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16.4.24

La pasada semana, a Garamendi, presidente de la CEOE, le dio por alentar la insurrección fiscal, que es lo que había tras su propuesta de que fueran únicamente los trabajadores quienes pagaran las cuotas a la Seguridad Social... con una buena dosis de victimismo cuya pretensión es ir socavando el contrato social... el segundo paso sería una privatización progresiva de la seguridad social. El itinerario empieza llamando a que cada cual haga lo que quiera con su dinero. Y acaba en que solo unos pocos puedan permitirse el nivel de cobertura en prestaciones de jubilación, desempleo, asistencia sanitaria o incapacidad temporal que tenemos ahora... La libertad pervertida como anticipo del sálvese quién pueda... Que Garamendi se deje de inventos... los márgenes empresariales están en máximos. Han aumentado un 64% entre 2018 y 2023... El 20% de las empresas más grandes, las representadas por la CEOE, acaparan el 98% de los márgenes. Los grandes empresarios están ganando mucho dinero... Que Garamendi se deje de bombas de humo: los salarios tienen que subir (Daniel Bernabé)

Daniel Bernabé @diasasaigonados

Libertad pervertida y salarios rácanos La pasada semana, a Garamendi, presidente de la CEOE, le dio por alentar la insurrección fiscal, que es lo que había tras su propuesta de que fueran únicamente los trabajadores quienes pagaran las cuotas a la Seguridad Social. 

Una maniobra con la coartada de la pedagogía y una buena dosis de victimismo cuya pretensión es ir socavando el contrato social. El primer paso es ofrecer el caramelo envenenado del ingreso íntegro de la nómina a los asalariados. 

El siguiente, el que se callan de momento, una privatización progresiva de la seguridad social. El itinerario empieza llamando a que cada cual haga lo que quiera con su dinero. Y acaba en que solo unos pocos puedan permitirse el nivel de cobertura en prestaciones de jubilación, desempleo, asistencia sanitaria o incapacidad temporal que tenemos ahora. 

La libertad pervertida como anticipo del sálvese quién pueda. 

Que Garamendi se deje de inventos. 

La pasada semana, también, hemos conocido este informe del Comisiones Obreras que nos explica algo muy concreto: los márgenes empresariales están en máximos. Han aumentado un 64% entre 2018 y 2023. 

El valor añadido bruto, entre 2018 y 2023, ha crecido un 46%, un avance inédito, producto del aumento en el volumen de las ventas y también de los precios. Esto nos dice dos cosas. Que sectores como energía, comercio, hostelería, inmobiliario y agricultura trasladaron el aumento de costes por la energía y materias primas a los precios, aumentando la inflación, pero no dejaron de vender. 

También que el reparto de este valor añadido, producto del trabajo, se ha desequilibrado en favor de los márgenes empresariales que han crecido dos veces más que los salarios. El 20% de las empresas más grandes, las representadas por la CEOE, acaparan el 98% de los márgenes. 

Los grandes empresarios están ganando mucho dinero, teniendo posibilidad para bajar los precios y subir los sueldos. Que Garamendi se deje de bombas de humo: los salarios tienen que subir. 

Informe completo de @CCOO Estudios:

 https://estudios.ccoo.es/c30e96147e5a255a895809343bf6abf5000001.pdf

1:09 p. m. · 16 abr. 2024 20 mil Reproducciones

28.11.23

Lo nunca visto. La patronal CEOE ha tomado la iniciativa en la discusión sobre el aumento del Salario Mínimo. Es un hecho insólito... porque su propuesta es sustantiva, rondará la inflación de este año... esta decisión de la patronal entraña una importancia política de primer orden, pues suscribe la orientación genérica del programa del Gobierno de Pedro Sánchez sobre la necesidad de actualizar el SMI... y porque es la primera gran entidad conservadora en volver al terreno de juego, en acatar con el lenguaje de los hechos la legitimidad del Gobierno, y en dar así por sentada la probabilidad de una legislatura duradera. Tino político. Pero también económico

 "Lo nunca visto. La patronal CEOE ha tomado la iniciativa en la discusión sobre el aumento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Es un hecho insólito. Porque nunca antes lo había hecho, siempre esperaba a que los demás tomasen posición. Porque se opuso ásperamente a la última subida, a 1.080 euros mensuales, el pasado febrero. Porque su propuesta inicial, un alza del 3% en 2024 y otro 3%, en 2025 no alcanza a la de los sindicatos (en torno al 10%), pero es sustantiva, rondará la inflación de este año, quizá del 3,7%.

Pero sobre todo porque una iniciativa de este tipo, que suscribe la orientación genérica del programa del Gobierno de Pedro Sánchez sobre la necesidad de actualizar el SMI, es del todo gratis. Pues el Ejecutivo no necesita la aprobación de los agentes sociales (aunque debe escucharlos) para modificarlo.

Así que, con precedentes propios radicalmente contrarios a subirla, y con una trayectoria que suele combinar en distintos grados su interés económico y la oportunidad estratégica, esta decisión de la entidad que preside Antonio Garamendi entraña una importancia política de primer orden.

Más todavía cuanto que sus últimas decisiones apalancaban el descabello del Gobierno de coalición progresista. Había aprobado la reforma laboral en diciembre de 2020, aunque la FAES de Josemari Aznar la afeó y el PP votó luego en contra. Y había dado por “bienvenidos” —en junio de 2021— los indultos a los líderes indepes condenados por el Tribunal Supremo.  (...)

Es la primera gran entidad conservadora en volver al terreno de juego, en acatar con el lenguaje de los hechos la legitimidad del Gobierno, y en dar así por sentada la probabilidad de una legislatura duradera. Tino político. Pero también económico: a las grandes empresas les va de cine. “Invertir en España es un buen negocio”, como ha esculpido la vice Nadia Calviño."                        (Xavier Vidal-Folch , El País, 27/11/23)

6.7.23

El Círculo de Empresarios pide abaratar el despido, volver al contrato temporal y aumentar la edad de jubilación a los 72 años... reclama también derogar los impuestos temporales a la banca, a las energéticas y a las grandes fortunas.... además de derogar la reforma laboral, para adoptar un modelo similar a la "mochila austríaca", creando cuentas de ahorro individual a los trabajadores para que paguen su desempleo... y Rajoy completa el pack, eliminando el tope al gas, para freirnos con la tarifa eléctrica... Frente al retrasismo que venden estos grupos de presión, España ha consolidado en los últimos años un país más justo y próspero, con bases económicas y laborales más sólidas y sanas. Se ha demostrado que se superan antes y mejor las crisis aumentando derechos, no recortándolos

 "El Círculo de Empresarios ha abogado por recuperar la contratación temporal, abaratar la indemnización por despido para los contratos fijos, bajar las cotizaciones sociales a las empresas, elevar la edad de jubilación hasta los 72 años y suprimir los impuestos a la riqueza.

Son algunas de las demandas históricas del Círculo recogidas en una "Carta abierta a los futuros legisladores y gobernantes", que el presidente de la asociación, Manuel Pérez-Sala, ha presentado a la prensa este miércoles.

Con carácter general la carta pide "recuperar la capacidad de diálogo y entendimiento (...) y la calidad e independencia de las instituciones", al tiempo que reclama respeto y protección para la figura del empresario, "que asume un mayor compromiso en la generación de riqueza y empleo para el conjunto de la sociedad".

En el ámbito laboral, rechaza la reforma del Gobierno de coalición porque "ha ralentizado el ritmo de creación de empleo, ha ocultado el desempleo y ha perjudicado la flexibilidad".

Reclama una nueva reforma "consensuada con los agentes sociales", que recupere el contrato temporal, baje la indemnización por despido a los contratos indefinidos y adopte un modelo similar a la "mochila austríaca" para crear cuentas de ahorro individual a los trabajadores que se nutran de la actual cotización por desempleo a la Seguridad Social.

La cuantía de esa cuenta podría ser utilizada por el trabajador para desempleo, formación o como complemento de su futura pensión.

El Círculo también rechaza la reforma de pensiones porque no asegura la viabilidad del sistema, "solo retrasa el problema" y no soluciona el aumento del gasto asociado a la prolongación de la esperanza de vida.

Su propuesta pasa por subir la edad de jubilación con un esquema voluntario entre los 68 y 72 años, en donde cada afiliado decida y planifique su retiro, si bien la pensión será mayor cuanto más se retrase la salida del mercado laboral.

Además, defiende que se debe promover el ahorro privado, mediante un adecuado sistema de incentivos fiscales, que no discrimine a los ciudadanos ni a sus preferencias de ahorro.

Pérez-Sala ha insistido en que el próximo Gobierno debe derogar los impuestos temporales a la banca, a las energéticas y a las grandes fortunas, por considerarlos "mal diseñados" y aplicados de forma focalizada y no generalista.

El impuesto a las grandes fortunas es un "impuesto ideológico" que va en contra del ahorro y ahuyenta la inversión, ha asegurado el presidente del Círculo, que reclama asimismo suprimir el impuesto sobre el patrimonio "que perjudica el ahorro y la iniciativa privada" y simplificando el diseño del IVA "reasignando los tipos impositivos teniendo en cuenta la estructura productiva".

Sobre la propuesta de la líder de Sumar, Yolanda Díaz, de entregar 20.000 euros a jóvenes de 18 años para facilitarles sus proyectos de estudios o de emprendimiento, Pérez-Sala ha dicho que es una medida electoralista para tratar de conseguir el voto joven."               (Huff Post, 05/07/23)

 

"Feijóo defiende acabar con la excepción ibérica y dice que si gobierna pedirá a las eléctricas hacer descuentos a los clientes.

 El presidente del Partido Popular y líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, se ha mostrado partidario de eliminar la llamada excepción ibérica, el tope al gas que se puso en marcha a mediados de junio en España y Portugal para tratar de frenar la escalada de los precios de la luz, al considerar que “la están pagando los consumidores”. Al mismo tiempo ha asegurado que si llegara a convertirse en presidente del Gobierno pediría a las compañías eléctricas que hicieran descuentos a sus clientes para rebajar la factura.

