Si vives en Galicia, el que tiene que limpiar la faja de biomasa próxima a tu vivienda es el ayuntamiento con el control de tu comunidad autónoma, y si no lo hace, el día que se produzca un incendio y esa franja esté sucia, tu casa va a arder y te vas a quedar sin nada. Puede que ese día, mientras arde tu casa, o mientras lo haces tú mismo, lo hagas gritando "Pedro Sánchez, hijo de puta", pero ese día la culpa habrá sido también tuya al tomar esas decisiones políticas con tu voto... si vives cerca de una masa arbórea de Castilla y León, Andalucía o Galicia, quien debe cuidar tus montes para que tu casa no salga ardiendo es el presidente autonómico de tu región y cada vez que le votas sin exigirle responsabilidades estés promoviendo que un día tu casa arda... Si vives en Castilla y León y tu casa arde y has votado a Mañueco, es tu responsabilidad; si vives en Madrid y te quedas sin un diagnóstico temprano de cáncer habiendo votado a Ayuso, es tu responsabilidad. Quienes pedimos a los políticos que asuman sus responsabilidades tenemos que hacernos a nosotros responsables de las nuestras (Antonio Maestre)

 "No creo que la ciudadanía vote lo que vote por ser tonta, aunque todos somos ignorantes de muchas cosas. Los motivos por los que cada uno decide su opción son múltiples y están bien fundados, incluso cuando la realidad hace que sea contraria a sus intereses materiales. Existen diversas razones por las que cada ciudadano decide su voto y las condiciones materiales suelen ocupar un lugar muy residual en esa escala de prioridades. Son las realidades emocionales, sentimentales, culturales e ideológicas las que definen el voto y pocas veces se vota en contra de esos intereses solo porque se haga un análisis racional sobre las prioridades materiales y la estructura competencial que mejor atiende a esos preceptos. Aunque eso tiene consecuencias, y pueden ser funestas. Porque eso no evitará que proceder de esa manera aumente las probabilidades de que un día tus decisiones políticas e ideológicas te afecten de manera radical habiendo sido responsable de tu propia desgracia.

Si vives en Castilla y León y tu casa arde y has votado a Mañueco, es tu responsabilidad; si vives en Madrid y te quedas sin un diagnóstico temprano de cáncer habiendo votado a Ayuso, es tu responsabilidad. Quienes pedimos a los políticos que asuman sus responsabilidades tenemos que hacernos a nosotros responsables de las nuestras. No puedo pedir responsabilidades al Gobierno de coalición por su posición en política internacional en el Sáhara porque cuando los voté sabía que llegado el caso lo traicionarían. Esa es mi responsabilidad. No puedo eludirla. No hay que infantilizar a la ciudadanía, simplemente informar y que ellos decidan en libertad su propia condena si es lo que quieren.

Estos días ha habido mucho debate sobre la realidad competencial de nuestro país y quién es responsable de cada tema. Siempre he creído que existe un desconocimiento general sobre la realidad competencial en nuestro país y que cambiar eso voltearía de manera radical la realidad electoral en España. Por eso es importante ser didáctico y no caer en los debates de politiqueo porque literalmente puede salvar vidas. Todos aquellos que están intentando estos días desviar la responsabilidad de la prevención y de la extinción de incendios están promoviendo que las personas que habitan lugares con riesgo extremo de incendios tengan más probabilidad de perder sus viviendas, negocios y sus propias vidas al evitar que el que es competente sea removido de su cargo por su negligencia. Los propagandistas de la equidistancia están promoviendo que se acumule el combustible en los montes para el próximo verano. La pira canicular de 2026 también será suya.

Puede que hayas votado siempre a la derecha porque es lo que dios manda, porque consideres que un hombre y una mujer es la familia natural, porque te dan miedo esos rojos que tu imaginario colectivo te ha descrito como aquellos que quieren expropiarte las tierras o porque la izquierda protege a los okupas y el día que se te metan en la casa ya no habrá manera de sacarlos. Puede que consideres una aberración a las personas trans y que te preocupe mucho el lugar donde pasa las vacaciones Irene Montero. Es lícito, pero eso no cambia que, si vives cerca de una masa arbórea de Castilla y León, Andalucía o Galicia, quien debe cuidar tus montes para que tu casa no salga ardiendo es el presidente autonómico de tu región y cada vez que le votas sin exigirle responsabilidades estés promoviendo que un día tu casa arda.

Para mí es prioritario defender los servicios públicos y por eso mis decisiones políticas están dirigidas a denunciar a quienes los pauperizan y vetar en el voto a cualquiera que toma decisiones en ese sentido. Es mi prioridad, no hay nada por encima de eso. Ya luego defino mis valores en la vida pública a través de otros medios que no sean el voto en lo que respecta a otras decisiones que no concuerdan con aquellos a los que otorgo con mi papeleta la potestad de gestionar las administraciones públicas. Es lícito que tú, votante de derecha, creas que lo prioritario es lo cultural, ir contra lo 'woke' o contra los derechos históricos de los independentistas. Es lícito y respetable, pero acepta que eso implique un mayor riesgo hacia tu vida y tu seguridad de manera concreta. En la sanidad, pero también en el riesgo de que tus propiedades acaben arrasadas por el fuego.

No importa lo que creas al respecto. Lo que importa es que, si vives en Galicia, el que tiene que limpiar la faja de biomasa próxima a tu vivienda es el ayuntamiento con el control de tu comunidad autónoma, y si no lo hace, el día que se produzca un incendio y esa franja esté sucia, tu casa va a arder y te vas a quedar sin nada. Puede que ese día, mientras arde tu casa, o mientras lo haces tú mismo, lo hagas gritando "Pedro Sánchez, hijo de puta", pero ese día la culpa habrá sido también tuya al tomar esas decisiones políticas con tu voto."

(Antonio Maestre, blog, 26/08/25)

Covid: Ayuso, reclama al Gobierno que sean las Fuerzas Armadas las que hagan cumplir las restricciones... dana: Ayuso desliza que los militares no fueron enviados “a tiempo” siguiendo un cálculo político... apagón: El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y Ayuso piden la movilización del Ejército... incendios: Feijóo, y en su estela los presidentes de las autonomías más torturadas, desatan un crescendo sin precedentes de exigencias militares... el PP se aferra a su manual para desviar culpas crisis tras crisis, dentro de un discurso de culpabilización del Gobierno, desviando la atención de las competencias de las comunidades, la mayoría dirigidas por el propio PP, sobre materias clave para la resolución de las crisis, como la atención sanitaria, la gestión de emergencias, la protección civil o la lucha contra los incendios... PP recurre al Ejército dentro de una pauta constante de elusión de sus responsabilidades autonómicas cuando más necesario es ejercerlas”, para enfatizar la responsabilidad del Gobierno central y minimizar la autonómica... así durante la covid, trataba de desplazar al Gobierno central la responsabilidad del desastre en las residencias de mayores, zona cero de la catástrofe sanitaria y de competencia autonómica... las leyes de las tres comunidades más castigadas, tanto Castilla y León como Galicia y Extremadura asignan a los gobiernos territoriales el principal papel en la lucha contra los incendios... “Ellos tienen un patrón claro: cuando se ven cuestionados, se preocupan más por salvar su imagen que por solucionar la crisis, y la mejor forma de salvar la imagen es culpar al Gobierno” (Ángel Munárriz)

 "Crisis 1: covid. Una de las primeras exigencias del PP, entonces dirigido por Pablo Casado, es que el Ejército extienda su despliegue a Cataluña y el País Vasco, donde sospecha de resistencias nacionalistas. Pasado lo peor, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, reclama al Gobierno que sean las Fuerzas Armadas las que hagan cumplir las restricciones.

Crisis 2: dana. El PP, cuestionado por la gestión de Carlos Mazón, acusa al Gobierno de lentitud en el despliegue militar. Ayuso desliza que los militares no fueron enviados “a tiempo” siguiendo un cálculo político, para que en “esto que llaman Países Catalanes” no vean que tienen “a su lado” al “Ejército de España”.

Crisis 3: apagón. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y Ayuso piden la movilización del Ejército.

