Giorgio Agamben: Los turistas, al igual que los peregrinos, son peregrinos, es decir, según el significado del término latino, extranjeros en la tierra. El turismo es el signo de un cambio trascendental en la relación entre los hombres y la tierra que habitan: estén donde estén, son forasteros, están fuera (extra), ante todo en la misma ciudad en la que viven. Recuerdo perfectamente el asombro con el que, hace ya muchos años, cuando vivía en Venecia, me di cuenta de que ya no era posible distinguir a los venecianos de los turistas... no solo ha cambiado la relación de los ciudadanos con su ciudad, sino que también ha cambiado la propia ciudad: los hombres se han convertido en turistas, es decir, en extranjeros, en la misma medida en que ahora les resulta extraña y ajena la tierra que habitan (o, mejor dicho, que habitaban en otro tiempo). Si se lee la extraordinaria descripción que Joseph Roth hace de Marsella en el otoño de 1925, con sus callejuelas densas y aventureras, donde en una superficie de pocos kilómetros se agolpaban vivas todas las épocas de la historia y nadie era forastero, es difícil escapar a la amarga e implacable constatación de que las ciudades ya no existen hoy en día: el turismo ha podido destruirlas porque ya habían dejado de estar vivas... Habitar es una forma intensiva del verbo tener (habeo) y significa una cierta manera de morar y de vivir, de tener hábitos y costumbres... El hecho de habernos convertido en turistas, de haber perdido la capacidad de habitar, de ser peregrinos y forasteros en todas partes, nos obliga entonces a imaginar de nuevo una ética posible, a reinventar de arriba abajo la capacidad de habitar. Una tarea ciertamente nada fácil, pero que quizá nos ofrezca la única vía para salir del turismo, para volver a hacer habitables nuestra tierra y nuestras ciudades

"La palabra «turista» aparece por primera vez en italiano en 1837 (mientras que «turismo» no lo hace hasta 1907). La etimología es clara: el «tour» (el «grand tour») es el viaje de formación que los aristócratas e intelectuales europeos realizaban a partir del siglo XVIII, sobre todo en Italia, para conocer su historia del arte, sus modos de vida y su cultura. Como suele ocurrir, lo que al principio era propio de una élite se ha transformado con el tiempo en un fenómeno de masas.

Es significativo que su antecedente sean, sin duda, las peregrinaciones que los creyentes emprendían para visitar los lugares sagrados de su religión: también los turistas, al igual que los peregrinos, son peregrinos, es decir, según el significado del término latino, extranjeros en la tierra. El turismo es el signo de un cambio trascendental en la relación entre los hombres y la tierra que habitan: estén donde estén, son forasteros, están fuera (extra), ante todo en la misma ciudad en la que viven. Recuerdo perfectamente el asombro con el que, hace ya muchos años, cuando vivía en Venecia, me di cuenta de que ya no era posible distinguir a los venecianos de los turistas.

 Sin embargo, no solo ha cambiado la relación de los ciudadanos con su ciudad, sino que también ha cambiado la propia ciudad: los hombres se han convertido en turistas, es decir, en extranjeros, en la misma medida en que ahora les resulta extraña y ajena la tierra que habitan (o, mejor dicho, que habitaban en otro tiempo). Si se lee, como me ha ocurrido estos días, la extraordinaria descripción que Joseph Roth hace de Marsella en el otoño de 1925, con sus callejuelas densas y aventureras, donde en una superficie de pocos kilómetros se agolpaban vivas todas las épocas de la historia y nadie era forastero, es difícil escapar a la amarga e implacable constatación de que las ciudades ya no existen hoy en día: el turismo ha podido destruirlas porque ya habían dejado de estar vivas. 

