresas privadas compiten para construir y desplegar servicios dentro del marco nacional.

El gobierno chino designó a gigantes tecnológicos nacionales como Baidu, Tencent e iFlytek como proveedores de plataformas ancla para servicios de IA. La verdadera destreza técnica radica en integrar todas estas plataformas y servicios. China está construyendo lo que algunos analistas llaman un gigantesco sistema nervioso nacional.

IA llave en mano

El objetivo de crear una sociedad completamente impulsada por la IA en 10 años parece ambicioso, pero las empresas chinas están bien posicionadas para hacerlo realidad. Por un lado, China, como la fábrica del mundo, produce gran parte del hardware necesario que impulsará la revolución de la IA, a excepción de los chips de IA más avanzados desarrollados en los EE. UU.

Las empresas tecnológicas chinas ahora implementan IA en proyectos llave en mano, o soluciones completamente integradas que combinan software, hardware, datos y operaciones, entregadas a gobiernos o industrias como un sistema completo. Se están convirtiendo en la norma en lugar de la excepción.

Por ejemplo, la Plataforma de Conducción Autónoma Apollo de Baidu no es solo un software de conducción autónoma, sino un sistema de movilidad autónoma llave en mano para autobuses y taxis autónomos, infraestructura vial inteligente, mapeo con IA, sensores y coordinación en la nube. Los municipios reciben un paquete completo de movilidad y soporte operativo.

Huawei ofrece sistemas de IA llave en mano para zonas industriales, puertos e infraestructuras energéticas. Proporciona control de acceso habilitado por IA, monitoreo de seguridad, mantenimiento predictivo para redes eléctricas y fábricas, y redes integradas (5G), centros de datos y software de IA. Huawei típicamente proporciona soluciones de extremo a extremo: chips, redes, nube y aplicaciones de IA.

La plataforma WeChat Health de Tencent integra verificadores de síntomas impulsados por IA y herramientas de triaje para guiar a los usuarios hacia la atención adecuada. Las ayudas diagnósticas de IA para leer tomografías computarizadas o imágenes de retina se están implementando en clínicas comunitarias y hospitales del condado. Esto extiende el alcance de la escasa experiencia especializada a las poblaciones desatendidas y apoya directamente el objetivo de acceso equitativo.

El modelo de IA se extiende más allá de las megaciudades. En la agricultura, plataformas como Pinduoduo y las redes de comercio electrónico rural de Alibaba proporcionan a los agricultores herramientas impulsadas por IA. Incluyen aplicaciones para smartphones que diagnostican enfermedades de los cultivos a partir de una foto y modelos predictivos para el rendimiento y la fijación óptima de precios. Incluso los pequeños agricultores están integrados en cadenas de suministro inteligentes.

IA de código abierto

El código abierto desempeña un papel estratégico en la IA de China y en el panorama tecnológico más amplio. A diferencia de Occidente, donde el código abierto a menudo se enmarca como un compromiso ideológico con la apertura o la descentralización, China trata el código abierto como un acelerador de desarrollo y un mecanismo de coordinación.

Al liberar modelos, marcos y pilas de software como código abierto o "de pesos abiertos" (es decir, parámetros entrenados de programas de IA descargables), las empresas e instituciones de investigación chinas permiten que miles de desarrolladores, startups, universidades y gobiernos locales construyan sobre bases compartidas.

En respuesta a los controles de exportación y la dependencia de plataformas extranjeras, China ha construido alternativas nacionales en chips, sistemas operativos, plataformas en la nube y marcos de IA. Los estándares abiertos ayudan a garantizar la interoperabilidad y a reducir la dependencia de proveedores extranjeros, todo en línea con la dirección más amplia del gobierno.

El código abierto se ajusta a la tradicional énfasis de China en la resolución colectiva de problemas y la estandarización. Las plataformas compartidas facilitan la alineación de la industria, la academia y el gobierno en torno a hojas de ruta técnicas comunes. Esto es crucial para proyectos a gran escala como las ciudades inteligentes, la automatización industrial y los sistemas energéticos.

Globalizándose

El modelo de IA de China tiene un atractivo particular en el Sur Global. Para muchas economías emergentes, el enfoque occidental – alquilar el acceso a costosos sistemas de IA propietarios a través de APIs en la nube – crea barreras financieras e institucionales. China ofrece una alternativa accesible y de bajo costo: la IA como infraestructura compartida, diseñada para un despliegue amplio en lugar de un uso exclusivo.