Si el PP gobernara, su propuesta pasaría por tratar de “restablecer las relaciones con Argelia, establecer precios máximos de las energías nucleares, renovables e hidráulica y pediríamos a las compañías energéticas que durante un tiempo hicieran un descuento directo a sus clientes”, ha explicado este miércoles Feijóo en una entrevista en el programa El Objetivo, en La Sexta. (...)

Este mismo miércoles la Comisión Europea ha apostado por recortar un 5% el consumo de luz en horas punta, limitar los ingresos de las renovables y una tasa del 33% a los súper beneficios de las industrias fósiles, unas medidas con las que espera recaudar 140.000 millones de euros."         (eldiario.es, 15/09/22)


Julen Bollain @JulenBollain

- Recuperar la contratación temporal.

- Abaratar la indemnización por despido.

- Bajar las cotizaciones sociales a las empresas.

- Elevar la edad de jubilación hasta los 72 años.

- Suprimir los impuestos a la riqueza.

¿El látigo lo lleva el trabajador o lo ponen ellos?

2:40 p. m. · 5 jul. 2023 30,1 mil Reproducciones

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Luis Zarapuz @LuisZarapuz

Frente al retrasismo que venden estos grupos de presión, España ha consolidado en los últimos años un país más justo y próspero, con bases económicas y laborales más sólidas y sanas. Se ha demostrado que se superan antes y mejor las crisis aumentando derechos, no recortándolos

"El Círculo de Empresarios propone para el 23J retrasar la jubilación, eliminar impuestos y rebajar indemnizaciones por despido" (eldiario.es)

12:55 p. m. · 5 jul. 2023 1.557 Reproducciones

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4.5.23

Algo ha cambiado en estos años. Algo que se nos dijo que era imposible e indeseable... Si en la Gran Recesión se intentó recuperar la competitividad empobreciendo a la sociedad en su conjunto, en esta sucesión de desastres con la que nos hemos topado, se optó por un camino bien diferente. Tres hitos. Reducir la temporalidad a límites no registrados. Nacionalizar los sueldos de millones de empleados con los ERTE para salvar el tejido productivo. Subir el SMI un 47%. Se predijo el apocalipsis... La realidad es que tenemos más de 20 millones en la SS, y el trabajo es un motor esencial en nuestra economía... así que la CEOE no quiere subir los sueldos por lo que eso significa. Hay que evitar a toda costa que el ciudadano una la línea de puntos y obtenga una imagen general de lo que ha sucedido desde el 2020, a lo que algunos le quisimos otorgar un espíritu similar al de 1945, cuando se instituyó el Estado del bienestar en Europa... Es aquí donde se halla la batalla política crucial de nuestro momento. Es aquí donde se juega que la ciudadanía saque conclusiones. Es la necesidad ineludible de que se conozca que existe una manera exitosa, más justa y estable no sólo de salir de las crisis, sino de conducir la economía de todo un país... Es sobre este particular, no sobre la última zarandaja de Ayuso, lo que debería despertar el voto: si lo que se quiere es el antiguo modelo del sálvese quien pueda o si se prefiere el nuevo laborismo español... El igualitarismo que se ha desarrollado en España en esta última legislatura es aún una gota en un océano neoliberal encrespado y confuso. Pero ya es... La reindustrialización en estos nuevos términos es no sólo posible sino necesaria. Y España no está esta vez mal situada en los puestos de salida. Hay potencialidad para dejar de ser periferia y tomar un papel protagónico, no sólo en la esfera productiva internacional sino también ideológica (Daniel Bernabé)

 "Los grandes empresarios agrupados en la CEOE saben, o deberían saber, que la actual situación de congelación salarial no es soportable por mucho más tiempo. También que se está retrasando lo indecible un acuerdo marco que permita fijar convenios sin necesidad de llegar a un escenario de conflictividad que nadie desea pero que puede producirse. Saben, además, que algunas grandes corporaciones están ganando mucho dinero, de una forma muy particular, de ahí que se nieguen al observatorio de beneficios empresariales. Si la guerra de Ucrania, también algunas circunstancias del rebote post-covid, encarecieron la energía y determinadas materias primas, una intervención pública decidida, la excepción ibérica, atajó el problema en el peor momento. Los precios subieron como un cohete, pero bajan como una pluma. 

El esfuerzo de la crisis inflacionaria se cargó sobre los salarios, no sobre unos márgenes empresariales disparados, lo que ha provocado que la capacidad de ahorro se pueda retraer. Con menos consumo hay menos negocio, con menos negocio se pone en peligro la buena marcha del país: la avaricia rompe el saco. Hay, por tanto, un elemento de lucro a la hora de retrasar la subida de sueldos. Pero no sólo. Si la CEOE fuera la misma del principio de la legislatura, el acuerdo ya se habría alcanzado. A Antonio Garamendi le montaron una lista alternativa en sus elecciones, que sirvió como aviso de lo que se esperaba de él en su nuevo ejercicio. Así, el líder empresarial pasó de mirar por los intereses de las grandes marcas a mirar también por los intereses de Alberto Núñez Feijóo: que el Gobierno no se pueda apuntar un tanto más.

La cuestión es que, además de beneficios y electoralismo, hay otra razón que explica que a esta legislatura se la haya querido dar carpetazo de manera abrupta en demasiadas ocasiones por métodos poco confesables, que ahora no se quieran subir los sueldos por lo que eso significa. Hay que evitar a toda costa que el ciudadano una la línea de puntos y obtenga una imagen general de lo que ha sucedido desde el 2020 en adelante, que algunos, sin demasiado éxito, le quisimos otorgar un espíritu similar al de 1945, ese que, salvando las distancias, instituyó el Estado del bienestar en Europa. La idea no hizo muchos amigos, tampoco en un sector de la izquierda que necesitaba que todo saliera mal antes incluso de echar a andar. A estos no les animaba el beneficio, tan sólo la frustración que prefiere una derrota ortodoxa a un paso en la buena senda.

Algo ha cambiado en estos años. Algo que se nos dijo que era imposible e indeseable. Si en la Gran Recesión se intentó recuperar la competitividad en base a reducir los costes laborales, facilitando el despido, precarizando la contratación y empobreciendo a la sociedad en su conjunto, en esta sucesión de desastres con la que nos hemos topado, se optó por un camino bien diferente. Tres hitos. Reducir la temporalidad a límites no registrados gracias a la reforma laboral. Nacionalizar los sueldos de millones de empleados con los ERTE y así salvar el tejido productivo. Subir el SMI un 47%. Se predijo el apocalipsis, tantas veces que llegó a resultar tragicómico. La realidad es que tenemos más de 20 millones de cotizantes a la Seguridad Social y el trabajo es un motor esencial en nuestra economía. 

A su vez, los ingresos de algunos ciudadanos se han visto incrementados: allí donde se ha tenido capacidad de intervenir directamente. Los dos millones de beneficiados por el salario mínimo. Los tres millones de empleados públicos. Los diez millones de pensionistas. Y otros cuantos millones de trabajadores que han visto no desplomarse su capacidad adquisitiva gracias a subidas en torno al 5% de media allí donde la fuerza de su sindicación ha permitido que los convenios sean imposibles de no firmar. Todo esto son resultados tangibles difíciles de negar en la práctica. La iniciativa pública funciona. Los sindicatos funcionan. Un impulso igualitarista recorre España y funciona. Hagamos por tanto que nadie se entere, para que no se establezcan causas y consecuencias, para que no se conozca a sus protagonistas, para que sobre todo no se sepa que existen otras ideas. 

Es aquí donde se halla la batalla política crucial de nuestro momento. Es aquí donde se juega que la ciudadanía saque conclusiones. Es aquí donde sería imprescindible que cualquier fuerza de izquierdas empujara con todo lo que tiene. En la necesidad ineludible de que se conozca que existe una manera exitosa, más justa y estable no sólo de salir de las crisis, sino de conducir la economía de todo un país. Es sobre este particular, no sobre la última zarandaja de Ayuso, la enésima conspiranoia de Vox, el que debería despertar el voto en las siguientes elecciones: si lo que se quiere es el antiguo modelo del sálvese quien pueda o si se prefiere el nuevo laborismo español. Alguien me decía que la economía no mueve la simpatía electoral de la gente y puede que tuviera razón a medias. Lo que no moviliza es el dato en frío, lo que sí puede movilizar es la narración épica de la idea. 

Pónganle un nombre, el que quieran, pero pónganle un nombre y den la idea a conocer. Sobre lo que se ha hecho y sobre lo que puede hacerse. El igualitarismo que se ha desarrollado en España en esta última legislatura es aún una gota en un océano neoliberal encrespado y confuso. Pero ya es. Y esto no ha pasado desapercibido en una Europa que hasta ahora sólo ha encontrado viejas recetas e ira populista. Hay unos cuantos interesados en que no se conozca, en que no se convierta en tendencia, en que no acabe de arraigar. Para evitar que cunda el ejemplo. Lo que tenemos por delante es clave porque estamos en un momento de cambio productivo en el que la automatización y lo energético van a variar nuestras sociedades de arriba a abajo. No se trata sólo de redistribuir, se trata de pilotar una transición que sentará las bases de las siguientes décadas.

La reindustrialización en estos nuevos términos es no sólo posible sino necesaria. Y España no está esta vez mal situada en los puestos de salida. Hay potencialidad para dejar de ser periferia y tomar un papel protagónico, no sólo en la esfera productiva internacional sino también ideológica. Enseñar que las cosas se pueden hacer de manera diferente: la justicia social es estabilidad. Este es el resumen del escenario pasado, presente y futuro en dos páginas. Este es el campo de posibilidades. Esto es lo que la reacción regresista trata de evitar a toda costa. "                  (Daniel Bernabé, InfoLibre, 02/05/23)

4.7.22

Michel-Edouard Leclerc, presidente del comité ejecutivo de las tiendas Leclerc, atacó directamente a los fabricantes agroalimentarios, responsables, según él, de un aumento artificial de los precios: "La mitad de los aumentos [de precios] solicitados no son transparentes, son sospechosos... cuando ves que todos los proveedores llegan con facturas de transporte al alza en un 15, 20, 30%, y en particular precios de contenedores que han aumentado en un 30%, y al mismo tiempo, ves que las empresas de transporte tienen ganancias de mil millones el año pasado, está claro que no es la falta de contenedores lo que ha hecho que lo que es raro sea caro... podemos entender que hay aumentos en la energía, que hay aumentos en los costos de transporte, pero no tiene nada que ver con lo que está sucediendo en Ucrania... Me gustaría que los eurodiputados […] abrieran una comisión de investigación sobre los orígenes de la inflación, sobre lo que está sucediendo en el frente de los precios, desde el transporte hasta los consumidores"

 "Invitado en RMC-BFMTV, el presidente del comité ejecutivo de las tiendas Leclerc, Michel-Edouard Leclerc, atacó directamente a los fabricantes agroalimentarios, responsables, según él, de un aumento artificial de los precios.