Crisis 4: incendios. Feijóo, y en su estela los presidentes de las autonomías más torturadas —Castilla y León, Galicia y Extremadura— y de la Comunidad de Madrid, desatan un crescendo sin precedentes de exigencias militares. Alfonso Fernández Mañueco, de Castilla y León, cambia su posición drásticamente en solo un día: primero, niega que el problema sea “de falta de medios áreos o de falta de medios terrestres” y afirma que los mandos del Ejército “han puesto a disposición” de la Junta “todo lo que tienen” a su alcance; al día siguiente, exige mil soldados, 25 bulldozers y 30 helicópteros.

Las anteriores catástrofes son diferentes entre sí. Pero tienen algo en común. En todas, el PP recurrió a la exigencia de un despliegue militar —uno mayor que el que ya había— dentro de un discurso de culpabilización del Gobierno, desviando la atención de las competencias de las comunidades, la mayoría dirigidas por el propio PP, sobre materias clave para la resolución de las crisis, como la atención sanitaria, la gestión de emergencias, la protección civil o la lucha contra los incendios.

“El Ejército es una de las máximas expresiones del poder del Estado. Es lógico recurrir a él, tanto por capacidades como por simbolismo, en situaciones críticas, siempre que se evite que las emergencias acaben sirviendo a tentaciones autoritarias”, señala Antonio Madrid, profesor de Filosofía del Derecho de la Universidad de Barcelona. “Ahora bien —puntualiza–, lo que hemos visto estos años es cómo el PP recurre al Ejército dentro de una pauta constante de elusión de sus responsabilidades autonómicas cuando más necesario es ejercerlas”.

La castrense no ha sido la única carta que el PP ha jugado, crisis tras crisis, para enfatizar la responsabilidad del Gobierno central y minimizar la autonómica.

— Durante el covid, el partido reclamaba con frecuencia el “mando único” sanitario e incluso trataba de desplazar al Gobierno central la responsabilidad del desastre en las residencias de mayores, zona cero de la catástrofe sanitaria y de competencia autonómica.

— En la dana, Feijóo llegó a pedir la emergencia nacional. Su declaración hubiera quitado el mando de la crisis a Mazón, que se resistió a cederlo y alegó en su defensa que los militares tardaron en llegar, lo que provocó una inédita réplica del jefe de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

— Tras el apagón, siete comunidades se acogieron a la emergencia nacional, entregando al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, la dirección de sus recursos autonómicos.

Ahora, ante los incendios, numerosas voces del PP, además de urgir a una actividad militar más contundente, recalcan la importancia de la persecución policial de lo que Feijóo llama “terrorismo incendiario”. El líder del partido esgrime para ello el dato, desmentido por la estadísticas oficiales, de que “el 80% de los fuegos son intencionados”. Por su parte, el jefe del Ejecutivo andaluz, Juan Manuel Moreno, ha dicho que pretende “abrir un debate” para endurecer las penas a “pirómanos”.

¿Qué tiene en común todo lo anterior? Que está fuera de las competencias de las autonomías, precisamente el ámbito donde el PP es el gran dominador: gobierna en 12 de las 17, en once con la presidencia. Y no puede decirse que las competencias autonómicas sean menores en este terreno. Acudiendo a las leyes de las tres comunidades más castigadas, tanto Castilla y León como Galicia y Extremadura asignan a los gobiernos territoriales el principal papel en la lucha contra los incendios.

No obstante, como corresponde a un Estado multinivel, hay zonas de grises. Siempre hay espacio para justificar que el foco apunte también al Gobierno central, incluso en asuntos de competencia descentralizada. La propia Ley de Montes de Castilla y León, por ejemplo, asigna la responsabilidad antiincendios a la Junta, pero “en coordinación” con el Gobierno. Y la norma nacional sobre la materia prevé el despliegue de “medios estatales” cuando sea necesario. Así que de ahí puede colgar el PP su exigencia constante de recursos, que en esta oleada de incendios se ha producido en algún caso, como en Castilla y León, mientras la Junta mantenía paralizados medios ya cedidos.

Valores castrenses

Al igual que el jurista Antonio Madrid, el experto en comunicación política Isaac Hernández ve en el recurso constante del PP a las Fuerzas Armadas —también en 2024, cuando Miguel Tellado pidió su despliegue frente a las costas africanas contra la inmigración ilegal— “el ejemplo más claro” de una forma sistemática de comportarse que tiene dos objetivos. El primero es asociarse a los valores de “rigor, control y disciplina” a los que automáticamente remite el Ejército, de arraigado prestigio y especialmente en el electorado conservador, señala. El segundo, añade, es “desviar la atención del nivel autonómico de la administración”.

¿Logra estos fines el PP? Aunque las investigaciones judiciales sobre la gestión de las residencias de Madrid y la dana apuntan con claridad a responsabilidades autonómicas, lo cual parece avalar al Gobierno central en la disputa competencial, Hernández cree que el PP sale beneficiado del “constante” choque político entre las comunidades y el Ejecutivo central. No en vano, recalca, presidentes autonómicos populares que chocaron casi a diario con Sánchez durante el covid, singularmente Ayuso, salieron reforzados de las urnas.

“El manual dice que en una crisis se suele dar el efecto rally ‘round the flag, por el que el líder, en este caso el presidente del Gobierno, consigue un mayor respaldo popular. La realidad, desde la pandemia de covid, muestra que el PP ha ido ganando las batallas del relato con un esquema sencillo, según el cual el Gobierno es débil, como demuestra que se resista a usar con contundencia su mejor arma, el Ejército”, añade el consultor y experto en marketing político, que cree que el Ejecutivo ha facilitado las cosas al PP al tardar en presentar a Sánchez “en modo crisis” tras la dana, el apagón y los incendios.

El riesgo para el sistema

El modo de actuar del PP, agrega Hernández, también expone a Feijóo al peligro de beneficiar a su principal competidor en la derecha, Vox: “Al insistir tanto en el abandono por parte del Gobierno y transmitir la imagen de una descoordinación, corre el riesgo de alimentar dos discursos de la ultraderecha: el del Estado fallido y el de la inutilidad de las autonomías”.

Hay datos ya que indican un declive del prestigio del modelo competencial español. Las evolución de las preferencias por distintas formas de la organización territorial entre 2018, justo cuando irrumpió el partido de Santiago Abascal en las elecciones andaluzas, y 2024, última vez que el CIS preguntó, muestra que la opción que más apoyo pierde es el sistema autonómico actual, y la que más respaldo gana es un recorte de competencias autonómicas.

 Autor del ensayo La política y la justicia del sufrimiento (Trotta, 2010), Antonio Madrid muestra su inquietud ante la dinámica en que se ha instalado el sistema autonómico, que desde el covid ha visto aflorar “problemas estructurales” que no han llevado —señala— a una reacción para su solución, sino a un enconamiento del conflicto político. En vez de abrirse “un debate sobre la financiación, la cooperación o la federalización”, expone, “la dinámica que se ha generado ha sido un juego interesado, con el PP desde las comunidades desplazando sus propias obligaciones al Gobierno y este administrando la situación para poner en evidencia los errores y déficits en la gestión del adversario”.

El catedrático de Derecho Constitucional Octavio Salazar observa cómo “se ha impuesto una lógica competitiva” en vez de “cooperativa”. Dentro de un “tira y afloja” del que Salazar no hace al PP único responsable, sí subraya la propensión de los populares a “echar balones fuera” desde las comunidades a lo largo de este quinquenio de emergencias, trasladando la idea de que las competencias autonómicas son casi tareas opcionales a las que se puede renunciar cuando surgen dificultades.

“La Constitución salvaguarda mucho las competencias territoriales. La Administración central solo puede intervenir cuando hay un incumplimiento de obligaciones constitucionales, con el artículo 155, cuando la crisis se extiende más allá de un territorio, o cuando hay una petición de ayuda”, desarrolla el profesor. Precisamente en este caso, la “petición de ayuda”, Salazar detecta una falta de regulación que “pone de manifiesto las carencias en materia de coordinación” del modelo territorial.

El PP, a través de un portavoz, niega que haya incurrido en “mala gestión” o “dejación de competencias” ante los incendios, como habría reconocido Grande-Marlaska al afirmar que se hubiera planteado el nivel 3 de alerta si la gestión de alguna comunidad no hubiera sido “adecuada”. A juicio del PP, el problema en esta crisis y las anteriores es que el Ejecutivo de Sánchez nunca está “a la altura de la emergencia”. “El Gobierno siempre termina responsabilizando a las comunidades”, apunta.