Esta estrategia se implementa a través de paquetes de desarrollo integrados en lugar de tecnologías independientes. Con iniciativas como la Ruta de la Seda Digital, las empresas chinas agrupan sistemas de IA con redes energéticas, redes 5G, centros de datos y programas de formación. Este camino integrado hacia la modernización digital se alinea con los modelos de crecimiento liderados por el estado, comunes en Asia, África y el Medio Oriente.

Alibaba Cloud y Tencent ofrecen plataformas de comercio y pago impulsadas por IA en África y América Latina. Las empresas chinas Hikvision y Dahua están exportando soluciones de ciudades inteligentes a Asia Sudoriental y América Latina, y están expandiendo su presencia en las redes de telecomunicaciones africanas.

El ecosistema digital más amplio de China, que incluye Alibaba Cloud, Tencent Intelligent Healthcare, herramientas de diagnóstico con IA y tecnología agrícola, también está llegando a los mercados del Sur Global a través de servicios en la nube y asociaciones.

A medida que el modelo chino se expande en el extranjero, la cosmovisión colectivista subyacente viaja con él, incrustada en la infraestructura y el código en lugar de en una ideología explícita.

Infraestructura invisible

Lo que finalmente distingue el enfoque de China hacia la IA no es solo su lógica técnica o económica, sino su lógica cultural. Bajo el ecosistema de IA de las ciudades inteligentes, las plataformas en la nube y los servicios habilitados por IA, se encuentra una orientación confuciana que prioriza el beneficio colectivo, la gobernanza coordinada y la resolución pragmática de problemas.

Para 2035, si China logra integrar la IA en toda la sociedad, es probable que la inteligencia funcione como una infraestructura invisible. La IA ya no aparecería principalmente como aplicaciones independientes, sino como una capacidad de fondo que coordina silenciosamente los sistemas a gran escala.

Las ciudades funcionarían como organismos integrados, con el tráfico, el uso de energía, los servicios de emergencia, la logística y la monitorización ambiental continuamente optimizados mediante datos en tiempo real y modelos predictivos. La atención médica se trasladaría hacia la prevención, utilizando diagnósticos asistidos por IA y pronósticos de salud poblacional para extender la atención más allá de los hospitales principales hasta las clínicas locales.

En la industria y la agricultura, la IA actuaría como un multiplicador de fuerza en lugar de un reemplazo para la mano de obra. Las fábricas, puertos y granjas utilizarían sistemas predictivos para reducir el desperdicio, mejorar la seguridad y equilibrar la oferta y la demanda, mientras que las pequeñas empresas y los productores rurales accederían a herramientas avanzadas a través de plataformas compartidas.

La gobernanza se volvería más anticipativa y tecnocrática, confiando en la simulación, el modelado de riesgos y los sistemas de alerta temprana para gestionar las presiones sociales, financieras y ambientales. Culturalmente, este futuro refleja las preferencias chinas de larga data por la coordinación, el pragmatismo y el beneficio colectivo.

La característica definitoria sería la coherencia sistémica: una sociedad diseñada para la eficiencia, la estabilidad y la planificación a largo plazo, con la inteligencia distribuida a lo largo del tejido social en lugar de concentrada en la cima. El modelo chino podría así remodelar silenciosamente no solo los mercados tecnológicos, sino también la forma en que las sociedades entienden la propia IA." 

(Jan Krikke , Asia Times, 20/01/26, traducción Quillbot, enlaces en el original) 

Los supermercados públicos con los que Mandani quiere equipar a Nueva York ya existen en Francia y en Bolivia... es una medida muy rupturista pues conlleva el enfrentamiento con las grandes multinacionales de la distribución alimentaria con poder y presupuestos mucho mayores que los que, de hecho, maneja la ciudad de Nueva York... Si la alimentación no es una mercancía, sino un derecho vital para todas las personas, la alimentación debería de garantizarse desde lo público, al igual que se hace con otros derechos básicos como la educación o la sanidad... el supermercado público debe ser viable, debe remunerar correctamente a las y los trabajadores, debe fomentar que sus productos lleguen del campesinado local, a quienes pagar debe como merecen, debe garantizar precios finales de venta accesibles y esto debe ser posible porque no hay, arriba de todo, sentado en una poltrona, un empresario o unos accionistas exigiendo enriquecerse... en Francia se llama “Seguridad Social de la Alimentación”. En este caso, el mecanismo que se propone es entregar a toda la población, como se hace para garantizar el derecho a la salud, una tarjeta monedero cargada con la cantidad económica suficiente para, en establecimientos conveniados, adquirir la canasta alimentaria básica (Gustavo Duch)

