Corrupción y fracaso de enfoque y acción de la DEA en el combate a las drogas... destituyó silenciosamente a Daniel Palmieri, su principal funcionario en México el año pasado por sus “contactos inapropiados” con abogados de narcotraficantes... es imposible ocultar el rotundo fracaso del enfoque punitivo y militarista del combate a las drogas propugnado por Washington en el último medio siglo

 "La DEA (Drug Enforcement Agency) la agencia antidrogas que despliega Estados Unidos en el mundo, es uno de tantos modos de intervención en Latinoamérica y el Caribe, con la excusa de una tarea explícita: combatir el narcotráfico mediante métodos menos explícitos.

Pero hoy es imposible ocultar el rotundo fracaso del enfoque punitivo y militarista del combate a las drogas propugnado por Washington en el último medio siglo.

Envuelta por conveniencia en un halo de misterio que deja total libertad al imaginario de tramas con espías, micrófonos ocultos, violencia solapada (demasiadas a veces a la vista), gobiernos, políticos, jueces, fiscales, operaciones encubiertas, uniformes militares o “sérpicos”, videos por las redes y películas o series, series, muchas series, 

Ya ni siquiera sirve para guiones de series televisivas la pretensión de que los corruptos y los criminales viven únicamente fuera de las fronteras estadounidensesComo estrategia para contener el flujo de narcóticos ilícitos hacia Estados Unidos, la guerra contra las drogas en México siempre ha sido una causa perdida. Después de gastar miles de millones de dólares en fortificar la frontera sur, los dos gobiernos siguen interceptando solo una fracción de las drogas que se envían a Estados Unidos.

 Los traficantes mexicanos se han convertido en una fuerza preeminente en el comercio mundial de las drogas, dominando los mercados estadounidenses de cocaína, metanfetamina, heroína y opioides sintéticos. La avalancha de fentanilo procedente de México está alimentando lo que es ya la epidemia de drogas más mortífera de la historia de Estados Unidos.

Es suficiente ver las cifras de muertes por sobredosis en Estados Unidos, consecuencia de gastar en interferir en los asuntos de 69 países (el número en el que oficialmente tiene operaciones los “agentes” de la DEA) miles de millones de dólares que podrían emplearse en prevención de las adicciones y salud pública.

El caso Palmieri 

Los escándalos que la envuelven no cesan. Ahora se reveló que destituyó silenciosamente a Daniel Palmieri, su principal funcionario en México el año pasado por sus “contactos inapropiados” con abogados de narcotraficantes, un final vergonzoso para un breve mandato marcado por el deterioro de la cooperación entre EEUU y México y un flujo récord de cocaína, heroína y fentanilo al otro lado de la frontera.

 Sostener contactos impropios se traduce en socializar y pasar vacaciones con abogados de Miami que defienden a capos del narcotráfico no solo mexicano sino también latinoamericano, por lo que en mayo de 2021 fue abruptamente transferido a las oficinas centrales en Washington, hasta que finalmente renunció en marzo de 2022.

El caso de Palmeri se suma a una creciente lista de mala conducta que afecta a la principal agencia de aplicación de la ley antinarcóticos de Estados Unidos, cuando sus operaciones extranjeras en expansión, que abarcan 69 países, están bajo el escrutinio de una revisión externa ordenada por la administradora de la DEA, Anne Milgram.

De acuerdo con la filtración periodística de una investigación confidencial, Palmeri tuvo otras conductas cuestionables en los 14 meses que ocupó el cargo más importante de la DEA en el exterior: en 2020 organizó una reunión en la mexicana ciudad balnearia de Mazatlán, cuando se encontraba en vigor una orden del gobierno estadounidense para evitar encuentros presenciales y viajes innecesarios debido a la pandemia.

El resultado fue que dos agentes enfermaron de gravedad y tuvieron que ser repatriados de emergencia. Asimismo, exigió que le rembolsaran con recursos públicos los gastos de su fiesta de cumpleaños, y la compra de artículos inadmisibles durante viajes al extranjero. ¿Cola de paja? La DEA le permitió renunciar en lugar de expulsarlo, y declinó presentar cargos en su contra.

Sesenta días luego que Palmieri dejara la DEA, un agente y un supervisor fueron imputados por filtrar información confidencial a abogados de Miami, a cambio de 70 mil dólares en efectivo. Prueba de la efectividad de las redes de corrupción  entre la agencia y toda la economía que gira en torno al dinero del narcotráfico en el propio territorio estadounidense.

Las probadas “vacaciones” de Palmieri provocaron su caída final después de sólo un año como poderoso director regional de la DEA, que supervisaba a docenas de agentes en México, América Central y Canadá. (...)"                   ( Gerardo Villagrán del Corral , https://rebelion.org/749611-2/3)

Cuando en 1971 Nixon declaró las drogas como el enemigo público número uno, comenzó una guerra que aún sigue condicionando la mayoría de las políticas de salud pública, las relaciones internacionales y la política interna de muchos países

 "Cuando en 1971 Richard Nixon declaró las drogas como el enemigo público número uno, comenzó una guerra que, cincuenta años después, sigue condicionando la mayoría de las políticas de salud pública, las relaciones internacionales y la política interna de muchos países, especialmente  americanos. 

El triunfo electoral de Nixon se debió en parte a la reacción de las clases medias ante los cambios políticos y sociales que las generaciones posteriores estaban imponiendo a la sociedad norteamericana y al problema racial. El presidente basó su campaña electoral en señalar a la izquierda pacifista y a los afroamericanos como los enemigos de América. Gracias a la guerra contra las drogas conseguía asociar a sus enemigos políticos con actividades no solo ilegales –los hippies con la marihuana, los afroamericanos con la heroína– sino también antiamericanas e inmorales.

 Con la creación de la DEA en 1973 la nueva estrategia quedó finalmente consolidada. Salvo el tímido intento de la administración Carter por revertirlo, tanto demócratas como republicanos han continuado con el legado de Nixon a lo largo de casi cinco décadas. 

De esta manera, las drogas pasaron de ser un problema sanitario y social a convertirse en un problema moral y de seguridad pública. Pocos países se han podido sustraer a este tipo de estrategia para abordar el problema de la drogadicción y el narcotráfico. Estados Unidos ha utilizado la guerra contra las drogas como excusa para interferir en terceros países y para imponer políticas coloniales. 

La llegada de la era Reagan significó una vuelta de tuerca y una radicalización de las políticas antidroga que coincide además con un episodio de pánico moral sobre el consumo de drogas entre los jóvenes. El aumento del consumo de drogas entre la población incrementó los niveles de delincuencia asociados con el consumo y la venta de sustancias estupefacientes.

 Pero en vez de hacer campañas de prevención y educación, la aproximación al problema desde la perspectiva moralista y punitivista propia del reaganismo no hizo más que empeorar el problema. Con la campaña “Just say no” el consumo de drogas pasó de un asunto de salud pública a una cuestión de responsabilidad individual, obviando que el aumento del consumo hundía sus raíces en la desigualdad social y en el racismo sistémico. 

Tanto Reagan como Bush sostuvieron iniciativas que sustituyeron las intervenciones sociales y los planes de apoyo y desintoxicación por leyes que criminalizaban el consumo de drogas, igualando así a las víctimas del tráfico con sus victimarios. A medida que el presupuesto de los planes estatales contra las drogas se multiplicaban por diez, se incrementaba el número de personas encarceladas por delitos relacionados con las mismas, principalmente consumidores y pequeños traficantes, mientras que se mantenían estables los niveles de consumo.

 Además de ineficaces, esas políticas tienen un fuerte sesgo racial: cada año se arresta a un millón y medio de personas por delitos relacionados con las drogas, medio millón de ellas acaban encarceladas; otros estudios apuntan hacia el millón de encarcelados al año. El veintisiete por ciento de esas personas son afroamericanos, de hecho uno de cada cinco varones afroamericanos acabarán encarcelados por delitos relacionados con las drogas.

Pero fue durante la presidencia del demócrata Clinton cuando estas políticas se llevaron a su extremo con la aprobación del Violent Crime Control and Law Enforcement Act que supuso el mayor incremento de la población carcelaria en Estados Unidos (principalmente de personas afroamericanas) de la historia. 