«La mitad de los aumentos [de precios] solicitados no son transparentes, son sospechosos», dijo. «Me gustaría que los eurodiputados […] abrieran una comisión de investigación sobre los orígenes de la inflación, sobre lo que está sucediendo en el frente de los precios, desde el transporte hasta los consumidores, porque nos ayudaría mucho tener esta obligación de transparencia, incluso ante las autoridades públicas».

«Cuando ves que todos los proveedores llegan con facturas de transporte al alza en un 15, 20, 30%, y en particular precios de contenedores que han aumentado en un 30%, y al mismo tiempo, ves que las empresas de transporte están saliendo con ganancias por mil millones el año pasado, está claro que no es la falta de disponibilidad de contenedores lo que ha hecho que lo que es raro sea caro», critica.

«Así que podemos entender que hay aumentos en la energía, que hay aumentos en los costos de transporte, pero no tiene nada que ver con lo que está sucediendo en Ucrania. Ucrania tiene la espalda cubierta», dice el jefe del grupo Leclerc.

Otro ejemplo de esta parte en la sombra de las negociaciones comerciales es el aceite de girasol, que se está volviendo escaso en los estantes y, por lo tanto, el precio se ha disparado. «Nos dicen: les entregaremos pero debemos aumentar el precio de compra en un 34% de este aceite. «Y en estas condiciones, secaremos a sus competidores y le daremos el 130% de su solicitud».

 La guerra en Ucrania y la inflación mundial no afectaron los beneficios extraordinarios que se generaron en algunos sectores, el alimentario entre ellos. Según Oxfam, el patrimonio de los ultrarricos de los sectores de la alimentación creció 1.000 millones de dólares cada dos días.

Más de 260 millones de personas caerán en la pobreza extrema en el mundo este año por la guerra en Ucrania y la pandemia. Los ultrarricos incrementarán sus fortunas y las grandes corporaciones elevarán 50% el reparto de ganancias en los países subdesarrollados. Con las crisis, el capitalismo pone en vilo la supervivencia de una porción cada vez mayor de la población, mientras que engorda las billeteras de la cúspide de la pirámide, el poder económico. Todos los puntos de inflexión de la sociedad representan oportunidades para esos pocos. (...)"             (Contrainformación, 02/07/22)

26.5.22

El aumento de la inflación no ha sido impulsado por nada que se parezca a un mercado laboral sobrecalentado, sino por mayores márgenes de ganancias corporativas y cuellos de botella en la cadena de suministro... en el segundo trimestre de 2020, los precios generales en el sector productor de la economía estadounidense han aumentado a una tasa anualizada del 6,1 %... Más de la mitad de este aumento (53,9 %) se puede atribuir a mayores márgenes de beneficio, y los costes laborales contribuyen menos del 8 % de este aumento. Esto no es normal... De 1979 a 2019, las ganancias solo contribuyeron alrededor del 11 % al crecimiento de los precios... ahora, Los márgenes de beneficio empresarial (la parte que se destina a los beneficios por unidad de producción) están en su punto más alto desde 1950... Está claro que a mayor concentración de capital en cualquier sector, mayor capacidad para subir los precios

 "(...) Desde la crisis del COVID, la participación de los trabajadores en los ingresos y los salarios reales ha ido cayendo considerablemente incluso cuando disminuye el desempleo. Todo lo contrario de la teoría keynesiana de la inflación y la llamada ‘ley de hierro de los salarios’ propuesta por Weston frente a Marx.  

El aumento de la inflación no ha sido impulsado por nada que se parezca a un mercado laboral sobrecalentado, sino por mayores márgenes de ganancias corporativas y cuellos de botella en la cadena de suministro. Eso significa que los bancos centrales tendran poco efecto elevando las tasas de interés para ‘enfriar’ los mercados laborales y reducir los aumentos salariales frente a la inflación y es más probable que causen un estancamiento en la inversión y el consumo, provocando así una crisis.

Los precios de las mercancías se pueden descomponer en tres componentes principales: costes de mano de obra (v= el valor de la fuerza de trabajo en la terminología marxista), insumos no laborales (c = el capital constante consumido y el “margen” de las ganancias sobre los dos primeros componentes (s = plusvalía que se apropian los propietarios capitalistas).P = v + c + s.

El Instituto de Política Económica calcula que, desde el punto más bajo de la recesión del COVID-19 en el segundo trimestre de 2020, los precios generales en el sector productor de la economía estadounidense han aumentado a una tasa anualizada del 6,1 %: una aceleración pronunciada por encima del 1,8 %. del crecimiento de los precios que caracterizó el ciclo económico previo a la pandemia de 2007-2019. Más de la mitad de este aumento (53,9 %) se puede atribuir a mayores márgenes de beneficio, y los costes laborales contribuyen menos del 8 % de este aumento. Esto no es normal. 

De 1979 a 2019, las ganancias solo contribuyeron alrededor del 11 % al crecimiento de los precios y los costes laborales en más del 60 %. Los insumos no laborales (materias primas y componentes) también están elevando los precios más de lo habitual en la recuperación económica actual.

 La inflación actual se concentra en el sector de los bienes (en particular, los bienes duraderos), impulsada por el colapso de las cadenas de suministro de bienes duraderos (con cierres continuos de puertos en todo el mundo). El cuello de botella no es la mano de obra que pide salarios más altos, la capacidad de transporte marítimo y otras carencias no laborales. De hecho, en el pico de inflación actual, el crecimiento de los salarios semanales de EEUU se ha ido desacelerando mes a mes.

 Son las ganancias las que han estado subiendo en espiral. Las empresas que tenían oferta disponible cuando se produjo el aumento de la demanda provocado por la pandemia han tenido un enorme poder de fijación de precios frente a sus clientes. Los márgenes de beneficio empresarial (la parte que se destina a los beneficios por unidad de producción) están en su punto más alto desde 1950.

 El estudio del BIS encuentra algo similar: “El poder de fijación de precios de las empresas, medido por el margen de los precios sobre los costes, ha aumentado a máximos históricos. En el entorno de inflación baja y estable de la era anterior a la pandemia, los márgenes más altos redujeron el traspaso de salarios a precios. Pero en un entorno de alta inflación, los márgenes más altos podrían impulsar la inflación, ya que las empresas prestan más atención al crecimiento de los precios agregados y lo incorporan en sus decisiones de fijación de precios. De hecho, esta podría ser una de las razones por las que las presiones inflacionarias se han ampliado recientemente en sectores que no se vieron directamente afectados por cuellos de botella”.

 Un análisis de las presentaciones de la Comisión de Bolsa y Valores de 100 corporaciones de EEUU encontró que las ganancias netas aumentaron un promedio del 49 % en los últimos dos años y, en un caso, ¡hasta en un 111 000 %!

Los directores ejecutivos son muy conscientes de la capacidad de aumentar los precios en esta espiral inflacionaria. El director general de Hershey, Michel Buck, dijo a los accionistas: «El precio será una palanca importante para nosotros este año y se espera que impulse la mayor parte de nuestro crecimiento».  De manera similar, un ejecutivo de Kroger les dijo a los inversores que «un poco de inflación siempre es bueno para nuestro negocio», mientras que el director ejecutivo de Hostess dijo en marzo que el aumento de los precios en toda la economía «ayuda» a las ganancias.

¿Significa esto que las empresas pueden subir los precios a voluntad y están involucradas en lo que se llama ‘burbuja de precios’? Marx, discutiendo con Weston en 1865, no creía que ese fuera el caso en general. El poder de la competencia seguía reinando. George Pearkes, analista de Bespoke Investment, señala como ejemplo a Caterpillar, que registró un aumento de ganancias del 958 % impulsado por el crecimiento del volumen y la realización de precios entre los cuartos trimestres de 2019 y 2021.

 La eliminación de los aumentos de precios puede haber reducido las ganancias operativas del cuarto trimestre de 2021 de la compañía ligeramente por debajo de los $ 1.3 mil millones que ganó en 2020 . «No se trata de una burbuja de precios…y muestra de manera concreta que hay muchos matices«, señala Pearkes, añadiendo a continuación que la subida de precios “no es el principal impulsor de la inflación, ni el principal impulsor de las ganancias corporativas”.  

De hecho, las empresas que suben los precios tanto como el entorno actual permite maximizar las ganancias a corto plazo pueden encontrarse pagando un precio en su cuota de mercado en el futuro a medida que otros entran en el juego. Está claro, sin embargo, que a mayor concentración de capital en cualquier sector, mayor capacidad para subir los precios.  “Cuando pasas de 15 a 10 empresas, no hay muchos cambios” , defiende un analista. “Cuando pasas de 10 a 6, muchas cosas cambian. Pero cuando pasas de seis a cuatro, es una solución”. (...)