 "Hace poco, en las páginas de la revista Soberanía Alimentaria, se publicó un artículo firmado por el activista boliviano Mario Vargas en el que explica el funcionamiento de la cadena de supermercados públicos de su país, conocidos como los EMAPA, dado que están gestionados por la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos, de titularidad pública. Esta cuestión ha vuelto a los titulares con la noticia de la victoria de Zohran Mamdani en las elecciones a la Alcaldía de Nueva York. La creación de una red de supermercados públicos es una de sus medidas estrella y, ciertamente, muy disruptiva, pues conlleva, nada más y nada menos, que disputar la alimentación a los mercados especulativos donde está instalada, enfrentándose a grandes multinacionales de la distribución alimentaria con poder y presupuestos mucho mayores que los que, de hecho, maneja la ciudad de Nueva York. ¿Lo conseguirá? En Bolivia, hasta el momento, se ha logrado.

A mi entender, los supermercados públicos beben de una misma idea: “La alimentación no es una mercancía”, el primer eslogan que las y los campesinos de La Vía Campesina lucían en sus pañoletas verdes durante sus enfrentamientos con la Organización Mundial del Comercio, en Cancún o Hong Kong, en 2003 y 2005 respectivamente. En esos tiempos ya era evidente que la globalización y el trasiego de alimentos por todo el planeta, además de todas las consecuencias ecológicas derivadas, llevaría al pequeño campesinado a una situación donde sostener su modo de vida sería muy complicado. Si la alimentación no es una mercancía, sino un derecho vital para todas las personas, la alimentación debería de garantizarse desde lo público, al igual que se hace con otros derechos básicos como la educación o la sanidad. 

Así, uno de los objetivos principales de los supermercados públicos, tanto en Bolivia como ahora en Nueva York, es garantizar que toda la población –especialmente la de bajos ingresos (en las ciudades de EEUU, el precio de los alimentos se ha triplicado en los últimos 40 años) o las que viven en “desiertos alimentarios”– tengan acceso a alimentos frescos y saludables a precios justos. Para ello, en el caso del plan de Mamdani, se prevé, en una primera fase, la instalación de cinco supermercados, uno por cada distrito de la ciudad. 

Si bien estos supermercados públicos siguen operando en “los mercados”, la diferencia principal con las cadenas privadas es que el ánimo de lucro no es su motivación. La empresa debe ser viable, debe remunerar correctamente a las y los trabajadores, debe fomentar que sus productos lleguen del campesinado local, a quienes pagar debe como merecen, debe garantizar precios finales de venta accesibles y esto debe ser posible porque no hay, arriba de todo, sentado en una poltrona, un empresario o unos accionistas exigiendo enriquecerse de todas estas dignas dedicaciones. La presencia de supermercados públicos con precios no especulativos puede entenderse, incluso, como una intervención para regular los precios alimentarios, en tanto que las cadenas privadas, de alguna manera, se pueden ver obligadas a rebajar sus márgenes si, más o menos cerca, hay un supermercado municipal con precios justos. 

Aunque otros lugares de EEUU ya han desarrollado iniciativas parecidas, con diferentes formatos, lo que hace significativa esta propuesta en Nueva York es que una gran ciudad se sume a experimentar con sistemas alimentarios bajo esta óptica pública. En este sentido, hay que poner atención a las pruebas piloto de lo que en Francia llaman la creación de una “Seguridad Social de la Alimentación”. En este caso, el mecanismo que se propone es entregar a toda la población, como se hace para garantizar el derecho a la salud, una tarjeta monedero cargada con la cantidad económica suficiente para, en establecimientos conveniados, adquirir la canasta alimentaria básica. Unas y otras, buenas y necesarias prácticas que, como estamos viendo con las comunidades energéticas o las luchas por la vivienda pública, visibilizan que sí, que podemos agrietar el capitalismo."