Esta ley no solo amplió el número de delitos a los que aplicar la pena de muerte –de la que Bill Clinton siempre se ha confesado un ferviente partidario y que le hizo muy popular en su época de gobernador de Arkansas–, sino que además implantó la cadena perpetua como condena obligatoria a partir de la tercera condena, con independencia del tipo de delito, y permitió que los menores de trece años pudieran ser juzgados como adultos.

 Este endurecimiento punitivista no consiguió, sin embargo, bajar los índices de delincuencia y condenó a la pobreza a cientos de comunidades, especialmente las racializadas, pues una condena implicaba en muchas ocasiones la pérdida del derecho al voto, a las ayudas sociales, la imposibilidad de acceder a ciertos tipos de trabajo e incluso la pérdida del carnet de conducir. No por nada estas leyes han sido calificadas por los movimientos de defensa de los derechos civiles y por los activistas antirracistas como las nuevas leyes de Jim Crow.

Son muchas las voces que en la actualidad ponen en cuestión la guerra contra las drogas por ineficaz y por haber supuesto una enorme pérdida de recursos económicos y humanos. También por haber contribuido a la criminalización de la comunidad afroamericana, perpetuar la pobreza en los barrios más desfavorecidos, haber creado una subclase social entre los expresidiarios y porque además, en ningún momento, ha servido a su objetivo final, combatir el uso y el abuso de drogas. En 2010 Barack Obama modificó parte de la legislación con la intención de corregir la desproporción en las penas dependiendo del color de la piel de los acusados. Joe Biden ha tomado el relevo de Obama y no solo ha reconocido el error que ha supuesto la estrategia punitivista, también ha abogado por una aproximación mucho más compasiva. 

Si la política de la guerra contra las drogas ha demostrado ser catastrófica y contraproducente en política interior, sus consecuencias en política exterior son aún más terribles. La gran mayoría de países se ha inspirado en la estrategia estadounidense para elaborar sus legislaciones sobre las drogas, aunque con ciertos matices. 

En España el Primer Plan Nacional sobre Drogas (PNSD) fue desarrollado en 1985 por el gobierno de Felipe González cuando la heroína que entraba a través de la Costa da Morte asolaba los barrios periféricos. Sin embargo, desde el principio se buscó un equilibrio entre la parte punitivista y la preventiva. A pesar de que el grueso del presupuesto se destina a las actuaciones policiales y a la persecución del blanqueo de capitales y de los narcotraficantes –ahora radicados en el Campo de Gibraltar aunque los narcos gallegos de los ochenta siguen, de vez en cuando, protagonizando titulares–,  ha sido en la parte sanitaria y asistencial donde la estrategia española ha demostrado sus mayores éxitos. 

Especialmente el programa de dispensación de metadona que salvó incontables vidas y que en la actualidad sigue activo en muchos barrios. En 2020 en España cumplían condena 55.000 personas, de las cuales unas 8.000 estaban encerradas por delitos contra la salud pública –es decir, relacionados con las drogas–. La estadística aumenta si tenemos en cuenta otro tipos de delitos que están relacionados con el consumo y abuso de drogas como los delitos contra la seguridad vial, los delitos contra el patrimonio o contra el orden público.

Pero otros países no han sido tan afortunados. En Filipinas el presidente Duterte llegó a la presidencia en parte por su promesa electoral de matar a los delincuentes, especialmente a los narcotraficantes. Tras haberse inventado, con la complicidad de la prensa, un problema con el abuso de drogas en Filipinas –llegó a hablar de tres millones de adictos cuando las estadísticas oficiales hablan de 1,8 millones de consumidores, la gran mayoría de ellos consumidores esporádicos de cannabis–, su  guerra contra las drogas se estima que ha costado la vida, mediante operaciones policiales y ejecuciones extrajudiciales, a unas 20.000 personas, de las que más de 50 fueron menores de edad y entre las que se encuentra el ciudadano español Diego Bello. Pero ha sido en países como Colombia, México y Panamá donde la guerra contra las drogas se ha mostrado tan ineficaz como intrusiva. 

En dichos países los intereses estratégicos, comerciales y políticos de EE.UU. se mezclan con la lucha contra el narcotráfico. Con la excusa de luchar contra los productores (Colombia) o los distribuidores (México y Panamá), Estados Unidos no ha dudado en intervenir en dichos países y ha contribuido a desestabilizar la zona y a perpetuar la violencia política y la pobreza. 

Más allá de operaciones más o menos vistosas y exitosas como el asesinato de Pablo Escobar o la condena del Chapo, lo cierto es que la estrategia ha sido un auténtico fracaso. Mientras la DEA colabora con las autoridades colombianas o mexicanas, la CIA entrena y financia las guerrillas de extrema derecha o trafica con drogas para financiar sus operaciones secretas.

Muchas son las voces que en esos países se han escuchado, a pesar del peligro que en muchas ocasiones supone romper la ley del silencio, denunciando las consecuencias de una estrategia violenta y empobrecedora y poniendo sobre la mesa que  el mayor consumidor de droga es Estados Unidos y que ninguna política efectiva contra el tráfico de drogas tiene sentido si no se hacen políticas de salud pública basadas en la prevención. 

Mientras no exista un compromiso en firme para acabar con la desigualdad, la pobreza y la corrupción política, pero también con los paraísos fiscales y los subterfugios financieros que permiten el blanqueo de capitales, hasta que no asumamos que, como consumidores de ciertos tipos de drogas recreativas, estamos contribuyendo a la rueda de la violencia, y por mucho que las estrategias nacionales e internacionales para acabar con el narcotráfico ensayen enfoques nuevos menos punitivos que pasen por la legalización de algunas sustancias y por la prevención, la educación y la rehabilitación, me temo que tendremos episodios de Narcos para rato."                   (Silvia Cosio, CTXT, 05/08/21)

The New York Times: La guerra contra las drogas debe terminar ahora. Después de medio siglo de fracasos, Estados Unidos y México tienen la oportunidad de aplicar un nuevo modelo contra los narcóticos...

 "De pie frente a la prensa acreditada de la Casa Blanca, Richard Nixon, el entonces presidente de Estados Unidos, le declaró la guerra a las drogas el 17 de junio de 1971. “El enemigo público número uno de Estados Unidos es el abuso de narcóticos”, aseveró. “Para poder enfrentar y derrotar a este enemigo, debemos lanzar una nueva ofensiva sin cuartel”. (...)

Pasados casi cincuenta años, la guerra contra las drogas ha dejado una estela de destrucción. Alrededor de 72.000 estadounidenses murieron por sobredosis de narcóticos el año pasado. Las personas de color se han visto afectadas desproporcionadamente por el encarcelamiento masivo derivado de delitos relacionados con los narcóticos, que ha dejado devastadas a muchas familias y comunidades. Encima, las acciones policiales en el combate contra los delitos relacionados con drogas han ocasionado muchos de los asesinatos a manos de la policía (...)

Aquí, en México, he escrito durante la última década de enfrentamientos que evocan una verdadera guerra. Gran parte de las fuerzas armadas del país han participado en movilizaciones contra los cárteles de drogas desde finales de 2006. En los 14 años desde entonces, México ha sufrido la muerte de más de 270.000 personas, muchos a manos de hombres armados de los grupos organizados o de las fuerzas de seguridad que intentaban contenerlos.

 Por si fuera poco, se ha acusado de trabajar con los cárteles a algunos de los agentes de seguridad que encabezaban esta guerra en México. Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública del país, se encuentra encarcelado en Nueva York y enfrenta cargos por tráfico de drogas. Salvador Cienfuegos, exsecretario de Defensa, fue acusado de trabajar con traficantes; se presentaron cargos formales en su contra en Nueva York, pero el 18 de noviembre los fiscales desecharon los cargos y decidieron trasladarlo a México, donde el gobierno afirma que continuarán las investigaciones. Sin embargo, aquí muchos se preguntan si en realidad la justicia se aplicará a las figuras más poderosas de esta guerra.

Con todo y este historial de fracasos, las autoridades a ambos lados del río Bravo tienen la oportunidad de forjar un nuevo rumbo en la política sobre narcóticos. En las elecciones estadounidenses de este mes, Oregon votó una propuesta que lo convirtió en el primer estado en despenalizar cantidades pequeñas de drogas duras, como heroína, cocaína y metanfetamina de cristal. Ahora, si se detiene a alguien en posesión de estas drogas, tendrá la opción de pagar una multa de 100 dólares o someterse a tratamiento.