Como un socio de la consultora Bain, asesora de muchas corporaciones, argumentó, “cuando los tiempos son difíciles, jodan a sus clientes mientras puedan hacerlo”. . El consultor continua: “No creo que esto sea realmente nefasto en absoluto. Las empresas deberían cobrar lo que puedan. los beneficios son el objetivo de todo este ejercicio”.                       (Michael Roberts, Rebelión, 21/05/22)

3.2.22

Daniel Bernabé: Las derechas buscaban calentar la calle para elevar el clima de ilegitimidad contra el Gobierno, el único plan trazado desde el principio de la legislatura. El deseo era paralizar el país antes de las Navidades con camiones, tractores y protestas policiales... la huelga del metal de Cádiz tuvo el efecto de romper el esquema previsto... no es la primera vez que los obreros industriales hacen un favor a la democracia que tantas veces les ha dado la espalda... El asalto al Ayuntamiento de Lorca por parte de una manifestación de ganaderos no ha sido un acontecimiento casual, sino parte del intento de reactivación de este plan... a pesar de que el Congreso aprobó la prohibición de la venta a pérdidas, una histórica reivindicación del sector, con la abstención de PP y Vox... lo único que podemos deducir es que el asalto buscaba una justificación al discurso de Vox, no al revés... ¿Cómo conjugar la defensa de los intereses de la gente del dinero con el de algunos de tus votantes que son perjudicados justo por esos intereses? Pues con muchas banderas, mucha amenaza de un enemigo exterior y escenificando que hay un “pueblo” que ha dicho “basta ya” a la “tiranía sociolcomunista”... Las derechas necesitan fingir que representan algún tipo de ira popular... en el asalto de Lorca a lo que asistimos es a la comunión de las derechas con los grandes propietarios, que se han erigido como única voz del rural... Y en medio el fondo gris de trabajadores rurales y pequeños propietarios que se dejan arrastrar en una mezcla de incertidumbre y miedo... En 2014 había acusados 260 sindicalistas con penas que sumaban más de 120 años de cárcel. Sindicalistas de verdad, digo, no a sueldo de la ultraderecha y la patronal

 "Quizá recuerden que a finales de noviembre, en estas mismas páginas, les advertí de que las derechas buscaban calentar la calle para elevar el clima de ilegitimidad contra el Gobierno, el único plan trazado desde el principio de la legislatura. El deseo era paralizar el país antes de las Navidades con camiones, tractores y protestas policiales, sin embargo aquella estrategia no funcionó. 

Primero porque el Gobierno estuvo rápido de reflejos mediando con la patronal del transporte, segundo porque lo de calentar a la policía parece que tiene unos límites y tercero porque apareció en escena un invitado inesperado: la huelga del metal de Cádiz. Los metalúrgicos luchaban por su convenio, pero tuvieron el efecto de romper el esquema previsto, de dejar en fuera de juego a una derecha que no podía apoyar a un sector que le es hostil para a continuación justificar un corte de carreteras. 

La historia pesa, aun viviendo en una sociedad con alergia a reconocerse en las tradiciones: no es la primera vez que los obreros industriales hacen un favor a la democracia que tantas veces les ha dado la espalda.

El asalto al Ayuntamiento de Lorca por parte de una manifestación de ganaderos no ha sido un acontecimiento casual, sino parte del intento de reactivación de este plan, ya sólo con los sectores propietarios del campo como ariete y con la campaña de las elecciones en Castilla y León sobrevolando el panorama, donde también se han producido protestas, salvo que sin la escenografía de la violencia de Murcia. Leer las justificaciones de los políticos de Vox, el silencio de buena parte del PP, nos descubre el interés de todo este asunto. 

Rodrigo Alonso, portavoz adjunto de Vox en Andalucía y dirigente del sindicato vertical de los ultras, declaró en sus redes sociales respecto al asalto: “Esta es la imagen de la desesperación del pueblo que se ve sometido por las políticas globalistas, comunistas y de izquierdas. Se ven en la ruina y reaccionan”. No hay mayor dedo acusatorio que las palabras de quien agita el árbol para recoger los frutos. Desenredemos la madeja.

Primero, ¿qué desesperación? El campo español tiene una serie de problemas que no son, precisamente, producto de esta legislatura. Lo cierto es que en 2020 el sector aumentó sus exportaciones un 4,1%, llegando a la cifra récord de 53.848 millones de euros. Es decir, la pandemia ha reforzado el sector primario de nuestro país, con un crecimiento en el caso del porcino de más de un 30% por sus exportaciones a China. 

Es decir, cifras que no parecen retratar a un sector productivo precisamente “desesperado”. Repetimos, el campo tendrá una serie de problemas, pero no parece que en estos momentos las patronales agrarias sean los sans culotte a las puertas de Versalles reclamando pan.

Segundo, ¿qué políticas globalistas, comunistas y de izquierdas? El ayuntamiento de Lorca, gobernado por el PSOE, trataba de aprobar una ordenación urbanística para que las macrogranjas se situaran a una distancia prudencial de viviendas, colegios u hospitales, tan sólo eso. No iba a expropiar y socializar las 50 explotaciones intensivas de gran tamaño que ya existen en el municipio mediante la guardia roja; tampoco, ni siquiera, vetar la puesta en marcha de nuevos negocios, tan sólo intentar ordenar su urbanismo.

 ¿Es el PERTE agroalimentario impulsado por la UE, de mil millones de euros, una política globalista? ¿El señor del sindicato vertical pide a sus escasos afiliados patronales que renuncien al mismo? A finales de diciembre de 2021, el Congreso aprobó la prohibición de la venta a pérdidas, una histórica reivindicación del sector, con la abstención de PP y Vox, para no coincidir, imaginamos, con una ley impulsada por el comunismo. (...)

Es decir, que viendo la realidad frente al relato ultra, lo único que podemos deducir es que el asalto lo que buscaba era dar justificación al discurso de Vox, no al revés. La ultraderecha sabe cuál es su punto débil: que más allá de sus guerras culturales, en políticas concretas, son un partido ultraliberal, servil con los intereses de los grandes propietarios.

 ¿Cómo conjugar la defensa de los intereses de la gente del dinero con el de algunos de tus votantes que son perjudicados justo por esos intereses? Pues con muchas banderas, mucha amenaza de un enemigo exterior y escenificando que hay un “pueblo” que ha dicho “basta ya” a la “tiranía sociolcomunista” que les lleva a la “ruina”. Una oración que requiere de ocho comillas para poder encajarla en su absoluta falsedad.

 Las derechas necesitan fingir que representan algún tipo de ira popular, pese a que las razones tengan que ser sustituidas por la manipulación —ver episodio Garzón— y los protagonistas sean un tipo muy peculiar de “pueblo”. En agosto de 2021, conocimos que los señores del chalequito marrón que asaltan ayuntamientos se enfrentaron a más de 3.000 sanciones por fraude laboral una vez que la inspección de Trabajo puso la lupa sobre ellos, nada más y nada menos que un 42% del total de las investigaciones emprendidas.

 ¿Qué sector productivo en este país acumula tal cantidad de infracciones? ¿Qué patronal se puede permitir amenazar a una ministra, asaltar ayuntamientos y pretender que está por encima de la ley y las instituciones con las que nos dotamos? Uno que se sabe esencial al estar situado en la base de la pirámide, uno que conoce que el poder del que dispone en su entorno directo es omnímodo: ponen y quitan alcaldes, pero lo peor, dan y quitan trabajos en zonas donde no hay una gran variedad laboral.

 Repetimos, es cierto que el campo español tiene una serie de problemas a solucionar, tanto como que hablar de un sector productivo sin tener en cuenta los intereses de clase es parcial e interesado. Y aquí, en el asalto de Lorca, en los episodios que nos quedan por delante, a lo que asistimos es a la comunión de las derechas con los grandes propietarios, que se han erigido como única voz del rural. 

Mientras que con la mano izquierda están ávidos del dinero de los fondos Next Generation, le dan libertad a su derecha para que muestre su gen más reaccionario. Sí, el episodio murciano ha recordado al asalto trumpista al Capitolio, pero en nuestra historia tenemos trágicos y numerosos ejemplos de cómo esta pequeña burguesía rural se constituyó en ariete contra cualquier progreso y equidad social del siglo XIX en adelante: desamortiza, Estado, pero ni se te ocurra una reforma agraria o brilla el acero y vuela el plomo.

 Y en medio, no es menos cierto, el fondo gris de trabajadores rurales y pequeños propietarios que, o bien carecen de voz y organización propia, salvo quizá en algunas zonas de Andalucía, o bien se dejan arrastrar en una mezcla de incertidumbre y miedo: la acusación de rojo traidor se lleva siempre mejor en una ciudad de cuatro millones de habitantes que en una localidad de cuatro mil personas. Es aquí donde el Gobierno debería centrar sus esfuerzos, no en apaciguar a quien no quiere ser apaciguado, sino en políticas reales que permitieran un reequilibrio en la propiedad, los modos de producción y los derechos laborales. 

Que nadie se confunda: Vox no engaña a nadie que no quiera ser engañado, tan sólo les da la coartada política y moral para que impongan sus intereses de clase, si es necesario, a hostias, recibiendo en el intercambio la escenografía de “pueblo iracundo” que tanta falta les hace cuando, por mucho nylon marrón que vistan, el único campo que pisan y quieren es el de las monterías donde tirar cinco duros al guardés desde la ventanilla del todoterreno. (...)

En 2014 había acusados 260 sindicalistas con penas que sumaban más de 120 años de cárcel. Sindicalistas de verdad, digo, no a sueldo de la ultraderecha y la patronal.

La pretensión de equiparar la escenografía sucedida en Lorca con las protestas de la pasada década, además de terriblemente mezquina, es falsa. Hace diez años existió un ataque legislativo y empresarial contra los intereses de los trabajadores, los porrazos y las detenciones se los llevaron los despedidos en gigantescos expedientes de regulación de empleo. 