El «overtourism» no viene de fuera, ha comenzado dentro de nosotros, dentro de los barrios y las zonas familiares, que ya no somos capaces de habitar. Habitar es una forma intensiva del verbo tener (habeo) y significa una cierta manera de morar y de vivir, de tener hábitos y costumbres. Y si ethos en griego designa la morada habitual, entonces la vivienda es la forma primordial de la ética. El hecho de habernos convertido en turistas, de haber perdido la capacidad de habitar, de ser peregrinos y forasteros en todas partes, nos obliga entonces a imaginar de nuevo una ética posible, a reinventar de arriba abajo la capacidad de habitar. Una tarea ciertamente nada fácil, pero que quizá nos ofrezca la única vía para salir del turismo, para volver a hacer habitables nuestra tierra y nuestras ciudades."

(Giorgio Agamben, blog, 01/07/26, traducción DEEPL)

 

Ángela, desahuciada después de que la Comunidad de Madrid vendiese su casa al fondo Goldman Sachs, ha conseguido que una jueza obligue al Gobierno de Ayuso a darle una nueva vivienda

 "Ángela ha abierto una nueva brecha en un conflicto que lleva enquistado ocho años, desde que la Justicia emitió la primera sentencia que anuló la venta de 3.000 viviendas públicas a Goldman Sachs. Esta mujer, de 48 años, y madre de familia numerosa, fue desahuciada en 2016 por el fondo cuando desaparecieron las bonificaciones sociales de su alquiler. Tras iniciar una lucha legal, ha conseguido que una magistrada obligue a la Comunidad de Madrid a darle un nuevo piso público. Cuando recibió la llamada de su abogado gritó de emoción. Luego se puso a llorar y celebró la sentencia con toda su familia. El fallo no es firme y el Gobierno regional ha anunciado que lo recurrirá.

Esta mujer pide a la administración pública, aquella gobernada por Ignacio González (PP) en 2013 y que vendió su vivienda a Encasa Cibeles, una sociedad participada al 97% por el fondo estadounidense, “que se den cuenta del daño que han causado” porque sus hijos “lo han pasado fatal”. Ángela recuerda el primer día que toda su familia entró en una casa que les tocó por sorteo en Valdecarros. Era 2009. “Era todo perfecto”, apunta, a la vez que explica que “los niños estaban muy contentos” en ese piso.

La Comunidad de Madrid le adjudicó una vivienda por su “especial necesidad” y “acordó la reducción de la renta en un 90% y, posteriormente, en un 95%, a partir de su situación económica, situación que no ha mejorado”, recoge la sentencia emitida el 23 de septiembre por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 33 de Madrid. Ángela, que en ese momento trabajaba como barrendera, pagaba un alquiler mensual de 50 euros. 

Con el cambio de casero, los descuentos sociales desaparecieron y Ángela empezó a acumular recibos sin pagar, tal y como reconoce ella misma. A su alrededor, sus vecinos comenzaron a abandonar el edificio por este mismo motivo. “No podía hacer frente [a esa cantidad], pedí ayuda a los servicios sociales, a Cáritas y no sé a cuántas cosas más”, recuerda. Nadie le explicó las consecuencias que tendría para ella y su familia la venta de vivienda pública. Solo recibió una carta, que le costó interpretar. 

En 2016 ella y su familia fueron desahuciados. “Cogí todas mis cosas y me fui una temporada a la Cañada [Real]”, relata. Aquella salida traumática de la que fue su casa durante siete años, desbordada de maletas y muebles, le ha dejado secuelas psicológicas. “Yo no he pedido un piso en La Moraleja. He pedido una casa para estar a gusto con mis hijos, porque yo no valgo para meterme en ninguna vivienda que no sea mía”, añade.

1.700 viviendas recuperadas por la Comunidad

Ocho años después de aquel lanzamiento una magistrada le ha dado la razón. Ángela no tiene que iniciar una nueva petición de vivienda social y esperar a que le toque por sorteo o la administración se la conceda. En primera instancia, la Justicia considera que la Comunidad de Madrid, por lo menos en este caso, “ha de responder a la necesidad habitacional de la recurrente que ella misma ha creado”. Y añade que la demandante no puede verse “perjudicada por una actuación administrativa que ha sido declarada nula de pleno derecho y ha devenido firme”.