También Nueva Jersey, Dakota del Sur, Montana y Arizona se sumaron a otros once estados y al distrito de Columbia que ya legalizaron la marihuana para uso recreativo. Vale la pena señalar que estas políticas reciben apoyo bipartidista, y que el 74 por ciento de los votantes de Misisipi respaldan el uso legal de la marihuana con fines médicos.

Y México está preparado para crear la zona legal de marihuana más populoso del mundo. En respuesta a un fallo de la Suprema Corte mexicana, que decidió en 2019 que es inconstitucional prohibir el uso de cannabis, el Senado aprobó una ley de legalización que aún debe pasar por la Cámara de Diputados. Se espera que esta ley les permita a los ciudadanos tener hasta 28 gramos del cáñamo y cultivar hasta seis plantas.  (...)

Los estadounidenses están listos para ponerle fin a la guerra contra las drogas, según encuestas y mediciones electorales. El gobierno de Biden podría dar un giro total de la fantasía de intentar librar al mundo de narcóticos a una política realista de reducción de los daños. Así, los recursos que ahora se asignan a los cuerpos policiales podrían destinarse al tratamiento, que necesita enormes mejoras. Un estudio realizado en 2019 por la Asociación Médica Estadounidense reveló que un increíble 90 por ciento de las personas que sufren trastornos por el abuso de sustancias no reciben la ayuda necesaria.

La rehabilitación podría reducir la cantidad de dinero que fluye hacia los cárteles de México y que estos emplean para contratar asesinos y sobornar funcionarios. Cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador asumió el poder, hizo un llamado a ponerle fin a la guerra que ha devastado a su país. Sin embargo, mientras las tasas de homicidio se han disparado por las nubes, mantiene al ejército en las calles y no cuenta con una estrategia de seguridad coherente. Le convendría aceptar la legalización de la marihuana y colaborar con Estados Unidos para crear un marco legal para el cannabis en toda la región.

Si los agricultores que trabajan en las montañas mexicanas y pasan dificultades pudieran cultivar marihuana legalmente para Estados Unidos o para algunos mercados nacionales, podrían cortar vínculos con las redes del crimen organizado. El presidente López Obrador podría asignar a la policía al combate de delitos más dañinos, como asesinatos, secuestros y extorsiones.

La reforma a la política sobre narcóticos involucra un cambio gradual en la retórica, la legislación y las prácticas. No requiere que se legalicen todas las drogas, sino que el enfoque cambie a reducir los daños y concentrarse en el tratamiento, además de determinar dónde pueden crearse mercados legales redituables.

Tampoco es una solución mágica que vaya a detener todos los delitos. Todavía serán necesarios los policías de ambos lados de la frontera para combatir infracciones violentas. Los cárteles de México han diversificado sus delitos, que van desde el tráfico sexual hasta el robo de petróleo, por lo que se requiere la intervención urgente de la policía para combatir esos delitos. No obstante, si las ganancias de los capos por las drogas disminuyen, perderían mucho poder e influencia.

Cuando Nixon declaró su guerra, el uso generalizado de narcóticos en Estados Unidos todavía era relativamente nuevo. Tal vez en realidad creyó que podría detenerlo con medidas policiacas. Medio siglo después, sabemos que este estilo de prohibición no funciona para reducir el uso de drogas e incluso ha favorecido el surgimiento de un mercado negro que impulsa la violencia.

Si en el cincuenta aniversario de la declaración de Nixon otro presidente estadounidense decidiera anunciarle al mundo el fin de la guerra, sería un acontecimiento trascendental."                 (Ioan Grillo, The New York Times en español, 20/11/20)

Información veraz sobre drogas frente a las políticas prohibicionistas

"(...) conglomerado de organizaciones emitieron una declaración para denunciar la falta de perspectiva por parte de los gobiernos sobre “las devastadoras consecuencias de las políticas punitivas de drogas”. Argumentan que, “frente a su persecución, en las últimas décadas el mercado de estupefacientes es más dinámico que hace unas décadas y estas sustancias está más disponibles que nunca”. 

Destacan además que es de una “abrumadora evidencia las devastadoras consecuencias de estas políticas” y “la violenta persecución que se hace a determinados colectivos por estas prácticas por parte de algunos Estados y los millones de fondos públicos destinados a su estéril erradicación”.

 En España también se aprecia una mayor visibilidad de determinados sectores que abogan por una despenalización de las drogas y la necesidad de tener otro tipo de estrategias para abordar esta problemática.

Claudio Vidal, delegado de Energy Control (plataforma de reducción de riesgos del consumo de drogas), expone que “las políticas de drogas no están logrando los objetivos para las que fueron planteadas”. 

Máxime cuando “han creado muchos problemas a provocar altos niveles de inseguridad en ciertas zonas del mundo, Estados fallidos y el cometer atrocidades en nombre de la guerra contra las drogas como está ocurriendo en Filipinas”, remacha. Y añade que “se debe abrir un nuevo debate cuya única premisa sea el proteger a las personas”. 

 Este tipo de plataformas como Energy Control o Ai Laket! se caracterizan por manifestarse independientes frente a organismos estatales por y su apuesta por la “información veraz sobre drogas para alcanzar una prevención y una reducción de daños cuando se dé el consumo verdaderamente efectiva”.

La reducción de riesgos basada en la información también está contemplada por el Gobierno y la incluye desde hace años en su Estrategia Nacional sobre Drogas. Sin embargo, el doctor en psicología social, David Pere Martínez Oró, enuncia que las autoridades ofrecen una “información descontextualizada acerca de los efectos negativos de las drogas”, y denuncia que desde esta estrategia educativa “no se aprecia ninguna ruptura con el discurso prohibicionista penal”.

Martinez Oró precisa que la “prevención prohibicionista que realiza el Estado” da un mensaje centrado “en inocular miedo con un mensaje unívoco: no se debe consumir”. Y sentencia que “si se sabe que los jóvenes van a tener que enfrontarse con las drogas, es mejor darles herramientas más allá del áspero no”. 

Otras voces son escepticas acerca de la verdadera utilidad de la información y la educación para prevenir y reducir los peligros derivados del consumo de drogas. Gregor Burkhart, responsable del área de prevención del Observatorio Europeo de las Drogas, afirma que la prevención a través de la información “es una gran falacia”.

 “Es una mentira basada en la creencia de que los seres humanos toman sus decisiones sobre el consumo basados en la educación y decisiones racionales”, precisa. Para Burkhart esta idea carece de base sólida “ya que no todos tenemos una gran capacidad cognitiva”

 Energy Control y Ai Laket! operan directamente en zonas de ocio nocturno y festivales de música. Ofrecen impresos con información específica sobre el uso de determinadas sustancias, sus efectos y sus contraindicaciones. Pero además, en muchas ocasiones estos puestos dan la posibilidad de que los usuarios de drogas analicen sus propias sustancias o que realicen pruebas de alcoholemia para evitar posibles peligros al volante.

La plataforma Cruz Roja Juventud también ofrece este tipo de servicios y valoran que los análisis en las mismas zonas de ocio “están demostrando ser una de las estrategias más efectivas para reducir riesgos”. Enuncian que de esta forma se es capaz de determinar la verdadera composición de una sustancia y su grado de pureza y que, de otra forma, “el usuario sería incapaz de conocer con precisión”. “Nuestra misión es dar una información objetiva y veraz sin meternos en cuestiones éticas ni morales”, agregan.

Sobre la vía del análisis in situ, Claudio Vidal explica que hay que tener en cuenta que una parte de la población “quiere tomar drogas y las tomará, independientemente de las campañas de propaganda antidroga que realizan las autoridades”. Desde este contexto, Vidal sostiene que las drogas están en manos de un mercado ilegal y que una de sus artimañas básicas para maximizar beneficios es la adulteración. “Es un mercado ilegal, no regulado, y estas adulteraciones pueden entrañar riesgos añadidos”, remarca.