Si tienen todavía dudas sobre las diferencias, acudan a los periódicos de grapa y orden: a estas alturas, si el asalto al consistorio hubiera sido por una protesta laboral, tendríamos las caras de los implicados en las portadas. También si hubieran hablado euskera o catalán. Puede que algunos se crean, aún, con el monopolio de la violencia. Algunos opondremos entonces la virtud de la memoria."                 (Daniel Bernabé, InfoLibre, 01/02/22)

3.1.22

Daniel Bernabé: la reforma laboral de 2012 fue un éxito rotundo para la derecha... Aumentó la temporalidad, cayeron los sueldos y hubo miles de despidos... Variar esta inercia reaccionaria y neoliberal, no con narrativas sino con hechos, es la primera victoria indiscutible de la reforma del 2021... Sabemos ya que se ha destruido tan sólo un tercio del empleo en la crisis covid que en la Gran Recesión. Sabemos que se han convertido en fijos centenares de miles de contratos temporales. Sabemos que el SMI ha aumentado sin destruirse empleo... la CEOE llegó al final muy dividida: en la reforma de la subcontratación y del contrato fijo-discontinuo estaba la clave para este conflicto interno entre los empresarios. Teniendo en cuenta las primeras reacciones furibundas y una inédita situación de ruptura dentro de la patronal, es muy difícil mantener que esta reforma es tan sólo cosmética respecto a la del 2012... El golpe para Casado de un acuerdo con la firma de la CEOE ha sido muy fuerte, ya que visualiza que la tradicional influencia del PP sobre los empresarios es decreciente. Pero también es un golpe para Vox, que tendrá más difícil colar su populismo obrerista o su discurso deslegitimador... Lo preocupante es que una parte de la izquierda no sepa ver el cambio de rumbo que supone esta reforma y, más que decepción, exprese hostilidad... Una pasada de frenada que refleja un fenómeno de frustración generacional más que una posición ideológica... Se ha puesto el ejemplo de las camareras de piso para decir que esta reforma las deja fuera, algo que es directamente falso. Es indudable que mejorarán sus condiciones al modificarse el artículo 84.2 de forma que se impide que las empresas fijen sus condiciones salariales por debajo del convenio sectorial... La izquierda social estaba acostumbrada a ser siempre oposición, careciendo de medida real de lo que es estar en el Gobierno de un país: ¿Cómo reacciona un grupo que se mueve en el mito de la derrota y la resistencia cuando enfrentan una victoria? Este extraño revuelo en torno a la reforma laboral viene inducido por los que consideran que este Gobierno es una derrota para la mitología construida en torno al 15M... Esta reforma laboral no es el fin de nada, sino el principio en la búsqueda de un nuevo contrato social... la España de 2011 no es la de 2021. Hay trenes que no pasan dos veces

 "El éxito de una ley se mide por su capacidad de convertirse en política útil, es decir, afectar de forma significativa a la vida de la gente. (...)

Bajo estas premisas la reforma laboral de 2012 fue un éxito rotundo ya que consiguió lo que buscaba: precarizar el mercado de trabajo y restar poder de negociación a los sindicatos. Se profundizó en un modelo neoliberal donde el trabajo es un bien especulativo más, susceptible de servir a las empresas mediante el despido como vía de escape a su mala gestión, donde las relaciones son individuales, no colectivas y donde España se adaptó al papel subsidiario que se pensó desde la UE. Aumentó la temporalidad, cayeron los sueldos y hubo miles de despidos.

La nueva legislación laboral de 2021 es un giro de tendencia no sólo respecto a la de 2012, sino a décadas en que la palabra reforma no era más que un eufemismo para desequilibrar el conflicto capital-trabajo hacia el primero. Había intereses económicos en juego, pero también un proyecto de involución consciente de que la clave para el avance de la derecha era ese, que junto con la vivienda y el empobrecimiento de los servicios públicos han sido las puntas de lanza para construir una contexto donde el individualismo reaccionario pudiera echar raíces.  

 Variar esta inercia reaccionaria y neoliberal, no con narrativas sino con hechos, es la primera victoria indiscutible de la reforma del 2021. Por tres motivos concretos: los convenios colectivos sectoriales se refuerzan sobre los de empresa, se ataca la temporalidad considerando a todos los contratos indefinidos, encausando las excepciones eventuales en forma y sobre todo tiempo, de 4 años a seis meses, y se limita el despido adaptando los ERTE al contexto post-pandemia. 

Sabemos ya que se ha destruido tan sólo un tercio del empleo en la crisis covid que en la Gran Recesión. Sabemos que se han convertido en fijos centenares de miles de contratos temporales. Sabemos que el SMI ha aumentado sin destruirse empleo.  

 El jueves 23, el día que conocimos el acuerdo, Marhuenda, director de La Razón, llamó a Garamendi marqués de la sumisión, dócil, ministro del Gobierno social comunista, calificando de humillación a los empresarios la firma del acuerdo. La derecha más inteligente, sin embargo, maniobró a tiempo durante el fin de semana para lanzar un mensaje opuesto, con el deseo de que la percepción social sea la de que la nueva reforma de 2021 es continuista de la del 2012, cuando se sitúa en sus antípodas. 

La razón es sencilla: esta reforma es importante porque si consigue sus objetivos será algo más que una buena ley, será la constatación de que otro modelo laboral es posible, uno que empieza a ser una necesidad de época para la propia estabilidad democrática. La derecha sabe que hay algo peor que perder: reconocerlo.

 El golpe para Casado de un acuerdo con la firma de la CEOE ha sido muy fuerte, ya que visualiza que la tradicional influencia del PP sobre los empresarios es decreciente. Pero también es un golpe para Vox, que tendrá más difícil colar desde su populismo obrerista hasta su discurso deslegitimador. También de ahí que haya que minusvalorar esta reforma desde la derecha, obviando el hecho de que la CEOE llegó al final muy dividida, con Madrid, Barcelona, Asaja y la automoción en contra: en la reforma de la subcontratación y del contrato fijo-discontinuo estaba la clave para este conflicto interno entre los empresarios.

 Teniendo en cuenta las primeras reacciones furibundas poco calculadas, teniendo en cuenta una inédita situación de ruptura dentro de la patronal, es muy difícil mantener que esta reforma es tan sólo cosmética respecto a la del 2012.

Pero además de evitar que se visualice el posible éxito de este giro en lo laboral, además de tener que maquillar el golpe para la derecha, existe un tercer factor: hay que dañar la creciente legitimidad sindical y, evidentemente, a la propia Yolanda Díaz, a un proyecto que cuenta con la centralidad del trabajo como piedra angular. Desde el Ministerio eran conocedores desde mayo, cuando la realidad del protagonismo creciente de Díaz pasó a ser liderazgo in pectore, que eso complicaría la negociación, como se comprobó en octubre con el affair del correo electrónico de Calviño.

 Este lunes 27, Von der Leyen ha anunciado que el primer pago de los 10.000 millones de euros del plan Next Generation estaba en camino: “Felicitaciones para España”. La nueva reforma laboral era la última clave.

 No es raro, por estas razones, que la derecha, más empresarial que política, más la del sushi que la del asador, mantenga esta postura tan ambigua. Tampoco que la izquierda extraparlamentaria así como otros sindicatos en competencia opinen que esta reforma ha resultado insuficiente, atendiendo más a lo que queda pendiente, como si esto fuese un punto y final, que a lo que se ha conseguido. Postura que no tiene en cuenta ni el contexto pandémico donde han tenido lugar las negociaciones, ni el apreciable cambio de una inercia de décadas. Cada uno es libre de transformar una victoria en una derrota, sobre todo cuando luego no tiene que gestionar el desánimo.

No se dice la verdad cuando se afirma que los convenios de empresa siguen primando sobre los sectoriales, cuando el salario vuelve a depender de los segundos. Se ha puesto el ejemplo de las camareras de piso para decir que esta reforma las deja fuera, algo que es directamente falso. Es indudable que mejorarán sus condiciones al modificarse el artículo 84.2 de forma que se impide que las empresas fijen sus condiciones salariales por debajo del convenio sectorial ¿Mejorarían aún más al poder acogerse al convenio de la empresa donde se presta el servicio? Puede que sí o puede que no si se trata de un hotel de pequeño tamaño.

 En otras actividades subcontratadas, como los servicios informáticos, suele ser más beneficioso su convenio sectorial que el de las empresas a las que se presta el servicio. La realidad laboral es más compleja que la de una imagen parcial. Una ley no se hace a golpe de titulares.

Algo parecido sucede con la indemnización por despido. Claro que hubiera sido deseable volver a los 45 días, sin obviar que el golpe a la temporalidad de esta reforma, el aumento del SMI, la mayor labor de la inspección de Trabajo y la adecuación de los ERTE lo que acarrea es encarecer el despido por la puerta de atrás, pero sobre todo evitar que este se produzca como respuesta a una crisis. Quien califique esta reforma de fracaso deberá explicar su postura a los trabajadores que no queden desprotegidos al terminar su convenio, a los que dejen de encadenar contratos por obra y servicio, a los que se beneficien de los nuevos contratos de formación o a las empresas que reciban sanciones por cada contratación fraudulenta. 

 Pero lo realmente llamativo no es que se califique la reforma de insuficiente, que se utilicen argumentos tan endebles como que la CEOE haya participado en el acuerdo, que no se tenga en cuenta el contexto donde se ha producido, ni que se obvien los réditos políticos de situarse como alternativa al Gobierno desde el “todo mal”. Lo preocupante es que una parte de la izquierda no sepa ver el cambio de rumbo que supone esta reforma y, más que decepción, exprese hostilidad. Una pasada de frenada que refleja un fenómeno de frustración generacional más que una posición ideológica. Uno que se da de forma más notable en el entorno digital, como ya comentábamos la pasada semana respecto a los análisis sobre la victoria progresista en Chile.

 De calificar la reforma de insuficiente, con sus elipsis intencionadas en el análisis, se pasa a tacharla de derrota y de ahí a dar rienda suelta a un reguero de calificativos como traición, migajas y mentiras que acaban en el mismo punto que maneja la derecha: esta reforma es la misma que la de 2012. La sensación es que han dado igual los resultados concretos de la nueva legislación laboral porque se estaba esperando el acuerdo con la cachiporra escondida en la espalda. 

La pasada década ha dejado tantos cadáveres por el camino, cuitas no resueltas y explicaciones a medias que lo que se revela es una pulsión destructiva que ilegitima cualquier avance: "Si todo está mal mi derrota personal cobra sentido". 

Más allá de la hipótesis de la frustración, la consecuencia, hay que buscar las causas. La izquierda social estaba acostumbrada a ser siempre oposición, careciendo de medida real de lo que es estar en el Gobierno de un país: ¿Cómo reacciona un grupo que se mueve en el mito de la derrota y la resistencia cuando enfrentan una victoria? Si esto es un fenómeno de largo plazo, uno de ochenta años, hay otro en corto que convendría destacar. Unidas Podemos no ha sabido pasar, más que de la oposición al Gobierno, del momento impugnador de la anterior década a asumir su papel de transformación real, uno inédito y quizá irrepetible. 