(Gustavo Duch , CTXT, 13/11/25)

La agroganadería regenerativa del olivar más sostenible de España... “Lo que estamos haciendo no es nada nuevo, se trata de enmendar el error histórico cometido al desconectar la agricultura de la ganadería, que fue cuando nos hicimos esclavos de las grandes compañías que venden los insumos”... “Las plantas autóctonas juegan un papel clave en la agricultura regenerativa, ya que ayudan a mejorar la salud del suelo mediante la fijación de nutrientes y la retención de agua. A través de la fotosíntesis, capturan carbono y contribuyen a reducir los efectos del cambio climático promoviendo ecosistemas agrícolas más resilientes”... Las aves insectívorasayudan con la dispersión de semillas y polen que transporta el animal de unas parcelas a otras, así como el aporte de materia orgánica a los suelos y para combatir dos de las principales plagas que sufre el olivar, como la mosca del olivo y el prays (polilla del olivo)... “El resultado es un suelo verde y rico, homogéneo y variado, con variedad de plantas y sin surcos o cárcavas, que demuestran la capacidad del terreno para soportar la sequía y las lluvias torrenciales”... La apuesta por la sostenibilidad ha significado la multiplicación del valor de su producto, un beneficio que viene sobre todo del ahorro que supone la no utilización de abonos químicos y otros productos (Ginés Donaire)

 "El canto de los jilgueros, verderones, abubillas, currucas, mosquiteros, chochines e incluso el sonido de los mochuelos alegra el paseo matutino por la finca regenerativa Valle del Conde, en Luque, en el parque natural de las Sierras Subbéticas de Córdoba. Los buitres que anidan en cortados cercanos también dejan su impronta entre los visitantes, que transitan gratamente sorprendidos sobre un terreno con plantas autóctonas como la caléndula, achicoria o la mielga de caracolillo. Y en el otro extremo, cinco rebaños de ovejas participan en esta especie de simbiosis entre la naturaleza y el hombre, que es esta explotación agroganadera que acaba de ser reconocida con el premio al olivar más sostenible de España, galardón exaequo con la finca el Cortijo Guadiana (Úbeda), otorgado por la Asociación Española de Municipios del Olivo (AEMO).

“Lo que estamos haciendo no es nada nuevo, se trata de enmendar el error histórico cometido al desconectar la agricultura de la ganadería, que fue cuando nos hicimos esclavos de las grandes compañías que venden los insumos”, explica Francisco Ruiz, director técnico de esta finca cordobesa convertida en referente en la regeneración de la biodiversidad y la lucha contra el cambio climático a través de la recuperación del suelo, de las relaciones entre seres vivos y el conocimiento científico.

El Valle del Conde es un reducto montañoso de 230 hectáreas en el que las lomas y picos se entremezclan con un paisaje donde domina el olivar y que completa el bosque mediterráneo. La familia Ruiz adquirió esta finca en 1985 con la intención de resarcirse de la crisis que se llevó por delante su negocio de la industria textil. Pero no fue hasta el año 2019 cuando se produjo el punto de inflexión en la gestión de la finca, convertida en una explotación ecológica que alberga hoy unos 20.000 olivos que producen 150.000 kilos de aceite de oliva.

Al llegar a esta finca, que se encuentra encajonada y extendida entre varias elevaciones calcáreas y lindando con terrenos pétreos y boscosos, llama la atención el verde intenso de la cubierta vegetal que se extiende por toda la superficie agraria. Es un paisaje atípico en una zona como esta, la Subbética cordobesa, que acostumbra a mostrar terrenos secos y apelmazados más propios de un desierto que de un bosque. “El suelo es nuestro mayor tesoro y la clave de esta agroganadería regenerativa que implantamos”, subraya Ruiz, que comparte con sus hermanos la gestión de esta finca familiar.

Suelo sano

“La cobertura vegetal protege contra la erosión y mejora la estructura del suelo, reduciendo la necesidad de insumos sintéticos”, explica. Aunque el elemento diferenciador de esta finca respecto a otras experiencias de prácticas regenerativas en el campo es la apuesta de agricultura y ganadería. Las aves ayudan con la dispersión de semillas y polen que transporta el animal de unas parcelas a otras, así como el aporte de materia orgánica a los suelos y para combatir dos de las principales plagas que sufre el olivar, como la mosca del olivo y el prays (polilla del olivo). El hábitat protegido de estas pequeñas aves insectívoras les permite también ofrecer rutas ornitológicas para los visitantes.