No hay datos sobre el número de personas que fueron desahuciadas después de que las viviendas públicas pasaran a manos privadas. De las 3.000 viviendas que adquirió el fondo, la Comunidad de Madrid solo ha recuperado 1.700. El resto fueron vendidas durante los años en los que Encasa Cibeles fue el dueño de esas promociones inmobiliarias. 

Desde que estalló el conflicto, en la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) han prestado ayuda y acompañamiento a los inquilinos que se lo han solicitado. Su portavoz, Enrique Villalobos, cuenta que de los 3.000 adjudicatarios de las viviendas públicas, el sector que más achacó las consecuencias de la venta fueron los 700 inquilinos que entraron en esas casas con un alquiler social. Según apunta, “el resto eran de alquiler joven”, con opción a compra, y la mayoría de ellos no afrontaron dificultades con el cambio de casero.

Ángela no se marchó del piso hasta que no tuvo una sentencia judicial que le obligaba a ello. Otros inquilinos de aquellas viviendas los abandonaron sin necesidad de llegar a esa situación. Marian M, que recibió una casa en Soto del Henares, se fue “por el acoso que sufría”. “El alquiler que me querían poner era abusivo, 800 euros. No podía pagarlo. Tenía dos hijos y una tercera en camino. Hasta entonces pagaba 120 euros”, explicó a esta redacción. Encasa Cibeles ha asegurado en todo momento que nunca existieron “presiones” para que los residentes que no estaban al día con los recibos abandonasen sus viviendas. 

Ahora, tras conocer la sentencia de Ángela, Marian M. está estudiando si acude a los tribunales, ya que asegura que tras pedir a la Comunidad de Madrid que le devuelva su piso, no ha obtenido respuesta. Después de todo el periplo administrativo y burocrático, se siente desamparado en su búsqueda de una solución. Lamenta que no haya facilidades para los afectados por la venta de vivienda pública. “Es como si no existiéramos”, plantea. 

Tras salir de su vivienda, su familia se desmoronó debido a la incertidumbre y preocupación vivida al ver que no llegaban a pagar el alquiler. Desde entonces comparte casa con cinco personas más. Por su parte, Ángela tuvo que abandonar la Comunidad de Madrid en busca de un piso asequible. Ahora mismo, reside en casa de un familiar en un pueblo de Toledo a 96 kilómetros del centro de la capital, a la espera de que la Justicia determine si se confirma que tiene derecho de nuevo a un piso público."                (Laura Galaup, eldiario.es, 19/10/24)

La silenciosa implementación de ciudades policiales en Estados Unidos enfrenta una creciente resistencia

 "El 11 de junio, una semana después de que comenzara la construcción de una instalación de entrenamiento policial en Richmond, California, organizadores de la Coalición Stop Cop City Bay Area marcharon a la sede de Overaa Construction en protesta. Citando preocupaciones sobre el aumento de la militarización policial y la represión en el área predominantemente negra y latina — los manifestantes, junto con residentes locales, pidieron a los trabajadores de Overaa que boicotearan el acuerdo de construcción de 3 30 millones. "Al promover la militarización y vigilancia de nuestra ciudad, y coordinar los recursos policiales en toda la región, incluido ICE [Servicio de Inmigración y Control de Aduanas], en realidad están convirtiendo nuestras ciudades en Ciudades Policiales", dijo Refilwe Gqajela, organizadora comunitaria del Proyecto Antiterrorista Policial en el Área de la Bahía de California. 

 Gqajela dijo que los organizadores en el norte de California han estado trabajando para formar la coalición desde que se anunció la instalación en agosto de 2023. Han expresado su oposición en mítines y ayuntamientos, diciendo que el dinero debería destinarse a otros programas que beneficiarían a la comunidad. 

Por supuesto, California no es el único estado donde se están construyendo Ciudades Policiales. El término captó la atención nacional por primera vez en enero de 2023, cuando Manual "Tortugita" Terán fue asesinada por la policía mientras protestaba por las instalaciones de Atlanta que están desplazando uno de los bosques urbanos más grandes. 