Su génesis se acompañó de una retórica que se basaba más en la idea de cambio que en cambios concretos, qué hacer y cómo hacerlo, lo que parece haber desconcertado a algunos de sus simpatizantes. Mal asunto cuando en un Gobierno dedicas más tiempo a defenderte de los sapos que en explicar tus logros, peor si no eres capaz de transmitir la idea de ser protagonistas de una nueva época que quizá ni siquiera tú mismo has asumido.

Este extraño revuelo en torno a la reforma laboral realmente viene inducido por los que consideran que este Gobierno es una derrota para la mitología construida en torno al 15M, aquella que daba por acabado precisamente al trabajo como eje de la izquierda: en política ninguna antipatía suele ser casual. Nuestro momento merece menos nostalgia y más hechos, entender que aquel quinquenio del descontento, 2010-2014, abrió las puertas a una nueva etapa, indisolublemente unida a la pandemia y sus consecuencias, que comienza ahora. 

Esta reforma laboral no es el fin de nada, sino el principio en la búsqueda de un nuevo contrato social para un país mucho más amplio que el sujeto que enarbola la frustración coincidiendo con la campaña de la derecha. Un país que hoy requiere de asideros firmes y de política útil más que de eslóganes imaginativos, discusiones teóricas bizarras y cambios que nunca acaban de materializarse. Insisto: la España de 2011 no es la de 2021. Hay amenazas que no convendría tomarse a broma. Hay trenes que no pasan dos veces."                     (Daniel Bernabé, InfoLibre, 28/12/21)

27.12.21

Daniel Bernabé: La nueva reforma laboral en España es un paso adelante para la clase trabajadora... la CEOE ha sido consciente del cambio de rumbo que puede echar raíces en esta década en Europa... se varía el modelo, de uno donde primaba la incertidumbre a uno donde se busca la estabilidad... que incluye el sistema Red, es decir, la adecuación de los exitosos ERTE a un futuro contexto sin pandemia, una herramienta que como ya se ha demostrado, frena los despidos... es un giro respecto a la inercia neoliberal desde al menos las crisis industriales de los años 90... La cuestión esencial de la nueva legislación laboral será si consigue cumplir sus dos objetivos prioritarios, mejorar las condiciones y otorgar certezas en el trabajo, algo que constituye una parte central en la vida de las personas. Si ahí funciona no sólo será un tanto para sus impulsores, será la constatación de que se abre una tendencia económica que contesta al neoliberalismo con hechos... es una vuelta a aquello que nunca se debía haber abandonado: el trabajo como un bien estratégico nacional y un valor que pertenece a la sociedad, no sólo a quien puede pagarlo

 "En la víspera de Nochebuena, tras largos meses de negociaciones, se ha anunciado un acuerdo para una nueva legislación laboral en España, que sustituya a la vigente desde la reforma del año 2012 impulsada por el Gobierno de Rajoy en los momentos más duros de la Gran Recesión.

 Haciendo memoria aquel fue un año de una conflictividad social durísima, con 26.000 millones de euros en recortes, el derrumbe de Bankia, el rescate condicionado de la UE y dos huelgas generales, que junto con centenares de protestas, contestaron desde la calle y el mundo del trabajo a la política austeritaria y regresiva del Gobierno de la derecha. Una década después se produce un importante cambio de rumbo. (...)

En esta ocasión, con el Gobierno de coalición progresista representado en la cartera de Trabajo por Yolanda Díaz, se esperaba que los empresarios no firmaran el acuerdo. No sólo porque fuera el primero en décadas notablemente favorable a la clase trabajadora, sino porque la derecha política ha presionado hasta el último momento para descabalgar a los empresarios.

De hecho, la patronal agrícola, automovilística y la madrileña y catalana se han abstenido en su votación interna aunque al final hayan triunfado las tesis posibilistas. La primera lectura es que es un triunfo político para el Gobierno, pero sobre todo un varapalo para el PP y Vox, que se quedan sin su principal argumento para desdeñar esta nueva legislación laboral: el discurso extremista que pretende ilegitimar a la izquierda se queda en fuera de juego con el calado de este acuerdo. Lo sustancial es que una vez que la CEOE ha sido consciente del cambio de rumbo ha tenido que decidir si quedarse al margen, no sólo de esta reforma sino de un proceso de cambio que puede echar raíces en esta década en Europa. Hay determinadas fotos en las que la historia penaliza duramente las ausencias.

 Pero, ¿qué hay de sustancial en esta nueva legislación? Pues fundamentalmente la recuperación de la negociación colectiva mediante los sindicatos como pilar de las relaciones laborales, una que había quedado dañada desde la anterior reforma. Hasta el momento los convenios de empresa se imponían sobre los sectoriales, tirando siempre a la baja salarios y jornadas, elementos en los que ahora primará el acuerdo general.  

Además se recupera la ultractividad, es decir, que los convenios sigan siendo válidos aunque finalice su tiempo de vigencia. Por otro lado, se pone coto a la subcontratación precaria al obligar a que esta se rija por el convenio de la actividad desarrollada.

La importancia de recuperar para los convenios colectivos sectoriales la exclusividad del salario y la jornada es una mejora potencial de las condiciones de trabajo, ya que en los grandes acuerdos sectoriales los sindicatos tienen mayor capacidad de presión que asumiendo las batallas por separado, de empresa en empresa. No se verán obligados a negociar a la baja ni a partir de cero cuando el convenio finalice. Pero además de estas cuestiones, se recupera la idea de lo laboral como un bien colectivo, no como materia a libre disposición del empresariado para depreciarlo. En 2012 hubo la intencionalidad política de, tomando como coartada a la crisis, reducir el poder de los sindicatos y los trabajadores.

 El otro gran pilar de esta nueva reforma es la lucha contra la temporalidad, un problema endémico del país donde las sucesivas nuevas leyes, que se solían basar tan sólo en incentivos fiscales para los empresarios, no han dado resultados. Se elimina el contrato por obra o servicio, considerando por norma general todos por tiempo indefinido. Excepto aquellos que se acojan a sustituciones o circunstancias de la producción, debiendo justificar la causa de su temporalidad y bajando su máxima duración de los cuatro años actuales a los seis meses prorrogables hasta doce mediante convenio. Los trabajadores temporales pasarán a ser fijos si no se cumplen las circunstancias que establece la ley.

Y es aquí donde entra en juego la inspección de Trabajo del ministerio, departamento que en los años que llevamos de legislatura, y con la antigua reforma, había conseguido transformar 345.000 puestos temporales en indefinidos, no sólo con la presencia física de inspectores, sino mediante técnicas de inteligencia artificial que vigilarán que los contratos se adecuen a lo establecido por la ley. En lo que queda de legislatura es posible que el vuelco sea aún mayor con la nueva reforma. La clave, como en el anterior apartado, es entender que además de los resultados se varía el modelo, de uno donde primaba la incertidumbre a uno donde se busca la estabilidad.

 ¿Cuál es el aspecto que ha quedado pendiente de esta reforma? Sin duda la vuelta a los 45 días de indemnización por año trabajado, actualmente en 33 para todos los contratos posteriores al 2012. La CEOE se cerró en banda desde el principio a variar esta cantidad, los sindicatos entendieron que en la actual situación pandémica, donde movilizaciones masivas son difíciles de llevar a cabo, iba a ser difícil arrancar este aspecto. Pero también, y sobre esto las lecturas más superficiales no han insistido, que el aumento del SMI y la mayor duración de los contratos encarecerán el despido evitando que sea la principal manera de abaratar costes. O cómo ceder para lograr acuerdos estables, pero a la vez avanzar en lo que pretendes de otras maneras.

Además, la otra medida que incluye la nueva legislación es el sistema Red, es decir, la adecuación de los exitosos ERTE a un futuro contexto sin pandemia, una herramienta que como ya se ha demostrado frena los despidos.

 Reducir casi dos años de negociación, con el factor de desestabilización del coronavirus, a un fracaso por este hecho, más allá, quedar atrapados en la trampa retórica de si esto es o no una derogación de la antigua reforma, es no entender ni el calado de la misma, ni en qué circunstancias se ha producido, ni en qué consiste una negociación con el poder económico del país. Pero sobre todo no entender el giro que supone respecto a la inercia neoliberal desde al menos las crisis industriales de los años 90. Confundir avances y retrocesos al no obtener tus posiciones de partida en una negociación sólo conduce al derrotismo.

 Este acuerdo aún tiene que llevarse al Congreso para su aprobación. (...)

La soledad de la derecha va a ser palpable, al tener que votar en contra una reforma que, además de contar con la firma del empresariado, está despertando una notable expectación. Los ultras, por su parte, como ya han ensayado en el conflicto de Cádiz, es probable que adopten un populismo obrerista que las posiciones derrotistas les pondrán en bandeja.

 La cuestión fundamental no será el debate digital, cargado de trampas y elipsis, tampoco ni siquiera el debate parlamentario, mucho menos los comentarios en prensa al respecto. Todo eso será importante porque configura una primera impresión de la reforma en la que se cruzan todo tipo de intereses para minusvalorarla. La cuestión esencial de la nueva legislación laboral será si consigue cumplir sus dos objetivos prioritarios, mejorar las condiciones y otorgar certezas en el trabajo, algo que constituye una parte central en la vida de las personas. Si ahí funciona no sólo será un tanto para sus impulsores, será la constatación de que se abre una tendencia económica que contesta al neoliberalismo con hechos: demasiadas décadas reduciendo el interés general a los intereses de las grandes empresas.

Si los empresarios e incluso la parte socioliberal del PSOE han firmado este pacto es porque entienden que puede ser un bálsamo para la paz social. Si los sindicatos y UP lo avalan es porque se amplían las posibilidades reales de que los derechos se hagan efectivos, también porque abre el camino a mejoras sustanciales mediante la movilización. Si todos estos sectores lo han hecho suyo es porque la reforma era una pieza clave para recibir 15-000 millones de fondos Next Generation. En toda negociación, por definición, hay cesiones. En esta las que han arrancado los sindicatos decantan la balanza hacia los trabajadores por la potencialidad de las mejoras: se trata de ver dónde puedes llegar, pero también de la posición de donde partes.