Una fuente de La Moncloa señala que el PP prueba la validez de la llamada “teoría del espejo”, según la cual cuando alguien es criticado por un error atribuye al adversario los pecados propios. “Ellos tienen un patrón claro: cuando se ven cuestionados, se preocupan más por salvar su imagen que por solucionar la crisis, y la mejor forma de salvar la imagen es culpar al Gobierno”, concluye." 

(Ángel Munárriz  , El País, 24/08/25)

Del dispositivo “suficiente” al caos: Castilla y León y Galicia tuvieron efectivos parados mientras montes y pueblos ardían... Losacio (Zamora), 12 de agosto, no hay bomberos autonómicos, solo vecinos voluntariosos y con algún sudor frío pese a los 35 grados. El pueblo se libró gracias solo a los refuerzos del Ayuntamiento de Zamora, al arrojo de una “cuadrilla pirata” que se tapaba los nombres para evitar represalias de la empresa, y especialmente al cambio de viento. Sin embargo, el incendio engulló Abejera, donde aún hay heridos hospitalizados. Esta falta de efectivos autonómicos se repitió en múltiples localidades castellanas y leonesas... Vilardevós, Ourense, 15 de agosto, un agente forestal, el encargado de la dirección técnica contra un fuego, de la estrategia de ataque. Pero sobre las dos de la madrugada, este trabajador se tuvo que ir por haber rebasado el tope de jornada, relatan fuentes de esta cuadrilla. No llegó nadie para relevarlo y, por protocolo, la brigada no pudo actuar. También se tuvo que parar la bulldozer que estaba abriendo zanjas para detener el avance del incendio que los acechaba. “Nos quedamos toda la noche contemplando cómo bajaba el fuego”... autobombas paradas en los peores días solo en la comarca de Valdeorras, arrasada por el incendio de Larouco, el más devastador. No podían usarse porque no había conductor disponible, mientras Rueda Rueda reclamaba al Gobierno central “30 autobombas con sus conductores”... con los incendios más graves de la historia de la comunidad fuera de control, la Xunta de Galicia rechazó la ayuda de bomberos de A Estrada (Pontevedra) que habían gestionado una autobomba y envió a casa a trabajadores contraincendios de A Coruña y Lugo porque “ya no se necesitaban”... hubo “brigadas descoordinadas y paradas a la espera de instrucciones durante horas”... los retenes castellanos ironizan con el “ayuno intermitente” de su pobre avituallamiento, en ocasiones con moho y frecuentemente escaso. Han bebido agua de mangueras de huerto y han compartido vídeos de compañeros durmiendo en el suelo (Sonia Vizoso, Juan Navarro)

 "La crisis de incendios más grave de la historia reciente de España estalló con los gobiernos de Castilla y León y Galicia jactándose de contar con un dispositivo de extinción dotado al más alto nivel. El mejor “de todo el mundo”, presumía el día 13 el sustituto de la familia Baltar al frente de la Diputación de Ourense, el popular Luis Menor, cuando su provincia ya estaba en alerta máxima. Solo dos días después, con la ola de fuegos en Extremadura, estas comunidades del PP urgían al Gobierno central un potente refuerzo de medios mientras sus equipos sufrían imprevisión, descoordinación, parálisis y falta de personal y maquinaria, denuncian bomberos y agentes forestales. Miembros del despliegue en estos territorios relatan cómo se han enfrentado no solo a las llamas: también a carencias que llevan años denunciando.

Una escena resume la gestión de la Junta de Castilla y León en esta catástrofe sin precedentes: Losacio (Zamora), 12 de agosto. Una línea naranja amenaza el lugar donde comenzó el segundo y cuádruplemente mortal incendio de la Sierra de la Culebra en 2022. No hay bomberos autonómicos, solo vecinos voluntariosos y con algún sudor frío pese a los 35 grados. El pueblo se libró gracias solo a los refuerzos del Ayuntamiento de Zamora, al arrojo de una “cuadrilla pirata” que se tapaba los nombres para evitar represalias de la empresa, y especialmente al cambio de viento. Sin embargo, el incendio engulló Abejera, donde aún hay heridos hospitalizados.

Esta falta de efectivos autonómicos se repitió en múltiples localidades castellanas y leonesas, especialmente en León, Zamora y Palencia, donde sienten que el caos y la descoordinación han inflamado unas llamas ya de por sí poderosas. Las protestas ciudadanas han ido creciendo. En Ourense, los bomberos narran un episodio que ilustra la impotencia que también se ha sentido en el flanco gallego de la tragedia por la falta de personal de la que llevan años alertando. Fue el 15 de agosto. Ardía la cima de un monte ante la inquieta mirada de los habitantes de una aldea de Vilardevós. Allí acudió, además de la Guardia Civil y Protección Civil, la brigada de Viladesuso, movilizada desde el sur de Pontevedra. Al frente, un agente forestal, el encargado de la dirección técnica contra un fuego, de la estrategia de ataque. Pero sobre las dos de la madrugada, este trabajador se tuvo que ir por haber rebasado el tope de jornada, relatan fuentes de esta cuadrilla.

No llegó nadie para relevarlo y, por protocolo, la brigada no pudo actuar. También se tuvo que parar la bulldozer que estaba abriendo zanjas para detener el avance del incendio que los acechaba. “Nos quedamos toda la noche contemplando cómo bajaba el fuego”, cuenta uno de sus integrantes. A la mañana siguiente, las llamas cogieron fuerza y cercaron las casas porque había zonas de maleza alrededor. Los sindicatos llevan años denunciando que la plantilla de agentes ambientales, una figura clave también para prevenir los incendios, está congelada desde 1985, cuando la Xunta recibió las competencias en la materia. “No hay forma de que asuman que falta más gente”, lamentaba estos días el agente forestal Alejandro Rodríguez.

Cuando ya el calor abrasador y el viento habían desmadrado las llamas por un territorio lleno de maleza seca y vacío de habitantes, tanto Galicia como Castilla y León improvisaron llamamientos para cubrir vacantes en sus equipos. El dispositivo gallego arrancó la temporada de alto riesgo con plazas y bajas sin cubrir, denuncian asociaciones profesionales y sindicatos, mientras la Xunta defiende que durante la crisis ha estado “casi al 100%”. CCOO calcula que la catástrofe se encaró en Ourense con 80 vacantes de bomberos, emisoristas o conductores, de un total de menos de 600 puestos.

Óscar Rodríguez, jefe de brigada y presidente del comité de empresa de Medio Rural en esta provincia, contabilizó varias autobombas paradas en los peores días solo en la comarca de Valdeorras, arrasada por el incendio de Larouco, el más devastador. No podían usarse porque no había conductor disponible, “plazas que están recogidas en la relación de puestos de trabajo, pero que no se cubren”, subraya. Mientras, Rueda reclamaba al Gobierno central, además de bulldozers, soldados, medios aéreos y nodrizas, “30 autobombas con sus conductores”. Medio Rural ha eludido explicar esta situación.

La incorporación precipitada de efectivos sin experiencia también complicó las tareas. Agentes forestales, por ejemplo, cuentan que han intentado evitar que los recién llegados asuman la “responsabilidad” de dirigir la estrategia ante fuegos tan peligrosos. Esto se evitaría si se hubiesen unido en marzo como piden siempre los sindicatos. También se han quejado de la gestión de la Xunta efectivos llegados de otras zonas de Galicia. El pasado martes, con los incendios más graves de la historia de la comunidad fuera de control, el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) rechazó la ayuda de bomberos de A Estrada (Pontevedra) que habían gestionado una autobomba y envió a casa a trabajadores contraincendios de A Coruña y Lugo porque “ya no se necesitaban”, cuenta Javier Cortizo, uno de los afectados, que desde A Estrada ya viajó a Valencia cuando la dana.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que se ha dejado ver estos días con chaleco de emergencias y sin afeitar, se ha parapetado en que los medios que se urgieron en medio del caos al Gobierno central, una petición “imposible” de atender según el Ejecutivo de Pedro Sánchez, no han llegado completos y a tiempo. Mañueco, por su parte, ha pasado de calificar el operativo de “suficiente” a exigir recursos al Estado alegando que las condiciones climatológicas extremas superaron cualquier previsión de la Junta. Los brigadistas se encogen de hombros: “Era cuestión de tiempo”. El desastre de 2022 en la Sierra de la Culebra no acarreó medidas ambiciosas para mantener un dispositivo sólido y bien capacitado, donde aún resuena el eco del consejero, Juan Carlos Suárez-Quiñones, en 2018: “Mantener el operativo todo el año es un absurdo y un despilfarro”.