La afluencia de estas instalaciones es paralela al surgimiento del movimiento defund the police, que, tras el asesinato de George Floyd en 2020, vio a miles de personas en todo el país movilizarse para denunciar la violencia policial contra las comunidades negras y morenas. En los últimos cinco años, ha habido un despliegue silencioso de más de 80 instalaciones multimillonarias similares a Cop City en todo el país. 

 Este desarrollo está generando preocupación entre los organizadores antipoliciales, especialmente cuando se trata del impacto en las comunidades y movimientos marginados. Ahora hay una instalación en casi todos los estados y, según la investigadora y organizadora de ayuda mutua Renee Johnston, al menos 10 estados tienen múltiples recintos policiales. "Esta tontería con 'el entrenamiento necesita mejorar' ha tenido una inclinación lenta", dijo Johnston. "2020 marca ese período en el que, si estamos viendo un gráfico, habría un fuerte repunte en la rapidez con que subían.” Grupos como Stop Cop City Atlanta, Stop Cop City Dallas y Stop Cop City Bay Area han estado luchando contra estas nuevas instalaciones policiales en sus comunidades mediante campañas, mítines, peticiones y más, similar al esfuerzo en California. 

 Al menos siete ciudades, incluidas Chicago y Baltimore, han asignado más de 100 millones a sus Ciudades Policías, y muchas están destinadas a albergar programas internacionales de capacitación policial como las fuerzas de ocupación israelíes. Activistas y académicos han dicho que las Ciudades Policías se replican después de la propia Ciudad Policial de Israel, "Little Gaza", donde "prueban la violencia" contra los palestinos. Esta sería una expansión de los programas de intercambio de capacitación policial ya existentes que muchos estados y ciudades de EE.UU. tienen con Israel. "Nos dicen que la policía está aquí para servir y proteger al público y que se preocupan por la comunidad, pero simplemente no creo que nada de eso sea cierto", dijo Johnston. "Por eso la capacitación no funciona, porque no hay capacitación que puedas dar que vaya a cambiar la naturaleza de un sistema.” Si bien las Ciudades Cop se han implementado en gran medida bajo el radar, los activistas de todo el país han expresado abiertamente su oposición. Muchos han denunciado las asignaciones multimillonarias de dólares para la vigilancia y han pedido a sus líderes locales que, en cambio, inviertan en los recursos que necesitan sus comunidades.

 Desinversión de la policía, inversión en comunidades 

Los legisladores de Tennessee están invirtiendo 4 415 millones en su Academia de Capacitación Policial de Múltiples Agencias, una instalación de 800 acres que se construirá en un vecindario históricamente negro de Nashville que actualmente experimenta una crisis de vivienda, desplazamiento extremo y gentrificación, según Erica Perry, directora ejecutiva del Comité del Movimiento del Sur de Nashville. "4 415 millones es una gran cantidad de dinero, especialmente en un estado donde ocupamos un lugar bajo en salud, alfabetización, educación y vivienda", dijo Perry. "Eso es extremadamente frustrante porque sabemos que el dinero podría gastarse en cosas que ayudarían a las personas a tener vidas sanas, prósperas y seguras.” En respuesta, el Comité del Movimiento del Sur comenzó a abogar por una inversión propuesta de 10 millones en la creación de una oficina de seguridad juvenil, centros comunitarios y alternativas a la policía en las escuelas, programas que, según dicen, la comunidad realmente necesita. En junio, el Concejo Municipal de Nashville aprobó 1 1 millón de este presupuesto. "Estamos tratando de abordar nuestro trabajo presupuestario de una manera que aborde la seguridad y cree formas alternativas de seguridad que no requieran policías, tribunales y jaulas", dijo Mike Floss, Director de Arte y Cultura del Comité del Movimiento del Sur. Los activistas en Chicago han compartido preocupaciones similares. En los años previos a la planificación de su Academia Cop en 2017, la ciudad había visto el cierre de la mitad de sus clínicas de salud mental, así como el mayor cierre de escuelas en ese momento en la historia de los EE.UU. Naturalmente, muchos residentes se indignaron cuando se anunció la nueva instalación multimillonaria de entrenamiento policial, especialmente considerando que el Departamento de Policía de Chicago ya tenía otras siete instalaciones de entrenamiento en el área. 