De otro lado, las plantas que brotan en el suelo (apenas existen los jaramagos) retienen el agua, aportan nitrógeno y gestionan el carbono. “Eso es señal de vida y de que el suelo está sano y sin herbicidas, se ha regulado solo respetándolo”, expone el agricultor de Luque. Y añade: “Las plantas autóctonas juegan un papel clave en la agricultura regenerativa, ya que ayudan a mejorar la salud del suelo mediante la fijación de nutrientes y la retención de agua. A través de la fotosíntesis, capturan carbono y contribuyen a reducir los efectos del cambio climático promoviendo ecosistemas agrícolas más resilientes”.

No menos importante resulta el pastoreo regenerativo. Hasta cinco rebaños de ovejas participan en esta simbiosis, que alimenta al ganado y produce una labor de recorte y abonado, un proceso que se repite varias veces a lo largo del año, dando como resultado una especie de manto recortado todo el año. Incluso la lana de las ovejas, con un tratamiento de procesos naturales, se convierte en abono orgánico. Las labores de poda producen el típico picado de ramas que se encargan una vez expandidas de aportar nutrientes naturales. Tras la tala, la madera de los olivos se lleva para ser carbonizada y se transforma en pequeñas piezas que se reparten por el suelo. A esto se unen los restos orgánicos y de tierra que se criba en las almazaras cuando se realiza la entrega de la recolección. Es decir, un tipo de agricultura donde casi todo lo que genera la finca se queda en ella.

“El resultado es un suelo verde y rico, homogéneo y variado, con variedad de plantas y sin surcos o cárcavas, que demuestran la capacidad del terreno para soportar la sequía y las lluvias torrenciales”, relata Ruiz. Un estudio realizado por la Universidad de Berna (Suiza) demostró que el suelo de la finca permanecía en los meses de más calor hasta 10 grados por debajo de la media en las fincas colindantes y, pese a disponer de varias charcas de agua que utilizan para alimentar al ganado, el olivar ecológico no tiene necesidad de riego.

Este olivar tradicional de montaña tiene más de 120 años de vida y las variedades dominantes son picudo y picual. Se trata de un aceite de recolección temprana, que se produce entre los meses de octubre y diciembre, y comercializan bajo la marca de AOVE Ancestral, nombre que rinde tributo a sus antepasados. La apuesta por la sostenibilidad ha significado la multiplicación del valor de su producto, un beneficio que viene sobre todo del ahorro que supone la no utilización de abonos químicos y otros productos que sí se emplean en el olivar tradicional.

En definitiva, una agroganadería regenerativa que va más allá de una simple técnica de cultivo. “Se trata de una práctica agrícola, pero también de una filosofía de vida, una herramienta para la producción sostenible y un compromiso con el futuro”, concluye Ruiz. La finca cordobesa sirve en la actualidad como lugar de acogida de investigadores, profesores o alumnos que llegan hasta aquí (la última semana lo han hecho desde Chile y Portugal) para estudiar in situ este tipo de agroganadería regenerativa y trasladar esta experiencia a otros lugares del mundo."               (Ginés Donaire , El País, 09/05/25)

Los únicos que obtienen beneficios son quienes están entre el productor y el consumidor: las multinacionales y la agroindustria... La estrategia 'De la granja a la mesa' desactiva los tratados de libre comercio, por eso los agricultores neoliberales y conservadores están en su contra... la Ley de la Cadena Alimentaria del Estado español debe plantearse en el marco europeo: con legislaciones que planteen que no se puede vender a pérdidas, venga el producto de donde venga... y la UE tiene prohibido la utilización de hormonas para la producción de leche de vaca, antibióticos para el engorde del ganado e, históricamente, ha planteado que toda la leche y carne que entre de fuera cumpla esos parámetros que se exigen a los productores europeos. Pero esa ley no planteaba reciprocidad. Y debe reconocerla

"En Bizkaia no hay latifundistas ni señoritos. Hay una orografía llena de montes y valles que dejan poco espacio para bancales, huertas y fondos inversión. La tierra heredada es muchas veces una losa que hernia la espalda y, desde los municipios, aún no se ha perdido del todo el cordón umbilical que une la mesa con el campo: los mercados agrícolas son sagrados, excepto para los inspectores de la Seguridad Social.