Esta vez Quiñones ha regalado un “tenemos la mala costumbre de comer” por ausentarse en el primer día de descontrol, mientras los retenes ironizan con el “ayuno intermitente” de su pobre avituallamiento, en ocasiones con moho y frecuentemente escaso. Han bebido agua de mangueras de huerto y han compartido vídeos de compañeros durmiendo en el suelo.

En Galicia, hubo “brigadas descoordinadas y paradas a la espera de instrucciones durante horas”, señala el bombero forestal Xoan Lois Cabreira. “Hay un gran capital humano de base en los bomberos forestales” gallegos, explica, porque conocen el territorio y son expertos en tácticas contra el fuego. Pero “la falta de coordinación de los mandos tanto superiores como intermedios derivó en inoperancia e ineficacia”. Miembros del dispositivo relatan a EL PAÍS que se encontraron con autobombas y bulldozers en estado calamitoso, “que perdían aceite por el camino y estaban para el desguace”.

Mañueco insiste: su equipo está bien nutrido, pero necesitaba soporte de Sánchez. Soporte como el infrautilizado en León, donde se instalaron camas y almuerzos para 180 personas que nunca fueron movilizadas. Tampoco instalaron puestos de mando cedidos. Según informan bomberos de Ávila, allí hay una nodriza capaz de almacenar 13.000 litros para abastecer a las autobombas sin que se tengan que alejar demasiado. Ese vehículo permanece “en reserva”, según el Plan Anual de Incendios Forestales de la Junta. “No tienen dotación de personal y [la nodriza] lleva todo el año parada en un garaje”, según fuentes conocedoras del caso. Mañueco pidió al Ejecutivo primero 15 como estas y luego, sin saberse por qué, simplemente las solicitó sin aclarar cuántas. Las unidades helitransportadas también han implorado ser reclutadas al máximo, condenadas algunas a la inacción. El presidente de la Junta ha respaldado “todas las decisiones” del operativo aunque admite que “puede haber algún tipo de incidencias”: “Todos los medios que se ponen a disposición de la Junta, los directores los aprovechan al máximo si lo aconsejan las circunstancias”.

 Muchos bomberos de la Junta protestan porque no salen en las fotos, solo figuran los de la UME o los del ministerio, las BRIF. La respuesta: son tan pocos que es más fácil fotografiar a los refuerzos que a los nativos. Un efectivo del ministerio los compara así: “Hay una diferencia abismal entre las BRIF y otros medios, sobre todo los de la Junta. Tenemos una formación que no dan en ningún sitio y se nota al coordinarse bien, pero sobre todo en la seguridad. Parece una bobada, pero es más importante que el dinero”. Con el fuego crepitando, una adjudicataria buscaba personal en InfoJobs: no se exige ni formación ni experiencia. Mañueco asegura que su prioridad es la “seguridad” de esa primera línea contra las llamas y que se está implicando en el correcto avituallamiento de las brigadas. Al día siguiente de estas declaraciones, los bomberos recibieron bocadillos con moho.

“Los fuegos se apagan en invierno”

En Extremadura la situación ha sido distinta a la vivida en Castilla y León y Galicia. Allí ha habido dos incendios, no una multiplicidad de focos. Uno fue en Llerena (Badajoz), que se controló más rápidamente, y otro en Jarilla, que ha calcinado más de 17.000 hectáreas y se ha convertido en el más grande que ha habido nunca en la región. Si las críticas en las otras dos comunidades se reparten entre los fallos en la gestión de la extinción y la falta de prevención, los bomberos consultados en territorio extremeño procedentes de varias regiones de España coinciden en señalar más a lo segundo, la falta de limpieza de los montes. “Los fuegos se apagan en invierno”, repite un bombero de atención urgente de Castilla y León a pocos metros de las llamas en la frontera entre Cáceres y Salamanca.

Un grupo de efectivos procedentes de Cataluña comenta lo mismo y sostiene que eso, sumado a la ola de calor, ha secado gran parte de la vegetación que creció asilvestrada después de una primavera de muchas lluvias. La situación tiene unas características muy particulares y ha elevado el riesgo de incendios en toda la península. “Hoy estamos trabajando aquí, pero no me extrañaría nada que nos llamen porque tengamos que actuar pronto en Cataluña”, explica.

El incendio de Jarilla ha arrasado mayoritariamente zonas altas. Desde la Junta de Extremadura señalan que uno de los problemas ha sido la falta de helicópteros e hidroaviones porque la crisis incendiaria en Galicia y Castilla y León ha obligado a repartirlos. “Entendemos que la situación es la que es. Al que lo ha dado todo no se le puede pedir más”, explicó el martes a EL PAÍS el consejero de Gestión Forestal y Medio Rural, Paco Ramírez. Murcia, Andalucía y Castilla-La Mancha enviaron medios aéreos el sábado 16 de agosto, un día después de la petición del Gobierno extremeño. Cataluña lo hizo el 18 y Eslovenia y la República Checa mandaron otros dos helicópteros que llegaron el 19 después de que el Gobierno central activara el mecanismo europeo de protección civil. Para entonces ya habían ardido más de 15.000 hectáreas."

( Sonia Vizoso , Juan Navarro , El País, 24/08/25)

Ayuso se divierte... el Zendal, el hospital milagro de Ayuso, el que costó 150 millones: 177 profesionales para atender a 49 pacientes... desde abril tiene una media de un caso al día... “Quieren mantener abierto a toda costa el centro porque cerrarlo dejaría al descubierto, aún más, el sinsentido de esta instalación. No saben a qué destinarla”, lamenta en mitad de la crisis sanitaria de Madrid, que ha provocado dos huelgas de médicos y una multitudinaria manifestación en protesta por la falta de recursos humanos y económicos

 "Los más de 150 millones de euros que costó levantar el Hospital Enfermera Isabel Zendal apenas sirven hoy para acoger a 49 pacientes ingresados en la unidad de rehabilitación funcional (URF), según los datos del propio centro. Ese balance resume la crisis del hospital milagro de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que atendió a más de 10.000 pacientes durante lo peor de la pandemia y ahora languidece mientras se suceden las propuestas para justificar su existencia. Desde el 11 de abril, cuando empezó a funcionar la URF, solo han pasado 225 pacientes por unas instalaciones en las que no hay otro tipo de hospitalizados. 

Eso equivale a 32 pacientes al mes, y a apenas uno al día de media. Y como eso es insostenible, la Comunidad busca cómo dotar de sentido a esos 80.000 metros cuadrados casi vacíos: pese a que la infraestructura se inauguró tan recientemente como en diciembre de 2020, el Gobierno volverá a gastar dinero en 2023 para habilitar consultas, seis quirófanos o puestos de recuperación con los que atender a los pacientes que se derivarán al Zendal mientras duren las obras en el Hospital de La Paz, según avanza una fuente del Gobierno autonómico.

 “Es un escándalo”, se queja José Manuel Freire, profesor emérito del departamento de Salud Internacional de la Escuela Nacional de Sanidad, exdiputado del PSOE y exconsejero de Sanidad del País Vasco. “Quieren mantener abierto a toda costa el centro porque cerrarlo dejaría al descubierto, aún más, el sinsentido de esta instalación. No saben a qué destinarla”, lamenta en mitad de la crisis sanitaria de Madrid, que ha provocado dos huelgas de médicos y una multitudinaria manifestación en protesta por la falta de recursos humanos y económicos.

 Un día cualquiera de noviembre, los ventanales de la fachada principal del Zendal dejan ver los andamios y restos de obra que permanecen apilados en su interior. El reclamo de la vacunación para la covid, que mantiene movilizados en el centro a seis enfermeras y seis técnicos en cuidados auxiliares de enfermería, no conlleva ningún tipo de cola. Contra el viento aletean las cintas extendidas para organizar filas inexistentes, ya que apenas se cruzan dos parejas en la puerta. Un solitario taxi se aleja por una ancha avenida sin ningún tráfico. El parque que rodea uno de los lados del centro está vallado, lo que impide su uso. En consecuencia, el silencio que reina en el barrio de Valdebebas, en el distrito de Hortaleza, solo se ve interrumpido de vez en cuando por las pisadas de algún corredor solitario, y el ruido de la maquinaria que se emplea para construir un cercano intercambiador para el transporte público.