Estas organizaciones coinciden en que ofrecer la posibilidad al usuario de saber qué sustancia tiene entre manos en realidad “es un recurso muy atractivo y que ellos mismos agradecen”. Pero también, brinda la oportunidad de realizar un monitoreo de qué sustancias se consumen y poder detectar remesas que presenten adulteraciones que entrañen peligro para la población más allá del que puedan presentar de por sí el uso de estas sustancias. Y así, poder poner en sobre aviso a las autoridades para que esta alerta llegue a la ciudadanía. "                   (Público, 02/10/16)

Hablemos de drogas...

"(...) JEB: En asuntos de narcotráfico, ¿quién está libre de culpa en Colombia?

JS: Hay más víctimas que culpables. Las personas a las que más estigmatizan, que más persiguen aplicándoles medidas punitivas, son las menos responsables del fenómeno. Me estoy refiriendo a los indígenas, a los campesinos, a las poblaciones afro, comunidades interculturales que se han visto obligadas a engancharse en el fenómeno. 

Pero ellos no son responsables sino víctimas, como lo son los consumidores. Los verdaderos responsables son quienes se quedan con el grueso de las ganancias, favorecidos por las políticas prohibitivas y de interdicción, que se han aplicado en el marco de la llamada guerra contra las drogas trazada por Estados Unidos. Yo diría que en Colombia esos tres puntos del PIB que están cruzados por el narcotráfico y otras economías criminales benefician principalmente al capital financiero. 

Son los señores banqueros quienes más se lucran del negocio ilícito. Ahora, como decía hace un momento, este es un problema mundial. La ONU estima que entre tres y cinco puntos del PIB mundial se deriva del narcotráfico. De hecho, más del 50 por ciento de los bancos que se lucran del negocio tienen asiento en los Estados Unidos.

JEB: Entonces nadie puede lanzar la primera piedra en materia de drogas ilícitas…

JS: Todas las campañas presidenciales desde Turbay Ayala hasta hoy han estado financiadas, de una u otra manera, por el narcotráfico. Y ni hablar de los parlamentarios, alcaldes, concejales. Toda la estructura social y el aparato estatal colombiano están cruzados por el narcotráfico y de hecho nuestro tejido social ha sido impactado por este fenómeno. 

Si se estudia a fondo este problema, uno nota que no hay un interés real en resolverlo: en el fondo y en la superficie lo que se ve es la aplicación de las doctrinas contra insurgentes. Lo único que se busca es lograr un control territorial para sacar a las Farc de las zonas rurales donde se hace la resistencia para que penetren las transnacionales a poner en marcha sus proyectos macroeconómicos.

JEB: ¿A qué horas terminaron las Farc etiquetadas como narcotraficantes?

JS: Desde finales de los 80, cuando la lucha contra el fantasma comunista perdió average, la tomaron con el tema de narcotráfico y se acuñó el concepto de narco guerrilla. Se trata de una política de propaganda sucia que no se construyó de una día para otro sino que se fue cuajando durante años por parte de los mismos que durante todo este tiempo se han lucrado del narcotráfico

JEB: ¿Hay doble moral en el tratamiento de este tema?

JS: ¡Indudablemente! porque el gobierno conoce los diagnósticos, los balances y resultados de las políticas prohibicionistas y de interdicción. Los conoce y sabe que son negativos. Los mismos Estados Unidos reconocen que después de las inversiones millonarias y las consecuencias sociales y ambientales de las políticas punitivas, la oferta de drogas ilícitas se mantiene incólume. 

Es posible que las hectáreas cultivadas hayan disminuido, pero la productividad se incrementa. También hay doble moral cuando más de un editorialista o un columnista de opinión no puede escribir más de una letra si no están bajo el efecto de la marihuana o la cocaína.

Por eso nuestra propuesta no es la erradicación de los cultivos de uso ilícito sino la sustitución de estos por proyectos de producción alimentaria, proyectos alternativos en los que las comunidades puedan tener una opción de vida digna.

 Y también hablamos de legalización de las drogas, pues creemos que eso impactará negativamente el mercado.

Insistimos: si de verdad se quiere acabar con el narcotráfico, hay que golpearlo en el eslabón más fuerte: el sector financiero y los poderosos imperios transnacionales que lavan los dineros derivados del tráfico de drogas. 

JS: Esa ha sido política de las Farc. Por ejemplo, en el caso de la Sierra Nevada de Santa Marta, los cultivos de marihuana se acabaron porque la guerrilla emprendió desde los años 80 una política de ir casa a casa, rancho a rancho, familia a familia, invitando a la gente a dejar esos cultivos. Igual sucedió con la amapola en la Serranía del Perijá. 

Le decíamos al campesino: bueno, si usted tiene una hectárea, siembre mitad en comida y mitad en lo otro, pero de aquí a un año aumenta el espacio de la comida y así sucesivamente, hasta que se acabó la amapola en las áreas donde operábamos. 

Ahora, le repito que ese no es problema de que las comunidades quieran cultivar una cosa u otra: es un problema real, de necesidad, en zonas donde usted no puede sacar una carga de plátano o de tomate, porque cuando llega al mercado más próximo lo que lleva ya es una salsa de tomate podrida.

JEB: También recuerdo la audiencia pública internacional que hubo durante los diálogos de paz del Caguán, donde Manuel Marulanda propuso hacer de Cartagena del Chaira un laboratorio de sustitución de cultivos de uso ilícito ¿Esa propuesta es viable hoy?

JS: Todos estos lustros en que nos han estigmatizado como narcos, nosotros nos hemos pasado haciendo propuestas alternativas de solución. Lo hicimos durante nuestra VIII Conferencia, lo hicimos en varios plenos y durante los diálogos del Caguán propusimos una conferencia internacional para buscarle una solución al problema. Creemos que hoy está vigente esa propuesta.

 Las Farc estamos plenamente dispuestas a contribuir, pero partiendo de que los protagonistas principales de la solución deben ser las comunidades. Esa era la esencia del plan de Marulanda que hoy hemos retomado, pero ya no para un escenario como un plan piloto, sino un plan nacional, con visión estratégica, ligado a la reforma agraria integral y a la participación ciudadana. La gente tiene que participar en un proceso de este tipo.

JEB: Como así que ustedes están proponiendo que el Estado estimule cultivos de coca, marihuana y amapola que, según las Farc, deben incorporarse a la economía agraria como generadores de empleo

JS: Lo central de la propuesta es la sustitución. Pero en otro plano, marginal, nosotros creemos que el Estado debe regularizar estos cultivos, tanto para los usos culturales ancestrales, como para usos industriales y medicinales. Esto, repito, es marginal pues en Colombia no es que haya una cultura tan arraigada de la coca, como la hay en Bolivia o en Perú.

JEB: ¿En cuánto se disminuiría la producción y exportación de cocaína si estas propuestas llegaran a aplicarse?

JS: Desafortunadamente, al resolver el problema de los arbustos a través de la sustitución, la reducción de la exportación de cocaína sería ínfima. Quienes manejan este negocio, personas con mucho poder, no necesitan que haya matas de coca en Colombia. 

En los 80 la pasta de coca llegaba a nuestro país y aquí se procesaba y se exportaba la cocaína. Eso está ocurriendo de nuevo y también sucede que la productividad de los cultivos se ha multiplicado, así que –a riesgo de aparecer como un aguafiestas- me temo que la reducción de las áreas cultivadas, por si sola, no va a afectar la producción y exportación de cocaína.

 Por eso, todo el esfuerzo se debe poner en atacar los eslabones fuertes de esta cadena que están en el sector financiero. Todos los estudios y diagnósticos dicen que ése es el eslabón más fácil de atacar, pero para ello se necesita voluntad política.

 La otra manera de lograr una reducción considerable de la exportación es atacando la enorme red de corrupción que permite la salida de toneladas de cocaína desde aeropuertos, puertos y fronteras de Colombia. El Estado colombiano está necrosado, es un Estado gangsteril y mafioso porque la dirigencia que lo conduce está tocada hasta los tuétanos por el narcotráfico.

JEB: ¿Usted cree que a los Estados Unidos les interesa que, por sustracción de materia, se acabe la llamada guerra contra las drogas que declaró Reagan hace más de 30 años?

JS: En el caso de Colombia, esta guerra contra las drogas no es más que una excusa para intervenir en nuestro país y tener el control territorial y el control de los recursos naturales. En eso consistió el Plan Colombia, que era en su esencia un plan contra insurgente. 