Los sindicatos agrarios de Bizkaia, EHNE y ENBA, realizarán mañana una movilización conjunta bajo tres ejes unitarios: el cese inmediato de las negociaciones de los acuerdos de libre comercio, la necesidad de que los precios de los alimentos incluyan los costes de producción y la simplificación de la burocracia. Tres columnas de tractores llegarán a Bilbao desde Karrantza-Margen Izquierda, Busturialdea-Mungia-Txorierri y Durangaldea-Lea Artibai para desfilar a primera hora por la Gran Vía, hasta llegar a las 11h al Arenal. Allí celebrarán un mercado con cuartos de cordero a 20 euros, para protestar contra el acuerdo de libre comercio con Nueva Zelanda. Piden una moratoria para que el cordero de la otra punta del planeta no eche por el suelo los precios de este animal, para que se respete la producción local y para no contaminar el mundo. Unzalu Salterain es el coordinador de EHNE Bizkaia, su objetivo es la agroecología y la soberanía alimentaria.

En el Eroski, y también en la verdulería de mi calle, las manzanas rojas son de Chile, y no lo soporto. Para comprar unas que venga de Larrabetzu o Derio tengo que ir al mercado, específicamente a los puestos de los baserritarras. Uno de vuestros ejes son los acuerdos de libre comercio. ¿Por qué?

Pedimos una moratoria en todos los acuerdos de libre comercio que se están firmando. No es aceptable que se firmen sin analizar sus impactos en la producción local. Estamos hablando de, por ejemplo, la ratificación del nuevo acuerdo con Nueva Zelanda, que permitirá la importación de cordero y leche.

¿Importaremos leche de Nueva Zelanda, después de habernos cargado la ganadería de vacas lecheras tirando por el suelo el precio del litro durante los últimos 20 años? 

Europa importará leche de Nueva Zelanda y exportará otro tipo de productos, que no tienen por qué ser alimentarios. Esta lógica carece de sentido. Los alimentos viajan de punta a punta del mundo, haciendo dumping y destruyendo la economía de la zona y, lo más grave, tienen un gran impacto en la crisis climática.

Como las manzanas que detesto.

Los sistemas globales no funcionan: agotan al planeta y al sector, y lo que no se dice es que la consumidora acaba pagando muchísimo por los productos. Hay que relocalizar los sistemas alimentarios y la Unión Europea lo plantea en la estrategia conocida como 'De la granja a la mesa' y la Agenda 30.

¿De qué hablamos cuando hablamos de libre comercio y de la PAC?

La PAC ha estado dirigida durante muchos años por la Organización Mundial del Comercio. La OMC aún tiene muchos tentáculos en la PAC, pero la estrategia 'De la granja a la mesa' es contraria a los tratados de libre comercio. Eso plantea dos debates: hay una parte de la izquierda que ha dicho que 'De la granja a la mesa' no es aceptable. Nosotros hemos dicho: vamos a fijarnos en qué ingredientes incluye y qué nos aportan en la producción alimentaria de Euskal Herria. Entendemos que el impacto será bestialmente positivo, que plantea virar hacia la agroecología, porque exige una disminución del uso de pesticidas, fertilizantes y antibióticos, algo que cambia absolutamente el modelo, pasando de uno industrial a otro con menos inputs. Además, dibuja un horizonte a 10 años en el que el 25% del territorio debe ser de producción ecológica. Consideramos que todo eso es suficiente, ya que podemos iniciar una transición muy profunda. La estrategia 'De la granja a la mesa' desactiva los tratados de libre comercio, por eso los agricultores neoliberales y conservadores están en su contra.

¿Hay algún pero?

Estados Unidos lo tiene clarísimo: con estas exigencias no podrá exportar a Europa carne hormonada, por eso trata de liderar el mercado de la carne sintética, donde también se han metido de lleno los fondos de inversión. Desde EHNE entendemos que 'De la granja a la mesa' no es perfecto, pero los procesos perfectos no existen y tienen contradicciones en cada etapa. Lo que debemos medir es si 'De la granja a la mesa' nos acerca a nuestro objetivo de la agroecología. Por ello desde EHNE decimos que estamos de acuerdo con estas estrategias, pero los mecanismos que la UE pone en marcha para hacer la transición no funcionan, también por la burocracia que implican.

En todas las protestas del campo se reclama “menos burocratización”. ¿Puedes explicar qué es el cuaderno digital de explotación?