 Esta reforma es el producto de aquellos que la han negociado, con caras visibles cuyo capital político puede aumentar en la decidida apuesta. Pero, más allá, es el resultado de una década de lucha, de ciudadanos anónimos, de sindicalistas sobre los que pesó pena de cárcel. Esta reforma no es el mal menor, ni siquiera lo mejor que se podía conseguir, es una vuelta a aquello que nunca se debía haber abandonado: el trabajo como un bien estratégico nacional y un valor que pertenece a la sociedad, no sólo a quien puede pagarlo."                     (Daniel Bernabé, RT, 24/12/21)

4.11.21

El recibo de la luz subió 22 veces más en España que en Portugal pese a tener los mismos precios en el mercado mayorista... nuestros vecinos portugueses han visto cómo su factura de la luz apenas se ha movido en todo este tiempo... Mientras que en España el pasado septiembre el gasto eléctrico fue un 45% superior a lo registrado un año antes, en Portugal el incremento apenas fue del 2,3%... En Italia el IPC eléctrico repuntó en septiembre un 15,5% respecto a 2020, una cifra que se reduce hasta el 2,2% en Francia y al 2% en el caso de Alemania... La explicación está en los diferentes mecanismos que emplea cada país para trasladar los costes mayoristas al consumidor final...

 "Mientras que los hogares españoles llevan meses echándose las manos a la cabeza, preocupados por el imparable ascenso de los precios de la electricidad, sus vecinos portugueses han visto cómo su factura de la luz apenas se ha movido en todo este tiempo. Y todo ello, a pesar de que España y Portugal comparten mercado mayorista y tienen, por tanto, los mismos precios en el 'pool'.

Los datos de lo que gastan los hogares en electricidad según el IPC -uno de los indicadores más fiables para analizar cómo han variado los precios a falta de métricas más concretas- son bastante elocuentes. Mientras que en España el pasado septiembre el gasto eléctrico fue un 45% superior a lo registrado un año antes, en Portugal el incremento apenas fue del 2,3%. Si se elimina el efecto distorsionador de la pandemia y se toma como referencia 2019, el repunte en la factura española asciende al 43,8%, mientras que la portuguesa se elevó tan solo un 1% en ese mismo periodo. 

Además, los incrementos registrados en la factura de la luz han sido muchos más pequeños en las principales economías europeas. En Italia el IPC eléctrico repuntó en septiembre un 15,5% respecto a 2020, una cifra que se reduce hasta el 2,2% en Francia y al 2% en el caso de Alemania.

 El encarecimiento de la electricidad 22 veces superior en España que en Portugal resulta especialmente llamativo. Sobre todo si se tiene en cuenta que los dos países comparten el mismo operador del mercado mayorista (OMIE), una característica común que ha provocado que en la última década ambos países hayan tenido los mismos precios de la energía mayorista con diferencias que apenas son apreciables. 

Por tanto, si el vertiginoso ascenso en los precios mayoristas de la energía lo han sufrido por igual los dos países, ¿por qué la diferencia en lo que paga el consumidor final es tan grande? La explicación está en los diferentes mecanismos que emplea cada país para trasladar los costes mayoristas al consumidor final.

 Mientras que en Portugal el regulador del mercado (ERSE) fija a finales de año los precios y tarifas que estarán vigentes el ejercicio siguiente, en España la modalidad de servicio más frecuente es la de precios dinámicos. Esto quiere decir que, mientras que un hogar portugués pagará a lo largo del año una cuantía fija por la electricidad -a no ser que el Gobierno intervenga para cambiar el precio de referencia-, en España lo que paga el consumidor medio suele estar vinculado de forma directa a los resultados del mercado mayorista diario.

 El sistema minorista español es una rara avis en el ecosistema europeo. Es uno de los seis países de la UE -junto a Estonia, Suecia, Finlandia, Dinamarca y Países Bajos- que ofrecen opciones de suministro con precios dinámicos. Además, se da la circunstancia de que la tarifa regulada española (a la que están suscritos el 40% de los consumidores) es la única en todo el Viejo Continente que aplica este sistema de precios.

 Según un estudio de la Comisión Europea que cita datos de la CNMC, en 2018 el 75% del consumo final de energía en España (incluido el uso comercial) estaba basado en precios dinámicos, un dato que explica en gran medida por qué España se ha convertido en el segundo país de la UE donde más se ha encarecido la factura de la luz. El único Estado donde la electricidad ha subido más es Estonia (74,5%), un país en el que el sistema de precios dinámicos es también el más habitual. Algo parecido ha ocurrido en Suecia (23,8%), donde este sistema tiene un peso relativo importante entre los consumidores.

 Aunque es cierto que en tiempos de crisis energéticas con precios mayoristas altos el bolsillo de los españoles lo nota más que sus vecinos, también ocurre lo mismo cuando el mercado mayorista se desinfla. Prueba de ello es lo ocurrido en los meses más duros de la pandemia, cuando los precios mayoristas se desplomaron en todo el mundo. En abril de 2020 la factura de la luz para el consumidor español fue un 20% más baja que la que tuvo que pagar en el mismo mes de 2019. En comparación, en Portugal los precios se redujeron un 2,3%, mientras que en Alemania, Francia o Italia llegaron incluso a repuntar, eso sí, por debajo del 1%.

Pese a la volatilidad que genera, el sistema de precios dinámicos ha sido recomendado por algunos organismos de prestigio, tal y como recuerda el Banco de España. El Consejo de Reguladores Europeos de la Energía -al que está adscrita la CNMC- y algunos informes de la Comisión Europea lo defienden porque, sostienen, facilita que los consumidores adapten su consumo a la situación del mercado, porque hace al mercado más transparente y porque permite gestionar la demanda de manera más eficiente. (...)"                  (Jorge Millán, 20Minutos, 21/10/21)

2.11.21

Los países de la UE piden ayuda a Bruselas ante una crisis energética 'sin precedentes'... Los políticos nacionales quieren una solución de la UE, diciendo que la inacción corre el riesgo de desencadenar una reacción popular contra la UE y sus políticas de Green Deal destinadas a reducir las emisiones... La estrategia europea de transición energética verde no es la causa de esta crisis, pero las voces populistas dicen exactamente eso...

 "Los líderes europeos piden a Bruselas una solución global para frenar la escalada de los precios de la energía, pero todo lo que han conseguido hasta ahora es la promesa de un conjunto de "herramientas" poco convincentes.

El precio récord de la energía está causando una gran preocupación en las capitales de la UE, y los gobiernos advierten que si no se aborda el problema podría desencadenarse una reacción popular contra la UE y sus políticas de Green Deal destinadas a reducir las emisiones.

Pero Bruselas parece reacia a tomar la iniciativa en la lucha contra el problema, dejando a los países que se las arreglen solos contra los votantes descontentos y el riesgo de precios cada vez más altos.

"Estamos ante una crisis sin precedentes que requiere medidas extraordinarias, innovadoras y serias por parte de la UE para controlar esta subida de precios", dijo el miércoles el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, al margen de una cumbre en Eslovenia en la que los jefes de Estado y de Gobierno europeos debían centrarse en los Balcanes Occidentales.

Sánchez y el primer ministro checo, Andrej Babiš, también plantearon la cuestión en una cena previa a la cumbre el martes por la noche, según un alto funcionario de la UE que fue informado de la reunión.

"Hemos pedido tanto al Consejo como a la Comisión que mantengan un debate serio sobre este asunto, y hemos pedido a la Comisión que sea audaz en su respuesta", dijo el Presidente del Gobierno español.

Los eurodiputados que debatieron el tema en Estrasburgo y los ministros de Medio Ambiente de la UE que abordaron la cuestión en una reunión en Luxemburgo también pidieron a la Comisión que aportara soluciones a escala europea.

Por el momento, la Comisión está preparando una "caja de herramientas" de medidas políticas que los países podrían utilizar para ayudar a los consumidores que se enfrentan a las altas facturas de la electricidad, en su mayoría medidas calentadas que es poco probable que proporcionen el alivio que se busca desesperadamente. Entre ellas se encuentran los pagos directos a los hogares más pobres, la reducción de los impuestos sobre la energía o el traslado de las cargas a la fiscalidad general, todo lo cual, según dijo el miércoles el Comisario de Energía, Kadri Simson, estaría en consonancia con la legislación de la UE.

Cualquier posible reforma del mercado del gas -algo que los ministros de Economía de varios países dijeron en una declaración a principios de esta semana que debería investigarse- se incluirá en la revisión ya programada del paquete de medidas sobre el mercado del gas de la UE, prevista para el 14 de diciembre.

También dijo que Europa debía "seguir siendo consciente de la importancia de la geopolítica de la energía y desarrollar un enfoque más estratégico de la política energética exterior", pero no entró en detalles sobre cómo podría ser ese enfoque.

Los ministros de Medio Ambiente reunidos el miércoles en Luxemburgo esperaban mucho más.

Aunque los países han presentado una serie de propuestas -que van desde una importante reforma del mercado mayorista de la electricidad del bloque hasta el uso del dinero del Sistema de Comercio de Emisiones para reducir las facturas de electricidad-, la mayoría de los ministros también insistieron en la necesidad de una mayor acción coordinada en Bruselas.

La espera de dos semanas hasta la cumbre del Consejo Europeo prevista para los días 21 y 22 de octubre -que se espera que esté dominada por las conversaciones sobre la crisis energética- supone nuevos retrasos en las medidas que, según ellos, son urgentes.

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Algunos advierten que el coste de la inacción podría socavar los esfuerzos de la UE por renovar su economía para alcanzar el nivel cero. 

"La estrategia europea de transición energética verde no es la causa de esta crisis, pero las voces populistas dicen exactamente eso: Quieren que culpemos al Green Deal", dijo el ministro griego de Medio Ambiente y Energía, Kostas Skrekas. "No podemos quedarnos quietos y no hacer nada contra este problema".

"Deberíamos decidir, desde un nivel central, europeo, mostrar a los ciudadanos de la UE que nos preocupamos por ellos... matar las voces populistas, apoyar a los hogares más vulnerables", dijo.

La ministra española de Transición Ecológica, Teresa Ribera, comparó la situación con la crisis del euro de 2012, evocando la icónica declaración del ex jefe del Banco Central Europeo, Mario Draghi, "cueste lo que cueste", para argumentar que la UE debe tomar todas las medidas necesarias para evitar que la crisis energética ponga en duda la viabilidad de los objetivos verdes del bloque.