"¿Por qué de repente hay esta nueva inversión disponible cuando nos dijeron que la ciudad estaba en quiebra, cuando estábamos pidiendo inversiones en nuestras propias comunidades?"preguntó Benji Hart, un aliado adulto de la Coalición Academia Sin Policías liderada por jóvenes. 

La Academia de Policías de Chicago se produjo después del asesinato policial de Laquan McDonald, de 17 años, quien recibió 16 disparos de un oficial de policía de Chicago en 2014. No mucho después, los organizadores juveniles de la campaña Stop Cop Academy comenzaron a difundir información mediante encuestas y repartiendo volantes, además de liderar acciones más disruptivas como tomar trenes en grandes grupos cantando, repartiendo volantes y hablando con otros pasajeros sobre la campaña. También bloquearon los ascensores de los edificios del ayuntamiento. Eventualmente, convirtieron el esfuerzo en una coalición de más de 100 organizaciones locales. "La idea inicial era que tenía que haber un desafío a esta narrativa", dijo Hart. "No puede ser simplemente que la ciudad anunciara que iba a construir esto. Era necesario que hubiera alguna evidencia de rechazo y oposición a la construcción, y que se pidieran diferentes prioridades de financiamiento por parte de la ciudad y de inversiones en recursos comunitarios.” Para muchos organizadores, el trabajo consiste en dar a conocer que el crimen no es la mayor amenaza: es la falta de vivienda, el aumento de los alquileres, los desiertos alimentarios y la miríada de otros problemas que afectan a las comunidades que compiten por fondos con las ciudades Policías. "Las comunidades más seguras de los Estados Unidos no son las comunidades que están excesivamente vigiladas", dijo Kamau Franklin, organizador principal del movimiento Stop Cop City en Atlanta. "Son las comunidades que tienen recursos que benefician a los jóvenes en sus comunidades, que les dan salidas a las personas y se aseguran de que las escuelas sean satisfactorias y desarrollen su mente. Esas son las formas en que estos recursos podrían y deberían usarse.”

 Represión de movimientos 

En los últimos dos años y medio, activistas locales han liderado el movimiento Stop Cop City en Atlanta a través de campañas electorales, manifestaciones, mítines, ayuntamientos y creando peticiones que obtuvieron más de 116,000 firmas, convirtiendo la movilización en una conversación nacional. 

Se han enfrentado al rechazo del otro lado. Docenas de organizadores de Atlanta han sido encarcelados y acusados de terrorismo doméstico y crimen organizado. Según Franklin, este es un esfuerzo coordinado para criminalizar el activismo y asustar a los organizadores. Dijo que una gran parte de la instalación se construirá para fin de año, a pesar de que una encuesta de 2023 indicó que el 59 por ciento de los residentes no la apoya. 

Durante el último año, la vigilancia represiva se ha extendido más allá de los organizadores de Stop Cop City para abarcar también los campamentos de estudiantes de solidaridad con Gaza. Tamera Hutcherson, organizadora de Stop Cop City Dallas, dijo que el concejo municipal celebró reuniones secretas y usó un lenguaje vago en torno a la "seguridad pública" para que los votantes apoyaran una propuesta que otorgaba 50 millones de dólares a un centro de capacitación policial. Poco después, policías estatales de Texas allanaron un campamento estudiantil pacífico de solidaridad con Gaza. "Para los estudiantes que protestaban pacíficamente, venían con equipo antidisturbios y táctico, parecía que estaban listos para la guerra contra civiles", dijo Hutcherson. "Creo que la mayoría de los residentes están preocupados por lo que esto significa, no solo para la ciudad de Dallas, sino para el condado de Dallas y el norte de Texas en general .” Si bien Hutcherson dijo que todavía no hay mucha gente en Dallas que sepa que se está construyendo la instalación, está comenzando a ver que ocurren más conversaciones a medida que los organizadores continúan sondeando, yendo de puerta en puerta y haciendo llamadas telefónicas a los miembros de la comunidad.