Es el registro digital de toda actividad. Es un proceso que se suma a toda la burocracia que ya tienes que hacer, en un sector bastante envejecido y con una brecha digital evidente, por lo que el cuaderno genera rechazo y no es eficaz. Parece que la UE está dispuesta a revisarlo.

Burocracia para los agricultores y libre mercado para las empresas.

Sí, otra cuestión básica de los acuerdos de libre mercado es que la regulación del mercado es absolutamente liberal, con grandes multinacionales y fondos de inversión que están invirtiendo en alimentación, creando procesos de especulación. El cereal para los ganaderos, por ejemplo, está por las nubes porque desde la bolsa de Chicago está desorbitando los precios. Tiene que haber mecanismos de control para el mercado. Esas subidas a las que estamos asistiendo son absolutamente especulativas y repercuten en el precio de los alimentos que paga el consumidor. Y no olvidemos que la inflación de ahora es fruto, en gran medida, de la especulación.

Pasemos al tercer eje de vuestra tabla reivindicativa: los precios. Pedro Sánchez dijo ayer en el Congreso que se compromete a “fortalecer” la Ley de la Cadena Alimentaria. Los observatorios dependen de las comunidades autónomas. ¿Tenemos observatorio en la CAV?

Sí, lo tenemos. Pero además de observar, los observatorios tienen que hacer algo y los gobiernos deben poner mecanismos para que actúen de oficio frente a las infracciones, no solo cuando hay denuncia. Y esta misma lógica de la Ley de la Cadena Alimentaria del Estado español debe plantearse en el marco europeo: con legislaciones que planteen que no se puede vender a pérdidas, venga el producto de donde venga. Esto también es regular el mercado. Y, sin embargo, en estos últimos 30 años de política agraria del mercado libre, aunque hayan puesto ayudas, ha fracasado, tanto para el productor como para el consumidor. Ya que no hay alimentación barata para el consumidor. Los únicos que obtienen beneficios son quienes están entre el productor y el consumidor: las multinacionales y la agroindustria.

Sin embargo, indicas que aprecias un cambio en la UE.

Hay que resaltar que la Vía Campesina de Europa, en la Comisión Europea, está abriendo canales de interlocución para abordar estos temas y esto es muy importante. No vamos a ver cambios en dos días, pero es importante que el proceso empiece.

Recientemente, ha saltado a la prensa que inspectores de la Seguridad Social se han pasado por los mercados vascos y han aplicado, como mínimo, una docena de sanciones a baserritarras jubilados que venden lo que cultivan en casa.

Nos parece absolutamente inaceptable que se aplique de oficio y con miles de euros de multa, cuando hasta ahora hemos interpretado que la actividad era legal, siempre y cuando los ingresos no superaran el SMI. Nos parece absolutamente alucinante que la Seguridad Social vaya a por personas jubiladas seguramente con pensiones inferiores a 700 euros al mes, cuando vemos que en los consejos de administración de las grandes empresas hay jubilados cobrando miles y miles de euros cada mes.

La instrumentalización de la extrema derecha de las protestas en el campo, ¿qué?

Es clara: las movilizaciones del 6 de febrero están instrumentalizadas y, en parte, organizadas por la derecha. No solo por partidos políticos, sino por lobis de la agroindustria y de las empresas fitosanitarias, que son los que están abanderando las peticiones de la disminución del uso de plaguicidas, colocándose contra la estrategia ‘De la granja a la mesa’. Estos ‘promotores’ están haciendo una utilización indebida del sector agrario, beneficiando a la gran industria, porque detrás de todo está esa gente. Y el rechazo que han planteado a los sindicatos agrarios es claro. ¿Y por qué? Porque la interlocución con el Gobierno debe ser con nosotros, por ley es así. De ahí que traten de instrumentalizar las protestas.

En Bizkaia no la ha habido.

Hemos conseguido que no ocurra y los dos sindicatos agrarios que tenemos representación hemos acordado tres ejes de acción y una salida unitaria. En el proceso no ha habido intereses corporativistas, como los hay en otras provincias y comunidades autónomas. A la calle está saliendo mucha gente con elementos en común, como la falta de precios, pero no debemos olvidar que los intereses son distintos. No hay más que mirar a Francia: hay gente con muchas hectáreas, como el presidente del sindicato agrario mayoritario en Francia, FNSA, una persona muy conocida e inversor en bolsa. Está metido en el meollo de la especulación. En el Estado hemos salido todos a la calle, sí, pero no todos reivindicamos lo mismo.