Creo Estados Unidos debería tener una participación directa en este debate, planteando soluciones reales que deriven de una voluntad de solucionar el problema. No creo que una sociedad como la norteamericana viva tranquila teniendo el más alto nivel de adictos del mundo.(...)"          (Entrevista al comandante y miembro de la delegación de paz de las FARC-EP, Jesús Santrich, Jorge Enrique Botero, http://www.las2orillas.co, en Rebelión, 14/02/2014)

¿Por qué proponer la liberalización en México DF, por qué solo la marihuana y por qué solo el consumo?

"México ha pagado todo lo que tenía que pagar en su guerra contra las drogas, 60.000 muertos en los últimos seis años, pero las drogas siguen ahí, fluyendo hacia el norte establemente a pesar y a través de los muertos.

Pocos países tienen mejores credenciales que México, y más fútiles, en la tarea de colaborar con esa guerra absurda, inventada por razones electorales a finales de los años sesenta y principios de los setenta, para que el partido republicano y su candidato Richard Nixon pudieran oponer a la pujante agenda social de los demócratas una oferta conservadora de ley y orden: seguridad pública, combate al crimen, contención del vicio. Nixon ganó la elección con esa agenda y la volvió política de su Gobierno.

El primer invitado obligatorio a la guerra contra las drogas fue México, mediante un sellamiento de la frontera llamado Operación Intercepción (1969), que mostró rápidamente su doble delirio: sellar la frontera para evitar el paso de drogas y evitar el consumo en las grandes ciudades americanas.

Desde entonces, los Gobiernos mexicanos han sido invitados obligatorios a todas las estrategias diseñadas por Washington para alcanzar el mismo objetivo inalcanzable: detener el flujo de drogas al mercado estadounidense. (...)

Lo sucedido en México es una versión extrema de lo que ha pasado en todo el mundo. La guerra contra las drogas de Nixon fue asumida por los Gobiernos estadounidenses que le siguieron y convertida en una agenda prohibicionista mundial radicada en la ONU.

El mundo entero fracasa ahora en lo que México, y antes Colombia, y Myanmar y Afganistán y Rusia, y desde luego Estados Unidos, han fracasado, que es reducir el consumo de drogas en los países consumidores mediante la represión de su flujo en los países de producción y paso.

La evidencia del fracaso ha llevado a muchos líderes latinoamericanos, antiguos presidentes y jefes de Estado a revisar su compromiso con la prohibición y a insistir en la necesidad de un acercamiento distinto. Es el caso de los expresidentes Ernesto Zedillo y Vicente Fox de México, Fernando Henrique Cardoso de Brasil, César Gaviria de Colombia o Ricardo Lagos, de Chile.

Es el caso también, más significativamente todavía, de los mandatarios en funciones Juan Manuel Santos de Colombia, José Mujica de Uruguay, Otto Pérez Molina de Guatemala y Laura Chinchilla de Costa Rica. En su más reciente asamblea celebrada en Guatemala hace unas semanas, la OEA presentó un amplio informe sugiriendo la posibilidad de al menos legalizar la marihuana.  (...)

Parte de la convicción de que al menos la marihuana debe iniciar en nuestros países un proceso de legalización, regulación y despenalización equivalente al que ha empezado a darse dentro de los mismos Estados Unidos, donde hay hoy 19 Estados que han legalizado el uso terapéutico de la marihuana y dos en los que es legal el uso recreativo sin restricción ninguna (Colorado y Washington).

 El grupo mexicano se propone una despenalización del consumo de la marihuana en la Ciudad de México y está formado, en su primer núcleo de adherentes, por distinguidos servidores públicos de los últimos Gobiernos del país (...)

¿Por qué proponer esta liberalización en la capital, por qué solo la marihuana y por qué solo el consumo?

— Porque la ciudad de México es una capital progresista, abierta, que ha legislado ya sobre cuestiones claves de la libertad de costumbres como los matrimonios del mismo sexo, el aborto y la muerte asistida.

— Porque los datos disponibles indican que la marihuana es una droga cuyos efectos tóxicos y consecuencias en la salud son menores que los de otras drogas permitidas como el alcohol y el tabaco.

— Porque el daño que los fumadores de marihuana pueden hacerse a sí mismos y a otros por consumirla es mucho menor que el daño social de perseguirla. (Casi el 80% de los presos que hay en cárceles federales de México están acusados por hechos vinculados a “delitos contra la salud,” narcomenudismo o narcotráfico. El 57% de ellos están presos por ilícitos vinculados a la marihuana).

— Porque un alto porcentaje, quizá el 30 o 40%, de los ingresos de las organizaciones de narcotraficantes mexicanos provienen de la marihuana.

— Porque por la presión de Estados Unidos y por el compromiso con el consenso prohibicionista mundial, México persigue hoy en su territorio cosas que están permitidas y hasta empiezan a ser florecientes empresas en territorio estadounidense.

¿Qué hará el Gobierno mexicano ante la contradicción de que uno de sus principales gobiernos locales legalice lo que tiene prohibido el federal? Probablemente lo mismo que ha hecho el Gobierno federal estadounidense: mirar a otra parte y reconocer, como ha dicho el presidente Obama, que tiene peces más gordos que pescar. (...)"               (Jorge Castañeda / Héctor Aguilar Camín , El País, 6 AGO 2013)

En Estados Unidos por fumar marihuana te pueden condenar a cadena perpetua

"Después de todo, la guerra contra las drogas fue principalmente una invención estadounidense, lanzada por el presidente Nixon cuando declaró que los narcóticos eran el “enemigo público número uno” del país. Desde entonces, la guerra contra las drogas ha proporcionaro un pretexto para la intervención militar y política en Latinoamérica (y en Asia) y un control social cada vez más brutal y represivo en EE.UU.

 La aprobación de la nueva ley en Uruguay podría ser un primer paso para desmantelar una guerra cuya fraudulencia e hipocresía se comparan fácilmente con sus equivalentes, la Guerra Fría y la “guerra contra el terror”. 

El año pasado, el Estado de Washington y el de Colorado aprobaron leyes que permiten el uso recreativo de la marihuana y es bastante posible que otros Estados sigan su ejemplo en un futuro cercano. Esas acciones tienen el potencial de detener algunas absurdidades de la guerra contra la droga, incluso aunque no se adopte una legilación similar en el ámbito federal. 

Las nuevas leyes también reflejan un creciente escepticismo del público de EE.UU. con respecto a los beneficios de la prohibición. (...)

un sondeo realizado este año por Pew Research Center estableció que un 52% de los estadounidenses están a favor de la legalización de la marihuana. 

Semejante cambio en las actitudes también refleja el aumento de la concienciación popular con respecto a la droga y la hipocresía alarmista de los políticos y su flagrante manipulación de los hechos.

 En EE.UU., por ejemplo, es perfectamente legal que el tabaco mate a unas 440.000 personas al año. Unas 80.000 muertes en EE.UU. son causadas anualmente por el consumo excesivo de alcohol adquirido legalmente. Y sin embargo no hay muertes registradas por sobredosis de marihuana. (...)

En EE.UU. los consumidores de marihuana pagan condenas de prisión más largas que los asesinos y violadores. Gracias a la ley “de los tres golpes” de Bill Clinton algunos consumidores de cannabis se han enfrentado a condenas de cadena perpetua. 

Semejantes medidas llevaron a un experto en la ley nazi, Richard Lawrence Miller, a comparar la legislación contra los consumidores de drogas a la utilizada en Alemania para marginar y excluir a los judíos de la sociedad en general. Michelle Alexander califica la guerra contra la droga de “Nueva Jim Crow”, nombre que se dio a la ley que impuso la segregación en EE.UU. de antes de los años sesenta.

 Argumenta que las prácticas actuales afectan sobre todo a los afroestadounidenses, a pesar de que los estudios demuestran que utilizan y venden drogas en la misma medida, o menor, que sus equivalentes caucásicos. 

Por cierto, desde que Nixon declaró que las drogas eran “el enemigo público número uno” en una época en la que el consumo de drogas iba bajando, la población carcelaria de EE.UU. ha aumentado de 0,3 millones de personas a 2,3 millones, la mayor cantidad de presos de la historia del mundo. Y EE.UU. encierra proporcionalmente a más gente negra que Sudáfrica durante el apartheid, sobre todo como resultado de la legislación contra la droga. 