 Hasta el 26 de octubre, ese fue el entorno laboral de la enfermera Marisa Santiago en el dispositivo de vacunación del Zendal, donde fue trasladada cuando cerraron el Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) al principio de la pandemia. En su último día de trabajo antes de ser movilizada para ocupar su plaza en un centro de urgencias extrahospitalarias asegura que había en el centro 14 pacientes ingresados, en su mayoría personas mayores con “patologías provocadas por un ictus o algo similar”. “Allí ya no hay gente con covid, sino personas que están esperando plaza para ir al Hospital Cantoblanco, por ejemplo, donde les hacen la rehabilitación. Mientras, en el Zendal están atendidos, sobre todo por enfermeras y auxiliares”, explica sobre un dispositivo formado por 144 sanitarios, 17 celadores, 12 administrativos y una gobernanta, más otros profesionales (hasta un total de 177).

Santiago describe el ambiente en el hospital de pandemias como si hubiera estado en un programa de Gran Hermano. Hay cámaras por todas partes y no pueden salirse de la zona asignada. Si los trabajadores se equivocan y se encuentran fuera “del circuito que le toca a cada uno”, enseguida aparece un miembro de seguridad y les pregunta qué hacen ahí. Tampoco pueden sacar fotografías a los carteles y como consecuencia se sienten completamente vigilados. Ahora mismo, añade, en el pabellón tres hay un dispositivo de vacunación para inocular la cuarta dosis a los sanitarios, “pero se encuentran bastante aburridos, porque no va nadie”.

 Es la consecuencia de la falta de pacientes para una infraestructura que los expertos definieron con palabras gruesas desde el principio: “Esta operación solo puede entenderse desde la política y la imagen. Es básicamente incomprensible desde la perspectiva de gobernanza y gestión de la sanidad”, llegó a decir José Ramón Repullo, profesor de planificación y economía de la Salud de la Escuela Nacional de Sanidad.

 Entonces, ¿para qué sirve un hospital de pandemias cuando no hay pandemias? Responder a esa pregunta ocupa al Gobierno desde hace meses. Se ha intentado de todo. Señal de que el uso futuro de la infraestructura parece incierto.

Así, el Zendal ha sido, y es, centro de vacunación contra el coronavirus (aquí se han puesto más de dos millones de dosis) y la viruela del mono. También ha sido punto de acogida para los refugiados de la invasión rusa de Ucrania. Se ha usado como centro logístico para almacenar y organizar todo el material donado a este país; o como sede del centro coordinador del Summa 112, que también derivó allí a una parte de sus profesionales de los SUAP cuando cerraron durante la pandemia; y como Laboratorio Regional de Salud Pública. Y ahora se ha pensado en él como el hospital perfecto al que derivar pacientes de La Paz cuando comiencen las obras de remodelación de este centro.

Pero llegará el día en el que acaben esas obras y el Zendal vuelva a quedarse vacío. Y por eso el futuro no está claro. El equipo de Ayuso, que no respondió a las preguntas de EL PAÍS, sigue pensando en posibilidades para llenar de contenido estable y continuo la infraestructura. Hasta ahora solo ha echado raíces la unidad de rehabilitación funcional: 49 pacientes en un edificio de 80.000 metros cuadrados que esperan la futura llegada de los pacientes derivados desde La Paz."                   (Juan José Mateo, Berta Ferrero , El País, 17/11/22)

La Consejería de Sanidad se niega a entregar al Consejo de Transparencia las actas de 21 reuniones de emergencia durante la primera ola... Escudero se negó a enviar a sus médicos a las residencias, desoyendo la petición que le hizo en esa reunión el viceconsejero de Políticas Sociales, Javier Luengo... Escudero le recomendó que los funcionarios de Políticas Sociales siguiesen llamando a una lista de teléfonos de 146 sanitarios de mutuas laborales que le había proporcionado la Consejería de Sanidad. Muchos de esos médicos no cogían el teléfono y otros se negaban a colaborar

 "La Comunidad de Madrid celebró 21 reuniones de emergencia durante la primera ola de la pandemia como parte de un plan de choque de la presidenta Isabel Díaz Ayuso para salvar vidas de mayores en las residencias, dejando constancia de ello en actas que ahora se niega a entregar al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, un órgano estatal creado para reducir el oscurantismo de las administraciones.

 Para evitar que salgan a la luz los documentos, la Consejería de Sanidad ha respondido por escrito a ese organismo que “no existen”, pero El PAÍS ha comprobado la falsedad de esa afirmación, porque ha tenido acceso a una de esas actas, fechada el 8 de abril de 2020. Fuentes del Ejecutivo regional de entonces aseguran que una asesora del consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, dejó constancia por escrito de esas asambleas.

Los documentos relatan las acciones del Gobierno autonómico para paliar la devastación del coronavirus en los hogares de mayores, el núcleo de la pandemia en la primavera de 2020. Familiares de las víctimas culpan a la Comunidad de agravar la situación con unos protocolos que negaron el ingreso en los hospitales. Durante la primera ola, murieron en la región de Madrid más de 11.000 personas residentes en estos centros.

Advertido de la respuesta falsa de la Comunidad de Madrid, un portavoz del Consejo responde que caso de ser así se ha producido una brecha del principio de buena fe, confianza legítima y lealtad institucional entre administraciones. “En el caso de que resultara probada la existencia de unas actas que la Comunidad de Madrid afirmó que no existían, se produciría una quiebra en el principio antes mencionado que debe estar presente en las relaciones que este Consejo mantiene con aquélla y con el resto de administraciones públicas”, dice en un correo a este periódico el portavoz. (...)

El Consejo carece de poder para sancionar u obligar a la Comunidad a entregar las actas. La opción restante para obtener los documentos por el procedimiento regulado por ley consiste en un recurso judicial.

La información que la Comunidad de Madrid oculta se refiere a un contenido muy sensible, porque su gestión de la crisis en las residencias ha sido denunciada por organizaciones como Amnistía Internacional como una “vulneración masiva de derechos humanos”. Familiares de las víctimas que fallecieron abandonadas en residencias llevan casi dos años buscando justicia y señalan entre los responsables a la presidenta Díaz Ayuso, y al consejero Enrique Ruiz Escudero.

El titular de Sanidad anunció el 12 de marzo de 2020 que los alrededor de 50.000 mayores que vivían en residencias iban a ser tratados en ellas, a pesar de la falta de recursos sanitarios en estos hogares. La decisión fue adoptada en la misma semana en que los hospitales de Madrid se llenaban rápidamente y las autoridades se daban cuenta de la magnitud del desastre que iba a causar el coronavirus. 

Dos semanas más tarde, con miles de mayores muriendo de forma indigna, Ayuso anunció un plan de choque para las residencias y puso al frente a Escudero. Entre el 30 de marzo y el 29 de mayo tuvieron lugar 21 reuniones en las que participaron cargos de tres consejerías madrileñas (Sanidad, Políticas Sociales e Interior) y representantes de la patronal de residencias.

El acta del 8 de abril obtenida por este periódico muestra cómo Escudero se negó a enviar a sus médicos a las residencias, desoyendo la petición que le hizo en esa reunión el viceconsejero de Políticas Sociales, Javier Luengo. Un día antes, Escudero había celebrado en una entrevista de radio que la presión sobre los hospitales comenzaba a aliviarse. Luengo aprovechó esa circunstancia para recordarle la carencia de sanitarios en las residencias. Escudero le recomendó que los funcionarios de Políticas Sociales siguiesen llamando a una lista de teléfonos de 146 sanitarios de mutuas laborales que le había proporcionado la Consejería de Sanidad. Muchos de esos médicos no cogían el teléfono y otros se negaban a colaborar. Escudero recomendó “imprimir más presión a la hora de llamar”.

Alberto Reyero, por entonces consejero de Políticas Sociales, afirma que tuvo conocimiento de esa y otras actas, porque fueron enviadas a miembros de su equipo. Otras fuentes que trabajaron para el Ejecutivo confirman también su existencia.