En mi opinión, esta instrumentalización trata de opacar la línea divisoria entre señoritos y labradores, al menos en el Estado español.

Efectivamente. Están intentando meter a todo el mundo en el mismo saco: terratenientes legitimándose y utilizando a gente que vive de lo que produce, sin tener en cuenta que los grandes productores son los grandes explotadores de los temporeros inmigrantes, como en Peralta de Nafarroa. Nosotros, aquí en Bizkaia, siempre estaremos más con los temporeros que con los terratenientes.

Von der Leyen retiró el martes su proyecto para reducir los pesticidas en la UE para, supuestamente, contentar las protestas del campo. ¿Estás más contento?

Ha retirado un proyecto de ley, pero no ha especificado del todo. Da a entender que retira la obligatoriedad por ley de bajar los pesticidas. Si es así, es el camino equivocado. Es necesario articular y rebajar el uso de pesticidas, fitosanitarios y fertilizantes para 2030 un 50%. Todo lo que no sea eso, es mala noticia para nosotros. Ahora bien, el proyecto de ley no era muy de agrado incluso para una organización como la nuestra.

¿Por qué?

La UE tiene prohibido la utilización de hormonas para la producción de leche de vaca, antibióticos para el engorde del ganado e, históricamente, ha planteado que toda la leche y carne que entre de fuera cumpla esos parámetros que se exigen a los productores europeos. Pero esa ley no planteaba reciprocidad. Y debe reconocerla.

Volviendo al tema de las manzanas rojas y perfectas de mi calle, una vez hablé con un trabajador de los que hacen tratos comerciales para las distribuidoras. Decía, con razón, que como consumidores queremos manzanas rojas, perfectas y de tamaño uniforme. ¿Cuánta pedagogía necesitamos las consumidoras?

Muchísimos años. Para que las consumidoras quieran manzanas rojas brillantes iguales, la industria ha pasado décadas acostumbrando a la gente para que desee eso. Ahora ni siquiera se conoce a la manzana de Errezil y otras variedades autóctonas. Esas son las verdaderamente buenas, las que aguantan meses. Pero no se trata de ridiculizar a la consumidora, sino de sensibilizar, de explciar mucho y bien.

En tu comarca existe un movimiento fantástico que impulsa el producto de km 0 en los comedores escolares, esos sitios que desmanteló el Gobierno vasco para instaurar el menú de cátering.

Efectivamente. Los centros de enseñanza son clave. Debemos recuperar la conexión entre la producción y la urbe. Y esa conexión se hace a través de la alimentación. Cuando eso se rompe, aparecen las grietas que tenemos. La compra pública de alimentos no vamos a cambiar de noche a la mañana, pero si en 5 años ponemos como objetivo que el 40% se producto local y dentro de 7, el 60%, eso tendrá un efecto tractor en la parte productora, que demandaría más producción local y daría más seguridad a los que quieran instalarse. Y así debe ser, porque este planeta no aguanta este ritmo y desde la alimentación podemos contribuir a pararlo.

Una de mis iniciativas municipales preferidas, bien sea en Mallabia, Zarautz o Bilbao, son las huertas municipales. En las últimas elecciones municipales te presentaste por EH Bildu en tu pueblo, Abadiño, donde ahora eres concejal. ¿Qué ha pasado con las huertas?

Estaban al lado del río y había riesgo de que el agua se llevara la tierra. Ha habido que hacer limpieza y asegurar taludes. Cuando se termine la acometida, las huertas volverán y se ampliarán. Para nosotros el cultivo de la tierra es clave. El otro día llevé a mi hijo al instituto de Rekalde, en Bilbao, a jugar un partido de deporte escolar, y vi cómo habían instalado jardineras por todos los lados y los chavales cultivaban productos hortícolas. Esa pequeña pedagogía me parece muy importante. Están rodeados de asfalto, pero ahí tienen sus jardineras. Me alegró ver que el mensaje con el que tanto tiempo llevamos insistiendo esté calando. Los chavales que cultivan lechugas y que comen en el comedor son los consumidores de mañana."                (Gessamí Forner , El Salto, 08/02/24)