Aunque el encarcelamiento de cientos de miles de jóvenes afroestadounidenses por delitos menores relacionados con la droga puede parecer extraño, sin embargo tiene sentido para la exitosa industria de las prisiones privadas.

 Con la devastación de gran parte de la fuerza de trabajo manual como resultado de políticas económicas neoliberales, la contribución económica y el valor de todo un sector de la sociedad se han utilizado de otra manera. Al respecto, señala el periodista estadounidense Chris Hedges:

Gente pobre, especialmente de color, no vale nada para las corporaciones y los contratistas privados si están en la calle. En las cárceles y prisiones, sin embargo, cada uno puede generar ingresos de 30.000 a 40.000 dólares anuales a las corporaciones.

Un argumento decisivo a favor de la legalización es que rebajará seriamente las ganancias del crimen organizado. Los narcóticos (incluida la marihuana), por ejemplo, pueden representar casi la mitad de los beneficios de algunos cárteles mexicanos. 

Organizaciones como Los Zetas son capitalistas impecables y buscan constantemente nuevos mercados. Los Zetas se han expandido al contrabando de personas, tráfico sexual, extorsión, piratería e incluso a la industria del petróleo y a la minería del carbón, que representan inmensas fuentes de ingresos. 

Por lo tanto el tema tiene un alcance mucho más profundo que la simple legalización y descriminalización. Si no hay esfuerzos por encarar las causas a la raíz de la explosión y crecimiento del crimen organizado, ¿quién dice que los sindicatos criminales no se expandirán simplemente hacia otros mercados muy lucrativos? 

Ojalá la acción de Uruguay provoque un debate internacional serio sobre la legalización. Pero ese debate también debe abordar quién controlará la producción de marihuana en los Estados que la legalizan. ¿Podría organizarse el cultivo en comunidades locales y ser controlado por los consumidores o la legalización dará un pretexto para que se impongan las corporaciones transnacionales, tal vez encabezadas por grandes compañías farmacéuticas? (...)

Un problema potencial es que puede llegar a monopolizarse el mercado global creando lo que sería un cártel legal pero quizá más poderoso todavía. Pero, por ahora, la acción de Uruguay obviamente es un paso positivo."                        ( Peter Watt , Znet, Rebelión, 07/08/2013)      

Europa y Estados Unidos no pueden mantenerse, como países creadores de la demanda de la droga, al margen del problema de violencia creciente en Centroamérica

" La deriva mafiosa del capitalismo ligado las facilidades dadas en los paraísos fiscales, y aún fuera de ellos con dudosas amnistías fiscales como las de nuestro país, para el blanqueo del dinero del lucrativo sector del crimen organizado y a modelos de desarrollo como el macro-proyecto de Eurovegas, ante cuyo empresario capitalista se inclina servilmente el gobierno de España, revela un paisaje aterrador de claroscuros.

 

La perspectiva sobre el problema político que plantea el narcotráfico  debe de ampliarse para llevarse al orden transnacional si se quiere luchar contra la estela de violencia y amedrentamiento que el crimen organizado está imponiendo en todo el mundo, eso sí con intensidades diversas, en una tupida red de complicidades económicas y políticas. Europa y Estados Unidos no pueden mantenerse, como países creadores de la demanda, al margen del problema de violencia creciente en Centroamérica.

 La magnitud del comercio ilícito de las drogas debe ser combatida prestando transparencia  y nitidez a los circuitos del dinero. Tal magnitud representa hoy una amenaza a los Estados democráticos, y por lo tanto, no puede tratarse la cuestión de la drogas meramente desde los tibios enfoques bioéticos ligados a la Salud Pública o desde una visión limitada a la restrictiva seguridad nacional. Son, nos parece, paradigmas parciales y superados por la enormidad de las circunstancias.

 Hay que avanzar hacia una comprensión más acertada del problema y ensayar nuevas alternativas tal y como se proponía en el informe Drogas y Democracia. Hacia un cambio de paradigma de 2009, avalado por los ex presidentes Zedillo, Gaviria y Henrique Cardoso (1). En lo que sigue, intentaré desbrozar algo el terreno del análisis del fenómeno para terminar lanzando el debate sobre las estrategias alternativas.(...)

 El lavado de dinero, no obstante, ha sido uno de los motores de la burbuja inmobiliaria española, y en las zonas turísticas españolas se asientan capos de estas organizaciones convenientemente camuflados en hombres de negocios que son bienvenidos por sus aportes a las economías locales. No hace falta recordar el caso del alcalde de Lloret de Mar que ilustra a la perfección este supuesto. 

El control de los flujos financieros en general, y ligados al narcotráfico en particular, es una asignatura pendiente en Europa y en todo el globo. Los paraísos fiscales aceitan y lubrifican el blanqueo del dinero de la droga que colabora gustosamente al festín orgiástico de la especulación en que se han convertido en las últimas décadas las finanzas internacionales. La hipótesis de la deriva del capitalismo hacia las variantes mafiosas cobra fuerza.  (...)

Esta idea de la trazabilidad, de perseguir la cadena de suministros, se ha aplicado, como decíamos, a los productos de la industria textil con el fin de denunciar, por ejemplo, las condiciones de explotación laboral de las maquiladoras. Pienso que este modelo puede ser aplicado al tema que nos ocupa.

Pensemos en la producción de las sustancias, por ejemplo, de la cocaína, vayamos a Colombia. Tres países latinoamericanos (Colombia, Perú y Bolivia) producen la totalidad de la oferta mundial de cocaína. Habitualmente, el narco amenaza e intimida a los campesinos a centrarse en la lucrativa producción de la coca.

 La migración forzada y el desplazamiento de familias enteras, combinadas con los conflictos económico-políticos en torno a la tierra y los recursos, están en el origen del producto. Los datos indican que, a pesar de las fumigaciones con el contaminante glifosato las superficies cultivadas aumentan. Los laboratorios de transformación clandestinos y los aeródromos camuflados pueblan las selvas colombianas.

Además, el narco, con su enorme poder financiero, no sólo es un contrapoder, sino que infiltra a todos los actores políticos, a las guerrillas, a los paramilitares y al aparato del Estado a través de diversas prácticas corruptas (...)

Centroamérica, y especialmente México, juegan el papel de ruta hacia el Norte de los productos. El incremento de la violencia y los grupos criminales en toda Centroamérica no puede desligarse de esta función de corredor del tráfico de drogas hacia Estados Unidos. 

El poder de las redes delincuenciales, y su capacidad de amedrentamiento, no se podría sostener sin el concurso de un tráfico Norte-Sur que no tiene el protagonismo debido en la esfera pública: el tráfico de armas. Curiosamente, EEUU, comandado por la poderosa Asociación del Rifle, es liberalizadora en cuanto a armas, además del mayor productor mundial de este lesivo producto, sin duda el más contraindicado para la salud, mucho más que cualquier droga. Visibilizar las sinergias de ambos tráficos ilegales, pues las fronteras son enormemente porosas a ambos productos, es una importante tarea. (...)

. La imponente y millonaria militarización de las fronteras, al hilo de ingentes cantidades en policías, vallas y muros, no logran parar unos tráficos ilícitos que se mantienen al menos estables. De hecho, no hay referencia a desabastecimiento. En cada esquina de cada ciudad estadounidense, por ejemplo, Baltimore, tal como se cuenta en la imprescindible serie televisiva ya citada The Wire, el aprovisionamiento está asegurado y todas las clases sociales tienen acceso a ella, desde las personas empobrecidas de los barrios marginales a los yuppies y ejecutivos de las corporaciones y altas finanzas.

 Los ansiosos que veíamos retratados en Inside Job necesitaban activarse para tomar riesgos financieros con el polvo blanco. (...)

Atendiendo al trazo geográfico, económico y político, del tráfico de drogas, a la cadena de suministro, evidenciamos que el problema es de naturaleza no sólo multifactorial sino sobre todo transnacional. Es uno de los asuntos que podemos incluir en el apartado del comercio global, de la liberalización del tráfico de mercancías promovida por el neoliberalismo imperante.  (...)