 No solo en Atlanta, sino en todo el país, la policía militarizada está en plena exhibición, destinada básicamente a descarrilar y destruir movimientos, para asustar a la gente", dijo Franklin. "Cop City es una forma de organizar esa vigilancia y practicar esas tácticas y estrategias aún más.” En el área de la Bahía, Refilwe Gqajela dijo que los activistas se han enfrentado a una mayor represión policial y municipal en medio de sus esfuerzos por organizar manifestaciones y ayuntamientos. Por ejemplo, cuando los residentes asistían a las reuniones del concejo municipal para hablar sobre Cop City, el período normal de comentarios públicos de tres minutos se reduciría a un minuto. El Departamento de Policía de San Pablo también cerró uno de sus intentos de ayuntamientos en el Colegio Comunitario del Condado de Costa. Sin embargo, Gqajela y otros han continuado organizándose.

 "Entendemos que esto es una amenaza directa para nuestra organización; esta es una táctica de represión estatal", dijo Gqajela . "Sabemos que esto no solo va a impactar a la gente de San Pablo . Es una instalación regional de capacitación para organizar las fuerzas policiales en el Área de la Bahía para aplastar el tipo de organización que se está haciendo en este momento para Palestina, por ejemplo.”

El movimiento continúa 

Los activistas prometen continuar con su defensa, a pesar del rechazo. Junto con la Asamblea de Jóvenes Negros de Tennessee, el Comité del Movimiento del Sur se ha estado reuniendo con funcionarios de la ciudad de Nashville para poner su Plan de Gastos Universitarios en el radar del concejo municipal. "Nuestro trabajo es ayudar a las personas a ver que lo que está sucediendo, en lo que respecta a sus necesidades de salud y educación — está relacionado con la insistencia del estado de gastar 4 415 millones en este campus", dijo Perry. 

A medida que los organizadores de Stop Cop City Dallas continúan elaborando estrategias y movilizándose, Hutcherson dijo que ve la movilización de estudiantes en todo el sistema de la Universidad del Norte de Texas como una victoria. Cuatro de los cinco campus han formado su propia coalición Stop Cop City para presionar a los administradores a retirarse de la asociación con el Departamento de Policía de Dallas a través de protestas y organización. "Continuamos educando al público, y también descubrimos y elaboramos estrategias para continuar ejerciendo presión para garantizar que esto no se construya", dijo Hutcherson. Los organizadores del Proyecto Anti Terror Policial y la coalición en el Área de la Bahía han estado organizando ayuntamientos y manifestaciones para evitar que se construya su Ciudad Policial — y maestros, estudiantes, activistas ambientales, residentes y trabajadores de la salud se han movilizado para unirse a la causa. También se han estado organizando junto a la gente de Ohlone, quienes son nativos del norte de California, donde se está construyendo este proyecto, y han estado denunciando que se esté construyendo una Ciudad Policial en sus tierras. En Chicago, los activistas pudieron retrasar el proyecto Cop City, pero no su eventual construcción. Sin inmutarse, Hart dijo que algunos de los organizadores juveniles involucrados en la coalición No Cop Academy hicieron campaña con éxito para obtener un recorte de 2 21 millones del contrato de las escuelas públicas de Chicago con el Departamento de Policía de Chicago, lo que finalmente llevó al final del contrato. 

En todo el país, activistas y organizadores han estado construyendo solidaridad con la lucha en Atlanta y otros estados, así como en Palestina. Como señaló Hart, la solidaridad es importante durante este "claro impulso orquestado para la militarización y la hiperinversión en la policía, a raíz de posiblemente las protestas más grandes en la historia de los EE.UU. que piden la desfinanciación de la policía.” "Necesitamos apoyarnos unos a otros a través de las fronteras municipales y estatales, y no solo tratar esto como un montón de pequeñas batallas contra Academias de Policías individuales o Ciudades Policiales", dijo. "Nuestra respuesta debe ser tan orquestada como la respuesta del Estado policial a nuestra organización.”

(Victoria Valenzuela cubre temas relacionados con la justicia penal. ScheerPost, 10/09/24, traducción Yandex, enlaces en el original)