Poderes “descafeinados”

Expertos en materia de transparencia señalan que las mentiras en las reclamaciones sobre información pública son posibles porque los órganos administrativos que resuelven en segunda instancia no tienen capacidad de inspección, de modo que deben fiarse de lo que dicen los gestores públicos. “Es una carencia que deja descafeinados a muchos de estos órganos. Si preguntas por algo sensible que les puede sacar los colores pueden pasar cosas así”, valora Miguel Ángel Gavilanes, periodista de Civio, una organización que lucha contra la opacidad. En Escocia, por ejemplo, cuando una institución alega no poseer más información y el solicitante pide amparo, la Oficina del Comisionado para la Información investiga a fondo del caso, según Gavilanes. (...)"                  (Fernando Peinado, El País, 12/02/22)

Una mayoría de castellanos y leoneses aboga por suprimir la autonomía... son mayoría (35,8%) los que se manifiestan a favor de “un Estado con un único Gobierno central sin autonomías”

 "La encuesta de 40dB. para EL PAÍS y la SER sobre las elecciones del próximo día 13 revela que el entusiasmo autonomista entre los ciudadanos de Castilla y León es más bien escaso. Un dato llama la atención por encima de todos: son mayoría (35,8%) los que se manifiestan a favor de “un Estado con un único Gobierno central sin autonomías”. 

Y hay otro 5,4% que aboga por continuar con el modelo actual, pero con menos competencias regionales. Los encuestados que se decantan por una de esas dos opciones son mayoría entre los electores de Vox (68%) y PP (47%) e incluso llegan a la cuarta parte de los que dicen que votarán al PSOE y a Unidas Podemos. (...)

 La autonomía con sede administrativa en Valladolid enfrenta otro problema de credibilidad ciudadana, la creciente desafección de los leoneses, que la encuesta confirma plenamente. Un 56% de los consultados en esa circunscripción quiere una comunidad propia, lo que coincide con las altas expectativas concedidas por el sondeo a la fuerza política que abandera esa reivindicación, Unión del Pueblo Leonés (UPL), que podría aumentar de uno a tres procuradores su presencia en las Cortes regionales. (...)

Otra conclusión del estudio preelectoral es el desencanto de los ciudadanos castellanos y leoneses con sus gobiernos, tanto el nacional como el autonómico, con un sesgo más acusado en el primero. Solo el 19,1% se muestra satisfecho con el Ejecutivo regional del popular Alfonso Fernández Mañueco, que aun así supera en este aspecto al de Pedro Sánchez en dos puntos. El 36% califica de mala o muy mala la gestión autonómica, un descontento que en el caso del Gobierno central llega hasta la mitad de los encuestados. La valoración del Ejecutivo de Mañueco se salva algo más por el elevado número de los que la califican de regular, casi un 39%, 10 puntos más de los que adjudican la misma nota al de Sánchez. (...)"               (Xosé Hermida, El País, 07/02/22)

Cataluña y Madrid acumulan miles de contagios sin notificar a Sanidad... la falta de certeza de los datos, que ocurre en todas las comunidades, conlleva que entre la realidad y lo que se pone en el papel haya una diferencia importante... hay una infranotificación en todo el territorio... Cuando pasó el verano, muchos pensaron que esto ya había terminado. Se despidió a profesionales, se empezó a desmantelar todo el sistema de rastreo, y en varias autonomías, en el ámbito escolar, se dejó de hacer mucho del trabajo intenso que se había hecho el curso anterior y se retiró a muchos profesionales... si esto no hubiera pasado, a la explosión de la ómicron, "se habría hecho frente de mejor manera”, y no como ha ocurrido

 "Cataluña y Madrid registran en sus estadísticas autonómicas miles de contagios —113.220 y 18.898, respectivamente, según los datos acumulados de este jueves— que no figuran en el boletín diario del Ministerio de Sanidad, un decalaje en la notificación de casos que redunda en la calidad de los datos para vigilar la evolución de la pandemia en España. 

El departamento de Salud catalán no explica por qué se produce esta situación y la Consejería de Sanidad madrileña asegura que no le consta tal desajuste. Sin embargo, la ministra Carolina Darias sí admitió este miércoles que se produce “un embotellamiento” a la hora de contabilizar los positivos enviados al ministerio.

No existe un único motivo para explicar esta diferencia en la contabilidad, que se produce además en un momento de crecimiento exponencial de infecciones por la variante ómicron —este jueves, España registró por primera vez más de 100.000 en un solo día—. Parte de esos miles de positivos que no figuran en la contabilidad nacional son los detectados con los test de autodiagnóstico que la población de estas dos autonomías puede hacerse en casa y notificar al sistema público desde hace varios días.

Joan Carles March, investigador del Instituto de Salud Carlos III, profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública y exdirector de esa institución, habla de los desajustes entre autonomías como un problema para tener una perspectiva clara de lo que sucede: “En estos momentos, la falta de certeza de los datos, que ocurre en todas las comunidades, conlleva que entre la realidad y lo que se pone en el papel haya una diferencia importante”. Cree que hay una infranotificación en todo el territorio.

 Ante la avalancha de infecciones en Cataluña y Madrid, que dejó a sus sistemas sanitarios sin capacidad de maniobra para detectar, diagnosticar y hacer el seguimiento de esos nuevos enfermos, ambas autonomías decidieron asumir como positivo confirmado los contagios detectados con autotest en vez de con PCR, la herramienta de diagnóstico más fiable. Madrid lo decretó el 21 de diciembre; Cataluña, el martes. Ambas contabilizan los resultados de autotest en sus datos, pero ninguna de las dos está notificando esos números a Sanidad y tampoco dan una cifra concreta de cuántos son.

Desde el ministerio, una portavoz afirma que esto “no debería” ocurrir y que “todos los casos que el sistema sanitario tenga está obligado a notificarlos” a través del sistema de notificación epidemiológica de España (SIVIES), “sea la prueba diagnóstica que sea”.  (...)

El ministerio, sin embargo, insiste en que los territorios pueden enviar esos datos, que no hay ninguna razón que lo impida, que podrían hacerlo a través del sistema de notificación diario y que, mientras, se está revisando cómo se abre un nuevo apartado en la estadística para los resultados de estas pruebas. Pero esos positivos derivados de los autotest sí se van a ver reflejados en las estadísticas.

La débil estructura de Salud Pública

Desde el comienzo de la pandemia, todas las regiones han tenido problemas en la recogida de datos, retrasos en la notificación, y, por tanto, cifras que cambiaban a diario en el histórico de sus respectivas estadísticas y con posterioridad, en la del ministerio. En Madrid, el 28 de octubre de 2020, los profesionales de la Dirección General de Salud Pública enviaron una carta a su directora, Elena Andradas, en la que aludían a las múltiples dificultades que arrastraban desde el comienzo de la pandemia y que no habían sido solucionadas y hacían un desglose de problemas en la organización, la coordinación, los recursos humanos y el sistema de vigilancia epidemiológica.

 Desde que comenzó la crisis, ha sido Castilla y León la comunidad con las cifras más completas, más desagregadas y más actualizadas. El investigador March cree que ha habido tiempo más que suficiente desde que comenzó la crisis para reforzar la estructura de Salud Pública, pero se ha producido una “falta de previsión” y un “error de perspectiva” generalizado: “Cuando pasó el verano, muchos pensaron que esto ya había terminado. Se despidió a profesionales, se empezó a desmantelar todo el sistema de rastreo, y en varias autonomías, en el ámbito escolar, se dejó de hacer mucho del trabajo intenso que se había hecho el curso anterior y se retiró a muchos profesionales”.

Al final, explica, aunque ese apuntalamiento de los sistemas no hubiesen parado la explosión de la ómicron, “sí se habría hecho frente de mejor manera”, y no como ha ocurrido, con la atención primaria, “de nuevo, desbordada y los sistemas de vigilancia sin capacidad para abordar la ola”. Opina igual Manuel Franco, epidemiólogo y portavoz de la Sociedad Española de Salud Pública, que afirma que aunque “no es elevada la cantidad que haría falta para hacer más fuertes esos equipos, nadie lo ha hecho como debería haberse hecho”.

Eso, en autonomías con un elevado volumen de población, “tiene más incidencia”, asegura Franco: “Madrid y Cataluña son de las comunidades que más positivos aportan, no solo porque tienen grandes poblaciones, como Andalucía, sino grandes grupos de población urbana. Si estas dos autonomías infrarreportan, es un porcentaje grande del total”.  (...)"              (Isabel Valdés  Gonzalo Moncloa Allison , El País, 31/12/21)

Telefonistas a 4.000 euros al mes sin trabajar en el Parlament... La lista de beneficiados incluye letrados, jefes de departamento, ujieres y asesores, entre otros...