Hace un año y medio se publicaba en el periódico El País un provocador artículo que hablaba del peso del narco en la economía mexicana (3). El texto, basándose en simulaciones y ejercicios estadísticos, asimilaba el peso de este sector ilegal al montante que proporcionan la totalidad de las remesas de los inmigrantes venidas de EEUU.

 Junto con los ingresos del petróleo, que ahora el gobierno de Peña Nieto quiere privatizar, y del turismo, estos cuatro sectores son los pilares de la economía mexicana. El artículo reflexionaba sobre como la inversión y el consumo que trae el narco, infiltrado y creador de tramas empresariales, crea riqueza en el país. Y ponía de manifiesto que otro modelo de desarrollo económico es necesario si de verdad se quiere erradicar esta economía criminal que está firmemente imbricada e hibridada con la economía legal.  (...)

“Las políticas prohibicionistas basadas en la represión de la producción y de interdicción al tráfico y a la distribución, así como la criminalización del consumo, no han producido los resultados esperados. Estamos más lejos que nunca del objetivo proclamado de erradicación de las drogas.” (p. 7)

Los redactores de este Informe, al parecer ya olvidado, enuncian un diagnóstico realista de la situación:

“América Latina sigue siendo el mayor exportador mundial de cocaína y marihuana, se ha convertido en creciente productor de opio y heroína, y se inicia en la producción de drogas sintéticas;

Los niveles de consumo continúan expandiéndose en América Latina mientras tienden a estabilizarse en América del Norte y Europa.

En América Latina la revisión a fondo de las políticas actuales es aún más urgente a la luz de su elevadísimo costo humano y amenazas a las instituciones democráticas.  (...)

Ante este diagnóstico, planteaban abrir el debate sobre estrategias alternativas. Proponían transitar hacia nuevos paradigmas.  (...)

Ya no es una patología marginal, es una amenaza al Estado y a la convivencia democrática, ya no es un asunto meramente de seguridad ciudadana, es una prioridad política y es un asunto de todos."          (...)

Los resortes de la ciudadanía y la sociedad civil, en sus niveles nacionales y transnacionales, deben exigir un cambio de rumbo político en torno al narcotráfico y otros tráficos ilícitos entre los que se sitúa, desgraciadamente en crecimiento, el tráfico de personas para la explotación laboral y el de mujeres y niñas para la explotación sexual.

 Tiene que haber salidas para combatir el capitalismo mafioso y el desdibujamiento de los límites entre lo lícito y lo ilícito. Nada es peor que la resignación para enfrentar este tema. La esperanza no debe ser derrotada por la violencia y la corrupción. No lo debemos permitir."        (Drogas y narcotráfico. Más allá de los paradigmas vigentes de la Salud Pública y la Seguridad., de  María José Guerra Palmero; Sin Permiso, 24/02/2013)

La fallida guerra mundial contra las drogas nos cuesta a los ciudadanos unos 100 mil millones de dólares anuales

"La guerra contra la droga está siendo un fracaso, no podemos pretender que funcione". Con esta rotundidad, la Comisión Global de Políticas contra la Droga, liderada por expresidentes de Gobierno, empresarios, personalidades como el exsecretario general de la ONU, Kofi Annan, o el exresponsable de la política exterior de la UE Javier Solana y escritores como Mario Vargas Llosa, se sumará hoy a las voces que reclaman un cambio en la estrategia prohibicionista seguida durante décadas desde Naciones Unidas y abanderada por EE UU desde hace 40 años.

Urgen una solución que incluya la despenalización a los consumidores y una rebaja de las penas a los pequeños traficantes. Además, piden que se regule el consumo del cannabis sin excluir otras sustancias a posteriori. (...)

Entre 1998 y 2008, el consumo de opiáceos subió un 34,5%, de los 12,9 millones de adictos hasta los 17,35 millones, según la ONU. La cocaína lo hizo un 27% en esa década, hasta un total de 17 millones de consumidores. El cannabis lo hizo un 8,5% y ronda los 160 millones de consumidores.

"Empecemos tratando la adicción como una cuestión de salud, reduciendo la demanda a partir de iniciativas educativas o regulando el consumo de cannabis", destaca Fernando Henrique Cardoso, expresidente de Brasil, que urge reformas fundamentales y una renovación de concepto en la política de lucha contra la droga iniciada hace medio siglo.

Una de las recomendaciones de este grupo, que presentan en un informe hoy en Nueva York, está dirigida a poner fin a la penalización, marginalización y estigmatización de consumidores de drogas "que no son un peligro para otros".

La acción represiva dirigida al consumo impide que se adopten medidas de salud pública para reducir el sida, las muertes por sobredosis y otras consecuencias del consumo de estupefacientes, afirman. Recomiendan que se ofrezcan tratamientos más allá de la metadona y la buprenorfina, como programas de asistencia con heroína.

España sigue la senda de otros países como Alemania o Canadá, donde la heroína se utiliza como medicamento compasivo -bajo la vigilancia de las autoridades-, y durante un proyecto de investigación, como el iniciado en 2003 en el hospital Virgen de las Nieves, en Granada. Allí, "23 de los 60 pacientes que empezaron ya se han desintoxicado", indica Joan Carles March, director del programa, informa Laura Contreras.

Los líderes animan a los Gobiernos a que "experimenten" con modelos legales que permitan "minar" el poder del crimen organizado a la vez que se garantiza la seguridad y la salud de los ciudadanos. Esta recomendación se aplicaría al consumo de cannabis, donde ya se están dando algunos pasos en la despenalización, incluido EE UU.

"La buena noticia es que las políticas enfocadas en la regulación [que no es lo mismo que legalización] y la despenalización funcionan", señala el patrón de Virgin, Richard Branson. Se trata de "quitar el poder de las manos del crimen organizado", dice.

Los firmantes del informe remachan que "hay que respetar" los derechos humanos de los toxicómanos, "tratándolos como pacientes, no como criminales", subraya Branson. "Muchos son víctimas", recalca el informe. En él se considera que las políticas actuales "alimentan la violencia y el crimen organizado". (El País, 02/06/2011, p. 39)

"Igualmente trágico es que durante los últimos 50 años los esfuerzos de la comunidad internacional se han dirigido a desplegar una fallida guerra mundial contra las drogas que, dicho sea de paso, nos cuesta a los ciudadanos unos 100 mil millones de dólares anuales.

El enfoque que no esta funcionando. Es como si tratásemos de aplastar un globo: cuando el Gobierno americano decidió gastarse 7.000 millones de dólares en la erradicación del cultivo de la hoja de coca en Colombia, todo lo que lograron fue desviar la mayoría de la producción hacia Bolivia y Perú.

Las políticas impulsadas por la mayoría de las agencias antidroga han tenido nefastas consecuencias. En México continúan corriendo ríos de sangre y son miles y miles de muertes innecesarias las que siguen azotando todos los continentes, por no mencionar los millonarios botines que se están embolsando las redes del crimen organizado.

El Presidente Obama y el Primer Ministro Cameron han condenado esta guerra calificándola de “lamentable” y de “fracaso absoluto”. Pero ninguno ha movido ficha todavía para convertir sus palabras en acciones concretas.

Esta semana, sin embargo, un destacado grupo de personalidades políticas internacionales se han reunido en Nueva York con el objetivo de poner fin a esta estrategia de la “guerra” contra las drogas.

En un gesto que podría revolucionar los términos del debate, una nueva Comisión Global,compuesta por personas de la talla de Kofi Annan, César Gaviria o Ernesto Zedillo, antiguos jefes de Estado y ministros de relaciones exteriores de la Unión Europea, los EEUU, Brasil y Mexico y altos diplomáticos de Naciones Unidas, se prepara para romper el tabú y hacer una llamamiento público a favor de enfoques alternativos que incluyan politicas de despenalización y de regulación de las drogas.

Avaaz se ha unido a este esfuerzo, y ya son más de medio millón las personas de todo el mundo que se han unido a nuestra campaña exigiendo un cambio en la estrategia global antidroga.(...)

En los países que han adoptado nuevos enfoques, como Suiza, Portugal, los Países Bajos y Australia, nunca se han cumplido las alarmantes predicciones de los defensores de la guerra contra las drogas, que profetizaron una explosión en el consumo.