"Podemos utilizar los recursos presupuestarios públicos que están disponibles para combatir esto... o incluso recursos presupuestarios que no tenemos para proteger a nuestras familias vulnerables", dijo Ribera. "Cuando te enfrentas a situaciones excepcionales, tienes que tomar medidas excepcionales".

Pero las instituciones de la UE también están en un aprieto. Incluso si estuvieran ansiosas por entrar en acción, su poder para intervenir en las políticas energéticas nacionales es limitado, lo que da al Consejo y a la Comisión poco margen de maniobra.

El miércoles, en Eslovenia, el Presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, subrayó que, aunque puede haber "espacio político" para forjar una respuesta europea a la crisis, "la combinación energética es una responsabilidad nacional".

En su intervención ante los ministros de Medio Ambiente en Luxemburgo, el responsable de Green Deal, Frans Timmermans, sugirió a los países que no perdieran de vista el objetivo a largo plazo, afirmando que "la mejor respuesta a este problema hoy es reducir nuestra dependencia de los combustibles fósiles".

Señaló que las políticas climáticas son responsables de sólo el 20% del aumento de los precios, y dijo que quienes culpan al Green Deal lo hacen "por razones quizás ideológicas o a veces económicas para proteger sus intereses creados".

Pero los ministros que buscan soluciones a corto plazo, así como el sueño a largo plazo, no se dejaron impresionar por la opinión de Timmermans.

"Esa no es la respuesta que nuestras sociedades necesitan escuchar. Tenemos que decir lo que vamos a hacer para abordar el problema", dijo Adam Guibourgé-Czetwertyński, subsecretario de Estado del Ministerio polaco del Clima."    
            

( Karl Mathiesen and Aitor Hernández-Morales , POLITICO, October 6, 2021; Traducción realizada con la versión gratuita del traductor www.DeepL.com/Translator)

28.10.21

La batalla de la luz propicia un nuevo choque norte-sur en la UE... España no se rinde y planta cara en Bruselas para obtener medidas que suavicen el aumento histórico en la factura de la luz. Tras la negativa del norte, Madrid cambia de estrategia y pide ahora desvincularse del sistema de precios europeo

 "Primero fue la respuesta a la crisis financiera de 2008. Después llegó la fractura sobre cómo afrontar la crisis multidimensional provocada por el coronavirus. Y ahora, el choque norte-sur se materializa, de nuevo, con la crisis energética.

Los conocidos como halcones, banderas de la austeridad, no quieren ni oír hablar de medidas drásticas para rebajar las históricas facturas en los precios de la luz. España, por su parte, lidera en la UE el bando que aboga por asumir medidas extraordinarias, revolucionarias y ambiciosas en la estructura del mercado energético europeo.

 La división es clara y frontal: hay quienes quieren actuar de forma unida y contundente, como España, y quienes ven la energética como una crisis temporal que puede paliarse con medidas de apoyo a nivel nacional, como Alemania o Países Bajos.

 Los 27 líderes de Estado y de Gobierno abordaron el gélido debate en la última cumbre europea. Y este martes han sido los ministros de Energía quienes han profundizado en la materia. Pero la cita de Luxemburgo llegaba calentada por una carta circulada por nueve países (Alemania, Austria, Dinamarca, Luxemburgo, Estonia, Finlandia, Irlanda, Letonia y Países Bajos), a los que después se unieron Chequia, Suecia y Bélgica, oponiéndose a los anhelos españoles. Los doce ya advierten que no suscribirán una reforma del mercado mayorista.

El frente noreste y sur tiene una vértebra clave e insalvable de división en torno a cómo responder a la crisis energética. Los primeros creen que la actual es una situación temporal que requiere medidas nacionales a corto plazo para ayudar a los sectores más vulnerables. Pero descartan entrar en el fondo y revolucionar la arquitectura del mercado energético de la UE. Quieren priorizar a toda costa la transición energética y temen que la adopción de medidas como las que propone España pueden hacer peligrar la descarbonización o el camino para convertir a Europa en el primer continente neutralmente climático a mitad de siglo.

 Una visión que grosso modo es compartida por la Comisión Europea.(...)

 La lectura española es radicalmente opuesta. El Gobierno que lidera Pedro Sánchez cree que la actual situación es excepcional y que, por ello, requiere medidas excepcionales, pero sobre todo medidas europeas. España cree que debido a la volatilidad de los precios del gas (cuesta ahora 15 veces más que hace unos años, cuando estaba sobre mínimos), las crisis de este tipo pueden ser cíclicas. Por ello pide la compra conjunta de gas y la creación de una reserva energética que ayude en momentos de estrés como el actual. "Hay que contener [los precios] en el corto plazo y evitar un efecto contagio", resumen fuentes diplomáticas. 

(...) los mix energéticos y necesidades de los Veintisiete son muy diferentes. También la subida de los precios de la energía les está afectando de forma dispar. Con el órdago lanzado por los halcones, liderados por Alemania, el equipo de Sánchez ha cambiado de estrategia poniendo sobre la mesa del Consejo una medida que parece tener poco recorrido. Madrid pide a Bruselas poder fijar los precios de la electricidad a nivel nacional en circunstancias excepcionales como la actual. Es decir, salirse del mercado energético de la UE.

"En situaciones excepcionales, debe permitirse a los Estados miembros adaptar la formación del precio de la electricidad a sus situaciones específicas de mix, recursos o nivel de interconexión", reza el documento circulado en Luxemburgo. De momento, el país no cuenta con el apoyo explícito de ningún socio comunitario; aunque Francia, Grecia o Hungría lo están estudiando.

Todos los Estados miembros se rigen a día de hoy por los precios marginalistas del mercado energético común. La energía más cara es la que fija el precio final. El aumento de cerca del 400% del coste del gas natural explica en buena parte el incremento generalizado en las facturas de los consumidores. Lo que pide el país es tener en cuenta a las renovables para evitar este monopolio y establecer un precio medio que sea menos volátil a las fluctuaciones del mercado. (...)

El periodista y activista medioambiental Bjorn Lomborg explica que los precios del gas se han disparado un 429% con respecto a los niveles registrados por la UE en 2019. "Ahora 2,7 millones de personas en Europa no pueden permitirse mantener sus viviendas calientes", denuncia.

 El invierno europeo se prevé frío y la escalada de los precios parece no tener techo de cristal. Con este telón de fondo, las medidas a corto plazo para aliviar la factura de los consumidores y apoyar a los sectores más vulnerables serán nacionales. Una veintena de Estados miembros han tomado acciones para prevenir la pobreza energética. Pero en ningún caso se adoptarán medidas de calado a nivel europeo en el corto plazo. (...)"                    (María G. Zornoza, Público, 26/10/21)

26.10.21

La subasta de renovables deja en evidencia el disparatado precio de la luz y al oligopolio eléctrico... La puja por un nuevo paquete de permisos para producir energía eólica y fotovoltaica con la retribución garantizada arroja cotizaciones entre cinco y siete veces más bajas que las que se dan ahora en el mercado mayorista, con Repsol y Naturgy como autores de las ofertas con menores márgenes en una convocatoria a la que no fueron Endesa, Iberdrola y Acciona... "a 30 euros por megawatio se ven pagadas. No tiene sentido pagar 200"

 "La subasta de licencias de energía renovable celebrada este martes en el Miteco (Ministerio para la Transición Ecológica) ha dejado en evidencia tanto el disparatado sistema de fijación de los precios de la electricidad que se utiliza en España como la actitud de una parte del llamado oligopolio eléctrico, que ha rechazado participar en este modelo con argumentaciones variadas cuando la causa real es que, simplemente, le sale más rentable seguir participando en el pool.

Los resultados de la subasta arrojaron para las plantas de generación de energía eólica y fotovoltaica que entraron en la puja unos precios medios garantizados para la venta de esa electricidad al por mayor de 30,50 euros por megawatio.hora (Mw), una cotización que se sitúa casi siete veces por debajo de los 207,92 de promedio que marca para este jueves el mercado mayorista español, según los datos de OMIE, el Operador del Mercado Ibérico de Electricidad.

 La horquilla del mercado mayorista para el jueves va de los 180,59 euros a los 250 por Mw, un abanico que multiplica por entre cinco y siete el registrada en la subasta, en la que las cotizaciones de la eólica se situaron entre los 24,40 y los 34,90 euros por Mw y las de la fotovoltaica entre los 27,90 y los 36,68.

 Las 26 empresas que resultaron adjudicatarias de permisos para desarrollar 92 parques de energía verde tienen garantizada la venta de la electricidad que generen en ellos en el mercado eléctrico con esos rangos de precio, superiores a los de anteriores convocatorias y más acordes con el actual escenario de precios mayoristas elevados, aunque notablemente inferiores a los que estos últimos llevan registrando desde el comienzo del verano.

"El precio dice mucho, ya que las empresas consideran que esas valoraciones les suponen un justo pago para operar", explica María Pardo, responsable de energías renovables de Greenpeace, para quien esas cotizaciones "dicen mucho también de la distorsión que tenemos con el precio mayorista de la luz". "Las renovables lanzan el mensaje de que a 30 euros por megawatio se ven pagadas. No tiene sentido pagar 200", añade. (...)

La responsable de energías renovables de Greenpeace llama la atención sobre cómo el actual modelo de subasta favorece las maniobras especulativas y de carácter burbujeante que convierten los permisos en productos financieros que se acaban vendiendo a fondos de inversión y empresas energéticas sin que los beneficios económicos lleguen al territorio, que por el contrario sí sufre el impacto de las instalaciones en un proceso que está encontrando una fuerte contestación en el ámbito local.

"Evitar eso sería tan sencillo como poner cláusulas de participación local, que es algo que se hace en otros países", explica Pardo, que sugiere algunas como la intervención en la planificación de los desarrollos, la promoción de las comunidades energéticas o la posibilidad de acceder a beneficios directos en el recibo de la luz y de aplicarlos a los sectores más vulnerables de la población."           (Eduardo Bayona, Público, 21/10/21)