 "La información publicada por el diario Ara revela que los letrados del Parlament que se han acogido al régimen especial "licencia por edad" cobran más que los consellers del Govern, que tienen un sueldo anual de 115.517 euros al año; e incluso superan la nómina del presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, que es de 130.000 euros.

Los dos letrados que ya no trabajan en el Parlament y se han acogido a este régimen cobran casi 11.000 euros al mes -entre retribuciones básicas, complementos y trienios- por catorce pagas. También hay dos jefes de departamento que reciben 9.000 euros al mes, un jefe de oficina (6.000), cuatro técnicos y un asesor lingüístico (5.700), dos ex jefes de área (5.000), un ujier mayordomo (4.700), uno editor (4.500) y dos telefonistas y cinco ujieres auxiliares (3.800).

La mitad de las personas en licencia por edad son funcionarios de los rangos más altos de la cámara, que se llevan la mayor parte del pastel, pero los sueldos anuales que ingresan sin trabajar están entre los 56.000 y 150.000 euros al año durante un máximo de cinco años."               (e-notícies, 17/01/22)

"La herencia de Ernest Benach. El Parlament paga 1,7 millones a 21 funcionarios que ya no trabajan.

 El Parlament paga 1,7 millones de euros al año a 21 funcionarios que ya no trabajan y, según informa el diario Ara, cobran prácticamente el 100% del sueldo. Estos trabajadores están acogidos a un régimen especial que se llama "licencia por edad" y que existe sólo para los trabajadores de la cámara catalana desde el año 2008.

La mitad de las personas en licencia por edad son funcionarios de los rangos más altos de la cámara (A1). Los dos ex letrados que están régimen: Imma Folchi, que fue secretaria general entre 1999 y 2015, y Pere Sol, que ocupó el mismo cargo del 2015 al 2016, superan los 10.000 euros mensuales. Las retribuciones más bajas van desde los casi 4.000 euros al mes –ujieres auxiliares o telefonistas– hasta los 9.000 euros mensuales en el caso de los ex jefes de departamento.

El origen de la licencia por edad se encuentra en 2008, cuando Ernest Benach (ERC) presidía el Parlament, acompañado de los vicepresidentes Ramon Camp (CiU) e Higini Clotas (PSC), sin que sus sucesores en el cargo introdujeran cambios. La actual Mesa del Parlament, presidida por Laura Borràs ha introducido reformas, pero hay una prórroga que hace que no afecte ni a las 21 personas que ya están en este régimen ni a las que lo pidieron el año pasado."                 (e-notícies, 17/01/22)

"El Ara acusa al Parlament de "obstaculizar" la investigación. "Se intentaba esconder una situación de privilegio"

 El diario Ara ha acusado al Parlament de "obstaculizar" la investigación periodística sobre los 1,7 millones de euros que destina al año para pagar nóminas de funcionarios que ya no trabajan en ella. "Se intentaba esconder una situación de privilegio", sentencia en el editorial.

El diario explica que "han pasado nueve meses desde que Ara hizo la primera petición oficial para tener acceso a la información, y ha sido necesario que hasta en dos ocasiones el órgano de transparencia del Parlament diera la razón al diario para que, finalmente, hayamos obtenido todos los datos".

También remarca que "una vez analizadas, se ve que ese obstruccionismo tenía una razón de ser: se intentaba esconder una situación de privilegio de la que gozan una serie de trabajadores públicos, que cobran, obviamente, del erario público". "El escándalo es doble: por el sistema de retribución y por el intento de obstaculizar una investigación periodística", concluye.

Por último, expone que el hecho de que haya costado tanto obtener esta información es la prueba de que dentro del Parlamento se tenía conciencia de que la ciudadanía difícilmente lo entendería". "¿Cómo se explica este desperdicio cuando faltan recursos para reforzar el sistema sanitario enseñanza? ¿Cómo no quieren que crezca el desapego hacia las instituciones con casos de abuso como éste?", se pregunta."            (e-notícies, 17/01/22)

La Junta de Castilla y León se carga la construcción de una biorrefinería industrial pionera en Zamora, que supondría 120 empleos directos, muchos de alta cualificación, 1.200 indirectos y esperanza para una provincia sin apenas peso industrial... Vicente Merino, ingeniero agrónomo e impulsor del plan, se desespera y señala a la Junta de Castilla y León como responsable de esta retirada... específicamente a los de la 'Trama eólica'... Los promotores de la Biorrefinería de Barcial han presentado una denuncia contra la Junta de Castilla y León, a la que acusan de un presunto delito de sabotaje

 "Las obras habían comenzado. La maquinaria trabajaba sobre unos terrenos de Barcial del Barco (Zamora, 240 habitantes) en los primeros pasos de la construcción de una biorrefinería industrial pionera. Allí se debían producir miles de toneladas de bioetanol, una energía verde procedente de la remolacha, un tubérculo que iban a comprar a los agricultores de las proximidades. 

El proyecto suponía 120 empleos directos, muchos de alta cualificación, 1.200 indirectos y esperanza para una provincia sin apenas peso industrial y con pésimos saldos demográficos. Pero las obras pararon hace unas semanas. Los inversores se echaron atrás. Vicente Merino, ingeniero agrónomo e impulsor del plan, se desespera y señala a la Junta de Castilla y León como responsable de esta retirada.

Unas grabaciones telefónicas, a las que ha tenido acceso EL PAÍS, muestran a un directivo de la compañía inversora asegurando a los responsables de la biorrefinería que esa apuesta encarrilada, con documentos ya acordados, se echaba atrás tras sentarse con la Junta. Merino explica que las condiciones estaban cerradas en un memorando de entendimiento (MOU, por sus siglas en inglés) con una multinacional. Según ese documento y las condiciones económicas, también en poder de este periódico, la multinacional destinaría entre 25 y 40 millones de euros como “grupo tractor” y serviría como aval para atraer un gran préstamo bancario y fondos europeos hasta alcanzar un total de más de 200 millones de euros para construir las instalaciones. El bioetanol ya contaba con una multinacional interesada en su adquisición. 

El pasado 4 de noviembre Merino y este directivo cruzaron unos mensajes en los que el representante de la compañía afirmaba que iban a contactar con la Junta: “Tenemos que chequear que no nos estamos metiendo en una vía que va contra un muro, querría hacer ese testeo antes de salir a la luz”. Este hombre le pide a su potencial socio zamorano incluir en el MOU una cláusula para que “si el resultado [del diálogo con el Gobierno autonómico] nos pone los pelos de punta, podamos salir corriendo”.

“El dinero es muy cobarde”

La llamada fatídica llegó el 16 de noviembre. El intermediario con la compañía le comunicó la “decisión de no participar” porque tienen “dos cosas en boga, una es relevante y otras son inversiones”. Según este testimonio, el “tema” de la biorrefinería “va a hacer ruido en algunos sectores de la Junta”, algo que no es positivo para “un montón de inversiones en renovables en Castilla y León”. “El dinero es muy cobarde, no queremos ningún tipo de interferencia de ese ruido en las inversiones que están en proceso”, sentencia el miembro de la empresa inversora. “Lo que nos jugamos es tan gordo que no queremos el más mínimo ruido”, expone. EL PAÍS ha contactado con esta persona, que ha declinado confirmar o desmentir dichas palabras.

 Las explicaciones que Merino recibe aluden a un ambiente “enrarecido con la gente que se ha opuesto a vosotros”, en particular hacia miembros del grupo zamorano, como el abogado Silverio Mayendía, personado como acusación en la Trama Eólica, que investiga a antiguos altos cargos de la Junta por presunta influencia irregular en la concesión de licencias para parques eólicos. El ingeniero le insiste a su interlocutor en que esta actitud del Ejecutivo “es un sabotaje” y este, que admite que el proyecto sería muy beneficioso para estas comarcas, contesta que “es suficientemente light como para que no puedas decir nada”. “Nadie nos ha dicho ‘no lo hagáis por esto’, pero sí ‘uf, esto es un poco lío”, desarrolla el empresario. “A veces me gustaría vivir en otro país”, zanja el miembro de la gran corporación, que se ha ofrecido a actuar como constructor, pero ha rechazado involucrarse como inversor, el gran objetivo de Merino.