Al contrario, en dichos países se han visto reducciones en los niveles de criminalidad, adicción y muertes asociadas con las drogas, permitiendo a sus gobiernos centrarse en el desmantelamiento de imperios criminales. (...)

Pincha aqui para ver a la campaña de Avaaz

(El País, blogs, 3.500 millones, 02/06/2011)

"La epidemia del crack se habría evitado de ser legal la cocaína"

"Una vez más se reabre el debate sobre la ineficacia de la represión en materia de drogas. Ha bastado que el ex presidente Felipe González nos recordase los males de la prohibición y la necesidad de un cambio de rumbo. (...)

Milton Friedman advertía en 1972 que era imposible acabar con el tráfico de drogas y que la prohibición era la peor estrategia para usuarios y no usuarios; 17 años después afirmaba que la epidemia del crack se habría evitado de ser legal la cocaína.

Gary S. Becker señalaba en 2001 que la legalización, aun no siendo la panacea y presentándose como "una aventura hacia lo desconocido", eliminaría las ganancias del narcotráfico y la corrupción y que el posible aumento del consumo se compensaría con el control de la calidad. (...)

En contra de la legalización se dice que los beneficios de acabar con el crimen organizado no serían mayores que los problemas que causaría el aumento del consumo. Pues bien, creo que esta afirmación es hoy claramente incierta.

Admitiendo como muy probable un aumento inicial del número de consumidores de las drogas ya legales, a la vez, serían seguros otros efectos beneficiosos: control de la calidad de las sustancias, lo que evitaría los males asociados al consumo de los venenos ilegales que hoy circulan; disminución de precios, lo que reduciría drásticamente la cifra de delincuencia drogoinducida; sacar a los consumidores de determinados ambientes especialmente insalubres y peligrosos, para dirigirlos a un mercado legal y controlado.

Solo lo anterior ya justificaría pensar muy seriamente y sin prejuicios en un proceso de legalización y de control estatal, con o sin impuesto especialmente fuerte a la producción, con mayor inversión en las políticas de reducción de la demanda -educación, prevención y rehabilitación- y con un ahorro espectacular en los enormes esfuerzos económicos que hoy se lleva la represión a cambio de unos resultados decepcionantes.

Pero habría más: se desposeería al crimen organizado de su actividad favorita y más rentable y, con ello, de parte de su capacidad de corromper voluntades públicas y privadas y de infiltrarse en la economía lícita; se podría prescindir de la excepcionalidad legal hoy imperante en la persecución y represión del tráfico de drogas que, en ocasiones, nos coloca en los límites de lo que el Estado de derecho es capaz de soportar; desaparecería el pretexto según el cual, la lucha eficaz contra el narcotráfico justifica la intervención de Estados Unidos en asuntos de otros países castigados por este azote.

Y hablando de Estados Unidos conviene echar la vista al pasado y recordar algunos datos:

1º) Que hubo otra situación previa a la prohibición, en la que el consumo de drogas -muy extendido en aquel país en el siglo XIX- no se consideraba un problema de salud pública.

2º) Que alguno de los "problemas de la droga" son hijos de la prohibición.

3º) Que la prohibición se ha desarrollado en los más variados escenarios y ha afectado a casi todo, más allá del ámbito de la salud pública. Basta recordar que la fiscalización internacional se impone al mundo colándola como un polizón en el Tratado de Versalles; que Estados Unidos ha condicionado su ayuda exterior a que los países destinatarios obtuviesen resultados satisfactorios en la lucha contra la droga; que el narco Pablo Escobar ofreció el dinero de la droga para pagar la deuda externa de Colombia a cambio de un compromiso de no extradición; y que hasta la fórmula originaria de la Coca-Cola hubo de modificarse para sustituir la cocaína por cafeína.

4º) Que la cruzada planetaria que Estados Unidos desata a principios del siglo XX no fue motivada por razones de "salud pública".

Hubo motivos racistas contra los negros del Sur y contra la mano de obra china; motivos económicos en la guerra de médicos, farmacéuticos, productores y curanderos por tener la exclusiva en la dispensación de drogas; motivos políticos en la pugna entre China y Filipinas por el monopolio del opio y, también motivos políticos, en el hallazgo de uno de los pretextos -otros han sido la amenaza comunista y el terrorismo islámico- para legitimar el intervencionismo de la gran potencia en la andadura de otros países." (ARACELI MANJÓN-CABEZA: Drogas, ¿seguir con la prohibición?. El País, 22/09/2010, p. 29)

La prohibición de las drogas no da resultados... al revés, las abarata

"El objetivo fundamental de la prohibición es lograr la abstinencia frente a determinadas sustancias psicoactivas y así crear una sociedad libre de drogas. Ello implica, en consecuencia, eliminar el cultivo, la producción, el procesamiento, el tráfico, la distribución, la comercialización, la financiación, la venta y el uso de un conjunto específico de sustancias psicoactivas declaradas ilegales.

La llamada "guerra contra las drogas" que subyace y sustenta la visión prohibicionista de Estados Unidos ha enfatizado, en particular, el combate a los centros de oferta (cultivo, procesamiento, tráfico) de narcóticos.

El principio que orienta ese énfasis es que una política punitiva severa en dichos centros incide para reducir la disponibilidad de drogas en los principales polos de demanda (al incrementar la destrucción e interdicción), para elevar el precio final de las drogas (al hacer más costoso todo el proceso productivo) y para evitar un aumento en la pureza de las drogas (al dificultar los mecanismos de transformación y exportación); todo lo cual conlleva a que los consumidores recurran menos a las drogas o se sientan disuadidos a no ingresar en ese mercado de bienes ilícitos caros, de escasa disponibilidad y de baja calidad en cuanto al producto. (...)

Cabe destacar, asimismo, que en términos de producción de cocaína, si bien Colombia muestra un descenso en el último bienio, tanto Bolivia como Perú muestran un crecimiento en dicho periodo.

Entre esos tres países andinos se mantiene un área cultivada relativamente estable en los últimos años: en 2003 fue de 155.803 hectáreas y el 2009 fue de 160.809 hectáreas. A su vez, el total de cocaína producida en los Andes fue de 845 toneladas métricas en 1998 y osciló entre 842 y 1.111 toneladas métricas en 2009.

Por otro lado, mientas México pasó de producir ocho toneladas métricas de heroína en 2005 a tener una producción de esta de 38 toneladas métricas en 2008, Estados Unidos se convirtió en el principal productor de marihuana en 2006 y la superficie de plantaciones de cannabis creció significativamente en Afganistán en los últimos dos años, al punto de convertir a ese país -que ya es el más grande emporio global en materia de heroína- en el mayor productor mundial de cannabis.

Ahora bien, la disponibilidad de todo tipo de drogas no cambió en Estados Unidos. De hecho, hoy se consigue más variedad de drogas con mayor pureza que hace tres lustros. Más aún, en términos de precio, el gramo de cocaína en ese país pasó de costar 421 dólares en 1990 a valer 216 dólares en 2008.

En cuanto a América Latina, los resultados de la destrucción de cultivos han sido negativos y nocivos. Han sido negativos porque de ningún modo se ha afectado el poder de los traficantes ni se han mejorado las condiciones sociales, políticas y económicas en las áreas en que se aplica la erradicación. Han sido nocivos porque han creado un ciclo vicioso.

Una conjunción particular de factores -apertura de bosques para establecer cultivos ilícitos, transformación de plantíos en sustancias psicoactivas, presión por erradicación forzada de plantaciones, uso de técnicas de aspersión área y manual con químicos, desarticulación de economía campesina de sustentación, persecución violenta de pobres rurales (campesinos e indígenas), ausencia de cultivos alternativos realizables en el mercado, presencia esporádica y generalmente represiva del Estado, traslado de plantíos ilícitos a otras zonas, y reinicio del ciclo- ha culminado en una situación perversa en la que, en cada paso y año tras año, se refuerzan los incentivos para continuar con las plantaciones ilícitas.

En breve, es el momento de impugnar con firmeza la "guerra contra las drogas" y concebir nuevas opciones realistas para superar la cuestión de los narcóticos." (JUAN GABRIEL TOKATLIAN: Drogas y dogmas. El País, opinión, 24/12/2020, p. 35)