Estas acusaciones contrastan con la postura pública de la Junta, que en los últimos meses ha apoyado al plan de Barcial del Barco. El directivo informó a Merino de que iba a hablar con Alberto Burgos (C’s), director general de Industria, Francisco Igea (C’s), ex vicepresidente y portavoz, y Carlos Martín Tobalina (PP), viceconsejero de Economía. EL PAÍS ha contactado con Burgos, que asegura que “no desincentivaría ninguna inversión”; con la consejería de Fomento, cuyos portavoces sostienen que “no entran” en inversiones, y de Agricultura, que afirma que su titular, Jesús Julio Carnero (PP), “públicamente nunca ha dicho que no se invierta” y que apoya la iniciativa si es “viable económicamente para los inversores”.

Recelos anteriores a otro inversor

Un acta de una reunión de los impulsores de la biorrefinería con otra corporación interesada en participar en el tratamiento de los gases revela que varios miembros de esta firma admitieron que se dirigieron al departamento de Fomento y Medio Ambiente y al de Agricultura. Según ellos, el responsable de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones (PP), les dijo “no lo veo” en referencia al proyecto de Zamora.

Un representante de esa potencial inversora también declina confirmar o desmentir esas acusaciones. Vicente Merino censura que, al igual que la otra compañía, un primer interés firme en invertir unos 30 millones de euros se convierte en una oferta de colaboración que “no tiene nada que ver con lo que nos habían dicho antes de hablar con los consejeros”. Un integrante de esta última empresa menciona “barreras recientes” en un correo electrónico de hace unas semanas dirigido al ingeniero zamorano. La Diputación de Zamora compró los terrenos por 307.000 euros y su presidente, Francisco Requejo (C’s), había mostrado entusiasmo hacia la propuesta, pero ahora se encuentra “desolado” y les ha pedido “temple”, señala Merino. Requejo ha manifestado estas semanas que su organismo se comprometió “solamente a ceder los terrenos” y ha confiado en que el plan avance. En caso contrario, la Diputación podrá recuperar el dinero.

 Los defensores de la biorrefinería denuncian que desde que plantearon su idea hace unos años han sufrido injerencias. Roberto Aguilar (PP), exalcalde de Barcial, recibió cartas anónimas con amenazas y advirtiéndole de “con qué gente” se juntaba. “Nos jugamos mucho”, decía la misiva. “La Junta no ha querido saber nada”, critica Aguilar, que llevó a la Junta firmas de alcaldes de la comarca que respaldaban el proyecto, pero nadie del Gobierno le recibió. El regidor actual, Carlos Neches (PP), carga contra su partido porque “hablan mucho de los pueblos y la España vaciada y tenemos que llegar a esto”. La planta de bioetanol “tendría un impacto del que ni somos conscientes en una zona muerta y enterrada”. Los altos cargos acusados de trabar el proyecto, zanja, “están ahí por nuestro apoyo, pero no cuentan con la población”.

Denuncia contra la Junta

Los promotores de la Biorrefinería de Barcial han presentado una denuncia contra la Junta de Castilla y León, a la que acusan de un presunto delito de sabotaje por influir negativamente en los inversores interesados en el proyecto.

Al margen de esa actuación, el ingeniero Vicente Merino también dice que ha recibido ataques personales, como cuando se reunió en 2018 con el alcalde de La Bañeza (León) para valorar ubicar allí las instalaciones. Este le indicó que responsables de La Azucarera, una empresa de gran relevancia en el ámbito agrario y de la remolacha en Castilla y León, le habían acusado ante el regidor de “robar información” cuando trabajaba con ellos. Esto, recalca Merino, es falso porque nunca ha sido su empleado. También vio cómo el procurador del PP en Zamora Óscar Reguera le advirtió a un amigo de Merino que le recomendara a este “que guardara sus espaldas”, un comentario que han denunciado ante la Fiscalía.

 El impulsor del proyecto de Barcial, que lo tiene en mente desde 2006, lamenta que esta encrucijada le está generando ansiedad y problemas psicológicos. Los más de 400.000 euros con los que habían comenzado las obras han salido del bolsillo de su familia. Un informe de valoración cifra en 7,5 millones las gestiones efectuadas por los promotores de la biorefinería estos 15 años. “Nuestro objetivo es que el proyecto salga, siempre hemos estado abiertos a soluciones de mercado en vez de que vaya al juzgado y el proyecto muera, aunque los daños y perjuicios sean o puedan ser multimillonarios”, declara Merino.

El ingeniero se muestra compungido, pero confía en que algún día su idea cobre forma: “Es una vergüenza, pero la mayor riqueza se lleva dentro. Y esa no la pierdo”.             (Juan Navarro, El País, 13/01/22)

Abel Caballero: "El Estado no puede funcionar con la macrocefalia que representan las autonomías... "Tiene que haber una segunda descentralización, de las autonomías a los ayuntamientos"

 "(...) El Gobierno ha puesto en marcha la reforma del sistema de financiación autonómica. ¿Pueden jugar algún papel los ayuntamientos en este debate?

Debemos jugar un papel central. Los ayuntamientos reclamamos la reforma del sistema de financiación local, que es de 2002 y se tendría que haber renovado a los cinco años. Este Gobierno ha adquirido el compromiso de negociar ambos modelos en paralelo. Ahora las autonomías tienen prioridad a la hora de repartirse los recursos y lo que queda nos lo tenemos que repartir los municipios. Ese sistema no nos vale. En España hay tres administraciones (central, autonómica y local) y queremos un trato exactamente igual que a las autonomías.

La FEMP le remitirá al Gobierno en enero su propuesta de nueva financiación local. ¿Cuáles serán sus principales peticiones?

El sistema vigente nos deja a los ayuntamientos aquello que queda después de financiar a las autonomías. Es decir, si se aumentan los recursos de las autonomías, se reducen los nuestros. La consecuencia es que, desde 2002, los ayuntamientos tenemos una disminución de ingresos de entre 7.500 y 9.000 millones anuales. Hay que poner el contador a cero y que el incremento de los ingresos del Estado repercuta por igual en las tres administraciones. Hay otro elemento clave: mientras el Ayuntamiento de Vigo recauda el 66% de sus ingresos, la Xunta de Galicia recauda el 20%. Nosotros somos fiscalmente corresponsables; las autonomías no. Aun así, bajan los pocos impuestos que tienen y le piden al Estado que les compense. Ese sistema no funciona. El esfuerzo fiscal se tiene que primar, no castigar.

Las arcas de los ayuntamientos han recibido un fuerte varapalo del Tribunal Constitucional con la anulación del impuesto de la plusvalía municipal. ¿Les convence el nuevo modelo de cálculo que plantea el Gobierno?

La propuesta de nuevo impuesto nos gusta porque respeta a los ciudadanos. El anterior tributo era confiscatorio porque a veces recaudaba el 100% de la plusvalía. Ahora tendremos más seguridad jurídica. El problema es que, al ser respetuoso con los ciudadanos, nuestros ingresos van a disminuir porque pasaremos de recaudar el 100% a recaudar el 30%. Por eso le pedimos al Estado que nos compense esa pérdida.

Por lo tanto, ¿diría que el Gobierno central está cumpliendo con los ayuntamientos o echa de menos más implicación?

Con el nuevo impuesto sí ha cumplido. Vamos a ver ahora con el nuevo sistema de financiación local. Las autonomías están siendo privilegiadamente tratadas, tienen asignaciones presupuestarias muy importantes y solo las oigo quejarse. La demanda de muchas necesidades de los ciudadanos está en las ciudades y se tiene que producir la segunda descentralización, de las autonomías a los ayuntamientos. Las autonomías nos asignan funciones de ellas, como la política social, pero no nos otorgan recursos para llevarlas a cabo, sino que drenan recursos nuestros. El Estado no puede funcionar con esta macrocefalia que representan las autonomías.

 Desde que convivimos con la pandemia se ha hablado mucho de cogobernanza. ¿Ese concepto llega también a los municipios?

Empieza a llegar a través de las conferencias de presidentes y conferencias territoriales. Pero estamos sin voto porque el sistema no lo permite. La FEMP tiene que ser entidad de derecho público para poder tener voto en las conferencias. La cogobernanza tiene que incluir a los ayuntamientos. Empieza a hacerlo Pedro Sánchez, pero quedan pasos muy importantes por dar. (...)"              (Entrevista a Abel Caballero, José Rico, El Periódico, 02/01/22)